En Hidalgo, comunidades se resisten a un megaproyecto solar que amenaza 400 hectáreas de tierras ejidales y su legado cultural. Con magueyes centenarios en riesgo, ejidatarios denuncian irregularidades y temen un futuro como el de Tlaxcala: espejos de metal donde antes hubo vida

Texto y fotos: Camilo Ocampo

HIDALGO. – Cientos de habitantes de Epazoyucan y Singuilucan, en el Estado de Hidalgo, se han movilizado para impedir la instalación de un parque fotovoltaico impulsado por la empresa española Dhammas Energy.

Este proyecto, que afectaría a más de 400 hectáreas de tierras ejidales, es el centro de una controversia que se ha extendido por cinco años, enfrentando los intereses empresariales con la preservación de un ecosistema rico, prácticas ancestrales y la identidad cultural de las comunidades.

La disputa

Víctor, un joven tlachiquero del ejido de Santa Mónica en Singuilucan, relata que la empresa y el comisario ejidal del momento, Vicente Ortiz, se acercaron a los ejidatarios «casa por casa» ofreciendo contratos para rentar sus tierras y explicando los «supuestos beneficios» del proyecto, sin que se realizaran asambleas formales debido a la pandemia. Víctor subraya que estas reuniones se llevaron a cabo sin la presencia de la Procuraduría Agraria, contraviniendo el Artículo 28 de la Ley Agraria, que regula la tenencia de la tierra en el ámbito rural. Aunque los contratos se mencionan en hasta 30 mil pesos, los detalles no son accesibles para todos los afectados.

Una de las mayores preocupaciones de los habitantes es el impacto en los ejidatarios de edad avanzada, como el abuelo de Víctor, de más de 90 años, para quien «El maguey es el lujo de la tierra» y cuya vida está intrínsecamente ligada a la planta. La comunidad también ha expresado escepticismo sobre las promesas de la empresa de reubicar a los animales, que incluyen conejos, liebres, tlacuaches, cacomixtles, zorrillos, onzas, e innumerables insectos y abejas. La idea de mover «un nidito o una madriguera como si nada», incluso con una «puerta especial para los zorros», es considerada «ilógica» por los residentes.

Los ejidatarios son la pieza clave en la defensa de sus tierras, ya que cualquier cambio de uso de suelo, de agrícola a industrial, requiere la autorización de la asamblea ejidal. Sin embargo, Víctor señala una división interna:

«Muchas de las personas que están a favor de rentar sus parcelas son personas que ya no trabajan la tierra, son ejidatarios por herencia, pero en muchas veces no van ni a las asambleas».

Según su perspectiva, estas personas no son conscientes de las implicaciones a largo plazo de arrendar sus tierras para quienes aún viven de ellas.

Cronología de un conflicto

Inicialmente, los pobladores desconocían la identidad exacta de la empresa impulsora, que se presentó bajo varios nombres. El proyecto inició formalmente el 1 de abril de 2019, cuando Akuwa Solar S.A de C.V presentó ante la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una propuesta para convertir 442 hectáreas de suelo agrícola en industrial, con la instalación de 643 mil 692 módulos fotovoltaicos.

Veinticuatro días después, Saturno Solar S.A de C.V entregó un proyecto idéntico, supervisado por la consultora ambiental Viveros Verdes S.P. Ambas firmas son parte de Dhammas Energy, una empresa que también ha enfrentado desafíos burocráticos con la instalación de una planta de Hidrógeno Verde en Guanajuato. Akuwa Solar, con Juan Pedro Mendoza Cervantes como representante legal, fue registrada en Sonora en 2013 por Dhammas Energy.

El proceso para obtener los permisos para el parque fotovoltaico ha sido complejo y escalonado:

En 2018, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) aprobó la manifestación de impacto ambiental de ambas empresas propiedad de Dhammas Energy.

Para 2019, se consultó a las comunidades sobre el proyecto, aunque los oficios SGPA/DGIRA/DG/03273 y SGPA/DGIRA/DG/03270 indican que «no hubo una respuesta de vuelta» por parte de los habitantes.

En julio de 2020, la Dirección General de Ordenamiento estatal entregó una constancia a la empresa para el uso de 52 parcelas (369.06 hectáreas). En octubre de ese mismo año, Pedro Mendoza Cervantes solicitó la aprobación de 59 certificados de propiedad y arrendamiento en 3,461 metros cuadrados.

El 28 de enero de 2022, CONAGUA expidió el folio 842453 a favor de Akuwa Solar para explotar recursos hídricos nacionales en más de 70 mil metros cuadrados.

Los proyectos los frenó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2021, amparados en el expediente 937/2020. No obstante, el 31 de enero de 2025, la CRE otorgó su visto bueno definitivo al proyecto de Akuwa Solar, permitiéndole generar energía solar por 30 años en los municipios de Singuilucan, Epazoyucan y sus ejidos aledaños.

Tierras convertidas en espejos

La empresa sostiene que las tierras son «supuestamente no productivas», algo que rechazan los ejidatarios. Estos describen sus paisajes como exuberantes durante la temporada de lluvias, cubiertos por flora silvestre como el Jaramago, manzanillas y nopales, así como árboles milenarios como el sabino y palmas de gran altura.

El Maguey emerge como el elemento central de esta disputa: una planta resiliente que soporta sequías y suelos rocosos, y que es el sostén económico y cultural de numerosas familias en la región, quienes lo utilizan para producir pulque y otros derivados. Su existencia se ve ahora directamente amenazada por el desarrollo del parque solar.

Los pobladores de Hidalgo temen que su situación replique lo ocurrido en Tlaxcala, donde un parque fotovoltaico similar se instaló sin la debida información a la población durante la pandemia. En Tlaxcala, más de 800 hectáreas de tierra se convirtieron en «espejos artificiales», tras la tala de montes y el volteo de magueyes. Los efectos incluyeron la alteración del hábitat animal –con promesas de reubicación que, según los habitantes, no se cumplieron–, la pérdida de zonas de pastoreo y, consecuentemente, la venta de ganado. Adicionalmente, se reportó un cambio climático local, con mayor percepción de calor y escasez de agua.

Brisa, la joven tlachiquera, expresa el profundo temor de la población hidalguense y las consecuencias para las futuras generaciones. Destaca que la elección de este lugar por sus «grandes terrenos» afecta directamente a las comunidades cuya principal actividad ha sido la producción de pulque, un símbolo milenario de su cultura e historia. La destrucción de los magueyes, que tardan años en crecer, es un «gran error» que atenta contra la transmisión de saberes ancestrales.

La comunidad de Jalapilla se encuentra en una situación particularmente vulnerable, ya que quedaría «en medio» de los paneles solares. La delegada de Jalapilla, la señora Jacinta, lamenta que su comunidad se siente «olvidada por el gobierno» y teme «terminar por desaparecer» si la indiferencia municipal persiste.

A pesar de las continuas protestas de los pobladores, el secretario de economía estatal, Carlos Hekel, afirmó el primero de agosto que el proyecto «va», atribuyendo tintes políticos a la oposición. Mientras tanto, la comunidad persiste en su resistencia y exige una consulta pública, a la cual el gobierno estatal se opone