Detrás de cada liga, bálsamo o dulce vendido en el Metro, hay una historia de resistencia contra la pobreza y el olvido. Entre la persecución policial y la organización colectiva, las vagoneras del Metro de la CDMX luchan por dejar de ser criminalizadas y ser reconocidas como trabajadoras con derechos y dignidad

Texto: Jazmín Sandoval

Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La realidad de muchas mujeres que venden productos en los vagones del Metro es mucho más que un simple intercambio de mercancía por unas cuantas monedas o productos que están más baratos que en las tiendas.

Para entender su lucha es necesario observarlas en los vagones y ver que detrás de cada grito de venta hay una historia de supervivencia que el sistema se ha encargado de ignorar por décadas.

Estas mujeres no están ahí por gusto o por falta de ganas de trabajar en otro lado, sino porque el mundo exterior les ha cerrado todas las puertas posibles. Mientras el usuario común las ve como una molestia en su camino al trabajo, o las autoridades solamente quieren hacer operaciones para quitarlas, ellas ven en el vagón la única oportunidad de llevar comida a su casa después de haber escapado de situaciones como la violencia y la pobreza extrema.

Historias de resistencia en el vagón

Patricia Martínez, a quien todos llaman con cariño Pati, fundó el colectivo “Leonas en manada” y encarna esta resistencia: lleva casi cuarenta años recorriendo las líneas del Metro. Ella relata que no eligió ser vagonera porque fuera el mejor trabajo, sino porque el Metro fue el único lugar que no le exigió papeles ni estudios cuando huyó de un marido que la golpeaba durante su embarazo. Como ella, muchas mujeres adoptan este oficio después de que sus parejas las abandonaron con hijos pequeños y ninguna red de apoyo que las ayudara con el cuidado. Así, el Metro las acoge y les permite trabajar con sus hijos en brazos, una posibilidad que ninguna empresa o negocio de la ciudad les ofrece.

Aunque un riesgo que han enfrentado muchas de ellas es cuando interviene el grupo colibrí del DIF, que llega a quitarles a sus hijos por días o semanas como castigo por llevarlos a trabajar con ellas al Metro. Se les criminaliza doblemente: por buscar ingresos para sobrevivir y por no tener dónde dejar a sus niños, siendo víctimas de un sistema que las persigue en lugar de apoyarlas.

Pati relata que la policía las vigila con fotografías para detenerlas incluso sin pruebas, usando fuerza excesiva de hasta seis oficiales contra una sola mujer. En estos operativos sufren golpes, humillaciones y acoso sexual por parte de los policías, quienes las tratan como delincuentes peligrosas por el simple hecho de trabajar.

Esta situación se agrava porque, al no tener seguridad social, no tienen acceso a guarderías públicas ni dinero para pagar una estancia privada. Sin opciones de cuidado seguro y sin derechos laborales, las vagoneras quedan atrapadas en un círculo de precariedad donde el Estado las castiga por la misma pobreza que no les permite salir de los vagones.

Madre y trabajadora

Por otro lado, está el testimonio de María del Rosario, quien vive una situación todavía más difícil al tener un hijo con discapacidad y ser madre soltera tras el abandono de su esposo. Ella explica con mucha claridad la diferencia que siente cuando se compara con quienes trabajan en oficinas o comercios establecidos. Mientras otros tienen un sueldo seguro y prestaciones como seguro médico, ella tiene que vivir al día sin saber si mañana tendrá dinero para los pañales o las medicinas de su hijo. María relata con tristeza que si ella intenta pelear por sus derechos básicos nadie la escucha porque se le considera una trabajadora informal sin valor legal ante las autoridades. Su vida es un esfuerzo constante por no dejar que el desánimo la venza a pesar de que el entorno es muy agresivo.

“Tenemos familia que sostener al igual que todos los que vienen en el Metro y van a trabajar a oficinas o restaurantes, ¿no? La única diferencia es que ellos sí tienen todos sus derechos laborales establecidos y luego, si yo quiero pelear por mis derechos o seguros médicos, es difícil que nos vayan a escuchar.”

La violencia no solo viene de la precariedad económica, sino también de las autoridades que deberían protegerlas. María cuenta que en una ocasión su hija, quien la ayuda en el trabajo, fue molestada por un hombre en el Metro. Al intentar defenderla, la policía, en lugar de detener al acosador, decidió quitarle la mercancía a María y tratarla a ella como si fuera la delincuente.

Este tipo de abusos son el pan de cada día para las vagoneras, quienes son vistas por los policías como una “plaga” a la que hay que erradicar. Los operativos constantes no buscan ofrecer soluciones laborales, sino simplemente limpiar los vagones a base de golpes, multas y detenciones que muchas veces les quitan lo poco que ganaron en toda una jornada de trabajo. “No me gusta que venga mi hija porque luego los hombres le andan molestando, y yo una vez me puse al brinco, pero los policías, en vez de agarrarlo a él, me terminaron quitando mi mercancía».

