Sembrando Vida es uno de los programas insignia de la política pública mexicana del sexenio que termina. Ha sido objeto de escrutinio público y ha dado lugar a numerosas opiniones, muchas de ellas animadas por la oposición o la defensa del proyecto político actual. Este texto busca plasmar una visión matizada y situada de la operación del programa, con base en investigación desarrollada en el corredor Calakmul-Sian-Ka’an, al Sur de la Península de Yucatán, entre 2023 y 2024. Buscamos entender cómo se ve realmente el programa y qué impactos tiene en las comunidades agrarias, a través de testimonios de los involucrados, quienes nos ayudaron a comprender las perspectivas locales sobre el programa en diferentes ejidos del corredor
Por Leonardo Calzada, Mariana Benítez, Fernanda Figueroa, Camila Monroy, Alejandro Peña, Laura Schneider*
De acuerdo con el Gobierno de México, Sembrando Vida (SV) es un programa que, desde 2019, busca mejorar el bienestar social de los agricultores al atender dos grandes problemáticas que enfrenta el campo mexicano: la pobreza rural y la degradación ambiental. Para lograrlo, ofrece a los participantes un pago mensual, además de acompañamiento técnico para establecer parcelas agroforestales y facilitar redes de aprendizaje campesino. A cinco años de su lanzamiento, SV se ha consolidado como una de las políticas ambientales y sociales con mayor presencia en el territorio nacional, implementado en 23 estados de la república y beneficiando a más de 434 mil personas en casi 9 mil ejidos.
El estandarte de esta política pública agroalimentaria está enmarcado, entonces, en una lógica que busca colocar al pequeño productor como agente central de transformación; cambiar la visión de la agricultura de una actividad que promueve la deforestación y la degradación, hacia una que tiene el potencial de mantener la diversidad biocultural y reorientar el papel del estado para promover el desarrollo comunitario no desde una visión productivista o del agronegocio, sino desde la redistribución económica y del acceso a la tierra. Por supuesto, esto obliga a reflexionar sobre el efecto que han tenido las políticas públicas anteriores a SV en los ejidos, y sobre si este programa realmente se traduce en un giro de timón en las tendencias de degradación ambiental y en la reproducción de la marginación. No es la primera vez que se escucha sobre el potencial de un programa de gobierno para orientar el camino de los ejidos hacia la sustentabilidad ¿Puede SV aportar lecciones sobre la capacidad de las comunidades para transformar sus territorios si se les da la oportunidad, o es más de lo mismo?
Con el afán de contestar al menos en parte a estas interrogantes, hemos realizado un esfuerzo por recoger las voces en torno al programa vertidas en documentos oficiales, evaluaciones técnicas, literatura científica, artículos en medios y, en particular, la voz de los propios participantes en múltiples ejidos del corredor Calakmul-Sian Ka’an, una región clave que alberga una vasta biodiversidad y conecta dos importantes áreas protegidas: la Reserva de la Biosfera de Calakmul y la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an. Este corredor, ubicado entre Campeche y Quintana Roo, juega un papel fundamental en la conservación de ecosistemas tropicales, pero también está en el centro de debates sobre el impacto de políticas como Sembrando Vida y megaproyectos como el Tren Maya, que han generado preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental y las transformaciones socioeconómicas en las comunidades locales. A través de entrevistas y talleres, buscamos comprender las percepciones y experiencias de los ejidatarios en relación con la implementación de esta política y su efecto sobre el territorio, las comunidades y sus selvas.
Para entender por qué SV implica un cambio de paradigma respecto a la historia reciente de las políticas para el campo en México, es importante recordar el contexto histórico de las comunidades agrarias en nuestro país. Desde la década de 1990, se profundizaron los cambios estructurales asociados a cambios en la política económica mexicana, que dieron lugar a una fuerte crisis de la agricultura campesina. Se aplicaron políticas que favorecían a grandes propietarios, que promovían una agricultura industrializada y de exportación, así como la parcelación de los ejidos, como PROCAMPO y PROCEDE. En muchos lugares del país, lejos de fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, la política hacia el sector agrícola contribuyó a la concentración de tierras, al debilitamiento de los esquemas de propiedad social, y a incentivar la venta y la parcelación de tierras ejidales. Todo ello dio lugar a fuertes procesos migratorios y relegó la agricultura campesina y de subsistencia a una actividad marginal. En el corredor Calakmul-Sian Ka’an, este enfoque de política pública generó resultados mixtos. Por un lado, contribuyó a la dinámica antes descrita, pero por otro, PROCAMPO también jugó un papel diferente, ya que en algunos ejidos fue crucial para mantener subsidios importantes de cara a la implementación de políticas enfocadas a la conservación, a su vez teniendo un efecto importante en la tenencia y consolidación de los terrenos ejidales.
