Sin orden de clausura, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intentaron clausura cinco centros ecoturísticos que están bajo la tutela de líderes mayas que se oponen a la instalación de una granja porcícola en Homún; mientras tanto, la empresa Kekén ha comenzado a meter furtivamente los animales, a pesar de que se trata de una zona protegida por la federación

Texto: Daniela Pastrana. Fotos: Alberto Velázquez

Video: Ejidataros de Homún

CIUDAD DE MÉXICO.- La ofensiva contra el pueblo maya de Homún comenzó hace una semana: casi al mismo tiempo que funcionarios de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegaron a los centros ecoturísticos a hacer “inspecciones”, algunos pobladores vieron llegar camiones con cerdos a la planta de Kekén.

Los funcionarios de Profepa no dejaron ningún documento que registrara su inspección, cuenta José May, del centro turístico de Santa Cruz. Tampoco dijeron nada que los pudiera alertar de que algo estuviera mal.

Pero el lunes 17, José May y otros ejidatarios recibieron la alerta: “¡Ya metieron los cerdos!”

Entre los pobladores había desconcierto porque la planta ni siquiera tiene regularizado el servicio de luz. Pero las fotos y videos de los camiones con puercos corrieron rápidamente por el whats app y encendieron la alerta en el pueblo.

La peor pesadilla que han tenido los mayas de Homún durante los últimos 18 meses comenzaba a hacerse realidad: la instalación de una granja porcícola que llenará de cerdos un municipio que es la reserva de agua de Mérida y que ha prosperado con el ecoturismo alrededor de los cenotes. La apuesta increíble de llevar 50 mil cochinos a un municipio de 8 mil habitantes. Es decir, siete cerdos por cada poblador.

El proyecto había quedado detenido, luego de que, en octubre de 2017, los comuneros organizaron una consulta y la mayoría de los pobladores dijo NO a la granja, lo que obligó al alcalde a revocar el permiso del ayuntamiento, que había dado de forma irregular.

Sin embargo, un tribunal administrativo le dio a Kekén un fallo en su favor en contra de la revocación del permiso, en un juicio en el que se negó a los pobladores participar como terceros involucrados, por lo que la empresa decidió comenzar a operar.

Pero ni la empresa ni las autoridades han considerado que también están en proceso dos amparos federales interpuestos por los pobladores, uno por el daño ambiental que va a provocar la granja porcícola y otro porque el proyecto no respetó el derecho a la consulta de los pueblos originarios.

“Aun en contra de la voluntad del pueblo y con la revocación del permiso autorizado siguieron con eso. Hace unos días (la granja) comenzó a recibir estos animales, sin tener la debida reglamentación, porque ni siquiera tienen la energía eléctrica suficiente”, dice May, en entrevista telefónica. “Para nosotros es claro que el poder judicial de Yucatán está comprado por los empresarios, la justicia legal solo es para los que tienen dinero”.

Los ejidatarios y pobladores organizaron rápidamente una protesta para el viernes 21. Ese día, cerraron sus palapas y se fueron a apersonar frente a la granja para una clausura simbólica de las instalaciones. En eso estaban cuando les llegó la noticia de que las autoridades federales estaban clausurando sus cenotes (y esos sellos no fueron simbólicos”.

“Nos avisaron cuando veníamos regresando de la marcha; la gente que los vio se había adelantado y los detuvieron (a los inspectores de Profepa)”, cuenta May.

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Asegura también que los funcionarios federales no llevaban orden de clausura, sino un documento de supervisión. Pero la gente, que ha pasado por un proceso de informativo de un año y medio, no los dejó. Los pobladores rodearon su camioneta, los obligaron a bajar, y los llevaron caminando, uno por uno, a cada uno de los cinco cenotes que habían clausurado sin orden y que, casualmente, son los más importantes de la región y están bajo la tutela de los dirigentes del movimiento opositor a la granja.

Así recorrieron cinco kilómetros de centros ecoturísticos. Luego del tercer sello, cerca de 30 policías antimotines los esperaban en la carretera, pero ni eso detuvo a los pobladores, que no se conformaron hasta que quedaron retirados todos los sellos. Incluso, cuenta José May, uno de los inspectores se sintió mal, “entre el calor y el miedo de ver a la gente tan enojada”. El hombre terminó en el hospital y los cenotes quedaron libres de sellos. Pero el problema no ha terminado.

Homún es un pueblo maya ubicado en el centro más importante de reserva de agua de Yucatán, hay dos decretos para que no se puedan construir está autorizando el proyecto y el inicio para que empiece a operar la granja porcícola. Esta semana, los ejidatarios y sus representantes legales, del Equipo Indignación, definirán la ruta que sigue. Pero están decididos: no van a permitir que pasen sobre el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación.

“Ellos vinieron para que se hiciera un conflicto, que hubiera golpes, y yo creo que pensando en una negociación”, reflexiona José May. “No dejaron ningún documento, no abrieron la boca, afortunadamente el pueblo se portó a la altura y no les funcionó, no hubo ningún altercado con la policía”.

“Nosotros estamos convencidos de que el poder judicial lo tienen comprado los empresarios, porque aquí en Yucatán la ley solo sirve para los que tienen dinero”, dice vía telefónica José May.

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Yucatán, mayas pelean contra molinos y cerdos

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