Miembros de dos familias de empresarios de Guanajuato obtuvieron beneficios del Instituto de Seguridad Social de ese estado durante el gobierno de Diego Sinhué. Obtuvieron contratos por, al menos, 366 millones de pesos. Detrás de esto está el hasta hoy titular de la Secretaría de Finanzas estatal, y presidente del Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social

Texto: Kennia Velázquez y Arnoldo Córdova / Pop Lab

Ilustración: Pop Lab

GUANAJUATO. – Seis integrantes de dos familias de empresarios de Guanajuato capital y de Celaya son los socios de la empresa GTO Leasing Services, creada en 2019 por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato con la finalidad de “otorgar créditos a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras”: se trata de Guillermo Ernesto Webb Cruces y sus hijos Guillermo, Virginia y Milo Webb Murra; y los hermanos Juan y Jorge Yúdico Herrasti. 

Tanto la situación financiera, los resultados de la empresa y su integración accionaria, se han manejado con total opacidad pese a que opera con recursos de un organismo público que gestiona el fondo de pensiones de los trabajadores de los Poderes del Estado y de la Universidad de Guanajuato. 

La resistencia a responder preguntas de ciudadanos ha sido avalada por el Instituto de Acceso a la Información Pública del estado, bajo el argumento de que es una empresa de capital “mayoritariamente privado”, no obstante que eso habría ocurrido hasta el año 2023, sin que se disponga de información contrastable al respecto. 

GTO Leasing Services logró obtener al menos dos contratos con el gobierno estatal en sus primeros años de funcionamiento, por un monto global de 366 millones de pesos, en arrendamiento de flotillas y de vehículos para funcionarios. Su servicio ha sido deficiente, al decir de usuarios, pero las asignaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas han eliminado cualquier posibilidad de competencia de otras empresas del sector, incluso con precios más bajos. 

El titular de Finanzas en el cargo desde el sexenio pasado, Héctor Salgado Banda, es a la vez el presidente del Consejo de Administración del ISSEG, cuyos recursos fondearon a GTO Leasing Services en su arranque. Altos funcionarios del gobierno reconocen sin ambages que la empresa es una idea de ese funcionario que logró convencer al ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de su viabilidad. 

No obstante tener al gobierno del estado como cliente cautivo, la arrendadora es “un negocio pequeño”, reconoce la nueva directora del ISSEG, Judith Juárez, quien adelanta que su continuidad dependerá de un análisis que se realizará junto con la gobernadora Libia Dennise García. 

Inversionistas privados, el secreto máximo

La integración de capital privado en la empresa GTO Leasing Services, creada en el año 2019, fue uno de los secretos mejor guardados durante el sexenio de Rodríguez Vallejo. 

El ISSEG dirigido por Ricardo de la Peña Rodríguez, se negó a hacer públicas las actas de consejo donde se tomaron decisiones relacionados con la arrendadora, así como otros documentos relevantes de la propia empresa, pese a que en sus primeros 4 años fue una entidad con mayoría accionaria del propio instituto y por ende sujeto obligado de la ley de Transparencia. 

Pese a haber realizado más de una decena de reuniones con alrededor de setenta potenciales inversionistas, al final solo se logró la integración de seis socios que pertenecen a dos familias: un padre y sus tres hijos y dos hermanos. 

Sin embargo, los nombres de los accionistas aparecen en un acta de consejo correspondiente al 25 de noviembre de 2021 en la que se designa a José Senén Gómez Rosas director administrativo de la sociedad con poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas, la cual fue anexada a un expediente público tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 2022, mediante el cual la empresa consultora Financial Assesment Group cede los derechos de nombre y marca de GTO Leasing Services al ISSEG. 

Otra acta de consejo de julio de 2023, a la que tuvo acceso PopLab, revela la composición accionaria que fue negada en decenas de solicitudes de información pública, bajo el argumento de “proteger datos personales”, no obstante que la empresa fue financiada en sus orígenes con recursos del fondo de pensiones de los trabajadores del estado a cargo de un organismo público descentralizado. 