Un último refugio

Para Ericka Soto, de 34 años, el Metro no fue una elección, sino el último refugio. Antes de que el COVID-19 cambiara todo, ella se ganaba la vida entre los puestos de comida de los tianguis y el trabajo doméstico. Sin embargo, la crisis sanitaria no solo le arrebató su pequeño negocio, sino también a su esposo. Tras vender sus pertenencias para sobrevivir a los gastos médicos y funerarios, Ericka se vio sola al frente de su hogar y con la urgencia de alimentar a sus hijas en una ciudad que se había detenido.

Más allá del cansancio físico, Ericka Soto carga con un peso emocional que no ha podido atender. La pérdida de su marido, quien era también su mejor amigo y el apoyo económico de la casa, sigue siendo una herida abierta. Sin dinero para pagar un psicólogo, el llanto se pospone porque “hay que echarle ganas”. En su mundo, la salud mental es un lujo que no puede costearse; la prioridad siempre será que sus hijas tengan un plato de comida en la mesa.

“No es fácil esto, yo sigo sin poder superar el duelo que fue perder a mi esposo, mi mejor amigo, teníamos pues una economía más estable también, ahora nada es así como era antes, y no me he podido ayudar de un psicólogo porque cuesta caro, es eso o que comamos, a veces sí me dan ganas de llorar, pero le tengo que seguir echando ganas, porque si no, ¿pues quién me va a echar la mano?”

El costo de la criminalización

Las cifras de esta persecución son alarmantes y demuestran que el gobierno prefiere gastar recursos en castigar que en integrar. Se estima que en años pasados se han reportado las siguientes cifras de remisiones: en la Línea 1, entre octubre de 2023 y febrero de 2025, se aplicaron un total de 679 sanciones, incluyendo arrestos, multas y trabajo comunitario. En marzo de 2025, se reportó la detención de 20 vagoneros en un operativo específico en la Línea 3.

Reportes de años anteriores, como 2019, indican que se remitieron a más de 39 000 vagoneros al juzgado cívico en un año. Es un círculo vicioso donde el Estado las castiga por ser pobres y al castigarlas les quita la única herramienta que tienen para dejar de serlo. Al no existir una cifra pública, actual y oficial de cuántas personas se dedican a esto, solo ayuda a que sus derechos sigan siendo invisibles para las leyes de movilidad y trabajo.

De la resistencia a la organización

A pesar de todo este panorama gris, surgió un rayo de esperanza con la creación de la colectiva Leonas en Manada. Estas mujeres decidieron que ya no querían seguir escondiéndose de los policías y comenzaron a organizarse para defenderse de forma colectiva. Inspiradas por los grupos feministas que alzaron la voz hace unos años, ellas también empezaron a protestar y a exigir espacios dignos para trabajar. Gracias a este esfuerzo y al apoyo de algunas organizaciones, han logrado pasar de los vagones a tener locales en estaciones como Jamaica y Chapultepec. Ahora tienen un horario de ocho horas y un salario fijo que les permite estar más tiempo con sus hijos y vivir sin el miedo constante a ser arrestadas. Aunque estos espacios aún no son suficientes para todas.

El prejuicio social

Prejuicios arraigados alimentan la percepción negativa sobre las vagoneras. Muchos usuarios creen que llevan a sus hijos solo para dar lástima y vender más, o suponen que padecen adicciones y por eso no buscan otro empleo. Otros las tachan de personas abusivas o groseras, e incluso llegan a negar que su labor sea un trabajo verdadero. Con estos comentarios, los usuarios ignoran su realidad y solo señalan y juzgan a mujeres sin otra opción para salir adelante. María del Rosario desmiente estos prejuicios al explicar que ninguna empresa la contrataría: no terminó la secundaria, y los turnos extensos le impedirían atender a su hijo con discapacidad.

“No quiero que los usuarios del Metro ni la gente o los policías nos vean como una ‘plaga’, como gente que es floja, muchas veces hasta piensan que tenemos adicciones, ¿no?, cuando no es así, todos los trabajos a los que quiero entrar me piden horarios eternos y muy cansados, no me dan ni seguro y más porque yo no terminé ni la secundaria, pues quién me va a dar trabajo así.”

El derecho a ser trabajadoras

Su principal demanda —que el gobierno las reconozca como trabajadoras no asalariadas— puede cambiar esta situación de raíz. Si las autoridades aceptaran esta figura legal, dejarían de perseguir a las vagoneras como delincuentes y las convertirían en sujetos de derechos, con acceso a seguridad social y protección contra el abuso policial. Este paso no llenaría el Metro de desorden, sino que regularía una actividad que ya sustenta a miles de hogares. Un reconocimiento así les daría tranquilidad: podrían acudir a un hospital si se enferman y contarían con la ley de su parte si alguien las hostiga.

La solidaridad entre las mismas compañeras es lo que muchas veces las mantiene a flote cuando el gobierno y la sociedad les dan la espalda. Entre ellas se cuidan los puestos, se avisan cuando viene la policía y se apoyan cuando alguna tiene un problema familiar o de salud. Esta red de apoyo es una forma de resistencia ciudadana que demuestra que la organización puede lograr más que cualquier operativo policial. La colectiva Leonas en Manada es solo el principio de lo que podría ser una transformación completa del comercio en el transporte público si se tuviera la voluntad política de ver a estas mujeres como seres humanos con derechos.