La comunidad de San Gregorio Atlapulco denuncia desvío de aguas negras, contaminación de la zona chinampera y afectaciones al sistema agrícola; la comunidad logró frenar un proyecto hídrico mediante un amparo, aunque persisten señalamientos de impacto ambiental y conflicto territorial

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – En San Gregorio Atlapulco, uno de los 14 pueblos originarios de la alcaldía Xochimilco, las deudas históricas aún no se resuelven: desde 1950, sus manantiales y acuíferos han sido explotados para abastecer a la capital, mientras en su territorio se profundizan la contaminación de la zona chinampera, la desecación de canales y la escasez de agua para sus propios habitantes.

En ese contexto, el inicio de las obras del Plan Integral Hídrico en la zona cerril de San Pedro Actocpan ha reavivado la preocupación comunitaria. Pobladores advierten que los trabajos han provocado el desvío de aguas negras hacia los resumideros que captan el agua de lluvia para la recarga de pozos, lo que agrava un problema ambiental que se ha arrastrado por décadas.

Aguas contaminadas por todas partes

El paso de las aguas residuales no es nuevo en Atlapulco. Desde hace más de 30 años, quienes viven y trabajan la tierra han visto cómo estas descargas, provenientes de la zona cerril, se infiltran en los sistemas naturales de recarga y terminan afectando cultivos, flora y fauna. Con el tiempo, a estas descargas se sumaron aportaciones de pueblos de Milpa Alta —San Pedro Atocpan, San Pablo, San Salvador y San Bartolo—, deteriorando de manera constante el sistema agrícola chinampero sin una respuesta efectiva de las autoridades.

La afectación ya no se limita a la superficie. Las aguas contaminadas se infiltran en el subsuelo y alcanzan zonas clave para la recarga hídrica y la producción agrícola. Habitantes han documentado drenajes obstruidos, acumulación de aguas residuales, mortandad de peces y daños visibles en áreas verdes, señales de un equilibrio ambiental cada vez más frágil.

En este contexto, crece el temor de que la nueva obra intensifique el problema al conducir las aguas negras de forma más directa hacia las zonas de cultivo, donde se producen verduras y hortalizas que abastecen a la Ciudad de México.

Todo ello ocurre en medio de una crisis más amplia en la zona chinampera de Atlapulco. La escasez de agua y su mala calidad han convivido durante décadas con descargas constantes en los canales, en un sistema afectado por el deterioro del drenaje y decisiones de planeación cuestionadas. Mientras algunas chinampas se secan por la sobreexplotación de los acuíferos, otras permanecen anegadas, reduciendo la capacidad de cultivo y poniendo en riesgo la continuidad de la actividad agrícola.

No se oponen a la mejora, no quieren imposición

A pesar de ello, los productores no rechazan las obras en sí, pero exigen que se realicen con sustento técnico, estudios de impacto ambiental y participación comunitaria. Denuncian que fueron excluidos del proceso y que no se llevó a cabo una consulta libre, previa e informada, aunque el proyecto avanzó con aval institucional.

En un pronunciamiento fechado el 22 de abril de 2026, autoridades tradicionales y organizaciones como Parajes Chinamperos Unidos y la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco acusaron la imposición del llamado Plan Integral Hídrico, al que señalan como un proceso de urbanización encubierta en suelo de conservación, con impactos directos sobre su forma de vida.

En el mismo documento, la comunidad denunció un aumento de la violencia política en el territorio, con actos de vigilancia, intimidación y agresiones contra habitantes que defienden el agua y la tierra. Aseguran que el conflicto se ha intensificado con la ejecución de obras como el colector Actocpan, integrado al plan hídrico, el cual, afirman, se ha desarrollado sin estudios suficientes, sin información técnica completa y sin respeto a los usos y formas de organización comunitaria.

También señalaron que la contaminación por aguas residuales ha alcanzado niveles alarmantes, afectando no solo la zona cerril, sino también la zona urbana y la zona chinampera. El agua contaminada que circula por el pueblo es considerada ya un problema de salud pública.

En su posicionamiento, los habitantes responsabilizan a diversas autoridades capitalinas y operadores institucionales de cualquier afectación a su integridad física, psicológica y patrimonial, y exigen el cese de agresiones, la revisión del proyecto y el respeto a la organización comunitaria.

Frenan temporalmente el colector

En medio de este conflicto, la comunidad informó que el proyecto del colector fue detenido tras la interposición de un amparo con número 1440/2025 ante la justicia federal, que determinó la suspensión de la obra al considerar que la consulta no cumplió con los estándares de libertad, información suficiente y adecuación cultural. El fallo también derivó en la protección del derecho del pueblo originario a ser consultado de manera adecuada.

Sin embargo, los habitantes sostienen que, pese a la resolución judicial, las tensiones en el territorio no han disminuido y la presión sobre quienes defienden el agua y la tierra continúa.

La comunidad insiste en que su lucha no se limita a una obra de infraestructura, sino a la defensa de un sistema chinampero que consideran en riesgo de colapso. Aseguran que el agua, la tierra y la vida no son recursos negociables, y que el futuro de Atlapulco depende del respeto a su organización, su conocimiento y su derecho a decidir sobre su territorio.