La Red Feminista por el Acceso a la Justicia presentó una guía de actuación para erradicar las violencias y prácticas discriminatorias que operadores del sistema penal ejercen contra las mujeres en México. Elaborada a partir de los testimonios directos de denunciantes e imputadas en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, la herramienta busca cerrar la brecha entre el marco legal y la revictimización cotidiana mediante cuatro ejes: capacitación evaluable, presupuesto, condiciones laborales dignas y rendición de cuentas

Texto: Andrea Amaya

Foto: María Ruiz / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.— Con el objetivo prioritario de prevenir, reducir y erradicar las violencias basadas en género que sufren las mujeres al enfrentarse a los órganos de procuración e impartición de justicia, la Red Feminista por el Acceso a la Justicia (RFAJ) presentó la guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y las prácticas discriminatorias y revictimizantes que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México.

Esta herramienta nace de una realidad crítica: la brecha entre lo que dicen las leyes y la forma en que los agentes del Ministerio Público, jueces, abogadas y personal institucional tratan a las usuarias. Al respecto, Renata Demichelis Ávila, directora para México de Elementa Derechos Humanos —organización integrante de la RFAJ—, explicó en entrevista para Pie de Página el diagnóstico de urgencia que motivó el proyecto:

«Lo que observábamos y nos preocupaba —y que confirmamos con el diagnóstico— es que México no tiene un déficit de normas; tiene un andamiaje jurídico amplio, robusto y con altos estándares de protección. Sin embargo, hay un abismo entre lo que ese marco jurídico ordena y lo que las instituciones hacen. Eso es algo que evidencia el diagnóstico y lo que motiva a crear una guía de actuación para cerrar esa brecha».

De la experiencia vivida a la exigencia formal

A diferencia de los protocolos tradicionales emitidos por el propio Estado o por especialistas teóricos, la guía destaca por su origen participativo y comunitario. El material sistematiza las exigencias y vivencias de doce mujeres (seis denunciantes y seis imputadas) originarias de la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, en su mayoría madres, cuidadoras, mujeres indígenas, integrantes de la comunidad LGBTQ+ y defensoras de derechos humanos.

Sobre este enfoque pedagógico y de exigibilidad, Demichelis resaltó el carácter inédito de la publicación:

«Esta guía nace de un lugar inédito: no fue escrita desde las instituciones hacia las mujeres, ni desde organizaciones o académicos expertos hacia ellas, sino que se construye desde las propias mujeres que han atravesado el sistema de justicia penal hacia las instituciones. Tomamos los lineamientos y principios existentes y los pusimos en papel tal como son en la práctica».

El estudio pone al descubierto la manera en que las asimetrías de poder impactan de forma sistemática a las mujeres en ambos lados del proceso penal: tanto a quienes acuden a buscar protección como a quienes son procesadas o criminalizadas por el Estado.

Por un lado, las denunciantes se topan de manera transversal con el cuestionamiento constante de sus historias, la negligencia en la recepción de sus causas y presiones institucionales para que abandonen el proceso. Sobre esta dinámica, Renata Demichelis advierte sobre la existencia de nudos ciegos en los actos más elementales del procedimiento: «Identificamos nudos en detalles que parecieran dados por sentado, por ejemplo, el derecho a ser escuchada sin interrupciones al momento de interponer una denuncia. Podría parecer algo tan básico que no requiere nombrarse, pero ahí hay un nudo clarísimo: todas las mujeres señalaron que no las dejaron narrar sus hechos e historias de manera completa, sin ser interrumpidas o criminalizadas».

Por otro lado, la realidad que enfrentan las mujeres imputadas evidencia un quiebre en la presunción de inocencia. En este ámbito, todas las participantes en el diagnóstico que atravesaban un proceso penal manifestaron haber sido víctimas de tortura, malos tratos, coerción o amenazas por parte de las propias autoridades encargadas de juzgarlas con justicia.

