La salvaguarda definitiva de la Sierra de San Miguelito representa más que una victoria legal; es el desenlace de años de resistencia contra un modelo de urbanización depredadora que fragmentó comunidades enteras en San Luis Potosí

Texto: Andrea Amaya

Foto: Cortesía Guardianes de la Sierra de San Miguelito

CIUDAD DE MÉXICO.- El Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito declaró la validez constitucional del Decreto de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Para los colectivos de defensa del territorio, esto representa un hecho histórico.

La resolución, correspondiente al Amparo en Revisión Administrativo 544/2024, revoca de manera definitiva la determinación de un juzgado de distrito que inicialmente había favorecido al Ejido Terrero, permitiéndole no acatar el decreto de conservación. Conforme a lo establecido por el tribunal, la declaratoria ambiental no despoja a las comunidades de sus tierras, sino que limita de forma legítima el derecho de propiedad con el fin de proteger un ecosistema cuya preservación es prioritaria para el bienestar común y el derecho humano al agua.

Sin embargo, para alcanzar este blindaje legal, el territorio y sus habitantes han tenido que atravesar una de las disputas socioambientales más largas de la región, marcada por la fragmentación social, la resistencia civil y el asedio constante de intereses inmobiliarios.

San Juan de Guadalupe: el epicentro de la fractura comunitaria

El epicentro de esta compleja problemática se sitúa en la comunidad agraria de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito. Tal como lo expone Carlos Covarrubias, integrante del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, este territorio no solo es vecino geográfico de la urbanizada Garita de Jalisco, sino que ha sido el escenario de las disputas legales y sociales más intensas de las últimas décadas en la región.

Covarrubias identifica el año 2009 como el punto de partida de una ofensiva de carácter inmobiliario sumamente agresiva dirigida de forma directa hacia este núcleo agrario. Si bien aclara que la lucha por la defensa del territorio en esta zona tiene raíces que se extienden décadas atrás, define este periodo como el «epicentro del conflicto» contemporáneo, donde la comunidad logró contener judicialmente este primer embate masivo enfocando la batalla en tribunales ambientales y cuestionando los programas de ordenamiento territorial.

Sin embargo, el vocero detalla que las empresas implementaron una estrategia de división que terminó por fracturar gravemente el tejido social comunal a través de intereses económicos. «Llenan de dinero los bolsillos a los comisariados, compran camionetas, destruyen el tejido social, manipulan la voluntad de la gente, los someten, los utilizan y luego los abandonan a su suerte. Ese es el destino de la privatización de las tierras ejidales», denuncia Covarrubias. A decir del defensor ambiental, esta dinámica de cooptación generó profundas brechas de desconfianza, argumentando que mientras un sector de representantes era convencido para firmar y asociarse con desarrolladores privados para lotificar el uso común, la mayoría de la comunidad se vio obligada a emprender una resistencia social para proteger su patrimonio, dejando a la población profundamente dividida por las tensiones agrarias internas.

Tres décadas de expansión depredadora

La ofensiva contra esta zona ecológica comenzó mucho antes del decreto, según relata el activista, quien ubica el inicio de esta historia a mediados de la década de los noventa, y enfatiza que San Luis Potosí fue pionero a nivel nacional en implementar la privatización de ejidos mediante sociedades mercantiles inmobiliarias, un modelo que califica de ilegal y nocivo.

El vocero de Guardianes de la Sierra explica que la primera incursión de este tipo ocurrió entre 1994 y 1995 en el ejido Garita de Jalisco, pues en esa época se aportaron casi 1000 hectáreas —de las cuales 800 estaban protegidas por lineamientos de conservación de vida silvestre— para una urbanización de lujo. Posteriormente, las mismas firmas empresariales expandieron su radio de acción hacia otros ejidos como Capulines, Terrero, Rodrigo (en Villa de Reyes) y El Aguaje.

Esta continua irrupción no solo generó problemas de desabasto hídrico y ambiental para la capital potosina, sino que también causó el desplazamiento de la gente del campo en las 37 comunidades inmersas en la sierra. Covarrubias describe cómo los resultados de este proceso de privatización del territorio terminan en miseria y clasifica la privatización territorial en la región a través de cuatro etapas clave: privatización de tierras ejidales para desarrollos urbanos e inmobiliarias de lujo; conversión de territorios ejidales para la creación de parques industriales; proyectos de infraestructura y movilidad, principalmente autopistas y carreteras, y proyectos de alto impacto y de carácter extractivo en el uso del suelo, como el fracking.

