Empuñan las armas porque el Estado las abandonó. Comunidades de Guerrero resisten el asedio de cárteles que buscan sus bosques, sus minas y sus rutas. Su última petición a la presidenta Sheinbaum es simple y desesperada: «Pacifique la región o nos dejará como territorio del crimen»

Texto y fotos: Camilo Ocampo

GUERRERO. – En la Sierra de Guerrero, específicamente en el ejido Guajes de Ayala, las comunidades no desean estar armadas. Sin embargo, el abandono gubernamental las empujó a tomar esa decisión para hacer frente al avance de los grupos del crimen organizado, que han ganado terreno sobre sus hogares. Hoy piden al gobierno federal la pacificación de la región mediante la instalación permanente de bases de la Guardia Nacional y del Ejército, así como la implementación de programas sociales; solo entonces, aseguran, podrán dejar las armas.

Esta localidad se encuentra a más de 13 horas de la capital del estado, Chilpancingo, y a cuatro horas de su cabecera municipal, Coyuca de Catalán. Aislada en la vastedad de la Sierra Madre del Sur, es una zona rica en bienes naturales: en la superficie, la vegetación crece sin barreras y la fauna transita libre; bajo el suelo, en sus alrededores, yace uranio, un mineral que también ha atraído la presencia del crimen organizado.

La violencia, sin embargo, no surgió de la noche a la mañana. Una de las primeras incursiones documentadas ocurrió en octubre de 2013, cuando mil 300 personas de comunidades de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán huyeron de sus hogares tras amenazas del grupo criminal La Familia Michoacana (FM).

La paz y el desplazamiento

En ese momento, Manuel Olivares, entonces secretario de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, advirtió que la violencia crecía de forma paralela al descubrimiento de yacimientos de oro y uranio en la región de Tierra Caliente, a la que pertenece Guajes de Ayala.

Desde entonces, el asedio del crimen organizado contra las comunidades de El Pescado, Los Órganos, El Saibal, La Sierrita, Los Gachupines y La Saiba María ha continuado y se ha recrudecido, provocando desplazamientos forzados, sin que los gobiernos estatal y federal intervengan de manera efectiva.

En febrero de 2021, un ataque armado contra la población —que los propios habitantes lograron repeler— derivó en la instalación temporal de bases militares por parte del entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Las fuerzas federales permanecieron solo algunos meses y se retiraron en junio; cuatro días después, el ejido volvió a ser atacado.

La intranquilidad ha obligado a las familias a abandonar los territorios que han habitado toda su vida y ha fracturado el tejido social.

Una comunidad en el olvido gubernamental

Durante un recorrido por la zona con periodistas, Javier Hernández Peñaloza, presidente del comisariado ejidal de Guajes de Ayala, muestra los estragos que ha dejado la presencia de La Familia Michoacana.

El primer punto es la primaria Margarita Maza de Juárez. Un hombre joven, armado con un rifle AK-47 y varios cargadores a la cintura, abre la puerta del plantel. La inactividad es evidente: en uno de los salones hay sillas vacías, libros, plumas, cuadernos y lápices tirados. En el pizarrón permanece escrita la fecha: 20 de octubre de 2025. También se alcanza a leer un cuestionario: “¿Qué es droga? ¿Qué es diálogo?”.

El abandono escolar responde a los hechos ocurridos en octubre de 2025, cuando los pobladores denunciaron que integrantes del crimen organizado intentaron ingresar nuevamente a la comunidad para instalar laboratorios de fentanilo. Una vez más, la población logró repeler la incursión.

Sin embargo, la respuesta oficial, en voz del subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, fue negar que hubieran existido enfrentamientos o denuncias. La comunidad, no obstante, documentó los hechos a través de su página en redes sociales “Guajes de Ayala”, desde donde difunden sus problemáticas.

“Estamos en la escuela de la Hacienda de Dolores. No hay maestros; optaron por irse debido a la inseguridad y nosotros no podemos detenerlos. Sería irresponsable, también ellos pueden ser blancos de la delincuencia organizada”, explica Hernández. “Hoy tenemos escuelas vacías, clases suspendidas y todo por la violencia”.

“Antes de octubre, los maestros trabajaban con normalidad. Aunque no toda la población regresó después de 2021, teníamos una vida normal, como se vive aquí en la Sierra”, agrega.