El 21 de julio de 2023 se celebró una asamblea ordinaria de accionistas de GTO Leasing Services en la Plaza Pozuelos local 35, de la capital del estado, a la cual asistieron la totalidad de socios. Por el ISSEG estuvo el director jurídico, Alberto Martínez Lara, representando la mayoría accionaria de la empresa con 144 millones de acciones de capital fijo y variable, equivalentes a 144 millones de pesos, que significaban en ese momento el 62.8009 por ciento del capital social de la empresa. 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes accionistas:

– Guillermo Ernesto Webb Cruces, propietario de 30 millones de acciones que representan el 13.0835 por ciento del capital social de la empresa. 

– Guillermo Eduardo Webb Murra, con 10 millones de acciones que representan el 4.3612 por ciento.

– Virginia Webb Murra, propietaria de 10 millones de acciones, otro 4.3672 por ciento del capital social. 

– Milo Eduardo Webb Murra, 10 millones de acciones y otro 4.3672 por ciento del capital social de la empresa. 

– Juan Yúdico Herrasti, propietario de 17 millones 795 mil 917 acciones que representan un 7.7611 por ciento del capital social de la empresa. 

– Jorge Rodrigo Yúdico Herrasti, propietario de 7.5 millones de acciones, por el 3.2709 por ciento del capital social. 

En conjunto, los integrantes de ambas familias sumaban un 37.1991 por ciento del capital social de la empresa GTO Leasing, mientras que el ISSEG resultaba mayoritario con el 62.8009 por ciento. 

En la mencionada sesión, el orden del día contempló el incremento de las aportaciones por parte de tres de los socios, los hermanos Guillermo, Virginia y Milo Webb Murra, por 10 millones de pesos cada uno, para aumentar el Capital Variable de la sociedad en un total de 30 millones de pesos, acción que fue validada por los restantes socios: el ISSEG, representado por Alberto Martínez Lara, Guillermo Ernesto Webb Cruces, Juan Yúdico y Jorge Yúdico, quienes renunciaron a ejercer derecho de preferencia. 

Sin embargo, el incremento de capital no desplazó al ISSEG como mayoritario, quien con sus aportaciones previas de 144 millones de pesos siguió conservando el 55.5350 por ciento de la participación accionaria del capital social, compuesto por el 100 por ciento del capital fijo y un 55.1894 del capital variable. 

El acta de la asamblea fue protocolizada por Jaime Trejo Ávila como delegado especial, en la escritura pública 9365 ante la fe del notario número 3 de Guanajuato Andrés Guardado Santoyo. Trejo Ávila se desempeñaba como subdirector de administración del ISSEG y actualmente es subdirector de prestaciones. 

Pese a ello, en el informe anual de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del año 2023, entregada al Congreso por el auditor Javier Pérez Salazar el 28 de febrero de 2024, se especificara en una escueta nota al pie de la página 11, que las entidades paraestatales de Guanajuato había pasado de 61 a 60 en el tercer trimestre del 2023 (julio-septiembre), debido a que: 

“Mediante oficio GLS/63/2023, se da de baja como sujeto obligado «Gto Leasing Services, SAPI de C.V., SOFOM, ENR.», debido a que cuenta con un capital accionario mayoritario privado correspondiente a un 50.5003%.”

Al declarar la baja como sujeto obligado, GTO Leasing Services quedó exento de fiscalización desde la propia Auditoría Superior del Estado, pero también de las obligaciones de transparencia. 

Poplab solicitó dos veces el oficio GLS/63/2023 que cita la ASEG como el referente de la conversión de GTO Leasing Services en empresa de capital privado mayoritario, sin embargo la respuesta del ISSEG fue que no contaba con la información debido a que “la misma corresponde a la empresa que opera con capital privado”. De acuerdo a este argumento, GTO Leasing Services se habría dado de baja a sí mismo como sujeto obligado y ninguna otra entidad pública habría validado ese paso. 

