En Chiapas la población sigue viviendo en medio de la inseguridad, y es por ello que muchas familias desplazadas no han retornado a sus comunidades. Todo, pese a la nueva fuerza de seguridad conocida como Pakal

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

CHIAPAS. – El pasado 8 de diciembre, con el cambio de gobierno estatal, en Chiapas entró en funciones un grupo de policías de élite llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal; en las semanas siguientes este grupo detuvo a un presidente municipal y a más de medio millar de personas, entre ellas autoridades y policías de diferentes municipios, acusados de diversos delitos relacionados con grupos criminales; también eliminó sistemas de vigilancia controlados por estos grupos, quienes al decir de pobladores, se replegaron y quitaron algunos retenes que tenían en caminos y carreteras.

Mientras continúan los operativos, pobladores aseguran que si bien ha disminuido la intensidad de la violencia provocada por el crimen organizado y la disputa que desde 2020 tienen dos cárteles de la droga para apoderarse de rutas de tráfico y territorios, lo que ahora viven en las comunidades es “una aparente paz”, porque hay regiones enteras -entre ellas municipios donde los policías de élite ya han realizado acciones- en los que criminales mantienen su presencia y control.

El pasado 25 de enero se congregaron miles de feligreses y líderes religiosos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas –institución que ha denunciado los impactos que en la población han tenido los grupos del crimen organizado y la aquiescencia de autoridades- y en el marco de festejos en honor al obispo Samuel Ruiz García, demandaron que la impunidad se combata de fondo y no se realicen simulaciones mediáticas.

“Muchas vidas se han perdido”

“Queremos de verdad una paz no simulada, queremos una paz de verdad. Que el gobierno no quiera tapar el sol con un dedo. Queremos que el gobierno se meta y haga lo que tenga que hacer. Tenemos una aparente paz. Tenemos una aparente paz, pero estamos contentos con lo que se ha podido ganar hasta ahora”, dijo uno de los feligreses de la Diócesis, originario de Frontera Comalapa.

Ese municipio, ubicado en la zona colindante con Guatemala, ha sido uno de los más impactados por la disputa entre grupos del crimen organizado. Habitantes de este y otros municipios han sido víctimas de reclutamiento forzado, desapariciones y muertes de cientos de personas, del desplazamiento forzado, despojo de tierras y extorsiones.

El pasado 5 de enero el alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, fue detenido y acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Autoridades de Chiapas dijeron que se había restablecido el libre tránsito en las vías de comunicación donde los cárteles obligan a la población a colocar retenes.

Sin embargo, pobladores del municipio denunciaron que los “filtros” (retenes) continuaban en caminos de extravío, y que los desplazados que empezaban a retornar, al llegar a sus comunidades eran nuevamente amenazados, obligándoles a pagar entre 40 mil y 90 mil pesos por haber salido de las comunidades.

Aun así, no sin temor, habitantes de esa región llegaron a la conmemoración por los 100 años del nacimiento del obispo Samuel Ruiz García y el 14 aniversario desde su fallecimiento, y participaron en la peregrinación que recorrió las calles de San Cristóbal.

“Nos sentimos un poco más aliviados. Hemos pasado momentos muy difíciles, muchas familias hemos llorado, hemos sentido impotencia. Sabemos que familias quedaron sin papá, sin mamá, sin hijos. No tenemos certeza de los números, pero muchas vidas se han perdido. Pero vemos que dentro de toda esta oscuridad algo nuevo está naciendo. Muchos corazones están dando a conocer que están a favor de la paz, de la justicia”, dijo el feligrés, quien forma parte del llamado Pueblo Creyente, base de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“¡Fuera la narco-política!”

A la conmemoración asistieron feligreses de 43 parroquias ubicadas en regiones donde el crimen organizado ha impactado. Por ello, en el recorrido que hicieron desde dos puntos de entrada a San Cristóbal hasta la Catedral, el Pueblo Creyente entonó alabanzas relativas a su fe, pero también mensajes de rechazo a la situación que viven.

“¡Alto al crimen organizado! ¡Fuera cárteles de Chiapas! ¡Fuera la narco-política!”, fueron algunos de los mensajes que repitieron en las calles y al inicio de la ceremonia religiosa que estuvo encabezada por el Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri y los Obispos de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro.

Entre los feligreses también estuvieron habitantes del municipio Benmérito de Las Americas. En entrevista, uno de ellos explicó que la población de este lugar “sufre porque el presidente municipal es del crimen organizado (…).  Se siente impotencia, hay Guardia Nacional, Ejército, Marina, pero no hay seguridad”, dijo.