Esta dinámica pone de manifiesto tres importantes aspectos detrás de la política pública orientada al agro mexicano. En primer lugar, es importante notar que la implementación de cualquier política pública se ve profundamente influenciada por el contexto social, económico, político, cultural y ecológico de cada región; esto dificulta enormemente hacer generalizaciones sobre los efectos que tendrá un programa a lo largo y ancho del país. En segundo lugar, resulta notable la desconexión –y a menudo antagonismo – entre programas y objetivos gubernamentales dirigidos al sector productivo y aquellos enfocados en la conservación. Y, tercero, el carácter preestablecido de las políticas públicas, las cuales suelen aplicar una receta única para todas las comunidades bajo un esquema “desde arriba” que limita la posibilidad de considerar o adaptar las políticas públicas al contexto local en el que se aplican. El planteamiento de SV, en algunos aspectos reproduce estas problemáticas; sin embargo, ha mostrado capacidad adaptativa y ciertas particularidades, como su naturaleza multiobjetivo y una intención explicita de generar debates al interior de las comunidades para modificarse y permitir la retroalimentación “desde abajo”.
Pero antes de entrar en pormenores sobre su funcionamiento y lo que la hace demarcase de políticas como PROCAMPO es importante recoger algunas cifras sobre el contexto y el tipo de agro mexicano en el que inicia SV. Recordemos que su objetivo fundamental es transformar un conjunto de condiciones que prevalecen en el campo en México. A nivel nacional, los ejidos y comunidades agrarias manejan cerca de 80% de los bosques del país, los cuales enfrentan crecientes tasas de deforestación. Según CONAFOR, entre 1990 y 2000, se perdieron en promedio 190,000 ha anuales, cifra que disminuyó a 92,000 hectáreas por año entre 2010 y 2015, pero que aumentó nuevamente a 127,770 ha por año entre 2015 y 2020. Además, de acuerdo con datos de la CEPAL, 80% de las personas en ejidos y comunidades agrarias enfrentan condiciones de pobreza en alguna de sus dimensiones. Finalmente, el país importa cerca del 50% de los granos básicos que se consumen, lo que implica la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria.
Entonces, SV se propone como una intervención que busca mejorar el bienestar social y alimentario de los campesinos, al tiempo que contribuye a la reforestación de los bosques. Para lograr estos objetivos, el programa plantea tres líneas de acción: la entrega de un ingreso mensual directo a los campesinos para mantener una parcela agroforestal, la implementación de enfoques agroecológicos como estrategia de producción agrícola y de conservación, y el acompañamiento socio-técnico y la conformación de comunidades de aprendizaje campesinas (CAC) para el intercambio de experiencias y labor social.
El enfoque agroecológico del programa, tiene la intención de recuperar la cobertura de los bosques al permitir a los campesinos el incorporar algunas de sus prácticas tradicionales así como la utilización de especies nativas (hierbas, arbustos y árboles), buscando un equilibrio entre la actividad productiva y la conservación ecológica. Éste se pone en práctica desde el diseño de las parcelas, las cuales son de dos tipos de sistemas diseñados: un Sistema Agroforestal (SAF) y una Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF), las cuales en ciertos contextos brindan beneficios socioculturales, económicos y ambientales. Según las reglas del programa, las parcelas de SV deben establecerse en potreros, milpas abandonadas o acahuales jóvenes. Aunado a ello, las prácticas de producción y los insumos impulsados por el programa responden a este enfoque, como, la elaboración de biofertilizantes y la reproducción local de plantas en el vivero comunitario. El planteamiento agroecológico del programa rompe con una tradición de antagonismo con la conservación, desafiando las estrategias clásicas de conservación, estableciendo una integración entre la producción agrícola y la recuperación de la cobertura forestal y la conexión entre parches del ecosistema.
Ingreso mensual
En cuanto al ingreso mensual, este programa busca ampliar el acceso de los pobladores rurales a recursos históricamente limitados, como el capital financiero y la seguridad alimentaria, funcionando además como un mecanismo para distribuir de manera más equitativa los recursos en las zonas rurales, donde las oportunidades han sido desiguales. También representa una forma de reconocimiento a su labor productiva fuera de las estructuras tradicionales del mercado laboral. Aunque se prevén algunos cambios en su operación, actualmente el ingreso mensual es de $6,250 e implica el establecimiento de una parcela productiva de 2.5 hectáreas por cada productor, donde se siembran aproximadamente 2,500 plantas. Esta actividad requiere una inversión intensiva de mano de obra, así como la participación en las CAC, labores sociales y en los trabajos de seguimiento y evaluación por parte de los técnicos.
La operación del programa en cada comunidad está a cargo de dos técnicos, uno social y uno productivo. El técnico productivo guía a los participantes para establecer un vivero comunitario y una biofábrica. Estos espacios, creados y mantenidos por los agricultores, tienen como objetivo producir plántulas de árboles frutales y maderables, así como los fertilizantes e insecticidas orgánicos para su uso en el MIAF y el SAF, evitando con ello el uso de agroquímicos sintéticos. El técnico social, por su parte, se encarga de facilitar la organización de las personas en Comunidades de Aprendizaje Campesinas (CAC), que son grupos de entre 20 y 30 productores. Estas CAC tienen la finalidad de ser espacios para el intercambio de experiencias y conocimiento entre participantes y están inspiradas en la estructura pedagógica impulsadas por Paulo Freire. En cada comunidad hay, en promedio, de dos a cuatro CAC.