La opacidad no surgió a partir de la baja de la entidad como sujeto obligado, pues ya previamente el ISSEG se había resistido a entregar resultados sobre la operación de Guanajuato Leasing, sus balances y estados financieros y la composición accionaria, aduciendo siempre el resguardo de datos personales. 

La participación de Transparencia Mexicana

Transparencia Mexicana fue invitada como acompañante del proceso de levantamiento de capitales para concretar el plan de hacer mayoritariamente privada a la empresa GTO Leasing Services en el año 2020, a fin de garantizar “transparencia, integridad y rendición de cuentas.” La consultora Mónica Gabriela Ramírez Quijada firmó el informe respectivo el 11 de agosto de 2021 y lo hizo público en la web de la organización. 

Entre las observaciones, recomendaciones y sugerencias realizadas a lo largo del proceso por parte de TM, se encuentran las siguientes: 

– Un documento justificativo para capitalizar los fondos de pensiones, con proyecciones de rendimiento financiero y la manera en la que se garantiza un mejor rendimiento que el actual, sin poner en riesgo los fondos de pensiones. 

– Garantizar la transparencia del origen de los recursos aportados por el Instituto en la Arrendadora.

– Realizar un documento explicativo para los socios inversionistas y órganos fiscalizadores del Instituto señalando el origen de los fondos aportados por el Instituto, y que las proyecciones que sustentan no ponen en riesgo el fondo de pensiones del Instituto. 

– Contemplar que los criterios para la selección de los inversionistas aseguren la transparencia y el origen lícito de sus recursos. 

El ISSEG respondió que el proyecto fue analizado en su propio Comité de Evaluación y se consideró un proyecto de bajo riesgo y con rendimientos atractivos. Agregó que la inversión máxima autorizada de 247.5 millones de pesos representa un 0.88 por ciento del patrimonio total del ISSEG que ascendía a 28 mil 72 millones de pesos, al cierre de septiembre de 2020. 

Pese a la recomendación de Transparencia Mexicana de centrarse en el estado de Guanajuato, el ISSEG planteó que el alcance de la arrendadora sería nacional y que se consideraba tener representantes de GTO Leasing en las regiones norte, centro y bajío. 

Además, Transparencia Mexicana solicitó: “una justificación para garantizar que no existe conflicto de interés para participar en procesos de licitación del Gobierno del Estado para el arrendamiento de autos utilitarios, al contar con un socio accionista que forma parte del Gobierno del Estado, y pudiera tener acceso a información privilegiada que le permita participar en condiciones de ventaja respecto de los demás participantes, o se propicien licitaciones a modo que favorezcan a la Arrendadora.” 

Al respecto, habría que aclarar que el ISSEG no solo es una entidad en la que participa el gobierno, sino que su máxima autoridad es el Secretario de Finanzas, quien a la vez es el responsable de las adquisiciones del gobierno, incluyendo los vehículos. 

La respuesta del ISSEG fue la siguiente: “la Secretaría de Finanzas, quien será la responsable de la contratación, ha manifestado públicamente que hará una licitación para el arrendamiento de los vehículos apegada a la normatividad vigente, lo que implica generar condiciones de equidad para todas las empresas participantes.” 

En otro punto, Transparencia Mexicana solicitó conocer si el ISSEG se había planteado algún mecanismo para que el proyecto pudiera ser transexenal y de largo alcance, además de aclarar si se busca que la gobernanza sea totalmente privada, al contar con más del 50% de la participación accionaria. 

Al respecto, el Instituto comentó que el horizonte de la entidad GTO Leasing es de largo plazo, por lo que las proyecciones financieras abarcan un periodo de 10 años. Con referencia a la gobernanza, respondió que los Estatutos de la SOFOM establecen que el ISSEG, como tenedor de la Serie A accionaria, tendrá el derecho de contar con un número que equivalga a la mitad más uno del número total de miembros del consejo de administración. 