En el mismo lugar donde se congregaron los integrantes del Pueblo Creyente, el pasado 8 de enero autoridades de los tres niveles de gobierno presentaron lo que llamaron “Estrategia de Construcción de Paz en Chiapas”. A ese evento asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien dijo que la aplicación de programas de salud, alfabetización, becas para jóvenes era parte de la estrategia para “atender las causas de la violencia” porque a su ver, entre las causas de este problema están la pobreza, la desigualdad y la mala atención en los servicios.

Sin embargo, para la población de las zonas impactadas, fue la omisión y participación de algunas autoridades de los tres niveles de gobierno lo que permitió el avance de los grupos del crimen organizado en Chiapas, la violencia y otras acciones como el reclutamiento forzado.

Por ello, en el marco de la celebración religiosa que se hizo en honor al obispo Samuel Ruiz, el Pueblo Creyente hizo un llamado enérgico a las autoridades, exigió “dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no hacer sólo una simulación mediática”.

“Para que haya justicia, paz, tranquilidad en las comunidades y esclarecimiento de los hechos de violencia, urge el reconocimiento público por parte del Estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal. Así como su atención integral, que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencias.

“Urge el desarme de los grupos criminales que provocan el desplazamiento forzado. Urge que el gobierno ponga un alto al crimen organizado. Que el asesinato del Padre Marcelo no se quede impune y que se agilice la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales”.

En conferencia de prensa posterior a la ceremonia religiosa, el Nuncio Apostólico dijo que para construir la paz “hace falta la voluntad de cada uno y de cada persona, de cada uno o cada persona en su realidad, en su posición; las autoridades civiles, las autoridades de policía, los ciudadanos, los líderes religiosos. Cada uno tiene que poner su grano de arena para construir la paz y, obviamente, sin la simulación”.

Perdón, reconciliación y justicia

Como parte de la estrategia de los grupos criminales para apoderarse de territorios y rutas de tráfico, obligaron a miles de habitantes de las comunidades a participar en bloqueos, enfrentamientos, cobro extorsiones y otras actividades que quebrantaron el tejido social comunitario.

En este contexto, durante la homilía del pasado sábado el Nuncio Joseph Spiteri llamó al “perdón y la reconciliación” pero, dijo, con acciones de justicia de por medio.

“Nuestros mártires nunca pidieron venganza, han perdonado siempre.  Esto no significa que estamos olvidando la necesidad de la justicia. Seguiremos pidiendo justicia. Queremos dar un significado más profundo a la justicia. La justicia debe ayudarnos a llegar a la reconciliación. No pueden seguir viviendo con las manos manchadas de sangre. Pidan perdón, busquen la reconciliación”, dijo.

Tras recorrer tres días algunas comunidades, el líder religioso sostuvo que la población “está luchando cada día para sobrevivir, y amenazados y amenazadas muchas veces por fuerzas que son mucho más mayores a las que ellos o ellas pueden ofrecer en su vida, en su vida de todos los días”.

“Nuestras hermanas que están en primera línea, enfrentan amenazas y han dado la vida. Entonces, a las autoridades lo que sí pedimos es que hagan bien su trabajo, pues cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero hay responsabilidades, cada uno tiene su responsabilidad según el grado de autoridad que tiene, que ha recibido”.

Por su parte el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis, Miguel Montoya, explicó que la población sigue viviendo en medio de la inseguridad, y es por ello que muchas familias desplazadas no han retornado a sus comunidades.

“Hay mucho armamento, muchas comunidades en donde hay demasiado manejo de armas. No vamos a ir muy lejos, un ejemplo se da en San Cristóbal de las Casas (…) preocupa a nosotros ese tema del manejo de armas”.

Reiteró la necesidad de reconstruir el tejido social que quedó afectado por la violencia. “La población quedó rota, sí. En este contexto tan fuerte de violencia, nuestros hermanos Pastorales están allí trabajando, nosotros elegimos hacer la construcción desde la no violencia”.

También, como parte de las demandas de justicia, durante la conmemoración en honor al obispo Samuel Ruiz, los feligreses y líderes religiosos volvieron a exigir que se esclarezca quienes fueron los autores intelectuales del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, del pasado 20 de octubre.

Esta nota fue publicada originalmente en CHIAPAS PARALELO, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.