El rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Luis Enrique Palafox, habló sobre las relaciones entre profesores y alumnos, declarando que: “Se trata de una relación consensuada entre dos adultos mayores de edad”. Mientras tanto, la UABC ha desmantelado todas sus herramientas feministas y de prevención de acoso y violencia

Texto: Jade Guerrero y Laura Buconi

Foto: Redes sociales de la UABC

CIUDAD DE MÉXICO. – El 8 de septiembre, durante una ceremonia en el Paraninfo Universitario, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Luis Enrique Palafox, fue cuestionado sobre la postura de la institución ante las relaciones sentimentales entre docentes y estudiantes. La pregunta surge a raíz de un caso en particular, el cual involucra a una alumna de la Facultad de Ciencias Humanas y uno de sus maestros.

Al respecto, Palafox respondió que la UABC no emite «juicios de valor en términos de la moralidad» de estas relaciones. Sin embargo, enfatizó que su «principal responsabilidad es hacer cumplir la normatividad universitaria». El rector concluyó que, en el caso específico al que se hace referencia, no se ha violado «ningún aspecto de la normatividad universitaria».

No obstante, su declaración presenta una incoherencia que se contrapone directamente al Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia en Razón de Género, que él mismo promovió. Dicho protocolo, en su capítulo de conductas de Nivel de Riesgo 2, cataloga explícitamente las «relaciones sexoafectivas entre docentes y el alumnado» como una conducta que «genera daños importantes y preocupantes en la salud mental y física de la persona», contradiciendo así su afirmación de que se trata de meras relaciones consensuadas entre adultos.»

Rector rectifica, pero la problemática continúa

Al día siguiente, el 9 de septiembre, el rector hizo una corrección a sus declaraciones, admitiendo que «la declaración que hice ayer estuvo muy acotada, con una interpretación de la norma universitaria muy limitada». Palafox reconoció que cometió «una omisión importante que fue el no considerar ese protocolo que yo mismo promoví al interior del Consejo Universitario».

Esta rectificación se produjo solo después de que la Unidad de Género, creada en esta misma administración, le recordara al rector la existencia del Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia en Razón de Género, en donde se menciona que las relaciones sexoafectivas entre docente y alumno representan una conducta de riesgo.

Esta problemática no es reciente ni la única que ha pasado. Desde hace varios años, la UABC ha enfrentado denuncias constantes por acoso y violencia dentro de su comunidad universitaria; se ha señalado que, pese a la existencia de protocolos, los casos de hostigamiento y abuso se repiten, como lo evidencian las denuncias anónimas y las protestas públicas.

Estas situaciones muestran que el problema es estructural y que la universidad arrastra una larga deuda en materia de atención y prevención de la violencia de género.

La violencia y el acoso no solo persisten, sino que la mayoría de estos casos, afirman las entrevistadas, quedan en la impunidad. Detrás de cada denuncia hay historias concretas dentro de la universidad y cuyos testimonios reflejan la ineficiencia institucional. Pie de Página recopiló algunas de ellas a través de testimonios voluntarios y anónimos, cuyas identidades se protegen por miedo a represalias académicas y laborales.

Vanguardias feministas borradas

“Desgraciadamente a mí me tocó vivir violencia académica, ya que nos cancelaron eventos, nos vigilaban, recortaron recursos y hasta prestaron nuestros espacios a hombres”, denuncia Sofía (nombre resguardado por solicitud expresa), quien fue estudiante de la UABC, en entrevista con Pie de Página. Su identidad, al igual que la de las demás fuentes, es protegida para evitar posibles represalias.

Sofía recuerda que en la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC existía un programa de prevención de la violencia de género, dependiente de la Unidad de Género: el CEPAS, Consejo de Prevención del Acoso Sexual, un órgano de consulta que nació en 2016 desde la Facultad de Medicina y Psicología de UABC-Tijuana. Cobró vida en febrero de 2016, en respuesta al feminicidio de Eneyda Rosario, estudiante de Medicina de la facultad, asesinada por su exnovio, también estudiante de Medicina. El CEPAS elaboró uno de los primeros protocolos a nivel nacional orientados a sancionar, prevenir y atender la violencia de género.

