El 17 de abril no es solo una fecha conmemorativa, sino un espejo incómodo que conecta luchas lejanas y cercanas: desde Palestina hasta México, la denuncia por las y los presos políticos revela una historia de resistencia, represión y exigencia de justicia que sigue abierta

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – 17 de abril, Día Internacional de las y los Presos Políticos. Se trata de una jornada de lucha, solidaridad y visibilización que pone la mirada en quienes han sido privados de la libertad por sus ideales, su activismo o por la defensa del territorio y los derechos humanos. En esta fecha se denuncian las detenciones arbitrarias y las condiciones inhumanas de reclusión que persisten en distintas partes del mundo.

El origen de esta efeméride se remonta al movimiento palestino. El 17 de abril de 1974, el Consejo Nacional Palestino instauró esta jornada como un gesto de solidaridad con las y los presos políticos, en el contexto de la ocupación israelí y de las múltiples detenciones ligadas a la lucha por la autodeterminación.

La fecha también evoca un hecho emblemático: la liberación de Mahmoud Bakr Hijazi en 1974, considerado el primer prisionero palestino liberado mediante un acuerdo de intercambio. Este suceso sentó un precedente y transformó el día en un símbolo de resistencia, así como en una expresión de la exigencia por la liberación de personas encarceladas por razones políticas.

Con el paso del tiempo, la conmemoración trascendió su origen y adquirió un carácter internacional. Organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y actores políticos en diversas regiones —especialmente en América Latina— adoptaron el 17 de abril como una jornada global de denuncia y solidaridad, ampliando su alcance para visibilizar la situación de las y los presos políticos en distintos contextos.

El caso de México y sus presos políticos

En México, la persecución política por parte del Estado contra las disidencias es un tema de antaño, de más de cien años, que se extiende hasta la actualidad. Sus primeras expresiones pueden encontrarse en la persecución lerdista contra los movimientos agraristas en Chalco, que se oponían a la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas.

Aunque esta persecución se institucionalizó con su sucesor, durante la dictadura porfirista, cuando los opositores al régimen —como los hermanos Flores Magón, Elisa Acuña Rossetti, Filomeno Mata y Camilo Arriaga, entre otras figuras, principalmente periodistas— comenzaron a ser encarcelados por sus ideales políticos, en su mayoría anarquistas o integrantes del Partido Liberal.

Con el triunfo de la Revolución mexicana, lejos de apaciguarse, la represión se recrudeció en los años posteriores. Comenzó la vigilancia, el espionaje y la persecución de opositores, rebeldes militares y movimientos sociales, desde cristeros hasta comunistas. A través del reformado Departamento Confidencial y otras agencias, el régimen identificó como «enemigos» a quienes desafiaban la estabilidad del nuevo Estado.

Posteriormente, con la represión y el encarcelamiento como medidas de presión, y con el inicio de la llamada guerra sucia, estas prácticas se volvieron más recurrentes. La prisión se convirtió en un mecanismo para mantener el statu quo: campesinos, obreros, estudiantes y guerrilleros pisaron las cárceles y, en muchos casos, nunca salieron o simplemente desaparecieron.

En la actualidad, desde comienzos del siglo XXI, estas prácticas no han desaparecido, sino que se han transformado. A menudo se manifiestan mediante la instrumentalización del sistema de justicia penal para silenciar a disidentes, opositores y activistas, bajo la apariencia de delitos comunes o faltas administrativas.

Casos como el de la población de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca; la muerte de «Yorch» durante su reclusión; o el encarcelamiento de Higinio Bustos Navarro y Kenia Hernández, entre muchos otros, junto con la persecución institucional, ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos antipunitivistas a lo largo y ancho del país, e incluso más allá de sus fronteras, hasta las prisiones del ICE.

«Que caigan los muros de las prisiones de Palestina a México»

Como parte de las acciones de memoria y justicia en la Ciudad de México, se llevó a cabo una jornada de lucha en la que participaron familiares de presas políticas y diversas organizaciones. Se plantaron frente a la Secretaría de Gobernación para entregar pliegos petitorios donde exigen la liberación inmediata de quienes se encuentran recluidos por temas políticos.

Luego de entregar sus demandas, se dirigieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigirle al Gobierno de México una postura con respecto a la aprobación de la pena de muerte por ahorcamiento contra prisioneros políticos palestinos.

La legislación establece que personas palestinas condenadas por ataques mortales considerados terrorismo podrían ser ejecutadas en un plazo relativamente corto. Aunque en teoría aplicaría a cualquier ciudadano, en la práctica su uso recaería casi exclusivamente en palestinos, debido a las condiciones específicas que exige la ley.

Impulsada por sectores de extrema derecha, la propuesta fue promovida con fuerza por Itamar Ben-Gvir, quien celebró su aprobación como un logro histórico. Durante el debate, también surgieron voces que defendieron la medida como una respuesta necesaria ante años de violencia, reflejando el profundo conflicto y las tensiones que atraviesan a la sociedad israelí.

En México, aunque no existe un registro exhaustivo de todas las personas encarceladas por motivos políticos, los casos documentados y las denuncias persistentes evidencian que la problemática sigue presente. Por ello, el 17 de abril no es solo una fecha conmemorativa, sino un recordatorio de que, de México a Palestina, la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad continúa.