El periódico La Jornada enfrenta un conflicto laboral prolongado con su sindicato. Los trabajadores denuncian recortes salariales, intentos de cancelar el contrato colectivo y presiones durante procesos de votación, mientras que la dirección alega problemas financieros y acusaron irregularidades dentro de la organización de sus trabajadores

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El periódico La Jornada enfrenta una crisis de desacuerdo entre sus trabajadores y la administración.

El capítulo más reciente de esta trama ocurrió el 5 de junio, cuando el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada aplazó a una huelga debido a presuntas irregularidades financieras por parte del Consejo de Administración de Demos.

La patronal, en un desplegado fechado el 4 de junio, denunció irregularidades graves por parte del sindicato y alega intereses políticos detrás de sus acciones, buscando impedir la publicación del periódico.

El conflicto tiene un historial complejo, incluyendo una huelga previa en 2017, juicios laborales y alegaciones de intervenciones externas y dependencia de publicidad oficial.

El periódico que enfrento al neoliberalismo

En 1984 nació un periódico utópico, un tabloide que prometía ser un altavoz de las luchas sociales. Fue en el sexenio de Miguel de la Madrid, un régimen neoliberal en pañales, era el tiempo en que el priísmo aún operaba bajo sus formas más autoritarias y excluyentes. Mientras se hablaba de modernización económica, eficiencia y apertura al mercado global, el poder político seguía concentrado en una élite cerrada, marcada por el clientelismo, la opacidad y el desprecio por la participación ciudadana. En ese contexto nace ese diario.

Carlos Payán, junto con un grupo de autoexiliados de distintos medios y militantes de izquierda, fundaron La Jornada.

Durante muchos años, y hasta la actualidad, las voces de la clase trabajadora y los sindicatos habían sido escuchadas y comprendidas.

En el periódico confluye una mística de izquierda, sembrada por quienes pasaron por su redacción. Sin embargo, desde hace más de 10 años, las cosas han cambiado.

Muchos de quienes fundaron La Jornada, el grupo histórico de periodistas que tenían una visión sobre cómo debería ser la profesión —más cercana a las resistencias y alejada del poder—, fueron partiendo, y lo que quedó actualmente es una generación que no está acorde con esa mística, que vio en la publicidad oficial una fuente de ingresos.

Los datos demuestran esto. Por ejemplo, el Centro de Análisis e Investigación Fundar dio a conocer que La Jornada, junto con Televisa y TV Azteca, fueron y han sido los medios que más publicidad oficial han recibido en el gobierno actual. La investigación indica que estos tres medios recibieron un 28.10% del presupuesto de comunicación social en 2022. A ello se suma que el gobierno de Enrique Peña Nieto intervino rescatando al medio con más de un millón de dólares en publicidad oficial, lo que afectó el proceso de independencia editorial.

2017, el primer conflicto

En 2017, el Sindicato de Trabajadores de La Jornada (Sitajor) colocó banderas rojinegras. ¿El motivo? Un recorte del 45% a salarios y prestaciones, debido a que, desde 2015, la empresa había solicitado al sindicato que la apoyara, dado que había caído en una crisis económica.

El sindicato y la empresa acordaron suspender algunas cláusulas; parte de la deuda era para pagar el seguro social e impuestos al SAT, por lo que la empresa había descontado a los trabajadores sin enterar los fondos correspondientes. Finalmente, se llegó a un acuerdo.

En 2017, se canceló el contrato colectivo en un juicio de naturaleza económica y, a partir del 1 de enero de ese año, ya no se pagó bajo el alegato de una crisis.

Pero resulta que ese mismo año, durante la revisión contractual al sindicato, se pidieron explicaciones sobre el dinero que no se pagó. Se inició un procedimiento económico y estalló la huelga en 2017. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó que la razón era de la empresa y se canceló el contrato colectivo.

Durante la huelga, se acordó hacer una nueva revisión del contrato y que no hubiera represión contra los trabajadores. Pero días después, se presentaron denuncias penales contra el comité ejecutivo, acusándolos de secuestro. Comenzaron los despidos y una fuerte represión: se pedía que se calificara la huelga como ilícita y se fue contra los trabajadores y el comité ejecutivo.

