La Comisión de Derechos Humanos de Veracruz detalló que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado participaron en la desaparición de al menos 9 personas en 2016 e hicieron investigaciones deficientes

Texto y fotografía: Julio Herrera / Voz Alterna

Alianza de Medios

HUATUSCO, VERACRUZ. – Con base en la recomendación 35/2019 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) participó en la desaparición forzada de al menos una persona, el 31 de julio de 2013 en Huatusco. La Fiscalía local, en ese momento Ministerio Público, realizó investigaciones deficientes en contra de la SSPV.

El documento emitido el 12 de junio del año en curso por la CEDH resuelve que el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado debe ofrecer una disculpa pública a los familiares afectados, además una reparación económica.

Ante las deficiencias en la investigación presentada por desaparición forzada, el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, también debe ofrecer una disculpa pública a los familiares, la reparación del daño y otros lineamientos.

En busca de justicia en Veracruz

Ante la inoperancia de la Fiscalía de Huatusco, la madre de Juan Carlos, nombre que manejaremos para preservar su identidad, se incorporó a las filas del Colectivo Solecito Veracruz, en 2016, tres años después de la desaparición.

La madre se remontó al día de la desaparición y refirió que amigos quienes se encontraban con su hijo le informaron que la Policía Estatal fue quien detuvo a Juan Carlos, lo subieron a las patrullas y llevaron a rumbo desconocido alrededor de las 10 de la noche.

Después de buscar en diversos lugares y preguntar por el joven de 25 años, la familia con el temor a cuestas, decidió interponer una denuncia por la desaparición, siete días después en el Ministerio Público.

Tres años continuó acudiendo a la Fiscalía para consultar los avances en la investigación pero no había noticias, la madre explicó que le comentaban que si tenía algo de información que les dijera, pero hasta octubre del 2016 los trabajos reiniciaron, ya que ingresó al Colectivo Solecito.

La afectada explicó que iniciaron a citar testigos, lo boletinaron y en noviembre del 2016 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos intervino, lo que generó mayor celeridad en las investigaciones.

En el documento de la recomendación se conoció que declararon alrededor de 9 elementos de la SSP, identificados como SP.

El 16 de enero de 2017 un elemento de la Policía Estatal identificado en la declaración como SP1, aceptó que participó en el operativo al mando del delegado de la región VII de Fortín y reconoció a un sujeto de alrededor de 1.70 con playera azul, quien concuerda con la descripción de Juan Carlos.

La SSP mostró resistencia para cooperar con la investigación, pero después de las declaraciones se cruzó información obtenida vía judicial como la tarjeta informativa del 31 de julio de 2013.

En la tarjeta se establece la participación de 11 patrullas y 50 elementos, además la solicitud de apoyo de las delegaciones de Xico, Jamapa, Base Cardel, Tierra Blanca, Ciudad Mendoza, Comandancia de Córdoba, Agrupamiento de Vialidad, Fuerza de Reacción y Agrupamiento Carretero.

Los Estatales operaban presuntamente torturando a los detenidos y así los obligaban a que informaran de más personas, así como obligaron a Juan Carlos para señalar a Cecilio Veneroso quien fue levantando por la Policía Estatal, refirió uno de los testigos.

La patrulla que levantó a las dos personas es la marcada SO- PV 1501, el número de la patrulla fue confirmado y se explicó que pertenecía al agrupamiento de Policía Víal que se acredita en la tarjeta informativa antes citada.

El delegado de Fortín de la región VII en su declaración buscó deslindarse y mencionó que el coordinador de las acciones era el Comandante de División quien declaró en 2016 y en noviembre de ese mismo año falleció.

Omisiones y dilaciones; la mejor herramienta del sistema

El Ministerio Público se mostró indolente violando la debida diligencia lo que generó elementos para esta recomendación. En el día de la primera declaración no tomaron en cuenta la información de su madre, se presume que quien declaró primero fue su pareja.

Después del informe que presentó en agosto de 2013, la Policía Ministerial volvió a mostrar algún avance hasta el 14 de julio de 2016, es decir, tres años después. Las tomas de muestras de ADN de la madre las tomaron en 2013, 2015 y 2016. El dictamen lo obtuvieron en noviembre de 2016.

La Fiscalía Regional de Córdoba mencionó que no tenía información sobre la denuncia del año 2013, ya que presuntamente desde Huatusco no se la hicieron llegar por lo que no estaba en condiciones de distribuir la información a través de su página de registro de Desaparecidos en el año 2015.

Las conclusiones

Esta recomendación genera un precedente en Huatusco ante la tragedia que vivieron al menos dos decenas de familias huatusqueñas que por temor ante represalias, no iniciaron proceso legal, explican algunos familiares cercanos.

La concentración del poder en el sexenio priista de Javier Duarte y el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita generaban todas las condiciones para que existiera ese clima de impunidad y colusión a niveles que nos llevaron a vivir una tragedia humanitaria generada principalmente por el estado y algunos grupos delincuenciales. 

Desaparecidos en julio 2013:

1.- Juan Luis Pacheco Ginez

2.- Santiago Fernández del Carmen

3.- Andrés Fernández Tlazalo

4.- Cecilio Veneroso

5.- Mateo Manolo García Fernández

6.- César Laureano Peña

7.- Jesús Alberto Sobal

8.- Juan Chacón

9.- Gaspar Vela (Fue levantado por elementos de la SSP, sostiene que fue torturado así como a los demás jóvenes, después fue abandonado en una comunidad Coxolo cerca  de Huatusco)