A escasos 500 metros de tanques de sustancias tóxicas y una planta de azufre, cientos de niñas, niños y docentes respiran a diario olores a gas, humo negro y partículas que provocan mareos, náuseas y problemas respiratorios. Llevan siete años pidiendo ser reubicados. Las autoridades, ante el riesgo inminente y la violación flagrante de la normativa, guardan un silencio cómplice. ¿Es necesario que ocurra una tragedia para que el gobierno federal actúe?

Por Gustavo Alanís Ortega

En días pasados, más de 200 madres y padres de familia del jardín de niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, Tabasco, exigieron al gobierno federal la reubicación inmediata de ambos planteles escolares, los cuales colindan barda con barda con la refinería Olmeca de Dos Bocas. Esta cercanía expone diaria y directamente a niñas, niños y personal docente a graves riesgos ambientales, sanitarios y de protección civil.

Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo el pasado miércoles 4 de febrero en Paraíso, Tabasco, las familias denunciaron que, derivado de los riesgos antes mencionados, desde hace siete años han intentado que se reubiquen las escuelas, pero hasta este día, ninguna autoridad ha ofrecido una solución al respecto. Vale la pena resaltar que, desde el 19 de noviembre de 2024, se hizo entrega de un oficio dirigido a Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), solicitando formalmente la reubicación de las escuelas y la implementación de medidas urgentes de protección, sin que hasta el momento haya habido respuesta alguna por parte de la SEP.

Las familias han sido insistentes en señalar que las escuelas se encuentran a menos de 500 metros de instalaciones de alto riesgo, como los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre, de donde podría liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico y potencialmente mortal. Esta situación viola flagrantemente la propia normatividad educativa mexicana, que prohíbe la localización de escuelas en las inmediaciones de instalaciones industriales peligrosas.  A pesar de ello, las familias han manifestado que no se les han presentado los protocolos de seguridad adecuados, ni alarmas, ni rutas claras de evacuación en los planteles, algo de lo que, sin lugar a dudas, deberían de estar al tanto.

Durante la rueda de prensa, las madres y padres de niños que asisten a estas escuelas señalaron que no pueden seguir así.  Lamentaron que lo que era un verdadero paraíso hoy es un lugar que enferma y amenaza todos los días a sus hijos. También explicaron que, desde el inicio de la operación de la refinería se han vuelto cotidianos los olores a gas, el ruido ensordecedor, la presencia de humo negro y la caída de partículas, así como los síntomas de mareo, náuseas y problemas respiratorios en las niñas y niños, lo que incluso ha obligado a evacuar las escuelas en varias ocasiones. ¿Acaso las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la SEP y del gobierno del estado de Tabasco van a ser insensibles ante esta adversa realidad ambiental e indolentes ante las graves afectaciones a la salud que ya están experimentando las niñas y niños?

Igualmente, reconocieron que lo que tienen frente a ellos es una bomba de tiempo, pues si —desgraciadamente— un día ocurre un desastre, no habrá tiempo de correr.  Las madres y padres de familia pidieron a las autoridades antes aludidas no esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Lo que estas personas están solicitando es alejar a sus hijos del peligro, a que se tomen medidas preventivas de vida o muerte que deben implementarse de inmediato.

Adicionalmente, las madres y padres hicieron un llamado más que urgente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Tabasco, Javier May, no sólo en su calidad de titulares del Ejecutivo federal y estatal, sino como madre y padre que son, para que asuman su responsabilidad y actúen de manera responsable y a la brevedad. De no hacerlo, advirtieron las familias, el gobierno federal y el de Tabasco estarían poniendo en peligro la vida y la integridad de niñas, niños y docentes, además de que estarían violando el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Hasta el momento, la respuesta de las autoridades sigue siendo ambigua. Hay versiones de que la intención del gobierno es cerrar definitivamente la escuela, sin tomar en cuenta la opinión y problemáticas específicas de las familias y docentes. La gravedad de esta situación requiere del gobierno sensibilidad, no represalias. Lo que urge, pero que al día de hoy no existe sobre la mesa de negociación, es una propuesta gubernamental que brinde opciones de reubicación con un enfoque inclusivo y equitativo, que tome en cuenta y respete el modo de vida y las necesidades de las familias, así como que garantice su derecho a la salud, a la educación y a un medio ambiente sano. 

Ante estas muy legítimas demandas, no puede uno más que sumarse a la exigencia de estas familias. Es indignante que las niñas y los niños vean comprometida su salud y su futuro cuando están empezando a construirlo. Simple y sencillamente es inaceptable que, frente a riesgos conocidos y documentados, y violando normas vigentes aplicables al caso que nos ocupa, las autoridades responsables mantengan una omisión prolongada, aun teniendo las atribuciones y los recursos para actuar. 

Así las cosas y tomando en cuenta todo lo anterior recordamos aquí las principales demandas que han planteado las familias a la autoridad 1) Llevar a cabo la reubicación inmediata de las escuelas preescolar y primaria fuera de la zona de riesgo; 2) Abrir un canal de comunicación formal, constante y accesible, que proporcione información suficiente, veraz, con autoridades capaces de tomar decisiones para atender el problema y; 3) Elaborar y socializar de un plan de protección civil que garantice una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier emergencia relacionada con la operación de la refinería, mientras las escuelas son reubicadas.

Se hace un llamado urgente para que, de manera efectiva, se pueda garantizar el derecho a un medio ambiente sano de estas niñas y niños. No es moralmente aceptable sacrificar a una población, y menos a los infantes. La presidenta Claudia Sheinabum Pardo y el gobernador de Tabasco, Javier May, deben resolver de manera oportuna y adecuada este problema de manera prioritaria, coordinada y con la participación en tiempo y forma de las familias afectadas para que éstas sean parte de la toma de decisiones. Al final del día, lo que está en juego es la salud, la calidad de vida y la vida misma de alumnos, profesores y padres de familia, quienes están actualmente expuestos a graves riesgos de seguridad y de salud. Hacemos un llamado a las autoridades ya mencionadas a estar a la altura de las circunstancias y a actuar en consecuencia.