Ciudad Deportiva: el bosque que se convirtió en estadio de béisbol

3 mayo, 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2024.- Durante el segundo juego de la serie entre los Diablos Rojos del México y los Yankees de Nueva York, se logró apreciar el atardecer de este lunes . FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Un bosque urbano convertido en estadio, permisos opacos y una donación millonaria con deducible fiscal: la polémica concesión a Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México ahora puede revisarse con el gobierno de Clara Brugada, y los vecinos lo exigen a través de la resistencia civil 

Texto: Camilo Ocampo y Alejandro Ruiz 

Foto: Cuartoscuro y Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – En 2015, el gobierno de Miguel Ángel Mancera le otorgó a la empresa Centro Deportivo Alfredo Harp Helú S.A. de C.V. más de 77 mil metros cuadrados de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca con el fin de utilizarlos por 10 años para la construcción de lo que hoy es el estadio de béisbol de los Diablos Rojos del México.

Ahora, más de mil vecinos le piden a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que este 3 de noviembre, fecha en que vence la prórroga, no se firme de nueva cuenta el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), el cual le permite a la empresa ocupar el espacio y explotarlo con fines privados, hasta que la autoridad lo dictamine. 

Es por eso que quienes se oponen a la privatización del recinto le hicieron llegar a la mandataria una carta en la que aseguran que la recuperación de este espacio de áreas verdes tiene como finalidad la recarga acuífera, la práctica del deporte popular y comunitario, la recreación y el esparcimiento en el oriente de la Ciudad de México.

“Le solicitamos que usted, como jefa de Gobierno, no autorice ni otorgue prórroga alguna del PATR que hace 10 años se firmó con el Centro Deportivo Alfredo Harp Helú S.A. de C.V.”, suscriben mil 297 mujeres y hombres que viven en 229 colonias de las 16 demarcaciones de la capital.

Las demandas de los vecinos no son un tema nuevo, existen desde que se construyó el estadio, el cual está bajo investigación.

¿Cómo llegan las áreas verdes a manos de un empresario?

Foto: Camilo Ocampo

Tal como lo señalan en la carta, el primer paso para la privatización de la Ciudad Deportiva ocurrió en diciembre de 2014, cuando el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, eliminó la protección ambiental que el lugar tenía desde 2006 bajo la declaratoria de bosque urbano, lo que dejaba al área exenta de la construcción de viviendas y edificios industriales. Esto implicaba también que se debía conservar el equilibrio ambiental de la flora y la fauna que habitan en la zona.

¿El argumento de Mancera para revertir la declaratoria fue que las áreas verdes se encuentrobana “fragmetadas”. Sin embargo, cinco meses después, en mayo de 2005, se anunció la construcción del estadio que lleva el mismo nombre del empresario: Alfredo Harp Helú.

Una de las condiciones para que el gobierno le otorgara el espacio al magnate fue que debería donar 150 gimnasios urbanos. Sin embargo, en una jugada empresarial, el dueño del equipo de los Diablos Rojos del México consiguió que el único requisito fuera que el Instituto del Deporte del Distrito Federal adquiriera 156 conjuntos o juegos de equipos de acondicionamiento físico y deportivo.

En medio de un clima poco claro, la empresa que resultó ganadora para la compra de los 156 requerimientos fue Pro Italy Mark S.A. de C.V. 

Irregularidades y el negocio redondo 

De acuerdo con los registros de la empresa en el Registro Público de Comercio, a los que Pie de Página tuvo acceso, Pro Italy Mark nació en octubre de 2006, cuando Jorge Amando Piña Medina, representante legal de El Tigre del Centro S.A. de C.V. cambió la razón social de la misma.

El 30 de noviembre de 2012, la empresa otorgó poderes generales a Ramón Haces Rozada, quien en julio de ese mismo año fue nombrado como director de finanzas y administración de Grupo Martí. 

Antes, como representantes jurídicos, Pro Italy ya había nombrado al Director Ejecutivo de Grupo Martí, James Paul Smith Márquez como representante legal, cargo que ostentó junto al entonces director jurídico de la empresa de Harp Helú: Justo Manzur Escandón. 

