El inicio del proceso de expropiación de Cuba 11 abre la posibilidad de que las familias desalojadas regresen a sus hogares y sienta un precedente en la defensa del derecho a la vivienda. Mientras tanto, casos como el de la familia Dorador, en Mar Blanco, recuerdan que otras personas aún esperan justicia y que esta decisión podría abrir el camino para quienes siguen resistiendo el despojo

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Andrea Murcia / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Durante once meses, desde el 27 de agosto de 2025, las familias que habitaban el predio marcado con el número 11 de la calle República de Cuba cambiaron sus hogares por un campamento improvisado a la intemperie, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.

Tras ser despojadas violentamente de sus viviendas, resistieron bajo lonas, entre el ruido de la ciudad y la incertidumbre de no saber si algún día podrían volver. Hoy, después de casi un año de lucha, esa posibilidad parece estar más cerca: los primeros pasos para la expropiación del inmueble abren la puerta a que, muy probablemente, las familias recuperen el lugar del que nunca dejaron de sentirse parte.

El pasado 10 de julio, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dio a conocer que, mediante un acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario durante su Primera Sesión Extraordinaria —oficio 1-E/2026—, celebrada el 29 de junio de este año, y en atención a la solicitud presentada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), se dictaminó procedente iniciar los trámites para la expropiación del inmueble.

Asimismo, mediante el oficio n.º DG/000291/2026, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México solicitó a la misma dependencia emitir la determinación de utilidad pública respecto del inmueble. Este procedimiento constituye un requisito legal y administrativo que permite al Estado expropiar un inmueble cuando existe una causa de beneficio colectivo; en este caso, desarrollar un proyecto de vivienda pública en favor de las familias afectadas.

Junto con ello, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Expropiación, emitida en 2012, esta acción está sujeta al pago de una indemnización equivalente al valor de mercado del inmueble.

De acuerdo con lo señalado por las familias de Cuba 11 en un comunicado: «En el presente caso, la indemnización será mayor al monto respecto de la supuesta última compraventa, en que Virginia Domínguez Chalqueño, supuesta “compradora”, a la fecha no ha logrado acreditar la propiedad real sobre el inmueble; pero, de hacerlo, deberá acreditar que en su momento lo adquirió de manera legal y con recursos de procedencia lícita».

Lo que comenzó con el desalojo de decenas de habitantes del inmueble abrió un debate sobre el derecho a la vivienda, las irregularidades judiciales denunciadas por las familias afectadas y el papel del Estado frente a la expulsión de residentes en zonas sometidas a una creciente presión inmobiliaria.

Ahora, con el anuncio de la expropiación del predio para desarrollar un proyecto de vivienda pública, el caso de Cuba 11 se perfila como una de las primeras respuestas institucionales frente a los efectos de la gentrificación en la capital.

Una lucha que no ha sido fácil

Las acciones emprendidas por el Gobierno nunca habrían sido posibles sin la resistencia y la perseverancia de las familias que, durante casi un año, se atrincheraron a ras de calle para defender el lugar que les pertenece. Soportaron la lluvia, el frío, el sol, las noches a la intemperie y la incertidumbre cotidiana. Perdieron muebles, pertenencias y la privacidad de su vida diaria, pero hubo pérdidas que ningún avalúo ni indemnización podrán cuantificar.

Porque ¿cómo se repara la tranquilidad arrebatada durante once meses? ¿Cómo se indemniza el desgaste de vivir bajo un campamento, con la incertidumbre permanente de no saber si algún día se volverá a casa? ¿Cómo se recupera la normalidad después de haber visto convertida la vida cotidiana en una lucha por permanecer?

Durante ese tiempo, y hasta la fecha, 10 de las 17 familias que habitaban Cuba 11 recibieron apoyo económico para alojarse en un hotel de la colonia Guerrero, además de cuatro mil pesos destinados a rentar bodegas donde resguardan las pertenencias que lograron salvar. Pero ¿puede una habitación de hotel sustituir un hogar? ¿Puede una bodega reemplazar el lugar donde se construyeron recuerdos, afectos y proyectos de vida? ¿Cuánto tiempo puede permanecer una familia viviendo entre la provisionalidad y la incertidumbre sin que esa condición termine por transformar su existencia?