Debido a su magnitud, Sembrando Vida se organiza jerárquicamente en función de la ubicación geográfica de participantes y técnicos. Cada binomio de técnicos atiende a varias CAC, en un área que puede abarcar más de una comunidad. Los técnicos, a su vez, son coordinados por un facilitador, quien es supervisado por un coordinador regional, el cual da seguimiento a un conjunto de facilitadores en las diferentes comunidades de su área asignada, hasta llegar a los coordinadores regionales y nacionales. Además, a nivel local, los técnicos reciben apoyo de jóvenes becarios de la Secretaría de Bienestar, conocidos como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, quienes colaboran en labores administrativas y de seguimiento. En su última etapa, el programa Sembrando Vida inició un proceso asambleario, mediante el cual las CAC formadas en las comunidades eligieron a un representante y un vocero. Este proceso no solo tiene como fin organizar la participación de los campesinos en sus territorios, sino también garantizar una representación a nivel estatal y regional de las inquietudes y problemáticas que los campesinos enfrentan a nivel local.
El proceso asambleario de Sembrando Vida se inserta en una dinámica que ya es cotidiana dentro de los ejidos, donde las asambleas han sido históricamente el espacio principal para la organización comunitaria y la toma de decisiones colectivas. En estos espacios, los ejidatarios establecen las reglas de acceso a la tierra y los recursos, así como los mecanismos de organización interna. El programa, al integrar su propio sistema de asambleas, reconoce y refuerza esta estructura participativa existente, ampliando su alcance para incluir nuevas formas de asociatividad, como las cooperativas, y ofrecer un canal más formalizado para influir en las políticas públicas. Lejos de ser un proceso novedoso, las asambleas de Sembrando Vida se construyen sobre esta base organizativa, dándoles a los campesinos un mayor control sobre el diseño y la implementación del programa en sus comunidades. A través de este mecanismo, los participantes pueden adaptar las políticas del programa a sus propias necesidades y contextos, esto puede fortalecer a las formas tradicionales de gobernanza ejidal que han permitido la gestión comunitaria de recursos durante décadas y puede promover la experimentación de nuevas estructuras de gobernanza y su interacción con la estructura ejidal.
La distribución equitativa, el carácter multi objetivo (productivo-conservación), el papel de los técnicos y el sistema asambleario son algunos elementos que han motivado serios debates y que deben discutirse de manera minuciosa por su impacto potencial. En este texto, nos centraremos en el primer elemento: la distribución. Aunque aportamos algunos elementos notables de los otros dos aspectos.
Estas tres líneas de acción, si bien generan dinámicas problemáticas que se mencionarán más adelante, identificamos que, pese a que no son los objetivos explícitos del programa, el funcionamiento del mismo a nivel local puede impulsar procesos de redistribución de la riqueza que identificamos en, al menos, tres dimensiones: económica, productiva y de tierras. Consideramos que estos procesos abordan problemáticas rurales importantes tales como la inseguridad alimentaria, la pobreza y el acceso desigual a la tierra y, su vez, observamos que fortalecen un sentido de pertenencia y dignidad. Para entender el impacto de estas problemáticas es importante considerar, además de los elementos que se han discutido en el texto, las desigualdades existentes dentro de los ejidos.
Distribución económica. Aunque el ingreso mensual se otorga de manera individual, es importante señalar que esos recursos también llegan a las comunidades y ejidos, circulando en la economía local a través de cuotas ejidales, renta de tierras o la compra de maquinaria en comercios locales. Una parte de este ingreso contribuye al sostén familiar, mientras que otra, debido a la alta carga laboral de las parcelas, se destina al pago de jornaleros y ayudantes para su mantenimiento. Esto significa que el ingreso individual se redistribuye tanto a nivel familiar como comunitario. Además, otro aspecto relevante de esta redistribución económica son los sistemas de ahorro y préstamo impulsados por las CAC que, aunque forman parte de las reglas del programa, han facilitado un apoyo colectivo y financiero para enfrentar situaciones como problemas de salud, movilidad de representantes, compra de plantas o provisión de alimentos durante los tequios o fajinas, que son las jornadas de trabajo comunitario.
Distribución de la producción. Debido al carácter agroecológico de las parcelas, la productividad agrícola es alta, diversa y constante, lo que permite que los productos se procesen, intercambien y consuman. Esto tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria y económica, tanto familiar como comunitaria. Los cultivos pueden utilizarse para alimentar a la familia del dueño o dueña de la parcela, y en algunos casos, también se reparten entre las familias de los jornaleros y ayudantes. Por otro lado, el excedente puede integrarse en la economía comunitaria a través de dinámicas de compra, intercambio, venta o transformación de los productos, así como la creación de mercados, cooperativas y puntos de venta. Si bien una de las dificultades es la distribución de los productos, las CAC juegan un papel clave como plataforma para la formación de mercados locales. Esta distribución equitativa de los recursos es esencial no solo para la seguridad alimentaria a nivel familiar y comunitario, sino también para fortalecer la economía regional.
Distribución de la tierra. La tercera dimensión que identificamos de los procesos de distribución equitativa de los recursos se manifiesta en el acceso a la tierra, un nodo central que sostiene a las comunidades rurales en México. El ejido, como propiedad común, enfrenta la expansión de la propiedad privada y actúa como la institución política donde se toman decisiones sobre el territorio. Tener acceso a la tierra ha permitido a los ejidatarios fortalecer su identidad y diversificar sus modos de vida, que abarcan no solo la producción agrícola, sino también actividades complementarias que mejoran el bienestar de las familias. Sin embargo, dentro de los ejidos, los ejidatarios constituyen una clase política con ventajas económicas, sociales y políticas sobre otros grupos, como los avecindados y pobladores, quienes no tienen acceso a la tierra. Esta estructura genera desigualdades, excluyendo a ciertas clases del sistema político y del acceso a la tierra. Además, el derecho ejidal generalmente se hereda a hombres, y pocas veces los jóvenes y mujeres logran integrarse al sistema, lo que los convierte en grupos generalmente excluidos.