El Comité se desarrolló a través de talleres, conferencias, asignaturas con perspectiva de género e interseccional, y acompañamientos psicológicos gratuitos; este espacio buscaba atender y canalizar denuncias hacia el comité correspondiente. Dentro del programa funcionaba la Red de Acompañamiento Feminista, que ofrecía apoyo presencial a mujeres que habían vivido violencia, fueran o no parte de la universidad.

Durante un tiempo, estas acciones fortalecieron a la comunidad estudiantil. Sin embargo, todo cambió en el año 2023 cuando, tras la llegada de nuevas autoridades, se redujeron los programas a su versión en línea. Pie de Página habló con seis exintegrantes del CEPAS, quienes en un lapso de 4 años acompañaron a más de 100 mujeres, entre alumnas, profesoras y personal de la universidad, que habían vivido violencia de género.

“Empezamos a visibilizar un fenómeno, una problemática que estaba ocurriendo y que nadie se atrevía a decir por el miedo a estos jerarcas médicos, académicos que tienen pues bastante poder institucional al interior, y que se sentían intocables”, relata Estefanía (nombre protegido para salvaguardar su integridad laboral).

La mayoría de las profesoras que estuvieron realizando labores en el CEPAS alega despidos injustificados a partir del ingreso de la nueva administración en la Facultad de Medicina y Psicología en 2023, o reducción extrema de sus horarios laborales sin previo aviso.

“Empezó un desmantelamiento de todo lo que se había construido con la perspectiva de género: desde los talleres, desde la unidad de género, desde el CEPAS, desde el protocolo. Se rompió el tejido de esfuerzos colectivos de las docentes, despidiendo a las profesoras que abiertamente habían apoyado a las estudiantes en los temas de acoso sexual o en los temas de evidenciar las visiones muy androcéntricas, patriarcales, clasistas y racistas de muchos profesores. Entonces, claramente ya nos tenían identificadas a muchas profesoras, y sin una justificación aparente dejaron de darnos horas”, denuncia Silvia (nombre resguardado por miedo a represalias).

“Sé de profesoras y profesores a quienes dejaron sin trabajo por realizar actividades en torno a temas de género y defender los derechos de las alumnas. También profesores que han discriminado por su orientación sexual y les quitan clases. Mientras, los profes que están saliendo con alumnas o mantienen relaciones de noviazgo con ellas, todo mundo sabe quiénes son, lo que hacen, y no les dicen nada o incluso les dan nombramientos en puestos de poder”, relata la exacompañante del CEPAS, quien también pidió mantener su anonimato.

Alejandra (nombre protegido) recuerda cómo, durante la elaboración de su tesis con perspectiva feminista, experimentó violencia epistémica, ya que la cuestionaban constantemente por la validez de sus fuentes y autoras. El presunto violentador fue el Dr. Camacho, quien le insistía a Alejandra que su trabajo “no era científico” y buscaba convencerla de modificar tanto su postura teórica como metodológica. Este tipo de violencia no solo la experimentó ella, sino por otras compañeras, relata Alejandra:

“Mientras una compañera exponía un trabajo sobre la violencia ejercida contra los cuerpos de las mujeres a través de los estereotipos de belleza, el profesor David le respondió con la frase: ‘Bueno, a mí siempre me han gustado delgadas y más jóvenes’. Este comentario fue recibido por nosotras como una forma de violencia simbólica.”

Ya en papel de docente, Alejandra se encontró con nuevas formas de violencia: se le negaron asignaturas bajo el pretexto de que los espacios estaban reservados para profesores de tiempo completo, algo que asegura que no corresponde con la realidad; asimismo, denuncia el retiro de materias con perspectiva de género.

“Al observar cómo a otras colegas feministas se les ha violentado, acusado falsamente e incluso sancionado bajo pretextos de incumplimiento del reglamento, no puedo evitar pensar que en algún momento la misma situación se replicará en mi contra”, denuncia.