En palabras de la directora de Elementa DDHH, el patrón común de discriminación dentro del sistema penal es la estigmatización:

«El hilo conductor de estas discriminaciones radica en que los testimonios de las mujeres no son tomados en cuenta. A las denunciantes no se les cree e incluso se les llega a culpar; por otro lado, a las mujeres imputadas no se les deja contar su versión de los hechos ni se les respeta el principio de inocencia. El eje de las violencias es que no se les cree a las mujeres. Por eso señalamos que son violentadas dos veces: primero por quien las agredió y después por estas instituciones del sistema de justicia que deberían, por un lado, protegerlas o, por el otro, juzgarlas con justicia».

El acompañamiento feminista frente a las omisiones institucionales

El informe de la Red destaca que el acompañamiento feminista ha resultado determinante para frenar omisiones procedimentales, corregir inconsistencias formuladas por la autoridad e integrar pruebas clave en las investigaciones.

Para Demichelis, el acompañamiento externo logra lo que el propio Estado omite:

«El sistema penal opera replicando estas violencias porque omite la perspectiva de género y la perspectiva interseccional. Por ejemplo, al menos diez de las doce mujeres con las que trabajamos eran madres y cuidadoras. Difícilmente esto se analiza como una categoría de discriminación o asimetría de poder. El acompañamiento feminista recuerda a las autoridades qué es lo que deben hacer, logrando destrabar esas omisiones».

Una estrategia integral para transformar la justicia penal

Para evitar que la perspectiva de género se quede en meros discursos o «capacitaciones de papel», la propuesta de la Red Feminista articuló una estrategia integral fundada en cuatro pilares clave para la transformación institucional.

En primer lugar, la guía demanda establecer un esquema de formación continua orientado a resultados tangibles y no solo a la acumulación de horas de curso. Sobre la urgencia de medir este impacto, Demichelis sostuvo: «Frente a todos los protocolos y capacitaciones que se imparten y publican, no hay metodologías de evaluación. Esta guía propone una batería de indicadores para dar seguimiento a la implementación y medir si está teniendo resultados favorables».

Este esfuerzo de capacitación se complementa con la exigencia de asignar presupuestos suficientes a todas las dependencias involucradas en el sistema penal, garantizando así la infraestructura y el personal necesario para brindar una atención oportuna.

Asimismo, la Red coloca sobre la mesa un aspecto poco visibilizado: la urgencia de garantizar condiciones laborales dignas para el propio personal operador de justicia. La propuesta vincula la prevención de la revictimización con salarios justos, equipo adecuado, instalaciones operativas e idóneas y licencias de maternidad para quienes integran estas dependencias. Al respecto, la especialista subrayó la relación directa entre el entorno de trabajo y la calidad de la atención al público: «La precariedad laboral genera patrones de violencia, sobre todo en las mujeres que integran los Ministerios Públicos o los órganos jurisdiccionales. Quien tiene la responsabilidad inicial de dejar de violentar y prevenir agresiones difícilmente podrá hacerlo si labora bajo condiciones precarias».

La estrategia se cierra con un pilar enfocado en el monitoreo institucional, la evaluación constante y la rendición de cuentas sobre el uso del presupuesto. Esto implica ir más allá de los mecanismos burocráticos habituales para implementar sistemas efectivos de atención a quejas que garanticen una supervisión real del trato que reciben las usuarias.

La Red Feminista por el Acceso a la Justicia —conformada por organizaciones como Balance A. C., CEA Justicia Social, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, CEPAD, Documenta A. C., Elementa DDHH, Haz Valer Mi Libertad y Mujeres Unidas X la Libertad— buscará en los próximos meses la adopción formal de esta guía en instancias locales, federales y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como reflexión de cierre sobre el impacto esperado de la herramienta, Renata Demichelis Ávila concluyó:

«La guía no debe verse como un techo al cual aspirar, sino como el piso mínimo a partir del cual construir hacia adelante. Ninguna mujer debería ser violentada dos veces, y mucho menos por las instituciones que deberían protegerla».