La traición institucional en el camino al decreto

El conflicto alcanzó un nivel crítico en 2018, cuando diversos grupos empresariales intentaron replicar en San Juan de Guadalupe el modelo privatizador de Garita de Jalisco. Covarrubias señala que los desarrolladores pretendían constituir, a marchas forzadas antes del cambio de administración federal, sociedades mercantiles inmobiliarias sobre las tierras de uso común de la comunidad. El plan empresarial, según expone el entrevistado, buscaba absorber primero 4000 hectáreas, luego acotadas a 2086, para finalmente concentrarse sobre un área de 1805 hectáreas. Covarrubias rememora que las fuertes movilizaciones ciudadanas lograron frenar las asambleas ejidales donde se planeaba autorizar la entrega de las tierras, lo que obligó a la Procuraduría Agraria a emitir un lineamiento declarando improcedente este esquema asociativo.

Posteriormente, un desastre ambiental aceleró el proceso de protección de toda la sierra. El activista recuerda el devastador incendio forestal ocurrido entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2019, el cual consumió más de 11 000 hectáreas de la sierra. Este suceso motivó que, durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad el 24 de mayo de ese año, el colectivo le entregara formalmente la petición de blindar el territorio, compromiso que el mandatario asumió tras realizar una consulta a mano alzada ante más de 10 000 personas.

No obstante, el proceso estuvo plagado de trabas. Covarrubias denuncia que la anterior administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) cedió ante presiones empresariales, intentando excluir hasta 35 000 hectáreas de la propuesta de decreto. Específicamente, el activista acusa que la CONANP pretendía pactar la segregación de las mismas 1805 hectáreas de San Juan de Guadalupe para favorecer a los grupos inmobiliarios. Según explica, la denuncia pública de estas negociaciones en las conferencias matutinas presidenciales en julio de 2021 obligó al Gobierno Federal a rectificar el proyecto, culminando con la publicación del decreto de ANP el 13 de diciembre de 2021.

El peso de las corporaciones y el valor estratégico de la región

Para Covarrubias, la resistencia de ciertos representantes de los núcleos ejidales a acatar el decreto obedece estrictamente a la intervención de grandes corporaciones, pues asocia la representación del Ejido Terrero —controlado por grupos empresariales— con la empresa Valoran, dueña de concesionarias viales como Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), corporación que promueve obras de infraestructura como el entronque 75D Matehuala.

El activista expone que el interés de las empresas dedicadas al ramo carretero, inmobiliario e industrial sobre esta zona de San Luis Potosí responde a una ubicación logística sumamente estratégica a nivel nacional, al ser el cruce de importantes ejes viales y ferroviarios del país. «El primer interpuerto en México se ubicó en El Terrero, precisamente el ejido que se amparó y que acaba de perder este amparo», señala, evidenciando el tamaño de los intereses que han buscado por la vía legal anular las medidas de conservación ecológica.

Un precedente definitivo que protege el territorio y el futuro del agua

Para ilustrar la urgencia de resistir y defender el territorio de los megaproyectos y acoger este decreto, Carlos Covarrubias pide observar el caso de Garita de Jalisco, donde actualmente existe un movimiento de ejidatarios de ese núcleo que se está movilizando a nivel nacional ante el Senado y el Tribunal Superior Agrario para reclamar el despojo de sus tierras vendidas en los años noventa: «Tú ve a la Garita Jalisco y te vas a encontrar el reclamo por sus tierras que fueron vendidas en la primera sociedad mercantil que se hizo en la República. Lo que queda son zonas residenciales y miseria. Miseria para los hijos de los ejidatarios que fueron convencidos y cooptados para vender».

Frente a esa realidad, el defensor enfatiza que la reciente resolución del Tribunal Colegiado desmiente por completo el argumento de que la declaratoria despoja de sus tierras a los ejidatarios. Al limitar la urbanización descontrolada, se protege el derecho humano al agua de toda la zona metropolitana y se fomenta una agricultura y ganadería sostenibles.

A pesar de que representantes de ejidos como San Juan de Guadalupe, Calderón y Jesús María obtuvieron resoluciones favorables en juzgados de distrito en primera instancia para anular el decreto, el vocero confía en que, con la derrota legal definitiva del Ejido Terrero, todos los amparos restantes se resolverán en el mismo sentido bajo este criterio constitucional inamovible. Covarrubias concluye de forma contundente sobre los verdaderos alcances del decreto: «El área natural no le quita tierra a nadie. El área natural no modifica el estatus de la tenencia de la tierra; la protege y la salvaguarda para las futuras generaciones, tanto de los ejidos como de los habitantes de San Luis Potosí».