Impunidad es la que afecta a la familia Velasco —34 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes—, tseltales de la comunidad Nueva Palestina, expulsados en diciembre de 2021; y la que beneficia a quien es acusado como su agresor, un exsíndico, encarcelado y ahora liberado

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

CHIAPAS. — Esta historia nace con Versaín Velasco García, defensor de derechos humanos tseltal, quien había denunciado ante autoridades estatales el impacto de los grupos dedicados al tráfico de drogas, armas y personas en Nueva Palestina, ubicada en el corazón de la Selva Lacandona, en Ocosingo, Chiapas.

El 15 de diciembre de 2021, mientras se leía un exhorto que las autoridades estatales habían girado a las autoridades comunitarias porque habían detenido de forma ilegal e injustificada a unos jóvenes, Velasco García sufrió un intento de linchamiento del que logró escapar. No era la primera vez que sus palabras y acciones incomodaban a las autoridades comunitarias y a los líderes de facto que operan en esa zona, donde el tráfico de mercancía ilegal y personas pasa en su ruta de Centroamérica al norte del país y Estados Unidos.

Ese mismo día, su esposa Antonia Aguilar Solórzano fue privada de la libertad junto con dos de sus hijos menores de edad; a la par, un grupo armado llegó a su domicilio, golpeó a la familia, abusó sexualmente de una de las mujeres y disparó contra varios de sus integrantes. Seis viviendas fueron incendiadas. Mujeres y adolescentes permanecieron privadas de la libertad durante siete días.

Isaura Velasco, hija de Versaín, resultó herida de bala. Fredy Gómez Sántiz, su yerno, también fue baleado y a la fecha no ha sido localizado. En total, 34 personas salieron desplazadas, 22 de ellas niñas, niños y adolescentes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó en esos hechos privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz.

Días después, cuando Versaín acudió a denunciar los hechos, fue detenido y acusado de homicidio por agentes ministeriales del municipio de Ocosingo. La familia sostiene que el cargo fue fabricado. Isaura Velasco y Antonia Aguilar Solórzano fueron acusadas de robo con violencia y estuvieron un año en prisión, hasta ser liberadas por falta de elementos.

Desde ese momento, la familia tuvo que vivir en situación de desplazamiento forzado, refugiada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde aún vive con temor.

Martín Martínez Díaz —quien logró el cargo de síndico municipal de Ocosingo en las elecciones de 2024— fue señalado por la familia Velasco entre los responsables del ataque armado que la desplazó de la comunidad. De hecho, fue señalado de ser el líder de facto de la comunidad Nueva Palestina, quien controlaba los negocios que ahí operan.

De acuerdo con el testimonio de la familia Velasco, entre los agresores que el 16 de diciembre de 2021 atacaron su domicilio figuran Martín Martínez, Mariano Díaz Arcos, Martín Martínez Díaz, Emilio Bolom Gómez, Agustín Arias Cruz, Antonio Velasco Gutiérrez «y otros».

Quién es Martín Martínez Díaz

Martín Martínez Díaz no tiene una presentación oficial, pero sí testimonios que lo dibujan.

Una maestra asignada a Nueva Palestina cuenta que, recién llegada, se encontró con una casa imponente, la más grande de ese poblado de la selva. Tocó la puerta. Los guardias de seguridad le advirtieron que no se acercara: era la casa de Martín.

Otras voces lo describen acercándose, con talante de poder, a quien definía las candidaturas rumbo a las elecciones de 2024, para pedir ser el candidato a la presidencia municipal de Ocosingo. Y en pláticas sigilosas hay quien lo señala, junto con su hermano, como quienes controlan el transporte de pasajeros en la zona de la selva, actividad que en la región se vincula con el tráfico.

Lo que sí tiene registro público es su trayectoria institucional. Fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México y asumió la sindicatura de Ocosingo, el municipio más extenso del país. En mayo de 2025, en el marco de la rearticulación de fuerzas que se dio con la administración estatal entrante, y la reconfiguración de grupos de poder ligados al crimen organizado, Martínez fue arrestado en una carretera de Chiapas tras llevar un arma de fuego y cartuchos. El 8 de mayo de 2025, el Congreso del Estado le retiró el fuero —la protección legal que impide detener o juzgar a un funcionario público mientras tiene su cargo— y fue encarcelado.

Se dio a conocer que también iba a ser procesado por otras carpetas de investigación en su contra, entre ellas la de la familia Velasco.

Este es de septiembre, un año y cuatro meses después de la detención, Martín Martínez fue liberado, en una acción que subrepticia, y sin que la familia Velasco haya sido nunca citada a declarar por los hechos de su acusación.

En el Registro Nacional de Detenciones —registro lo administra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y concentra las detenciones realizadas por todas las autoridades de seguridad y procuración de justicia del país, incluidas las de Chiapas— ya no aparece como detenido. Ninguna autoridad lo ha explicado. Ni la Fiscalía General del Estado ni el Poder Judicial de Chiapas han emitido comunicación oficial sobre su situación jurídica. Tampoco informaron a las víctimas. «Nosotros como víctimas no fuimos informados», señalaron los representantes de las familias desplazadas.

No se sabe si durante los meses en prisión también enfrentó cargos por delitos que van de la delincuencia organizada a la portación de armas y la desaparición forzada. Hoy está libre, sin explicación oficial y sin que la familia que lo acusa fuera citada nunca a comparecer.