Por ello, se inició un juicio que concluyó el conflicto económico, dándole la razón al sindicato: no se podía cancelar el contrato colectivo, porque el problema no era el contrato, sino la falta de una adecuada administración financiera.

Durante todo ese tiempo, el contrato estuvo cancelado.

Tiempo después, se logró ganar el juicio de la huelga y se mencionó que la empresa había intentado criminalizar el derecho de huelga. Fue una huelga que ni siquiera llegó a calificarse.

El sindicato ganó para que persistiera y no lo destruyeran a través del juicio, y así se mantuvo el contrato colectivo.

Con respecto a la resolución, la Junta Local la retuvo y se perdieron acuerdos: no entregaban la sentencia ni la resolución final, a pesar de que la Suprema Corte y el Tribunal Colegiado ya habían ordenado que se terminara y se notificara a la junta, pero los oficios se extraviaban.

Hasta que, en 2023, consiguieron que finalmente se entregara el acuerdo donde se reconoce el contrato colectivo como oficial. Entonces, el sindicato se lanzó a la tarea de legitimación del contrato, y la empresa comenzó una constante violencia contra los trabajadores.

Se logró la legitimación después de tres procesos de votación.

Sin embargo, el Sitajor denuncia que, pese a que la legitimación debe ser un voto libre y secreto, la empresa puso cámaras, abogados frente a las urnas, espiando los nombres mientras votaban, e incluso sacaron a empujones a los verificadores.

En enero de 2024, salió la verificación de la legitimación y se reiteró que el contrato colectivo seguía vigente. Lo pegaron en la empresa, pero una semana después desmantelaron el local sindical y sustrajeron todos los bienes del sindicato: bases de datos, información de los trabajadores, etc.

Se presentó un juicio, y lo ganó el Sitajor. El Tribunal Federal señaló que se debía restituir todo, pagar multas y respetar la libertad sindical: una sentencia muy fuerte que acaba de ser confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en mayo.

Una nueva lucha

Ahora, en 2025, luego de una larga lucha, el sindicato nuevamente pone sobre la mesa diversos puntos: la revisión salarial, contractual y las violaciones al contrato.

El Sitajor tiene presente que hay una crisis en los medios impresos, derivada de los medios digitales.

En esta época, se desata una nueva ola de represión, y hay un debate en el que piden que se sienten a revisar el problema financiero y analizar cómo ajustar el contrato, pues hay conciencia por parte de los trabajadores.

«Sí estamos de acuerdo en revisar, pero dinos la dimensión del problema económico. Cuando supimos de la primera crisis, nos dimos cuenta de que hubo un desfalco, y en 2019 hubo otro. Pero existió un fraude a La Jornada que generó otra gran crisis», afirma un empleado del periódico.

«Sí estamos dispuestos, pero no podemos pensar en que vamos a subsidiar fraudes.»

El 5 de junio el sindicato tenía planeada otra huelga; sin embargo, acusan, derivado del clima represivo, se optó por no ejercer el derecho a parar labores.

Un día antes, el Consejo de administración de Demos publicó una carta en el impreso. Ahí, acusaron que «la existencia misma del sindicato es irregular. De acuerdo con la nueva legislación laboral de 2019, el organismo gremial debió legitimar su contrato colectivo de trabajo mediante el voto personal, directo, libre y secreto de sus agremiados. No lo hizo en los periodos establecidos. Sin embargo, cinco meses después del plazo legal improrrogable, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo reconoció».

Además, alegaron que violaron sus propios estatutos, «que establecen que el estallamiento de la huelga deberá ser decidido por votación directa, secreta y universal, y aprobado por cuando menos 60 por ciento de los miembros del sindicato, el emplazamiento se anunció sin consultar a sus afiliados en asamblea general y votación. En contra de esta decisión arbitraria, la comunidad rechaza la suspensión de actividades. Según se dio a conocer en una carta divulgada el pasado 25 de mayo, alrededor de 250 trabajadores de base expresaron su deseo y determinación de continuar laborando».

Mientras tanto, el conflicto continúa.