El proceso de capitalización

En julio de 2020, el ISSEG convocó a reuniones con organismos empresariales de las principales ciudades del estado para informar del inicio del proceso de estructuración de capital de la arrendadora GTO Leasing Services. Entre julio y octubre de 2020, el ISSEG llevó a cabo once reuniones con alrededor de setenta potenciales inversionistas, la mayoría empresarios aglutinados en cámaras y asociaciones. 

A las reuniones acudió el director del ISSEG, Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez, quien fue el encargado de responder las inquietudes de los empresarios invitados. 

Las mayores resistencias y objeciones se dieron en el municipio de León, de acuerdo a uno de los asistentes a la sesión informativa con el Consejo Coordinador Empresarial: “se cuestionó el conflicto de interés de una empresa de participación estatal al intervenir en licitaciones convocadas por el propio estado, también hubo críticas en el sentido de que se daría una competencia desleal con empresas de particulares dedicadas al mismo ramo.” 

El esfuerzo del ISSEG se prolongó a lo largo de un año, pero no se logró la meta de reunir inversionistas que aportaran el 50.5 por ciento de la participación accionaria de la nueva empresa. El 21 de junio de 2021 se realizó una asamblea general de accionistas en la que se llevó a cabo el incremento del capital social de la arrendadora en su parte variable. 

Sin embargo, contraviniendo el plan maestro, supervisado por Transparencia Mexicana, la mayor aportación fue del propio ISSEG, que pasó de disponer 2 millones de acciones a 144 millones, mediante la aportación de 142 millones de pesos. El ISSEG conservó el 100 por ciento del capital fijo y el 76 por ciento del capital variable. 

En tanto 5 accionistas privados aportaron 44 millones de pesos al capital variable, lo que representó menos del 25 por ciento. Sus nombres permanecieron ocultos y ni siquiera en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio es posible acceder al acta protocolizada. 

Ahí concluyó el proceso de acompañamiento de Transparencia Mexicana que procedió a la entrega de su informe final, donde una de sus recomendaciones fue que se “mantenga plenamente informada a la opinión pública de los rendimientos de capital que se obtienen de la inversión proveniente del Fondo de Pensiones de los trabajadores del Estado de Guanajuato.” 

Hasta el día de hoy, esa recomendación ha sido pasada por alto.

Los contratos del gobierno con Leasing

El 12 de agosto de 2021, menos de dos meses después de la asamblea de integración de los nuevos socios privados y la ampliación de capital, ocurrida el 21 de junio de ese año, GTO Leasing lograba colocar su primera gran venta al gobierno del estado de Guanajuato a través de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, al ganar una licitación pública nacional contra otros cuatro competidores, tres de los cuales fueron eliminados por diversos factores técnicos y el cuarto superado en precio. 

Mediante el contrato de prestación de servicios 8900003789, el Gobierno del Estado formalizó el arrendamiento de 305 vehículos por un monto de 192 millones de pesos, cantidad superior en 5 millones al capital social de la empresa en ese momento. 

Pese a su reciente constitución, la dependencia estatal a cargo del director de Recursos Materiales del estado, José Luis Cuéllar Franco, aceptaba en el contrato una declaratoria de GTO Leasing donde aseguraba contar “con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente, así como con la experiencia necesaria para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contraerá mediante la celebración del presente contrato.” Por parte de la arrendadora firmó Jaime Trejo Ávila, en ese momento subdirector administrativo del ISSEG. 

Sin embargo, GTO Leasing Services incumplió el contrato, según se desprende de observaciones en el informe 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). En su recomendación número 10, el órgano fiscalizador detalla que de las 305 unidades arrendadas en el contrato 8900003789, solo se habían entregado 71 al 9 de septiembre, mientras que 181 se entregaron en forma posterior, dando un total de 252 unidades entregadas al 31 de diciembre, por lo que se ordenó a la Secretaría de Finanzas “aplicar penas convencionales y sanciones por incumplimiento” a la arrendadora del ISSEG, señala la ASEG en la página 221 de su informe anual. 