¿Y cómo se recuperan las vidas que el despojo arrebató? Las pérdidas no solo fueron materiales. También dejaron ausencias irreparables. Está el caso del señor Montoya, quien durante años mantuvo un taller de reparación de máquinas de escribir y sufrió un infarto apenas dos días después del desalojo. O el de José Salvador Crecencio Esquivel Alcántara, «Chava», quien murió en noviembre a causa de un paro respiratorio mientras era atendido en el Hospital Gregorio Salas, después de haber sido diagnosticado con cáncer pancreático en estado avanzado. ¿Cómo se mide el peso del desarraigo sobre la salud física y emocional de quienes lo padecen? ¿Cuántas de esas heridas permanecerán invisibles incluso cuando las puertas del inmueble vuelvan a abrirse?

También hubo niñas y niños que cambiaron su casa por la habitación de un hotel. ¿Cómo se le explica a una infancia que ya no puede volver a su cuarto porque alguien reclamó como suyo el lugar donde siempre vivió? ¿Cómo se conservan la rutina, los juegos, la escuela y la sensación de seguridad cuando todo alrededor se vuelve transitorio? ¿Qué marcas deja crecer bajo la incertidumbre de no saber dónde estará el hogar mañana?

¿Qué hubiera pasado?

Y hay preguntas que atraviesan toda esta historia: ¿qué habría ocurrido si las familias no hubieran decidido organizarse? ¿Qué habría pasado si la sociedad civil y las organizaciones que las acompañaron no hubieran hecho suya la lucha? ¿Si el abogado Arturo Aparicio no hubiera asumido su defensa? ¿Si las irregularidades del proceso nunca hubieran salido a la luz?

Si las familias hubieran aceptado el desalojo como un hecho consumado, ¿existiría hoy un proceso de expropiación? ¿El Estado habría reconocido el interés público de proteger su derecho a la vivienda? ¿O el caso habría quedado reducido a un expediente más, perdido entre los cientos de conflictos inmobiliarios que atraviesan la ciudad?

Quizá Cuba 11 sería hoy apenas otro edificio vaciado en el Centro Histórico. Otro inmueble entregado a la especulación inmobiliaria. Otra comunidad desplazada sin dejar rastro. Otra historia condenada al olvido. Pero las familias decidieron quedarse, resistir y convertir su lucha en una causa colectiva. Y fue precisamente esa resistencia la que obligó a que el despojo dejara de ser un asunto entre particulares para convertirse en una discusión pública sobre el derecho a permanecer en la ciudad.

Si el proceso de expropiación concluye y las familias logran regresar a sus hogares, habrán recuperado mucho más que un inmueble. Habrán demostrado que la organización y la resistencia pueden abrirse paso incluso frente a intereses económicos y procesos de despojo que parecían irreversibles. Pero también quedará la huella de un año que ninguna resolución administrativa podrá borrar por completo.

No todas las historias que contamos terminan en el despojo. Algunas nos recuerdan que la organización también puede abrir el camino de regreso a casa.

Pero la lucha y la organización no han terminado. En Mar Blanco, en la colonia Popotla, la familia Dorador continúa esperando volver a cruzar la puerta de su hogar, o al menos tener uno al que regresar. Del otro lado del portón, el ruido constante de la construcción recuerda que el inmueble sigue transformándose mientras ellas permanecen afuera.

La señora Dorador continúa resistiendo desde un campamento improvisado, expuesta a la intemperie, como si el paso del tiempo fuera también una forma de despojo. Porque si Cuba 11 demuestra que la organización puede abrir una puerta hacia la justicia, también recuerda que en la Ciudad de México aún hay cientos de familias que siguen esperando que alguien las abra.