En Homún, Yucatán, la defensa de los cenotes se ha convertido en una lucha por la justicia y la memoria. Maribel Ek Can y otras voces mayas reclaman que sus saberes sean escuchados antes de que el agua se contamine y el territorio desaparezca

Texto: Jade Guerrero

Foto: Aitor Sáez / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – Originaria de Homún, una comunidad maya ubicada en el corazón del Anillo de Cenotes de Yucatán, Maribel se ha convertido en una de las voces más visibles en la defensa del agua frente a proyectos que, según habitantes de la región, amenazan uno de los sistemas acuíferos más importantes de la península.

Durante años, pobladores de la comunidad mantuvieron una batalla legal y social contra la instalación de una granja porcícola industrial que buscaba operar en una zona considerada ambientalmente vulnerable por su cercanía con los cenotes que abastecen de agua a la región.

Fue desde esa experiencia de resistencia comunitaria que tomó la palabra durante el encuentro Justicias, Saberes y Territorios:

«Nos sentimos en algún momento amenazados, frustrados y enojados porque se permite que una granja con 49 mil cerdos se introduzca dentro de este lugar… Nosotros le damos el valor y el respeto al aire, a la tierra y al agua que todos necesitamos. Sin embargo, no todos le damos ese respeto, ese valor que se merece», expresó.

Su testimonio marcó uno de los momentos más significativos de una jornada dedicada a reflexionar sobre la relación entre justicia indígena, conocimientos comunitarios y defensa territorial. A lo largo del encuentro, autoridades indígenas, personas defensoras del medio ambiente, académicos y representantes del Poder Judicial coincidieron en una preocupación común: la necesidad de construir mecanismos de justicia capaces de escuchar a las comunidades y reconocer sus formas propias de organización.

Cuando los saberes de los pueblos no cuentan

Para las comunidades indígenas, los conflictos ambientales no comienzan cuando aparecen los estudios científicos ni cuando llegan a los tribunales. Comienzan mucho antes, cuando el agua cambia de color, cuando los árboles dejan de florecer o cuando los animales desaparecen de los montes.

Sobre ello reflexionó el investigador Rodrigo Llanes, del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, quien planteó que uno de los grandes desafíos actuales consiste en reconocer que los pueblos también producen conocimiento válido para comprender y proteger sus territorios.

«No puede haber justicia social, justicia ambiental, si no hay también justicia epistémica», afirmó.

La idea atravesó gran parte del encuentro. Quienes formaron parte del diálogo cuestionaron que, en numerosas ocasiones, las denuncias de las comunidades fueron ignoradas hasta que un peritaje técnico o un estudio especializado confirmaba lo que las personas habitantes ya habían advertido desde tiempo atrás.

Llanes recordó que la Constitución mexicana reconoce desde 1992 la composición pluricultural de la nación. Sin embargo, advirtió que el reto actual no es solamente reconocer la diversidad cultural, sino transformar las propias instituciones para que reflejen esa pluralidad.

«¿Cómo hacemos realmente una universidad pluricultural? ¿Cómo hacemos un máximo tribunal pluricultural?», preguntó.

La reflexión cobra especial relevancia en la península de Yucatán, donde durante las últimas décadas han crecido los conflictos relacionados con megaproyectos, actividades extractivas, contaminación de acuíferos y cambios en el uso del territorio.

La justicia que nace en las comunidades

Entre las voces presentes destacó también la de María Feliciana, jueza maya, quien habló sobre la experiencia de impartir justicia desde las propias comunidades.

«Durante muchos años la justicia indígena ha sido ejercida de manera cercana a la gente, privilegiando el entendimiento, la armonía comunitaria y el respeto a nuestra cultura», expresó.

Su intervención recordó que los sistemas normativos indígenas no son una propuesta reciente ni una alternativa experimental. Son formas de organización que han existido durante generaciones y que continúan resolviendo conflictos cotidianos a través de mecanismos de conciliación, diálogo y reparación comunitaria.

Para la jueza maya, espacios como el encuentro permiten visibilizar prácticas que históricamente han permanecido al margen de las instituciones oficiales.

«Pocas veces hemos tenido la oportunidad de visibilizar este valor y de ser escuchados en espacios de esta relevancia», señaló.

La reforma constitucional en materia indígena aprobada en 2024 abrió un nuevo escenario para el reconocimiento de estos sistemas normativos. Sin embargo, diversos participantes coincidieron en que el reconocimiento legal representa apenas el primer paso.

Dos sistemas de justicia frente a frente

Víctor Leonel Martínez, director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que uno de los objetivos centrales de estos encuentros es generar diálogo entre la jurisdicción estatal y la jurisdicción indígena.

«El pluralismo jurídico es un hecho», sostuvo.

Según explicó, la intención es construir herramientas que permitan fortalecer la coordinación entre ambos sistemas y avanzar hacia una justicia intercultural capaz de responder a los desafíos actuales relacionados con el territorio, el medio ambiente y los derechos colectivos.

En el mismo sentido, Benjamín Rubio Chávez, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, llamó a repensar la manera en que tradicionalmente se ha entendido el derecho.

«Hay un derecho que es incluso anterior al nuestro. Es anterior a México. Ese derecho es el sistema normativo indígena», afirmó.

Para el funcionario, el verdadero desafío consiste en lograr que los derechos reconocidos en las leyes tengan efectos concretos en la vida de las personas.

«De nada sirve que en la Constitución diga que tengo derecho al agua si no la tengo. De nada sirve que digan que tengo derecho al medio ambiente sano si estoy viendo que están despedazando mi comunidad», expresó.

Defender la vida

Más allá de las discusiones jurídicas, el encuentro dejó claro que la defensa del territorio continúa siendo una de las principales preocupaciones de las comunidades indígenas.

En México, la defensa de la tierra, el agua y los bienes naturales se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Sin embargo, quienes participan en estas luchas continúan organizándose para proteger espacios que consideran fundamentales para su supervivencia cultural y material.

Maribel Ek Can volvió sobre esa idea al cierre de su participación.

«Yo doy la cara, la voz por cuidar y proteger un lugar donde yo crecí, donde yo nací, pero no solo yo lo disfruto», dijo.

Su llamado fue sencillo, pero contundente: reflexionar sobre las decisiones que afectan al agua, al aire y a la tierra.

Mientras magistrados, jueces, académicos y autoridades comunitarias intercambiaban ideas sobre pluralismo jurídico e interculturalidad, las preocupaciones expresadas por las comunidades seguían siendo profundamente concretas: agua limpia, territorios libres de contaminación, respeto a sus formas de organización y acceso real a la justicia.