Las penas no se aplicaron, al responder la Dirección de Recursos Materiales que “al cierre del ejercicio 2021 no se había materializado pago alguno a GTO Leasing”. El reporte no habla de los posibles perjuicios causados a las dependencias que fueron afectadas por el incumplimiento en la entrega de vehículos por parte de la arrendadora. 

Pese a la mala experiencia, en julio de 2023 se volvió a celebrar un contrato de arrendamiento entre el Gobierno del Estado por intermedio de la misma Dirección de Recursos Materiales, y GTO Leasing ahora representado por su director administrativo José Senén Gómez Rosas, para adquirir 300 unidades por un monto de 174 millones de pesos, pagaderos en mensualidades vencidas por un periodo de 36 meses. 

POPLab solicitó al gobierno del estado vía transparencia que entregara la documentación que sustente la contratación de GTO Leasing, como estudios de mercado, entre otras consideraciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas. Sin embargo ésta no fue entregada, porque la autoridad consideró que “la petición busca que la autoridad emita un pronunciamiento concreto a partir de un cuestionamiento hipotético (…) no es materia del procedimiento de acceso a la información pública. 

Nueva directora del ISSEG dispuesta a revisar funcionamiento

En entrevista con PopLab, la nueva directora del ISSEG, Judith Juárez, reconoció que la arrendadora GTO Leasing “es un negocio que sí da, pero es un negocio pequeño.” Agregó que se está revisando la operación de la empresa, pero que la continuidad dependerá de un análisis que se hará junto con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. 

Aunque en el acta de asamblea de julio de 2023 el ISSEG aparece como el aportador de un capital de 144 millones de pesos, Juárez informó a principios de diciembre de 2024 que la inversión asciende solo a 47 millones de pesos, sin embargo no exhibió ningún documento que oficializara el dato. De acuerdo a la funcionaria, el capital total ascendería a 96 millones de pesos en la actualidad. 

Juárez puntualizó que “todo suma” para el fortalecimiento del fondo de pensiones del ISSEG, pero no dejó de subrayar que en su cartera de inversiones, GTO Leasing es “un negocio pequeño.” 

“No les voy a decir lo vamos a cancelar o vamos a continuar, estamos revisándolo”, dijo para finalizar.

Las deficiencias de Guanajuato Leasing

Entre la burocracia estatal no existe la mejor imagen del servicio que presta la arrendadora del ISSEG, pero no tienen opción, dada la centralización de las compras a través de la Secretaría de Finanzas. 

Un funcionario que emplea un vehículo utilitario de gama media aceptó hablar sobre el tema y señaló que los mayores problemas vienen con los mantenimientos, ya que no parecen existir los talleres suficientes y la capacidad para atender la demanda en los tiempos que corresponden. 

Sin embargo hubo flotillas donde el mantenimiento quedó a cargo de las dependencias, pese a que los contratos firmados entre GTO Leasing y Finanzas especificaron que esto formaba parte de las obligaciones contractuales. 

Otro problema fue que la arrendadora planteó no mover los autos en los fines de semana, pero en áreas sensibles del gobierno, donde se colocaron flotillas, eso no era posible, a riesgo de afectar servicios, sobre todo de emergencia y de vigilancia. 

Y no hay manera de comunicarse con la empresa. Aunque dispone de un dominio web y una página ( http://gtoleasing.com/), el usuario solo encuentra la leyenda: “Bienvenido a GTO Leasing Services. Próximamente encontrarás aquí nuestros servicios financieros”. Al pie hay una liga a la web del ISSEG. La página fue construida en 2021. 

No parece una imagen muy seria para una inversión multimillonaria, realizada con recursos del fondo de pensiones de los trabajadores del gobierno del estado de Guanajuato.

Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.