Comunidades de Morelos, encabezadas por mujeres e infancias, enfrentan un proyecto de minería a cielo abierto que amenaza su agua y su futuro, mientras defienden el derecho a decidir sobre su territorio

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Margarito Pérez Retana / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Las comunidades de Xochitepec, Miacatlán y Temixco, en Morelos, se opusieron desde un inicio a la instalación del proyecto de minería a cielo abierto Esperanza Silver, de la empresa Alamos Gold, en los territorios que habitan. Sin embargo, un día observaron cómo camiones comenzaron a abrir caminos para permitir el paso de maquinaria pesada e iniciar los trabajos de exploración.

A partir de ese momento, en 2012, emprendieron una batalla legal contra seis concesiones que permiten la explotación de oro y plata en un territorio cercano a la zona arqueológica de Xochicalco, lo que representa un riesgo para la seguridad hídrica de la región.

“Cuando un proyecto de minería a cielo abierto llega a un territorio, los impactos son irreversibles; ya no hay manera de resarcirlos”, afirmó Gabriela Carreón, abogada y defensora de la organización Tierra Nueva Vida, que acompaña a las comunidades.

Secretaría de Economía opera a favor de la minera

El proyecto contempla una superficie de 2 mil 949.236 hectáreas e implica afectaciones ambientales y sociales que, de acuerdo con la abogada, se concentran en tres ejes centrales: la violación al derecho humano al agua, la afectación a los proyectos de vida comunitarios y la discriminación ambiental.

Por este motivo, mujeres e infancias de Xochitepec, junto con habitantes de la Unidad Habitacional Morelos y colonias aledañas, lograron que un juzgado federal concediera una suspensión definitiva, la cual impide que la empresa continúe con los trabajos de exploración mientras se resuelve el juicio que busca frenar el proyecto minero.

No obstante, la Secretaría de Economía impugnó dicha suspensión bajo el argumento de presuntas afectaciones fiscales, por lo que un tribunal turnó el caso a un Tribunal Colegiado.

Mientras tanto, la representación legal de las comunidades señaló que la Semarnat y la Conagua ya presentaron estudios en los que se confirma que no existe disponibilidad suficiente de agua superficial para el proyecto, y que el agua subterránea está destinada a las comunidades cercanas y reservada para uso doméstico y público.

Asimismo, subrayó: “La exigencia que elevamos es que el tribunal resuelva con base en los principios ambientales más protectores y que tome en cuenta la perspectiva de las mujeres y de las infancias. Nosotras también impugnamos esa decisión porque queremos que sea más amplia, es decir, que abarque también la exploración minera”.

¿Con qué sueñan las comunidades?

Para las comunidades afectadas, la minería a cielo abierto representa una amenaza directa a su salud y a su futuro. El uso de sustancias químicas, la erosión y destrucción del suelo, la contaminación del aire y la generación masiva de residuos ponen en riesgo actividades que han sostenido a estas poblaciones durante generaciones, como la agricultura y la ganadería. Esto, en muchos casos, deriva en el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Personas que la minería y sus impactos ya habían desplazado construyeron la Unidad Habitacional Morelos hace más de 40 años, y hoy enfrentan nuevamente el mismo problema.

Otro de los señalamientos de las organizaciones es cómo estos territorios pueden convertirse en verdaderos basureros mineros, transformando por completo el paisaje, sin una consulta real a las comunidades sobre el futuro que desean para su territorio.

La discusión en torno a la Ley Minera

Las organizaciones también colocaron en el centro del debate el contexto nacional de la actividad minera. Aunque en 2023 el Congreso aprobó modificaciones a la Ley Minera que incorporan disposiciones como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y la prohibición de minería en áreas naturales protegidas, dichas reformas aún carecen de un reglamento que permita su aplicación efectiva.

La situación se agrava porque la constitucionalidad de estos cambios sigue bajo revisión: una acción de inconstitucionalidad permanece sin resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que genera incertidumbre jurídica sobre su alcance real.

Frente a este escenario, las comunidades y organizaciones hicieron un llamado para que el máximo tribunal del país resuelva con base en estándares de derechos humanos, con perspectiva de género y priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, alertaron sobre presiones del sector minero para debilitar o revertir los avances legales alcanzados.

Si bien las comunidades reconocieron la suspensión definitiva del proyecto como un logro jurídico relevante, dejaron claro que la defensa del territorio continúa. Insistieron en la necesidad de fortalecer las resistencias locales, visibilizar los impactos reales de la minería y cuestionar el discurso del “desarrollo”, que —advirtieron— suele encubrir procesos de empobrecimiento, despojo y deterioro ambiental.