Guajes de Ayala está conformado por siete pueblos y ranchos. Uno de los temas más visibles es el desplazamiento forzado interno. “En conflictos anteriores hubo mucho desplazamiento; ahora optamos por no irnos y, hasta el momento, estamos resistiendo las agresiones”, asegura.

Durante la conversación, el líder campesino señala un factor clave para entender el conflicto: la minería.

“Los temas de minería se han extendido porque La Familia Michoacana la utiliza como una de sus principales fuentes de financiamiento. Incluso ya existen sanciones de Estados Unidos contra los hermanos Hurtado, conocidos como El Fresa y El Fish, por la explotación de minas de uranio. Apropiarse de la sierra representa un avance estratégico enorme para ellos, así como el control de todo lo que consideran recursos naturales”, recalca.

La Familia Michoacana: del fentanilo al uranio

Lo señalado por Hernández es un tema conocido desde hace años. Un ejemplo es el caso de Carlos Ahumada, empresario argentino naturalizado mexicano, preso por evasión fiscal y fraude. Declaraciones de Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos, lo vinculan también con el negocio minero en Guerrero y con la venta de minerales a fábricas chinas.

Según lo confesado por Casarrubias, Ahumada colaboró con El Fish en la explotación de uranio en Tierra Caliente, a través de minas como Campo Morado.

“El cargamento se transporta en góndolas. Para traficar el uranio, lo esconden entre metales diversos y lo trasladan a Lázaro Cárdenas, aunque la mayoría sale por el puerto de Colima, donde se entrega directamente a barcos chinos”, declaró ante la Fiscalía General de la República. Añadió que la mina también es explotada por una empresa canadiense.

Información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también puso énfasis en el tráfico de uranio al imponer sanciones contra los hermanos Hurtado y otros integrantes de su familia, quienes operan bajo esquemas de minería ilegal y lavado de dinero.

El uranio es un mineral controlado por el Estado debido a sus múltiples usos, que van desde la generación de energía y procesos artesanales para la extracción de oro, hasta fines nucleares y armamentísticos.

Reportes de inteligencia mexicana señalan que Ubaldo Hurtado, hermano de los cabecillas, coordina la explotación de minas clandestinas, mientras que su hermana, conocida como La Venadita, se encarga del lavado de dinero mediante la venta de ropa usada en Estados Unidos y México.

La minería se incrementó de manera drástica durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Guerrero, por su riqueza natural, fue uno de los estados más afectados. Con Calderón se otorgaron 11 mil 817 concesiones mineras que abarcaron más de 24 millones de hectáreas; con Peña Nieto se concedieron mil 416 más y se impulsó una reforma que estableció un derecho especial del 7.5 por ciento sobre las ganancias mineras.

Mientras tanto, en regiones como Guerrero, el crimen organizado incursionó en el negocio y se fortaleció.

La comunidad continúa resistiendo

En Guajes de Ayala no es la primera vez que defienden su territorio. En 2021 empuñaron rifles para proteger sus bosques de talamontes; antes, en 1988, formaron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán para defender la tierra.

Hoy, la comunidad pide auxilio a la presidenta de México y denuncia estar en el olvido gubernamental.

En el único centro de salud del ejido, completamente vacío, una mujer explica que ni siquiera cuentan con medicamentos. “Nos mandaron omeprazol, pero estaba caducado. Nosotros vemos cómo conseguir medicinas, cuando vamos a otras comunidades o con lo poco que tenemos aquí. No hay nada”, lamenta.

En ese mismo lugar, en 2021, cientos de personas se resguardaron del intento de incursión de La Familia Michoacana. En videos difundidos en redes sociales se observa a mujeres y niños pidiendo ayuda, mientras los hombres enfrentaban al grupo criminal.

Hoy los caminos se recorren armados, con rondines diarios de vigilancia, ante la posibilidad de un nuevo ataque.

Desde esta trinchera, Javier Hernández envía un mensaje a la presidenta: “Si nos van a dejar aquí olvidados, al menos no nos quiten el derecho a vivir en paz. No tendríamos que estar armados ni cumplir tareas que le corresponden al gobierno”.

“Si el gobierno nos garantiza seguridad, nosotros guardamos las armas, sean muchas o pocas. Si hay paz, no hay razón para andar armados; lo nuestro es solo defensa”, concluye.

“Necesitamos que se garantice la paz para sembrar y cosechar maíz, para trabajar y para que la gente de la Sierra de Guerrero pueda vivir con dignidad”.