Tras 15 años de lucha, el pueblo wixárika logró la cancelación de 43 concesiones mineras en Wirikuta. Sin embargo, la sentencia mantiene vigentes otras 20 en la zona de influencia del sitio sagrado. La justicia reconoció su vínculo espiritual con el territorio, pero dejó desprotegido el corazón del desierto

Texto: Jazmín Sandoval

Foto: Pedro Anza / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. — Después de una caminata que ha durado 15 años por juzgados y desiertos, el pueblo wixárika ha alcanzado un hito en la historia de la defensa de los derechos indígenas en México. El pasado 11 de marzo de 2026, el Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí emitió una sentencia que reconoce, por primera vez de forma tan clara, el vínculo sagrado e indisoluble de este pueblo con el territorio de Wirikuta.

Sin embargo, para las autoridades tradicionales y civiles agrupadas en el Consejo Regional Wixárika (CRW), este triunfo no es completo. Aunque se ordenó la cancelación de 43 concesiones mineras que se encuentran dentro del Área Natural Protegida, la justicia mexicana dejó desprotegidas otras 20 concesiones vigentes que amenazan los límites de este santuario natural y espiritual.

El origen de la vida no tiene precio

Para el pueblo wixárika, Wirikuta no es un pedazo de tierra con minerales valiosos; va más allá de eso: es el lugar donde nació el sol y donde habitan sus deidades. Como explica Sofía García Mijatez, coordinadora de comunicación del CRW, este territorio es uno de los cinco puntos cardinales sagrados que sostienen su cosmogonía. Es, literalmente, el lugar de donde provienen espiritualmente.

«Wirikuta es uno de los cinco puntos cardinales de donde nosotros provenimos espiritualmente… Ahí es donde se originó el sol, es donde se originó la vida para nosotros».

La relación con esta tierra es constante y profunda. Cada año, entre febrero y marzo, los miembros de la comunidad realizan peregrinaciones que son verdaderos actos de sacrificio y fe. Durante semanas, los elegidos para llevar el «cargo» dejan de ser personas comunes para convertirse en la representación viva de sus ancestros, cumpliendo con ayunos y ceremonias de limpieza.

El objetivo de estas caminatas no es solo pedir por ellos mismos, sino mantener el equilibrio de la naturaleza para todo el mundo. Al entregar sus ofrendas de velas y flechas, dialogan con las deidades de la tierra, el agua y el aire, buscando que la vida siga existiendo tal como la conocemos.

Una propiedad que data de 1700

Un punto fundamental en esta lucha es la distinción entre la propiedad física y la propiedad cultural. Sofía destaca que, aunque existen ejidatarios que poseen las escrituras de la tierra, el pueblo wixárika tiene una «propiedad espiritual» respaldada por títulos virreinales que datan del año 1700.

Esta presencia ancestral, anterior incluso a la formación del Estado mexicano, es la que fundamenta su derecho a decidir sobre el futuro del territorio. «Nuestra cultura no se elige, se vive desde que nacemos», señala Sofía, recordando que desde los primeros meses de vida los niños son presentados ante los dioses en Wirikuta.

La sentencia llega en un momento crítico, cuando la minería se presenta falsamente como la única salida económica para los habitantes locales. Debido a la falta de empleos dignos en la zona desértica, muchas empresas convencen a los ejidatarios de aceptar proyectos que, a largo plazo, solo dejan contaminación y escasez.

El peligro de las 20 concesiones que la justicia dejó activas no es solo una cuestión de mapas. Estos proyectos se encuentran en la llamada «zona de influencia», un área que funciona como las venas que alimentan los manantiales sagrados. En un ecosistema tan delicado como el de Wirikuta, cualquier perforación fuera del área protegida afectará inevitablemente el agua de adentro. Para el pueblo wixárika, el agua no conoce de fronteras legales ni de líneas imaginarias; si se contamina o se agota en la periferia, el corazón del sitio sagrado morirá de sed.

«Las empresas mineras aprovechan que no hay empleo digno en el desierto para convencer a la gente, pero no dicen que se van a acabar el agua de los acuíferos», menciona Sofía.

La minería en una zona tan árida es, en palabras de los defensores, inviable. Los estudios técnicos presentados demuestran que la actividad minera agotaría los mantos acuíferos, dejando sin agua a las comunidades y destruyendo plantas únicas como el peyote (Hikuri), que ya fue declarado en peligro de extinción en 2025.

