El abogado y activista potosino Miguel Ángel Guzmán Michel fue detenido el 20 de junio bajo cargos de terrorismo sustentados en pruebas irregulares. Tras tres meses encarcelado, recuperó su libertad gracias a la presión social y a la intervención de la Secretaría de Gobernación

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Cortesía de Nuevo País

CIUDAD DE MÉXICO. – El 20 de junio, el abogado y activista potosino Miguel Ángel Guzmán Michel fue detenido y acusado de terrorismo con pruebas cuestionables. Su caso involucra al fiscal Gertz Manero y coincide con su lucha contra el charrismo sindical y la defensa de tierras con yacimientos de oro. Después de tres meses, fue liberado gracias a la presión social y la intervención de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Leer más

Acusan de terrorismo a activista potosino: ¿persecución política al estilo Guerra Sucia?

Aunque fue un proceso tortuoso, Miguel Ángel asegura que su compromiso con la lucha social es más fuerte y, aunque no tiene miedo, continúa con la guardia arriba.

En entrevista para Pie de Página, habla sobre su detención.

Cómo ocurrieron los hechos

El defensor de la tierra relata que el 20 de junio se encontraba en su domicilio, desde donde ejerce su profesión, cuando una mujer lo llamó para solicitar una asesoría legal.

Él, sin sospechar, abrió la puerta. La mujer y tres varones más le presentaron una orden de aprehensión que no podía entender debido a que estaba tachada con plumón negro. “Solo se veía una firma de un juez de distrito; yo creo que ya iban con una consigna”, aseguró.

“Ya existían rumores sobre lo que podría pasar; pensamos que tenían fundamento, pero no. Nos dimos cuenta de que había una carpeta de investigación extensa sobre mí, pero sin cosas útiles para encerrarme. La Procuraduría local ya estaba creando nuevas carpetas y reciclando acusaciones; incluso un fin de semana se quedaron horas extras en la noche para crear y elaborar estas carpetas”.

Y agrega:

“Nosotros hemos estado presentes en la lucha por la dignidad y la defensa de los territorios indígenas. Desde hace muchos años tengo un compromiso personal, moral y político con la lucha de los pueblos originarios, que en México es el sector más marginado: son los pobres de los pobres. Quieren quitarles todo; ellos siguen en resistencia desde hace 500 años, y todas las personas que nos identificamos hemos sido objeto de represalias, no solo del Estado, sino de empresarios y otros actores que buscan quitarles toda su identidad. A pesar de todo, aquí siguen y permanecen a pesar de guerras y genocidios contra ellos”.

El jurista también menciona que su detención responde a los intereses de personas de la alta política estatal. Habían comenzado una campaña en su contra, por lo cual tanto él como la organización a la que pertenece, el Movimiento de Liberación Nacional–Nuevo País, se comenzaron a movilizar en redes y en actos públicos: “Creíamos que se había conseguido, que habíamos detenido esta ofensiva en nuestra contra, pero la historia fue otra”.

Al momento de su detención, sufrió una crisis médica que hizo que perdiera el conocimiento. Cuando reaccionó, estaba en un dispensario médico en Tampico: “No sabía de qué se trataba; me decían que estaba acusado de terrorismo, yo no sabía por qué”.

“De repente me mueven en un coche; yo pensaba que para la Fiscalía, porque decían que era un orden federal, pero no se detienen en las oficinas de Ciudad Valle”.

“Cuando me trasladan, no es por carreteras pobladas, sino que se meten en caminos de terracería; yo pensé lo peor. Me dicen que firme documentos. Después de ese día, como a las doce de la noche, me llevan a un lugar en Veracruz donde está el reclusorio y me hicieron todos los protocolos: me desnudaron y revisaron, me dejaron en unas mazmorras; no había baño, tenía que rogar que me dejaran hacer del baño, todo estaba muy sucio, nos daban comida como perros. Fue una situación muy difícil”.

“Me sacan a una audiencia no presencial, sino en un monitor viejo; apenas entendía, no se podía apreciar nada. Ahí me presentan a un defensor de oficio; me acusan de sabotaje en las instalaciones de Pemex, señalan Chiapas y otros lados, pero del año 97. Entonces, pues no sabía qué había hecho esos días; es casi imposible recordarlo. Me dijeron que había un testigo protegido que me había señalado”.

Sin embargo, gracias a que en esas fechas estaba impartiendo clases, pudo corroborar su inocencia.

La Secretaría de Gobernación interviene

Miguel Ángel menciona que, en parte, su libertad llegó por los esfuerzos de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. Ambas instituciones, aunque enfrentaron complicaciones, elaboraron una amnistía que requería la ratificación de un juez de consigna. Sin embargo, un juez litigante la desautorizó; se opuso a la orden del Poder Ejecutivo, denunció falsedades y esto provocó que otro juez determinara al final que la amnistía sí procedía.

“Se notó que me perseguía. Debo reconocer el papel que jugó la Presidencia y la Secretaría de Gobernación para mi excarcelación, porque parece que quien está detrás de ese juez quería que estuviera preso por años; eso es una opinión personal. La grandeza de un país se muestra en sus jueces”.

“Ahorita me estoy reponiendo; no es fácil estar en una prisión, más como lo es en donde estuve; realmente es un lugar muy difícil, por el frío, la forma en que se tratan a los presos. Fue un momento muy difícil, y estamos tratando de readaptar a la vida normal después de esta situación tan difícil, pero ya en libertad es mucho, mucho más fácil”.

¿Por qué lo persigue el Estado?

“La persecución, yo creo que para quienes escogimos esta manera de vivir y luchar, siempre hay; no puedo decir temor porque no tengo, sino una preocupación por las personas que nos rodean. Las comunidades sufren diariamente ataques y, de alguna manera, nosotros somos quienes denunciamos y protegemos a las comunidades; siempre estamos en la zozobra sobre qué pasará. A veces, quienes estamos en la lucha social, los ataques son personales: no te conceden cosas, se complican los trámites, nos ven con desprecio muchos funcionarios. Esto es una vida azarosa, pero hay algo que se llama convicción”.

“Son muchos prejuicios, mucho temor de que los indígenas recuperen su dignidad y su vida, lo que hace que nos coloquen en una situación de aparentes enemigos del Estado. Cuando en muchas ocasiones digo que no estoy en contra del gobierno, solo estoy por el respeto a las personas, pero muchos de nuestros gobernantes parecen que están en contra de la ley”.

Miguel Ángel funge como representante legal de la nación Xi’iúi del municipio de La Palma, así como de diversas comunidades indígenas pames y tének en la entidad. También integra la dirigencia del Movimiento de Liberación Nacional–Nuevo País (MLN-NP), una organización que pretende constituirse como partido político con base en la participación de campesinos y ciudadanos.

De igual manera, Miguel es el encargado jurídico de la demanda presentada por la Convención Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación para la Democratización del SNTE contra Alfonso Cepeda Salas, actual secretario general del sindicato, a quien acusan de usurpación de funciones.

Ante su detención, activistas sostienen que el caso responde a una persecución de carácter político.