A más de una década de la desaparición de los 43, las familias de Ayotzinapa siguen esperando respuestas: las “nuevas” líneas de investigación anunciadas por el gobierno repiten rutas ya exploradas, mientras persisten pendientes clave, falta de diálogo directo y dudas sobre la voluntad real de esclarecer el caso

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Jesús Almazán / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el pasado lunes 22 de marzo que su gobierno trabajará bajo un nuevo esquema de líneas de investigación para atender el caso Ayotzinapa. Además, planteó la colaboración con la Organización de las Naciones Unidas mediante expertos sugeridos por el Alto Comisionado. Sin embargo, para las madres y padres de los 43 estudiantes, estas líneas no son nuevas y ya habían sido planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La mandataria también aseguró que la llegada de Mauricio Pazarán a la unidad especializada representa “nuevas líneas y métodos de investigación, así como herramientas que no se habían usado antes”. Entre estos, destacó una revisión más profunda de las llamadas telefónicas de la noche de los hechos y los días posteriores, las cuales —dijo— no fueron analizadas con suficiente detalle anteriormente.

Asimismo, reconoció que durante el largo proceso legal “se liberó a muchas personas presuntamente por haber sido torturadas, pero también a otras que no necesariamente habían vivido tortura y que pudieran haber tenido información”.

Para comprender mejor el panorama, el abogado de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, explicó para Pie de Página qué representa retomar estas líneas de investigación y los alcances de lo dicho por la presidenta.

Sin información a las familias

El representante legal aseguró que, hasta el momento, no han sido convocados a una reunión formal con la titular del Ejecutivo para conocer a detalle la información reciente que ha sido difundida públicamente sobre la investigación.

Vicario Aguilar indicó que el último encuentro entre autoridades federales y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocurrió el 27 de noviembre de 2025, por lo que actualmente las familias se mantienen a la espera de un nuevo diálogo directo que permita aclarar el estado real de las indagatorias.

“El compromiso en la última reunión fue muy claro”, explicó el abogado, al detallar que una de las principales exigencias de los padres es el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, particularmente de integrantes como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, quienes han participado previamente en el caso.

Otra de las demandas centrales tiene que ver con el avance en la línea de investigación sobre telefonía celular. Según relató, la presidenta habría prometido reforzar esta línea con un equipo técnico especializado, incluso con participación de personal de seguridad; sin embargo, hasta ahora no se han presentado resultados concretos.

Cumplir sentencias, uno de los pendientes

El abogado también señaló que persisten pendientes relevantes, como la investigación sobre un grupo de 17 jóvenes que habrían sido detenidos y trasladados a barandillas municipales, así como la entrega de 853 folios por parte del Ejército, ordenada recientemente por un juez en la Ciudad de México.

De acuerdo con la defensa, existe información extraoficial de que la Secretaría de la Defensa Nacional habría impugnado dicha resolución. “Los padres consideran que, en lugar de recurrir la sentencia, se debería cumplir con ella”, subrayó.

En cuanto a la posible reincorporación de expertos internacionales, el abogado mencionó que el gobierno ha planteado la opción de que sea a través de la Organización de las Naciones Unidas, lo que genera incertidumbre entre las familias, quienes insisten en que regresen específicamente los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que ya conocen el caso.

Ejército: el eterno pendiente

Respecto al estado actual de la investigación, el abogado enfatizó que no se trata de abrir nuevas líneas, sino de profundizar en las ya existentes, entre ellas las relacionadas con el Ejército, la telefonía celular, el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, y la participación de policías municipales.

Asimismo, se refirió a recientes diligencias en una funeraria de Iguala, donde autoridades reportaron el hallazgo de bolsas con posibles restos humanos. No obstante, los padres han expresado dudas sobre la veracidad del hallazgo, especialmente por inconsistencias en la ubicación histórica del establecimiento.

Finalmente, el abogado reiteró que, a más de una década de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, no existe claridad sobre lo sucedido ni sobre el paradero de los 43 estudiantes.

“Los padres siguen exigiendo que se avance en las investigaciones. Lo poco que se ha logrado ha sido gracias al trabajo del GIEI”, concluyó.