En tres años y medio, solo se reforestó una hectárea y media de las dos mil hectáreas que establece el compromiso firmado en noviembre de 2023

Texto y fotos: Kau Sirenio

CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incumplieron el compromiso contraído hace más de año y medio de reforestar dos mil hectáreas del ejido El Bajío, en Sonora. En estos dieciocho meses, solo reforestaron una hectárea y media y abandonaron el proyecto.

La SEMARNAT declaró el ejido El Bajío como área natural protegida en noviembre de 2023, a petición de los propios ejidatarios, como medida de protección frente a una nueva concesión minera. En ese momento, la familia Baillères ya contaba con una concesión en el ejido para explotar la mina Penmont, y existían daños ambientales causados por la minería a cielo abierto, como la destrucción del único cerro del lugar.

Una vez declarado zona protegida, la SEMARNAT puso en marcha el programa Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), y la CFE firmó un acuerdo para resarcir los daños ocasionados en esa zona de Sonora por el parque de paneles solares más grande de América Latina, inaugurado el 17 de febrero de 2023.

La medida, aseguraron las autoridades, tenía la finalidad de garantizar la viabilidad comunitaria en el ejido El Bajío e incluía una transición energética justa, herramienta, mantenimiento y soporte técnico; sin embargo, todo esto quedó en total abandono.

Promesas sobre arena

Desde entonces, las autoridades del ejido El Bajío han enfrentado intensas batallas legales e injusticias sociales tras ganar litigios históricos frente a corporaciones como la minera Penmont, de la familia Baillères. En años recientes, el conflicto se ha extendido a compromisos ambientales incumplidos por empresas estatales como la CFE y por particulares, que han ejecutado obras de infraestructura con impacto directo en la zona desértica.

En 2014, el magistrado Manuel Loya Valverde emitió 67 sentencias firmes que ordenan a la minera regresar las tierras a su estado natural y devolver al ejido todo el oro extraído. Sin embargo, la empresa no acató la orden judicial y volvió a ocupar de manera ilegal el ejido en 2019.

A partir de ese momento, comenzó la resistencia de los ejidatarios ante el Tribunal Superior Agrario, ante la SEMARNAT y ante la Bolsa de Valores de Londres para hacer valer sus derechos.

Después de años de pugna, los ejidatarios lograron sentar a la SEMARNAT para alcanzar un acuerdo con el fin de recuperar la flora y la fauna del desierto que comprende el ejido El Bajío.

La CFE también se incorporó a la mesa de trabajo y firmó un acuerdo con los ejidatarios; sin embargo, sin aviso previo, retiró sus materiales y dejó a los ejidatarios solos con la reforestación. «Llevaban 50 litros de agua para regar 1500 árboles. Solo fueron dos veces a regar con esa cantidad de agua; a partir de ahí, los dejaron secar», denunció el excomisariado ejidal Jesús Javier Thomas González.

El logro no es menor, pues, además de arrebatarle la tierra al que fuera el segundo hombre más rico de México, los ejidatarios esperan reconstruir el ecosistema en el que habitaban diversas especies endémicas de la región.

El precio de defender la tierra

Pero esta hazaña costó cárcel y muerte a los luchadores sociales: cinco ejidatarios fueron encarcelados; dos desaparecidos, Raúl Ibarra de la Paz y su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, el 12 de febrero de 2018; y el excomisario ejidal Jesús Robledo Cruz y su esposa, María Jesús Gómez Vega, fueron asesinados en Puerto Peñasco, Sonora, el 29 de abril de 2021.

«En 2009 interpusimos el primer juicio agrario, cuya sentencia indica que la empresa debía desalojar el ejido, cosa que hizo cuatro años más tarde y por orden de las fuerzas del orden público», refirió Thomas González.

Un documento en posesión de TatyiSavi establece que la SEMARNAT se compromete a reforestar el ejido El Bajío, pero la dependencia no cumplió: «La pérdida de grandes áreas de cobertura vegetal asociadas con la deforestación, así como la disminución de cualidades que poseen las comunidades e incluso la reducción o pérdida de especies. Y por ello la importancia de la implementación del Programa de Reforestación».

El oficio SRA/DGIRA/DG-06238-22, emitido por la Subsecretaría de Regulación Ambiental (SRA) a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), señala: «Que la promovente implementará medidas y llevará a cabo programas con la finalidad de mitigar y compensar los impactos ambientales que se generarán en la biodiversidad, ecosistemas y servicios ambientales que prestan los mismos, los cuales se verán afectados por el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) de 813.522 ha de vegetación tipo desierto arenoso».

Y agrega: «La promovente debe considerar que dicha vegetación se caracteriza por presentar comunidades vegetales dominadas por estrato arbustivo, los cuales favorecen la desertificación; asimismo, presenta una amplia biodiversidad (lo cual se vio reflejado en los muestreos realizados a la flora y fauna en el área del proyecto del área protegida [AP])».

La DGIRA hace algunas precisiones sobre el caso: «La conservación de los desiertos arenosos no tan solo resulta importante por su función ecológica y los servicios ambientales que prestan tanto a la vegetación como a la fauna, sino también por las modificaciones que pueden presentar a nivel ecosistémico derivado del CUSF».

En el documento se detalla que se implementarán medidas de mitigación, restauración o compensación que contribuyan no solo a la protección y recuperación de hábitat, sino también a disminuir los efectos del cambio climático y a coadyuvar en la recuperación de los servicios ambientales. Pese a lo anterior, de las dos mil hectáreas destinadas a la reforestación con la planta fotovoltaica, únicamente se reforestaron una hectárea y media. El resto se dejó secar.

Tierra de migrantes

El ejido El Bajío fue fundado el 20 de agosto de 1971 por migrantes provenientes de Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Antes, la vida era sencilla, pero después de 1997, cuando llegó la minera, los dueños de estas tierras han pagado con cárcel y muerte su lucha contra el extractivismo.

Los ejidatarios ganaron los juicios en 2014; sin embargo, a pesar de que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 28 ordenó que la minera debe regresar a su estado natural el territorio de El Bajío y, además, indemnizar a los ejidatarios por el pago de renta de sus tierras, la minera no ha querido acatar la ley. Con la sentencia a su favor, los ejidatarios recuperaron las tres mil hectáreas que Penmont ocupó ilegalmente, pero la pugna no terminó ahí. Según la revista Forbes, la ganancia obtenida por los Baillères por el saqueo en El Bajío asciende a 436 millones de dólares, que la minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, deposita en la Bolsa de Valores de Londres, en la que cotiza desde 2007.