Es importante señalar que, como detallamos a continuación, el programa Sembrando Vida ha generado disputas sobre la tierra, así como dinámicas de renta y apropiación de parcelas; no obstante, también ha permitido que avecindados y repobladores accedan a la tierra, primero a partir de las 2.5 hectáreas que exige el programa y, en algunos casos, promoviendo la compra interna y cesión de tierras. Dado que la tierra está estrechamente relacionada con la dinámica política y los mecanismos de gobernanza interna de los ejidos, las asambleas han generado discusiones y acuerdos que reflejan la importancia del acceso a la tierra. Este proceso ha llevado al reconocimiento de grupos que históricamente han estado excluidos, subrayando su relevancia en el mantenimiento de la vida comunitaria. A través de la modificación de los reglamentos internos, se facilita la inclusión de estos grupos, quienes ahora participan activamente en la conservación y el trabajo de la tierra. Estos procesos de distribución equitativa de los recursos que genera el programa permiten que los participantes se apropien del territorio, del trabajo y de las prácticas productivas, contribuyendo así a la construcción de espacios más justos. Según diversas entrevistas, campesinos y campesinas destacan que el programa ha contribuido a fortalecer su sentido de pertenencia y dignidad. Este esquema, además, desafía las nociones clásicas del desarrollo centradas exclusivamente en el trabajo asalariado, proponiendo en cambio una política de distribución equitativa que prioriza el acceso de los campesinos a los medios de subsistencia.
A cinco años del inicio de Sembrando Vida, se ha compartido abundante información sobre el programa a través de estudios académicos, evaluaciones y opiniones en medios de comunicación. Es importante mencionar los principales señalamientos que han hecho algunas de las opiniones críticas, pues en nuestra investigación en el corredor Calakmul-Sian Ka’an, como iremos comentando en la siguiente sección, observamos que algunos ya han sido atendidos o se han generado propuestas para solucionarlos. De manera general, identificamos tres tipos de problemáticas: las ambientales-productivas; las comunitario-organizativas y las normativo-operativas.
Ambiental y productivo. Se señala que algunos sitios se deforestaron para ser incorporados al programa. Por otro lado, existe preocupación por la selección de especies; por ejemplo, en lugares como Oaxaca, se menciona que a menudo los árboles no eran los adecuados para el clima o el terreno. Esto se ha interpretado como una falta de consideración hacia las prácticas agrícolas tradicionales y locales. Otra preocupación tiene que ver con las dificultades que enfrentará el aprovechamiento de las parcelas forestales a futuro debido a la falta de planes de aprovechamiento o de registro en el inventario forestal cuando se trata de especies protegidas.
Comunitario-organizativo. Se ha criticado a las CAC debido a su estructura vertical, que ignora los vínculos internos en los ejidos, los lazos familiares y la equidad de género. Esta falta de inclusión, según las evaluaciones, puede generar tensiones y divisiones en las comunidades. Por otro lado, el programa se enfoca en la entrega directa de dinero a cada participante, priorizando al individuo sobre la comunidad. Esta individualización del apoyo podría debilitar los lazos colectivos que tradicionalmente han sostenido las economías ejidales, como las prácticas del tequio, erosionando el potencial comunitario de los beneficios. Esto podría invisibilizar el impacto positivo que podría lograrse a través de la acción colectiva, afectando la cohesión social y comunitaria a largo plazo. El fortalecimiento de la comunidad, la solidaridad y el trabajo compartido—elementos esenciales en muchas comunidades rurales—podrían verse debilitados en favor de un enfoque que promueve la autosuficiencia individual sin necesariamente garantizar el bienestar colectivo. Además, el apoyo individual y limitado a un número reducido de personas dentro de la comunidad puede profundizar las inequidades existentes, facilitando la creación o el fortalecimiento de élites locales, o incluso generando nuevas desigualdades. El ingreso proporcionado por Sembrando Vida, que en algunos contextos es considerable, puede generar tensiones y exacerbar desigualdades entre quienes reciben el beneficio y quienes quedan fuera del programa, debilitando aún más la cohesión social.
Normativo-operativo. En este caso, las críticas indican que la alta carga laboral y el lugar de origen de los técnicos, así como la falta de conocimiento detallado sobre los bioinsumos o las técnicas de siembra, han dificultado la implementación efectiva del programa. Además, se ha mencionado que podrían surgir futuros problemas en la tenencia de la tierra, ya que no todos los beneficiarios cuentan con títulos de propiedad de las parcelas e, incluso, algunos han rentado parcelas con la promesa de devolverlas al propietario al finalizar el programa.
Las evaluaciones realizadas también han abordado elementos positivos del programa. Se destaca que SV ha tenido un impacto significativo en la reforestación del país y que la organización social que lo acompaña, junto con el ingreso mensual, han mejorado las condiciones de vida de muchas familias que viven en municipios con altos índices de marginación. Además, se menciona que muchos productores han logrado cubrir sus necesidades de alimentación gracias a sus parcelas o mediante intercambios de productos al interior de las CAC.
