El Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito reconoció que hubo irregularidades graves en el juicio agrario que enfrenta Santa María Ostula desde hace 21 años para recuperar sus tierras, y que ha costado la vida de muchos comuneros que defienden su autonomía

Texto: Heriberto Paredes

Foto: Comunicación Ostula y Heriberto Paredes

MICHOACÁN. – Este 13 de febrero se dio a conocer el fallo de un juez del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia. El fallo, aceptó el amparo a favor de la comunidad de Santa María Ostula, en Michoacán.

La resolución ordenó, además, reponer el juicio agrario para integrar nuevamente una prueba pericial en materia de topografía, debido a irregularidades detectadas en el proceso iniciado en 2004, cuando supuestos pequeños propietarios originarios del ejido La Placita de Morelos, demandaron a la comunidad de Ostula para exigir que se les confirme la posesión legal sobre un terreno de 2 mil 750 hectáreas. Por su parte, Ostula ha argumentado con documentos y mediciones que este terreno pertenece a las tierras comunales bajo su resguardo. En 2009 la comunidad decidió recuperar el terreno y fundar ahí la localidad de Xayakalan.

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Las irregularidades

Entre las irregularidades señaladas por la comunidad, la más grave fue que el perito designado por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38 —el tercero en discordia— “dijo contar con especialidad en topografía, pero solo exhibió una copia fotostática de una cédula profesional que, cabe señalar, no está registrada a su nombre en el Registro Nacional de Profesiones”, según expuso el magistrado Darío Carlos Contreras Fávila durante la sesión pública del Segundo Tribunal Colegiado.

Este hecho es de gravedad, ya que el TUA falló a favor de la parte demandante basándose en los dictámenes de un perito no especializado, José Roberto Orozco Valencia Villegas, quien falsificó sus documentos. Por ello, también se descartaron los peritajes presentados por la comunidad de Ostula para determinar los linderos con el ejido La Placita.

“La resolución de este amparo a favor de la comunidad no resuelve de fondo la situación de límites entre las partes, sino que busca reparar violaciones al procedimiento, las cuales son de gran trascendencia”, declaró Contreras al concluir la discusión, tras lo cual el tribunal votó a favor del resolutivo de manera unánime.

Una resolución histórica

Con esta decisión, quedó en evidencia que el juicio agrario promovido por los supuestos pequeños propietarios de La Placita estuvo marcado por irregularidades graves, las cuales no solo comprometieron la legalidad del proceso, sino que derivaron en un costo humano: 42 comuneros asesinados y 5 desaparecidos. La falsificación de documentos por parte del perito tuvo consecuencias trágicas para Ostula, por lo que este fallo representa un avance hacia la posibilidad de un juicio ajustado a derecho.

Como antecedente, en noviembre de 2024, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo declaró insubsistente la resolución presidencial de 1967 que creó el ejido La Placita durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Según el abogado agrario de Ostula, Carlos González, esto es crucial porque parte de las tierras de Xayakalan —reclamadas por los pequeños propietarios— se ubican dentro de la resolución anulada.

“El triunfo judicial es de gran importancia para la comunidad y para la lucha de los pueblos originarios por reconstituir sus territorios. No es común que los tribunales invaliden resoluciones presidenciales que históricamente han afectado tierras indígenas, menos una como esta, vinculada a intereses poderosos y con más de 50 años de vigencia”, subrayó González.

La comunidad de Ostula incorporó este precedente en su estrategia para el amparo directo 463/2023, lo que provocó que el fallo, originalmente programado para noviembre de 2024, se pospusiera hasta ahora.

El lugar de las máscaras

San Diego Xayakalan, una localidad fundada el 29 de junio de 2009 —conocida en Ostula como “encargatura”— surgió tras la recuperación de tierras ancestrales invadidas por habitantes de La Placita. Esta decisión, tomada en asamblea general, marcó un hito en la historia de los pueblos originarios de México.

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Basándose en títulos virreinales del siglo XVIII, Ostula certificó sus límites territoriales, documentos que han sido clave en el juicio agrario. Xayakalan, cuyo nombre significa “lugar de los que llevan máscara” (xayacates), cuenta con tierras agrícolas, zonas habitacionales y una playa de gran belleza. Además, posee una escuela reconocida por la Secretaría de Educación estatal, una iglesia y un espacio para reuniones. El nombre “San Diego” rinde homenaje al profesor Diego Ramírez, coordinador de la comisión que organizó la recuperación de tierras y asesinado en 2008 por los Caballeros Templarios, grupo con presencia en La Placita.

Desde entonces, el conflicto ha dejado 42 comuneros asesinados y 5 desaparecidos. Según denuncias, los responsables son Mario Álvarez y Federico González, originarios de La Placita, quienes vendían lotes ficticios en Xayakalan. Álvarez fue asesinado en 2019, mientras González está preso en el penal del Altiplano por homicidio y desapariciones.

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Malestar en La Placita

En noviembre de 2024, Ostula emitió un comunicado asegurando que la anulación de la resolución presidencial no afectaría la totalidad de La Placita, sino solo una superficie específica, y reiteró su disposición al diálogo: “Mantenemos la voluntad de reforzar la buena vecindad y la cooperación”, señaló el texto.

Sin embargo, en redes sociales, algunos autodenominados originarios de La Placita han difundido mensajes agresivos: “Fuimos despojados ilegalmente en 2009 por una horda salvaje de comuneros”, alegaron, sin presentar pruebas testimoniales o legales.

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