Los claroscuros de la justicia

El boletín de prensa del Consejo detalla que el juicio de amparo 819/2011 enfrentó retrasos injustificables durante 13 años. Fue hasta diciembre de 2025 cuando se celebró la audiencia constitucional, lo que refleja el enorme desgaste que el sistema judicial impone a los pueblos originarios que buscan defender sus derechos.

«Es difícil confiar plenamente en la justicia cuando tardan 13 años en dar una sentencia».

Si bien la sentencia de marzo de 2026 es un avance al reconocer la autodeterminación y ordenar traducciones a la lengua wixárika, tiene omisiones graves. Al no cancelar las 20 concesiones que quedan en la zona de influencia, el juzgado ignora que el impacto ambiental y espiritual de una mina no se detiene en una línea dibujada en un mapa.

Un punto central de la inconformidad es la diferencia entre ser informados y ser respetados. El Consejo Regional reclama que el Estado suele usar la consulta solo como un trámite para platicarles qué proyectos mineros vienen. Sin embargo, su exigencia es el «consentimiento»: que su palabra sea la última y vinculante. Si la comunidad decide que la minería daña su forma de vida, ese «no» debería ser definitivo, impidiendo que las empresas vuelvan a insistir una y otra vez con nuevas solicitudes.

«No basta con que nos consulten, lo que exigimos es el consentimiento. Si el pueblo dice no, ese no debe ser definitivo».

El peso del reconocimiento internacional

El conflicto ha trascendido las fronteras de México. El 12 de julio de 2025, la UNESCO inscribió la ruta de peregrinación de Wirikuta como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este nombramiento obliga al Estado mexicano a adoptar medidas científicas y técnicas para conservar el lugar, prohibiendo actividades industriales que lo dañen.

Este reconocimiento internacional funciona ahora como un escudo para el pueblo wixárika. Al ser el sitio número 37 de México en esta lista, la vigilancia global es constante. La recomendación de la UNESCO es clara: no debe haber minería en los polígonos sagrados que cruzan Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí.

Ante las deficiencias de la sentencia, el Consejo Regional Wixárika presentó un recurso de revisión el pasado 30 de marzo de 2026. No buscan un acuerdo a medias; su exigencia es la cancelación total de todas las concesiones de empresas como First Majestic Silver Corp, que siguen acechando la periferia del sitio sagrado.

Además, el pueblo demanda que Wirikuta sea elevada a rango de Área Natural Protegida Federal. Esto permitiría un manejo más estricto y coordinado entre las autoridades tradicionales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), garantizando el derecho de paso para las peregrinaciones.

El derecho a un futuro en paz

La voz de Sofía García Mijares es un llamado a la conciencia de todos los mexicanos. En un mundo lleno de conflictos y destrucción ambiental, Wirikuta representa una reserva de paz y equilibrio ecológico que pertenece a toda la nación, no a los intereses privados de unas cuantas empresas.

La resistencia no es solo legal, es una vigilancia diaria en el territorio. La comunidad se ha organizado para monitorear que no existan incursiones ilegales en las zonas donde las concesiones ya fueron invalidadas, demostrando que su compromiso con la tierra es inquebrantable.

«No es solo una excavación física; para nosotros, la minería es como si le sacaran el corazón a nuestra deidad, la Madre Tierra».

Para el pueblo wixárika, permitir la minería en Wirikuta sería como permitir que le saquen el corazón a su deidad más querida, Tatei Yurienaka. Es una mutilación de su identidad que no están dispuestos a aceptar tras siglos de mantener sus tradiciones vivas frente a todo intento de asimilación.

Esta resistencia, que ya suma 15 años, ha visto crecer a una nueva generación de defensores. Los niños que eran apenas bebés cuando inició el juicio en 2011 y fueron presentados ante las deidades en Wirikuta hoy son jóvenes que caminan junto a sus abuelos cuidando el territorio. Esta herencia asegura que la defensa no terminará con una sentencia; el relevo generacional es la garantía de que el pueblo wixárika seguirá protegiendo su raíz, sin importar cuánto tiempo más tarde la justicia completa en llegar.

«Es desgastante que un pueblo tenga que luchar durante 15 años para que se reconozca lo que es suyo por derecho ancestral».

La batalla legal continuará en los tribunales superiores, pero la batalla moral ya está ganada. El pueblo wixárika ha demostrado que la dignidad y la espiritualidad tienen raíces más profundas que cualquier ambición económica. Como dice su consigna final: «¡Wirikuta no se vende, se ama y se defiende!».

«México tiene lugares de paz y de equilibrio que debemos cuidar, no vale la pena entregarlos a empresas que solo vienen a saquear… Pedimos que el Estado nos garantice el derecho de vivir en un ambiente sano y en paz con nuestra naturaleza».