En nuestro proyecto de investigación recopilamos diversas opiniones que permiten tener una visión matizada acerca del programa, lo que incluye tanto elementos positivos como negativos identificados en el corredor. A continuación, presentamos un panorama basado en las perspectivas de los miembros de las comunidades donde se implementó.
La deforestación es uno de los temas más controversiales relacionados a SV. De acuerdo con lo que escuchamos en nuestras visitas, durante la implementación, efectivamente, hubo eventos de deforestación en la península de Yucatán. Sin embargo, ésta no fue resultado del diseño del programa sino de un acceso limitado a la información por parte de los participantes, quienes, al saber que se trataba de un apoyo productivo para los agricultores, limpiaron sus terrenos sin contar aún con asesoría técnica suficiente, como mencionó un técnico del programa:
“La deforestación ya estaba cuando yo llego, ya está tumbado […] ya lo habían hecho sin conocimiento del programa… dije, bueno, pues aquí es momento de rescatar, ¿No?” Técnico productivo
Así, esperando un programa agrícola, se deforestaron o quemaron guamiles, acahuales y, en menor medida, parcelas de bosque, lo que es práctica común en la región y es usada para preparar la tierra para el cultivo. Sin embargo, esto no significa que SV haya promovido la deforestación directamente. Según los técnicos y participantes, las parcelas sólo pueden establecerse en lugares degradados como potreros, guamiles o acahuales jóvenes. La principal causa de estos eventos de deforestación fue la estrategia de comunicación al inicio de la implementación del programa. Como nos comentó un ejidatario:
“Todo el mundo estaba aprendiendo; por ejemplo, nosotros, la primera orden que nos dieron es limpiar, limpiar y sembrar. Pero muchos estaban acostumbrados al tipo de milpa ¿No?, la tumba, la roza y la quema. Entonces muchos malinterpretaron esa información, muchos se dedicaron a tumbar y a quemar para plantar, pero esta selva de acá pues prácticamente se planta sola, por decir los árboles tiran millones de semillas y yo, donde estaba en mi parte o donde está mi parcela, de las mil quinientas plantas que sembré en forestales, hay como tres mil que salieron solas” Ejidatario de Petcacab.
El testimonio muestra que SV, si bien significó el desmonte de algunos sitios, sobre todo en su fase inicial, ha promovido el establecimiento de plantas nativas y la regeneración natural de la selva, sobre todo en la porción del SAF. En lo que respecta al MIAF, este sistema tiene como meta contribuir a la seguridad alimentaria en las comunidades. Esto significa que todas las personas puedan acceder en todo momento a alimentos suficientes, saludables y culturalmente aceptables. Este tema surgió en las conversaciones con los campesinos de la región, quienes comentaron que el programa contribuye a esta meta:
“[Sembrando Vida busca] tener más cerca el alimento de todos. Esa es la jugada, para no estar esperanzado que venga de otros lugares…” Ejidatario de Laguna Om
Observamos que la mayoría de las parcelas de Sembrando Vida poseen una gran variedad de cultivos que forman parte importante de la dieta nacional, comoel maíz, la calabaza, el achiote y árboles frutales como el mango, el nance y el chicozapote. Hay sitios, como el Ejido Flores Magón, donde observamos más de 30 especies de cultivos diferentes que un campesino mantenía, replicando técnicas que había aprendido en el programa:
“[…] va la melaza, va la leche así lo saben ustedes para el bokashiy a mí me ha dado beneficio […] le pongo a la caoba que bonito se desarrolla, lo probé poco a poco y fui reduciendo [la cantidad de fertilizante] hasta que le busqué. No nomás para frutal, o sea, para árboles maderables, hasta para el maíz. Te digo porque el bokashi si le pongo así directo a la hoja de la sandía porque es más delicado. Me funciona bien, saco sandía de primera (de gran tamaño), cuando la sandía de la milpa antes era chiquitita”. Repoblador de Flores Magón
Los participantes del programa consideran una gran oportunidad que los alimentos se produzcan en la cercanía y, así, poder hacer frente a las necesidades diarias de alimentación con autosuficiencia y, lo que podríamos llamar, resiliencia. Por ejemplo, durante la pandemia de la COVID-19, la seguridad alimentaria se volvió muy importante por la interrupción de cadenas de suministro de alimentos y el riesgo a la salud que representaba la enfermedad. Un ejidatario nos cuenta sus reflexiones sobre la emergencia sanitaria:
“[E]sa pandemia nos enseñó mucho, nos enseñó que dinero y cosas así no se comen […], a mí no me queda otra que sembrar maíz, frijol, arroz, yuca, plátano; teniendo eso, híjole, no me muero de hambre […] Incluso me clavé toda la pandemia, la pasé aquí chambeando [en la parcela de SV] “ Ejidatario de Heriberto Jara
SV ha significado la recuperación de la agricultura en los ejidos. Con ello, se dio también el rescate de variedades nativas de maíz y árboles frutales, lo que es importante para la salud de las comunidades, pues la diversidad de los cultivos y los paisajes heterogéneos promueven que haya mayor disponibilidad de alimentos y beneficios ecológicos. Algunos ejidatarios comentaron que el programa permitió rescatar árboles frutales que se estaban perdiendo, mientras que otros combinaron sus parcelas de SV con sus milpas para sembrar maíz y otros cultivos:
