7 marzo, 2025
El comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño tenía un mes para ofrecer una disculpa pública y no lo hizo. Ahora debe hacerlo dentro de los 18 meses de la suspensión provisional de su proceso penal
Texto y foto: Rocío Gallegos / La verdad Juárez
CIUDAD JUÁREZ. – Durante su gira por Ciudad Juárez, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, esquivó el tema de la disculpa pública que está obligado a dar a las víctimas del incendio de la estación migratoria en la ciudad donde murieron 40 migrantes extranjeros, el 27 de marzo de 2023.
El funcionario federal encabezó este jueves un acto de bienvenida a mexicanos deportados de Estados Unidos, en las instalaciones del centro de atención a migrantes ubicado en El Punto, donde fue abordado sobre el asunto.
«¿Cuándo será la disculpa pública que le va a dar a las víctimas del incendio de la estación migratoria?», se les cuestionó.
“Ahorita no es el tema, no es el tema”, respondió tajante al ser cuestionado por la periodista de La Verdad Juárez.
«Pero es un tema que puede responder», se le insiste.
“Para usted (es el tema), pero no es el tema ahorita porque hay que respetar la bienvenida de los compañeros”, contestó molesto, con su voz alterada.
«¿Cuándo va a ser el tema, cuando va a declarar sobre ese tema?», se le preguntó.
“Ese no es el tema, no es el tema”, reiteró para luego retirarse molesto del lugar, con muecas en el rostro que le pronunciaban las arrugas en su frente.Video: Cortesía
La noche del 27 de marzo de 2023 se registró un incendio en la estación migratoria del INM ubicada en el puente internacional Reforma, en la calle Rivas Guillén, donde 40 migrantes extranjeros murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático en ese incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.
Por ese hecho Garduño Yáñez, quien ostenta el cargo de más alto rango del INM, fue vinculado a proceso acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio.
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Sin embargo, el pasado 24 de enero, un juez federal le concedió al comisionado del INM la suspensión provisional del proceso penal en su contra a cambio de que cumpla con seis acciones, entre las que destacan pedir una disculpa pública a las víctimas en un mes, así como concluir, en un plazo de 18 meses, con la entrega de las compensaciones económicas del gobierno a las víctimas, vigilar un fideicomiso creado para depositar las indemnizaciones aún no entregadas, y supervisar las estancias migratorias una vez cada 90 días.
Unos días antes del vencimiento de los 30 días para que ofreciera la disculpa pública, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón modificó ese plazo, dejándolo abierto para que se lleve a cabo en cualquier fecha dentro de los 18 meses de la suspensión condicional que se le otorgó.
Este cambio desató la inconformidad de las víctimas y sus familias, así como de los abogados de la Fundación para la Justicia, representantes de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas, quienes consideran como ilegal e injustificada la intervención del juzgador para esta modificación, pero sobre todo por que ahora no se saben cuándo va ocurrir la disculpa pública.
Actualmente otros siete funcionarios de INM siguen vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio en la estación migratoria, pero solo cuatro permanecen en prisión, se trata de Rodolfo C. de la T.; Daniel G.Y., y Gloria Liliana R. G. acusados por los delitos de homicidio y lesiones, así como Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua al momento de la tragedia, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Otros tres funcionarios del INM siguen el proceso penal en su contra en libertad, se trata de Daniel G.Y., quien al momento de ese hecho era el representante local Noroeste del INM, Eduardo A.M., él se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto, y Juan Carlos M.C. se dedicaba a la protección de migrantes como coordinador del Grupo Beta.
Antonio Molina Díaz, otro servidor público del instituto, también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023.
Además están en prisión el guardia de seguridad privada Alan Omar P.V., y dos migrantes de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R.
Esta nota fue publicada originalmente en LA VERDAD JUÁREZ, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original
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