De acuerdo con la información que la familia ha podido reunir, las autoridades habrían considerado que no existían elementos suficientes para sostener su participación directa en la desaparición forzada, por lo que quedó libre de ese señalamiento. Después fue vinculado a proceso por secuestro, y hoy estaría bajo una medida que el comunicado familiar describe como libertad condicional.

Moctezuma Velasco, hijo de Versaín, señala que la familia nunca fue citada a carearse con Martínez Díaz durante el tiempo que estuvo detenido. Sobre la acusación relacionada con su familia, dice, «ni siquiera llegó a juicio».

Y esta es la otra historia, la de una fiscalía y un aparato judicial en los que las investigaciones y las detenciones mezclan lo político con lo legal: donde un defensor de derechos humanos lleva cuatro años preso con una condena que organismos internacionales consideran producto de un proceso presuntamente arbitrario, y el hombre al que su familia señala como agresor entra y sale de la cárcel sin que nadie rinda cuentas de por qué.

Una familia en las plazas públicas

La exigencia de justicia de los Velasco no se ha limitado a comunicados dirigidos a las autoridades. La familia ha vuelto, año tras año, a manifestarse en espacios públicos.

En una de esas manifestaciones, en el atrio de la catedral de San Cristóbal de Las Casas, niñas y niños de la familia sostuvieron cartulinas escritas a mano: «Queremos reparación del daño ¡Justicia!», «4 años sin justicia, 4 años sin atención digna», «Justicia y libertad para mi papá, Versaín Velas[co]». Dos años antes, en otro encuentro, la familia había desplegado una manta con una fotografía del momento en que 34 personas —entre ellas 22 niñas, niños y adolescentes— caminaban hacia el monte para huir de Nueva Palestina, exigiendo entonces «la libertad inmediata» de Versaín y la «aparición con vida» de Fredy Gómez Sántiz.

Los niños que aparecen en esas imágenes han crecido, en buena parte de su infancia, en situación de desplazamiento forzado, sin que el Estado les haya dado una reubicación ni una reparación.

En un comunicado fechado el 11 de septiembre de 2026, los representantes de las familias desplazadas escribieron una pregunta dirigida al centro del discurso oficial: «Todo esto sigue impune. La pregunta que hace la familia: ¿dónde está la cero impunidad? ¿Dónde está la cero corrupción?»

Y una constatación: «No hay reparación integral de los daños (…) El Estado ha vulnerado sus derechos de una vida digna y segura al dejar libre a estos agresores», señalaron.

Sus cinco exigencias al gobernador y al fiscal general son concretas: que se ejecuten las órdenes de aprehensión libradas contra sus agresores; que no se deje en libertad a quienes atentaron contra sus vidas, porque genera la posibilidad de revictimizar a la familia; la pronta reparación integral del daño sufrido en el desplazamiento forzado, donde perdieron su patrimonio y su hogar; una vida digna conforme a sus derechos humanos; y una fecha para una mesa de atención directa con ambos titulares, ante lo que describen como la falta de atención digna de los servidores públicos que llevan sus casos.

«Quedamos en espera de la atención conforme a derecho», cierra el documento.

Esta es una historia de impunidad que coloca a una familia tseltal en una situación de alta vulnerabilidad, como si no fuera suficiente la que arrastra desde hace cinco años, cuando sus integrantes fueron desplazados, encarcelados, torturados y desaparecidos.

Cronología de estos cinco años

• Diciembre de 2021. Ataque armado, desplazamiento de 34 personas, desaparición de Fredy Gómez Sántiz.
• Enero de 2022. Versaín Velasco García es detenido. Será sentenciado a más de 58 años de prisión por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. La sentencia se confirma en segunda instancia en 2024.
• Febrero de 2023. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicita al Estado mexicano una acción urgente por el caso de Fredy Gómez Sántiz.
• 2 de junio de 2024. Martín Martínez Díaz gana la sindicatura de Ocosingo postulado por el PVEM. Ninguna de las denuncias en su contra había derivado en proceso penal.
• Enero de 2025. Una relatoría de la ONU pide garantías de seguridad para Versaín Velasco ante indicios de posible maltrato en prisión.
• Principios de mayo de 2025. Martínez Díaz es detenido en la carretera Benemérito de las Américas–Palenque, tras un enfrentamiento con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Le aseguran armas, cartuchos y cargadores. Varios de sus escoltas son detenidos con él.
• 7 de mayo de 2025. El Congreso de Chiapas, a puerta cerrada y con 37 diputados presentes, vota el juicio de procedencia y le retira el fuero, para que sea investigado por desaparición forzada, extorsión en la Selva Lacandona y portación de armas.
• 15 de mayo de 2025. Audiencia de vinculación a proceso en el Juzgado de Control de Cintalapa de Figueroa por la desaparición de Fredy Gómez Sántiz. Frayba, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura piden al Poder Judicial «romper el pacto de impunidad».
• Mayo de 2025. Un juez federal le concede la libertad en el proceso por portación de arma. Al salir del penal de Cintalapa, la Policía de Investigación lo detiene de nuevo con una orden de aprehensión cuyos cargos no se dan a conocer.
• Abril de 2026. La relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, cita el caso de Versaín Velasco como ejemplo de detención presuntamente arbitraria de un defensor en Chiapas.
• Septiembre de 2026. Martínez Díaz está libre. No aparece en el Registro Nacional de Detenciones. No hay comunicación oficial.