El bosque El Ocotal, uno de los últimos pulmones verdes de Cuajimalpa, enfrenta una nueva ofensiva por tala de árboles, pese a su valor ambiental e histórico. Vecinos denuncian presiones de autoridades y de Grupo Carso, exigen la expropiación del predio y defienden el territorio como propiedad comunal frente al avance inmobiliario

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – El bosque El Ocotal, una reserva de aproximadamente 400 hectáreas en la alcaldía Cuajimalpa, se ha convertido en el epicentro de una disputa ambiental y urbana en el poniente de la Ciudad de México. Vecinas y vecinos de la zona exigen la expropiación del predio —presuntamente propiedad de Grupo Carso, de Carlos Slim— y demandan al gobierno capitalino frenar la tala de árboles y proteger uno de los últimos pulmones verdes de la ciudad.

Quienes habitan cerca del bosque se organizan desde 2012, cuando se anunció que el proyecto del Tren Interurbano México–Toluca atravesaría la zona y requeriría la tala de más de tres mil árboles. Mediante acciones jurídicas y movilización comunitaria, lograron modificar el trazo para que se construyera un segundo piso sin afectar directamente el área; sin embargo, las amenazas sobre el bosque persisten.

En diciembre de 2025, las alertas comunitarias volvieron a activarse —y las campanas de la iglesia sonaron nuevamente— cuando un grupo de hombres equipados con motosierras intentó talar más de 100 árboles. La acción fue frenada por los vecinos, pero desde entonces la tala se ha intensificado.

Actualmente, en distintas zonas del bosque hay árboles marcados con números, aparentemente en espera de ser derribados.

«Actuaron de forma descarada»

En entrevista para Pie de Página, Orlando Pérez, uno de los vecinos que participa en la defensa del bosque, asegura que el hostigamiento por parte de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) y representantes de Grupo Carso se ha recrudecido.

“El 15 de diciembre intentaron cortar árboles, pero nos opusimos. Llegó la fuerza pública y nos decían que existían permisos para la tala, cuando en realidad no hay ni certificación de impacto ambiental”, denuncia.

Según Pérez, los trámites para derribar árboles comenzaron en agosto, pero fue hasta finales de 2025 cuando las acciones se concretaron. “Primero actuaron de manera discreta y luego de forma descarada”, afirma. Hasta ahora, los vecinos desconocen el motivo oficial por el cual se pretende retirar más arbolado del bosque.

Días después de la entrevista, el 19 de diciembre, personal de CORENADR y de la SCT, encabezado por la ingeniera Imelda Rangel, volvió a realizar trabajos de tala. Orlando Pérez se opuso, lo que derivó en su detención y traslado al Ministerio Público; posteriormente fue liberado.

Los intentos de Grupo Carso por apropiarse del bosque

El conflicto en El Ocotal no es reciente. Su historia está ligada a la antigua fábrica de papel Loreto y Peña Pobre, que durante gran parte del siglo XX controló amplias extensiones de bosque para abastecer su producción.

Los terrenos —incluidos El Ocotal, La Venta y El Cedral— funcionaron como reserva forestal industrial para la extracción de madera. Con el declive de la fábrica, la explotación disminuyó y el bosque inició un proceso de regeneración natural, convirtiéndose con el tiempo en un espacio de uso recreativo para comunidades cercanas, aunque legalmente permanecía en manos privadas.

En 1982, los predios de la ex papelera fueron vendidos a Sanborns, empresa de Grupo Carso. Décadas después, a inicios de los años 2000, la compañía cercó el bosque con malla ciclónica, lo que generó inconformidad entre vecinos, activistas y autoridades locales, quienes interpretaron la acción como un intento de privatización definitiva y un posible paso previo a un desarrollo inmobiliario. El cerco, sin embargo, fue retirado semanas después.

De acuerdo con reportes oficiales, en la zona se documentaron talas de árboles nativos, ingreso de materiales de construcción y modificaciones irregulares, pese a que el área cuenta con uso de suelo de conservación, lo que prohíbe desarrollos habitacionales.

Ante el riesgo ambiental, autoridades delegacionales solicitaron la expropiación del predio para garantizar su preservación como pulmón urbano y zona de recarga de acuíferos, aunque Grupo Carso ha sostenido la propiedad legal del terreno.

Durante varias décadas, habitantes de la zona han exigido que El Ocotal sea declarado Área Natural Protegida, al considerar que cumple una función clave para la calidad del aire, la biodiversidad y el equilibrio ecológico del poniente de la ciudad.

Reclamo de propiedad comunal

Además del conflicto ambiental y urbano, la disputa por El Ocotal incluye un reclamo histórico de propiedad por parte de los pueblos originarios de Cuajimalpa. De acuerdo con un reportaje de SinEmbargo, el comunero Valentín Perea Pérez, del pueblo de San Mateo Tlaltenango, presentó una copia certificada de un título primordial de 1534 —resguardado en el Archivo General de la Nación— como prueba de que el bosque no pertenece al gobierno ni a particulares, sino a la comunidad.

El documento, que data del siglo XVI, ha sido utilizado en tribunales agrarios, juzgados federales y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar la propiedad comunal del territorio. Según el comunero, búsquedas en el Registro Público de la Propiedad no arrojan registros que acrediten a El Ocotal como propiedad privada formal, lo que refuerza la tesis de que se trata de tierras ancestrales con reconocimiento histórico.

Para quienes defienden el bosque, el conflicto trasciende la infraestructura y se inscribe en una historia más amplia de despojo territorial y disputa por el control del suelo.

Para la comunidad, El Ocotal representa no solo un espacio natural estratégico, sino un territorio con valor histórico, jurídico y cultural, cuya defensa se sostiene tanto en argumentos ambientales como en derechos ancestrales documentados desde la época colonial.

El caso se ha convertido en un símbolo del choque entre la herencia territorial de la industria, la presión inmobiliaria y la resistencia ciudadana en defensa del patrimonio ambiental, un conflicto que sigue abierto en una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la capital.