Ahora más que nunca, los mexicanos debemos organizarnos para hacer frente a la política migratoria de Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, cuestionar a México por su política xenófoba contra los inmigrantes centroamericanos y caribeños

Por Kau Sirenio / X: @kausirenio

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Sindicato de Familias Unidas por la Justicia anunció una estrategia para acompañar a los inmigrantes irregulares que trabajan en los campos agrícolas, con el fin de evitar que la policía migratoria los detenga y los deposite en México. Lo mismo hizo la organización comunitaria La Resistencia: “Tenemos que prepararnos ante la política migratoria racista de Donald Trump. Para esto, comenzamos a trabajar con los migrantes de nuestra organización, con el fin de que tengan listos sus documentos, como una carta poder sobre sus bienes, en caso de que sean detenidos y deportados, tal como lo ha anunciado el presidente Donald Trump”.

Ambas organizaciones sociales que acompañan a los migrantes irregulares en el estado de Washington: Familias Unidas por la Justicia en Bellingham y La Resistencia en Seattle.

El endurecimiento de la política migratoria comenzó con Joe Biden desde enero de 2020. En 12 meses, triplicó la deportación de inmigrantes, según señaló el investigador Thomas Cartwright, quien publicó en noviembre de 2021 un estudio sobre los vuelos de expulsión de migrantes indocumentados a sus países de origen.

De acuerdo con el experto en vuelos aéreos dirigidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en los primeros 12 meses de la presidencia de Joe Biden se realizaron alrededor de 7,810 vuelos de ICE Air, frente a los 4,845 de 2020, lo que representa un aumento del 61 por ciento.

Así lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington en su informe sobre el incremento de vuelos que salen de Yakima a Tacoma y otros centros de detención. El vuelo número 112 de ICE, el 7 de mayo de 2019, fue el primero que la organización presenció como vuelo de deportación en la ciudad de Tacoma.

La organización comunitaria Yakima Immigrant Response Network (YIRN) advirtió que la administración de Joe Biden triplicó la detención de migrantes indocumentados, según la investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington sobre la detención y deportación de migrantes indocumentados en ese país.

YIRN, una organización de derechos humanos de migrantes indocumentados, documentó en junio de 2021 cómo trasladaron a 262 personas en avión desde Texas a Yakima, Washington: “Tres vuelos separados llegaron desde Texas al aeropuerto de Yakima”.

Por su parte, La Resistencia cuestionó la política migratoria de los demócratas por permitir la expulsión de migrantes. Esta organización comunitaria, liderada por inmigrantes irregulares detenidos y en proceso de deportación, ha documentado desde 2014 la detención ilegal de migrantes indocumentados y su traslado al Centro de Detención NWDC.

En el informe de La Resistencia, se señala que en la administración de Joe Biden se triplicaron los vuelos de deportación desde el Valle de Yakima hacia el Centro de Detención de Tacoma, Washington. “Ni en la época de Donald Trump hubo tantos vuelos de deportación”.

En su documento, destacaron el incremento de detenidos en 2021: alrededor de 397 personas fueron puestas en proceso de deportación en un mes. “Cuando comenzaron las detenciones, había menos de 200 personas, pero en una semana se triplicó. No lo dice La Resistencia, lo afirma el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. Ellos trabajaron más de dos años en la comparación de datos. Biden está deteniendo a más personas; su administración es peor que la de Donald Trump”.

Esta política antimigrante de los republicanos y demócratas la han denunciado organizaciones comunitarias y sindicales en Estados Unidos. La Resistencia mantiene una protesta en contra del Centro de Detención de Noroeste de Tacoma, Washington.

En una entrevista con Tatyi Savi, la activista Maru Mora advertía sobre las consecuencias de la derechización de los demócratas y su política antimigrante en Estados Unidos: “Estas elecciones quedaron totalmente alineadas a la derecha. Esa fue la campaña de Harris, en contra de los inmigrantes, en contra de Palestina. Por eso, tantos millones de personas decidieron no votar por los demócratas y optaron por un tercer partido, porque no quisieron votar ni por demócratas ni por republicanos”.

El director político del Sindicato Familias Unidas por la Justicia en el estado de Washington, Edgar Frank, reforzó las denuncias de las organizaciones comunitarias: “El regreso de Donald Trump es gracias a la derechización de los demócratas, que no convencieron a la gente desilusionada por la administración de Biden. Como partido, se alineó más a la clase adinerada, en función de los intereses del gran capital”.

En entrevista con Tatyi Savi, el exorganizador de la organización comunitaria Community to Community (C2C) sostiene que el regreso del republicano a la Casa Blanca trajo graves problemas para los migrantes y responsabilizó a los demócratas por cambiar su base tradicional e inclinarse por los blancos que buscan mantener intactos sus intereses.

Agrega: “Le echaron toda la culpa a los migrantes. Ese mensaje tuvo un efecto negativo para la mayoría de la gente. Esta vez no será difícil, porque una gran parte de Estados Unidos eligió a Donald Trump por su mensaje de odio hacia los migrantes. Eso nos preocupa a todos, porque ya estábamos bajo amenazas desde la era de Obama, pero ahora la retórica crea un ambiente más hostil hacia los migrantes y hacia toda la gente que emigra y es de color”.

Ahora, más que nunca, los mexicanos debemos organizarnos para hacer frente a la política migratoria de Estados Unidos, pero también cuestionar a México por su política xenófoba contra los inmigrantes centroamericanos y caribeños.

En este contexto, los migrantes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los más afectados, pues los gobiernos locales no cuentan con políticas dirigidas a los hablantes de alguna lengua materna, ni con defensorías que cuenten con intérpretes y traductores de idiomas indígenas.