“[N]uestros abuelos sembraban lo que son árboles frutales, aquí en nuestro patio pues. Sí hay árboles frutales pero sembrados por nuestros abuelos, con nuestros tatarabuelos por decirlo de esa forma, son árboles viejos… nadie le dio seguimiento a eso, nuestros papás se dedicaron más a la madera. Yo crecí entre árboles frutales aquí con mi abuelita, pues había mandarinas, toronjas, mangos, plátanos, de todo, aguacate, aquí había un montón de aguacates, pero los árboles se hicieron viejos y empezaron a morirse y nadie sembró más… El programa nos vino a enseñar a plantar árboles frutales… en esa parcela pues yo tengo mil árboles frutales, como entre aguacate, guanábana, mandarina, limón, coco, nopales, de todo.” Avecindado de Petcacab
El programa ha tenido efectos importantes en la economía de los ejidos y está promoviendo la dinamización de la economía en las comunidades, ya que los ingresos que perciben los participantes incentivan el mercado local, como nos narra un avecindado:
“Lo principal, pues, en lo económico… ha venido mucho ingreso al pueblo y ese dinero va girando aquí en el pueblo. Mucha gente se dedica a vender comida y pues, hay un poco más de dinero [para comprar comida para llevar]” Avecindado de Petcacab
Además de fomentar nuevos vínculos económicos y promover la aparición de negocios, SV ha revitalizado economías alternativas tradicionales, con prácticas como el trueque y el regalo, que en algunas comunidades habían sido olvidadas:
“De mi caso muy particular [de SV] dependemos tres familias… ¿Cómo van a depender tres familias?… yo percibo el ingreso, pero mi ganancia no es el ingreso, mi ganancia es lo que está cultivado… Entonces esos seis mil pesos yo se los paso a quien me ayude… Esa es la segunda familia… la tercera familia es cuando el muchacho que me ayuda y yo, no nos damos abasto en alguna actividad y tengo que contratar a otra persona para alguna actividad muy específica… Ahora te voy a platicar la parte que no es dinero… lo que se siembra ahí, los productos, yo los comparto con el trabajador… Maíz y frutas, en mi casa, no tengo pollos, no tengo puercos, pero el chavo que me ayuda tiene pollos y puercos, entonces vamos a medias“. Ejidatario de Laguna Om
El resurgimiento de estos intercambios es crucial para las comunidades, ya que pueden atenuar la vulnerabilidad en situaciones de cambio o crisis, al fomentar relaciones económicas más justas y facilitar el acceso a una mayor variedad de alimentos. En muchas comunidades, la falta de dinero en efectivo debido a la lejanía de centros urbanos con bancos se compensa con la abundancia de productos para intercambiar. Esto fortalece la convivencia y la confianza entre los miembros al compartir bienes. También, se promueve la creación de paisajes multifuncionales que impulsan las economías locales y combinan bosques y cultivos a pequeña escala que incrementan la sostenibilidad, pues integran las dimensiones ecológica y socioeconómica desde un enfoque de manejo local integral, dinámico y efectivo para la conservación.
El componente de organización social de SV ha generado cambios significativos en las comunidades. Las CAC han facilitado la resolución de conflictos y el intercambio de experiencias, semillas y conocimientos agrícolas. También, facilitaron la participación de ejidatarios en actividades de ayuda social, como la limpieza del pueblo, la creación de señalética, visitas a adultos mayores y colectas para apoyar a miembros con necesidades de salud. En una entrevista, nos comentaron lo siguiente:
“Hemos platicado lo importante creo que del programa […] Sí ha mermado la migración definitivamente, creo que [el programa] ha ayudado a las personas a tener reglas de convivencia, se han empezado a apoyar, ha habido más solidaridad, yo creo que esa es la palabra, solidaridad entre ellos. Son más empáticos con el dolor del otro, ya se conocen, entonces saben que, si le pasa algo, ya hay una identificación de mi grupo, mi ejido, mi parcela […]” Técnico social
Dentro de las CAC, se realizan actividades como la creación y mantenimiento de viveros comunitarios mediante fajinas (trabajo colectivo). De este modo, el programa también motivó redes de apoyo y colaboración, tanto dentro de los ejidos como entre ellos:
“Sí aumentó [las fajinas con SV]. Se aumentó más, porque íbamos hasta diez personas, antes íbamos tres, cuatro personas. Ahora no, hasta 10, 11 personas. Fíjate, hasta los que tienen Sembrando Vida aquí en [Unión Veinte, otra comunidad], aquí cerquita. Nos vienen a ayudar e íbamos hasta allá”. Ejidatario de Flores Magón
Las fajinas aumentaron también porque repobladores y avecindados pudieron ingresar a SV. Estos grupos suelen estar excluidos de la mayoría de los programas gubernamentales enfocados a las actividades productivas o a la conservación, ya que los apoyos están dirigidos en su mayoría a los ejidatarios. Estos grupos también tienen un acceso limitado a la tierra, a las utilidades que genera el ejido, y no se les permite el ingreso a las asambleas donde se toman decisiones importantes. Un avecindado nos comenta:
“[…] Hay ejidatarios que les tocó ese programa, porque habían proyectos que llegaban al ejido, pero son exclusivos para ejidatarios, entonces en ese aspecto pues la verdad no por hablar mal del ejido, pero también nosotros pues somos hijos de ejidatarios y deberíamos tener la oportunidad” Avecindado de Petcacab