Vínculos marcados por la vulnerabilidad

Todos los testimonios recopilados por Pie de Página coinciden en que las relaciones sexoafectivas entre docentes y alumnas no pueden entenderse como vínculos libres o inocentes, sino como una dinámica marcada por la jerarquía y el poder. Se describe como “una relación de poder completamente estructural, jerárquica y desigual”, donde los profesores acaparan la capacidad de evaluar, otorgar recursos académicos o ejercer represalias. En ese escenario, las estudiantes quedan en una posición de vulnerabilidad que facilita la vulneración de sus derechos, por lo que resulta “peligroso e irresponsable normalizar o romantizar” estas prácticas, que cargan consigo implicaciones éticas y de violencia simbólica. La experiencia también ha mostrado que no se trata solo de un tema de percepción.

“Me parecen muy graves las declaraciones de Palafox, rector de la Universidad, porque normaliza aún más los abusos que existen y la normalización de la violencia de género”, denuncia una de las testigos, quien prefirió no identificarse.

Esto lo ha visto Lorena* (el asterisco es usado para proteger su identidad), quien por un par de años acompaño y supervisó casos de violencia denunciados por alumnas dentro de la UABC:

“Normalizar estas relaciones sostiene una cultura de la violencia hacia las mujeres en general, sostiene a la cultura patriarcal; en el fondo se está promoviendo una formación profesional en las aulas basada en la desigualdad hacia las mujeres que impacta directamente en la sociedad. Si estos son los modelos de enseñanza y de postura ideológica de la universidad, las y los alumnos que estudian en este entorno de la cultura de la violencia machista están normalizando esta ideología y salen a ejercer replicando estos modelos”, expresa.

De igual forma, se coincide en que los tipos de violencia que más se manifiestan en las instalaciones de la UABC son: violencia sexual, hostigamiento laboral, violencia digital, epistémica y sentido de persecución.

Por una educación libre de violencia

“No es congruente que en la universidad a nivel general se promuevan políticas o se hable de que hay unidades de género, y que luego nos demos cuenta que en realidad son solo políticas que se establecen como para poder decir de dientes para afuera que hay temas de género atendidos.”

Esta es la inconformidad que muestran ante las desigualdades que se han experimentado en la UABC; esto surge desde la llegada de la nueva administración que no solo implicó cambios burocráticos, también significó un retroceso en los apoyos para atender la violencia de género.

“Agrava la vulnerabilidad de las alumnas el que las instituciones protejan más y justifiquen la violencia de sus docentes. Se sigue normalizando la violencia y no hay consecuencias porque no es una falta para la institución”, declara Sofía.

A ello se suma la desaparición de programas clave bajo el argumento del ahorro: “algunos programas medio siguen, pero en realidad hubo como mucha excusa formal de que querían ahorrar presupuesto y así como si nada desapareció; nunca nos dieron explicación y se quitaron muchos apoyos de temas de salud mental y de género en la universidad”, declara Lorena.

No hay justicia para las víctimas y todavía deben convivir con los presuntos agresores.

Las víctimas comparten que no es suficiente con reconocer la existencia de protocolos: “se requieren acciones concretas y visibles de parte de la institución”, entre ellas ofrecer acompañamiento psicológico, protección contra represalias y sanciones reales a los agresores. Sin embargo, la administración universitaria mantiene prácticas que contradicen ese discurso, pues “actualmente se han encontrado profesores previamente denunciados y despedidos por violencia sexual, debido a que forman parte del gremio académico o mantienen vínculos como altos mandos institucionales”. Para las víctimas, esto confirma la percepción de que existe una “estructura de complicidad, casi mafiosa, que protege a los agresores en lugar de garantizar justicia”.

Lo que ellas exigen es claro: que las escuchen y que no las revictimicen. Además, piden justicia, sanciones a los agresores, que no se minimice ni se encubra la violencia, que se cumplan los protocolos y que exista una educación libre de violencia. Y aunque reconocen que “nunca puede existir una reparación plena del hostigamiento sexual, porque sus secuelas permanecen en la memoria”, insisten en que es responsabilidad de la universidad ofrecer medidas de apoyo, como atención psicológica especializada y respaldo económico, para que las víctimas puedan continuar con sus proyectos sin que haber sufrido violencia condicione su futuro.