El Registro Civil de Sinaloa intentó negar el derecho a la identidad de la hija de un matrimonio de dos mujeres, con exigencias sobre su origen biológico que evidenciaron prejuicios institucionales. El caso desencadenó la movilización de colectivos feministas y de derechos humanos, que exigen sanciones, protocolos claros y garantías de no repetición para asegurar un trato digno a todas las familias de la diversidad sexual

Texto: Andrea Amaya

Foto: Isabel Briseño / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.– Una familia conformada por dos madres lesbianas denunció ser víctima de actos de discriminación y lesbofobia por parte de la directora general del Registro Civil del Estado de Sinaloa, Margarita Villaescusa Rojo, y de personal a su cargo, quienes en dos ocasiones se negaron a registrar a su hija recién nacida con el reconocimiento legal de ambas.

Ante estos hechos, diversas organizaciones de la sociedad civil, activistas por los derechos humanos y colectivas feministas emitieron un posicionamiento público dirigido a la gobernadora estatal, Yeraldine Bonilla Valverde, para exigir que se sancionen las irregularidades administrativas y se ponga fin a las barreras burocráticas hacia las familias lesbomaternales.

Exigencias fuera de la ley y obstaculización del trámite

De acuerdo con el posicionamiento firmado por los colectivos, los hechos iniciaron los días 17 y 23 de julio, cuando la pareja acudió al Registro Civil n.º 2 en Mazatlán. En la primera visita, los funcionarios rechazaron el trámite argumentando que debían presentar un expediente clínico de fertilidad asistida o la acreditación de un procedimiento de reproducción asistida, un requisito que no está previsto en el Código Familiar de Sinaloa y que jamás se les exige a matrimonios heterosexuales.

Al respecto, Ana de Alejandro, activista y directora general de la Red de Madres Lesbianas en México, explicó en entrevista para Pie de Página que este tipo de exigencias violan los marcos normativos vigentes, pues las leyes locales reconocen la gestación por sustitución y la reproducción asistida para personas del mismo género. Asimismo, señaló que en el país la ley presume que todas las hijas e hijos nacidos dentro de un matrimonio pertenecen a esa unión.

«Es discriminatorio porque no está en los requisitos de la ley: se asume que todos los hijos nacidos dentro del matrimonio son hijos del matrimonio y, por lo tanto, ellas tienen derecho de registrar a su hija con los apellidos de las dos mamás porque están casadas legalmente», enfatizó.

En su postura, las organizaciones detallan que los funcionarios sugirieron registrar a la recién nacida únicamente a nombre de una de las madres, desconociendo los efectos jurídicos del matrimonio igualitario y vulnerando el interés superior de la niñez al negarle su derecho a la identidad, filiación y protección familiar. Adicionalmente, el documento refiere que a las afectadas se les proporcionó el contacto de un oficial de la localidad de El Quelite, quien supuestamente ofreció realizar el trámite a cambio de un costo extra.

El argumento del «origen biológico» y el trato diferenciado

Ante estas trabas burocráticas, la pareja buscó apoyo de la sociedad civil y de la Jefatura del Departamento de Diversidad y Grupos Vulnerables de la Secretaría de las Mujeres, organizando una segunda cita el 23 de julio en la Unidad Administrativa de Mazatlán. Sin embargo, cuando el acta de nacimiento estaba lista para ser expedida, el personal detuvo el proceso tras una llamada de Margarita Villaescusa Rojo, quien justificó la negativa afirmando que se trataba de un «tema biológico» y argumentando la presencia de un «padre biológico».

Sobre esta declaración, la entrevistada remarcó que el Código Familiar estatal prohíbe explícitamente a los oficiales del Registro Civil investigar la paternidad o el origen biológico al momento de asentar a un recién nacido. Al cuestionar el trato diferenciado frente a parejas heterosexuales, cuestionó: «Si una persona heterosexual presenta a un hombre en el Registro Civil y dice que es el papá, nadie le puede cuestionar si de verdad lo es, si tuvieron contacto íntimo en sus días fértiles o si se hicieron un tratamiento; no le piden una prueba de ADN. Simplemente se asume que la persona que acompaña a la madre tiene la voluntad procreacional para asumirse como la otra parentalidad. Lo mismo sucede con las madres lesbianas».

La resolución bajo presión y la falta de garantías

Las organizaciones indicaron que, aunque las madres solicitaron la negativa por escrito con sustento legal, la autoridad nunca entregó resolución alguna. La situación derivó en una queja formal interpuesta el 27 de julio ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH). Ese mismo día, tras la presión mediática y la intervención de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de las Mujeres, la niña fue finalmente registrada con el reconocimiento de ambas madres.

No obstante, las colectivas y la activista coincidieron en que el registro posterior no repara el daño ocasionado ni elimina la discriminación. La fundadora de la Red de Madres Lesbianas argumentó que una disculpa privada o la resolución de un caso particular no garantiza un cambio estructural:
«La disculpa que se les dio de manera personal y telefónica —en privado, donde nadie más se dio cuenta— y el hecho de que registraran a la niña no repara el daño porque no hay una garantía de no repetición», advirtió, señalando que sin medidas institucionales firmes los registros seguirán dependiendo del acompañamiento de la sociedad civil.

Exigencias de la sociedad civil al gobierno estatal

Ante este caso, organizaciones como la Red de Madres Lesbianas en México, Flores de Bugambilia, Colectivo Feminista Perlas del Pacífico y Corazón Abierto Familias LGBTIQ formularon una serie de exigencias dirigidas al Ejecutivo estatal.

En primer lugar, demandan iniciar un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades de Margarita Villaescusa Rojo y del personal involucrado, evaluando su permanencia en el cargo. Asimismo, solicitan ofrecer una disculpa pública institucional a la familia afectada y reconocer formalmente que la negativa constituyó una violación a los derechos humanos.

También exigen girar instrucciones para impedir que se soliciten requisitos extraordinarios no contemplados en la ley y emitir un Protocolo Estatal para el reconocimiento de la filiación de hijas e hijos de familias de la diversidad sexual y de género. Por último, reclaman implementar capacitaciones obligatorias en materia de derechos humanos, perspectiva de género y diversidad sexual para todo el personal del Registro Civil en la entidad.

Finalmente, la representante de la Red de Madres Lesbianas en México apuntó que el colectivo, con más de 4000 integrantes a nivel nacional, continuará con el apoyo integral y la incidencia política ante los tres poderes de gobierno para garantizar el trato digno a todas las familias: «Queremos que ninguna mamá lesbiana se sienta sola y hacemos procesos de incidencia política en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial para garantizar que siempre se nos va a dar un trato digno y justo».