Para 2014, concretamente el 6 de octubre, Pro Italy revocó los poderes otorgados a ramón Haces Rozada, y un día después, el 7 de octubre, decidió en asamblea fusionarse con las empresas: Importadora Martí S.A. de C.V. y con Iomportadora y Exportadora Indemar S.A. de C.V.

Los movimientos fueron autorizados por el notario Alejandro Domínguez García Villalobos de la Ciudad de México, quien incurrió, al menos, en mala práctica registral, aunque esto sólo fue el preámbulo del negocio. 

Esto, porque en 2015, de acuerdo con una investigación realizada por Contralínea, Pro Italy vendió al gobierno capitalino los 156 conjuntos o juegos de equipos de acondicionamiento físico y deportivo por un precio “superior a los 60 mil pesos [cada uno]. Por tanto, [un total] de 9 millones de pesos…”, y la compra por parte del instituto fue de 6.7 millones de pesos

El reportaje da cuenta que, además, el gobierno de Mancera no solo le pagó cerca de 7 millones, tal como lo documentan, sino que “además de tener que pagar para recibir la donación, el Instituto también se obligaba a entregar a la fundación un recibo” que reuniera “los requisitos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes para considerar el donativo como deducible”.

Con esto, Harp Helú., quien también es dueño del equipo de los Guerreros de Oaxaca y accionista de los Padres de San Diego, logró deducir 9 millones de pesos.

Auditoría investiga, pero nadie hace nada 

Foto: Camilo Ocampo

En 2019, la Auditoría Superior de la Ciudad de México dio a conocer que, durante el Informe de Cuenta Pública del mismo año, el Indeporte no habría presentado los permisos para el uso del espacio del Permiso Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa Centro Deportivo Alfredo Harp Helú S.A. de C.V. para el uso del estadio de béisbol.

Por lo que la Auditoría afirmó que, dentro de los años posteriores, la empresa devolverá el estadio al Instituto del Deporte. 

Las fallas del Institudo del Deporte fueron incumplir con los criterios establecidos en los artículos 33 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Mismos que obligan a las entidades públicas a llevar una contabilidad clara, precisa y confiable. Esta ley exige, además, que los estados financieros reflejen fielmente todas las transacciones y que se utilicen las mejores prácticas contables,  con el fin de facilitar la planeación financiera y el control del uso de recursos.

El Indeporte incurrió en omisiones serias al no registrar adecuadamente los ingresos modificados y recaudados, lo que impidió la generación de los auxiliares presupuestales correspondientes.

Estos auxiliares son documentos clave que detallan y respaldan los movimientos registrados en las cuentas del presupuesto, y permiten verificar cómo se estiman, modifican y finalmente se recaudan los ingresos públicos. Al no generarlos, se dificulta el seguimiento y la fiscalización de los recursos. Además, las cuentas contables relacionadas con estos registros no presentaron movimientos, y en la balanza de comprobación tampoco se reflejaron saldos. Finalmente, en la revisión de las 37 pólizas de ingresos no se encontró evidencia de que se hubieran registrado correctamente los ingresos, lo que revela una falta de control contable y debilita la transparencia financiera del organismo.

“Error, edificarlo en Ciudad Deportiva”: Claudia Sheinbaum

Durante su gestión como jefa de Gobierno en 2019, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, también se posicionó con respecto a la apertura del estadio, por lo cual mandó a revisión el permiso otorgado al Centro Deportivo Alfredo Harp Helú para la explotación del terreno.

“Me parece un error que el estadio de los Diablos Rojos se haya construido en la Ciudad Deportiva; podía haberse construido en muchos otros lugares. ¿Por qué? Porque era un espacio público; concesionarlo quitó mucho espacio a los habitantes de Venustiano Carranza e Iztacalco, no era lo mejor”, mencionó la entonces jefa de Gobierno.

Quienes se dirigieron a la administración actual aseguran que, de no ser escuchadas las demandas de quienes suscriben la carta, comenzarán a realizar acciones de resistencia civil pacífica.

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