La apertura en los procesos de participación no sólo permitió la inclusión de grupos subrepresentados, como avecindados y repobladores, sino que también generó espacios para que las mujeres desarrollaran actividades agrícolas en sus parcelas MIAF y milpas. También las alentó a participar en la recolección de semillas y en el cuidado de árboles maderables en sus SAF y en el bosque:
“Yo antes no conocía el monte […] y me daba miedo ir al monte. Pero ahora no, por ejemplo, cuando nos dicen los técnicos, ‘el 28 checamos parcelas’, yo me dedico 15 días. Hay que ir […] tengo que buscar a alguien que me apoye […]. Entonces agarro y me voy a mi parcela a ver el chapeo, cómo está mi parcela, si hay plantas muertas hay que replantar […]. Llevamos 250 plantas hasta que yo terminé de replantar, porque a mí sí me gusta que cuando me chequen mis técnicos, yo esté completa de las 2,500 [plantas].” Ejidataria de Petcacab
El ingreso de estos grupos de personas a un programa de apoyo rural es importante para el futuro de los ejidos, ya que una gran parte son jóvenes, quienes formarán el recambio generacional de las comunidades. Esto es muy relevante, pues un gran número de los ejidatarios son adultos mayores y otros lo serán en algunos años. Ello puede ocasionar debilidades en la gobernanza sobre las tierras, pues los adultos mayores tendrán menos capacidad física para trabajarlas cuando avance la edad y pueden surgir necesidades de salud que los orille a venderlas. Este problema es común en ejidos y comunidades agrarias en todo el país. Hoy en día, los jóvenes y muchas mujeres quedan a la espera de heredar un derecho ejidal cuando son familiares de algún ejidatario; o tienen que buscar medios para adquirir un derecho a un precio elevado:
“[L]a juventud también aporta mucho, en cualquier programa, porque, como le digo, los antiguos tenían su forma de trabajar, difícilmente lo van a dejar, difícilmente, y ahorita con la tala de madera y todo eso, pues los jóvenes, como yo les digo, la mayoría de los empleos de ejido, los realizan jóvenes y no son ejidatarios, entonces el ejidatario, él se beneficia y a nosotros nos benefician con el empleo, pero ellos se alejan del conocimiento…” Hijo de ejidatario Petcacab
El programa ha presentado importantes avances con respecto a la recuperación de la cobertura forestal y de las variedades agrícolas locales; la equidad de género y la redistribución del acceso a la tierra; la participación y organización social y la diversificación de las prácticas económicas. Sin embargo, los productores también externaron críticas hacia el funcionamiento del programa y señalan áreas donde la política puede mejorar.
En primer lugar, existe una fuerte preocupación ante la falta de claridad sobre la continuidad del programa y el papel de los participantes y los objetivos del programa a futuro. Esta preocupación incluso figuró en los pliegos petitorios que las asambleas estatales y regionales prepararon para ser entregados a los agentes de gobierno encargados de la implementación:
“Precisamente el día viernes, tenemos nuestra asamblea estatal […] Ahí vamos a dar a conocer […] el pliego petitorio que llevaremos, ya afinado con todos los técnicos. [El pliego contiene dos puntos centrales]. Uno, continuidad del programa […] Muchos, bueno, nadie se ha consolidado y buscamos que se consolide. Primero que nada, que el programa continúe, cuando menos, un sexenio más. Dos, de las cosas […] que estaban planteadas: caminos de acceso y agua para las parcelas. Queremos que antes de que se vaya este gobierno … caminos sacacosechas y agua para las parcelas. ¿Por qué? Porque ahorita, las parcelas están bonitas, pero en las épocas de estiaje perdemos todo lo que ganamos durante el año. Entonces la idea es que, si no se puede dotar de agua a cada parcela, cuando menos hagamos […] jagüeyes, pero que sean compartidos […] estratégicos.” Representante de CAC en asambleas territoriales
Otro aspecto importante fue la falta de claridad y acompañamiento técnico, sobre todo en la fase inicial del programa. Como ya vimos, esto estuvo estrechamente relacionado con la deforestación de sitios no aptos para el establecimiento de parcelas, con prácticas como roza, tumba y quema o el aclareo tradicional de bosque llamado socoleo. Con ellas, los productores buscaban preparar áreas de trabajo para lo que ellos habían escuchado como un apoyo agrícola:
“Yo mandé a tirar, como seis hectáreas, pagué la máquina, y todo […] estaba en cañada […] y solamente, al principio, no me dijeron cómo estaba ese asunto [de la selección de las parcelas], y yo, pum, tiré todo […] no se ponían de acuerdo. Al principio no hubo la información como debería de ser. Si hubiera sido así, no hubiera yo tirado lo que ya estaba que era maderable (Selva mediana), que era este, o sea, lo que había ahí estaba perfecto para lo que lo que pidieron que había que reforestar…” Ejidataria de Laguna Om
Otro aspecto importante fue la falta de inclusión en el programa. Al igual que muchas otras políticas públicas enfocadas en la conservación o de apoyo al campo, existen grupos poco representados: mujeres, jóvenes y adultos mayores. En algunas comunidades, únicamente se permitió la participación de menores de 60 años, excluyendo así a los adultos mayores, uno de los grupos en la población más desfavorecidos, ya que presentan un alto grado de dependencia hacia los familiares, un acceso limitado a apoyos del gobierno y a los servicios de salud. Muchos de ellos tienen la capacidad física, mental y el deseo de trabajar la tierra, además de poseer conocimientos sobre prácticas agrícolas y forestales tradicionales. Un ejidatario adulto mayor nos relataba:
“ ‘tuve casi como unos 35 años que trabajé con el sector forestal y me gustó la chamba, lo hacíamos para reforestar la montaña, después aprendí a hacer las cuadrículas (parcelas de aprovechamiento forestal), y todas las especies de la madera, y las enfermedades que tienen, pero luego me dicen, que el programa era para todos los jóvenes […] De 60, 70 no lo quieren.” Adulto mayor de Laguna Om
Otra limitación importante ha sido la tenencia de la tierra. Para ingresar al programa, se requería acreditar la tenencia de las parcelas. Los ejidatarios cumplían con esto, pues la mayoría poseía tierra suficiente. Sin embargo, los no ejidatarios (repobladores y avecindados) debían buscar quién les extendiera un arrendamiento o usufructo de alguna parcela. Esto plantea retos y preocupaciones importantes, pues muchos avecindados y repobladores tienen una alta probabilidad de perder acceso a esas parcelas y sus beneficios a futuro, pues los contratos de usufructo tienen fecha de vencimiento. Esto explica que muchos participantes con un acceso limitado a la tierra se hayan centrado en los ingresos mensuales y no en los que derivan del desarrollo de las parcelas, como los árboles frutales o maderables, pues estos serían disfrutados por otra persona. Es fundamental reflexionar sobre esta situación que rodea a quienes no tienen derechos sobre la tierra: ¿Qué pasará después con esas tierras y sus beneficios? ¿qué ocurrirá cuando termine el programa?
“Esa es la pregunta del millón, porque créame que es una preocupación, hay muchísima gente que hizo la cesión, el contrato dice que es por 10 años, cuatro después de que acaba el programa de Sembrando Vida, deberían de ser 10 años, que por mínimo van a respetar esos contratos o esas cesiones; pero yo, la verdad lo veo bien complicado, porque hay dos factores muy fuertes: primero, la tierra no es mía, en su totalidad nada más tengo el derecho de trabajarla y ese no le pongo el interés, porque al final no es para mí, al final se le va a quedar al dueño de la tierra […] Hay gente que no tiene la posesión de la tierra, nada más la tiene para fines del programa, entonces ellos ven que dentro de poco que se acabe el programa, pues ya, adiós, ¿No? [El programa] ayuda, pero a veces no es suficiente, porque dices, seis mil pesos, que te dé el programa, medio comiendo ahí con los gastos que uno tiene… Ahora súmale si le inviertes a la parcela [de la que no se es dueño], que hay que invertirle, entonces dices, no es lo suficiente […] pero no deja de ser una gran ayuda.” Ejidatario de Heriberto Jara
Desde nuestra perspectiva, SV tiene un potencial importante para el corredor Calakmul – Sian Ka’an: incentiva la organización social, puede reforzar la identidad y pertenencia a los ejidos, la resolución de conflictos, el trabajo colectivo, el compañerismo, la generosidad y la inclusión. El programa también promueve la revalorización de la agricultura, un proceso necesario para incrementar el número de personas que producen alimentos. Las parcelas de SV tienen el potencial de producir una gran variedad de cultivos, en cantidades suficientes para cubrir parte de las necesidades de alimentación de una familia, además de generar excedentes para la venta. Aunado a esto, cuando los árboles del SAF alcancen un tamaño considerable, se podrán aprovechar para la venta de la madera o como una fuente de materiales para construcción de viviendas. El programa además impulsa la creación de paisajes multifuncionales que pueden permitir la migración de especies entre parches, evitando así las extinciones locales y promoviendo un aprovechamiento comunitario que puede significar la configuración de nuevas formas de conservación más incluyentes, justas y que recojan las prácticas y conocimientos locales. De este modo, los paisajes multifuncionales no solo contribuyen a la conservación ambiental, sino que también facilitan una mayor justicia social al promover el acceso equitativo a los beneficios derivados de los recursos naturales.
Proporcionar dinero directamente a los participantes a través de SV, responde a lo que se ha definido como «la política de distribución directa», que empodera a los beneficiarios al eliminar a los intermediarios. Este enfoque reduce la dependencia de estructuras burocráticas y permite que las personas tomen decisiones inmediatas sobre sus necesidades. Avanzar hacia la universalización de este tipo de transferencias –y no a la focalización como se ha propuesto en algunas evaluaciones– es clave para promover una mayor equidad dentro del programa. Esto aseguraría mayor participación y acceso a los recursos y así mantener un papel activo en la economía agrícola y local. Además de que contribuye a la revalorización del trabajo en la parcela. La redistribución directa a través del SV contribuye a la creación de redes de apoyo más horizontales y robustas en las comunidades, eliminando barreras económicas y fomentando una mayor autonomía en el manejo de sus tierras y recursos.
En contraparte, nos parece importante que el programa garantice su continuidad y que aborde aspectos como la atención a la salud y la seguridad social, ya que los participantes dedican una gran cantidad de horas a las actividades que demanda el programa y una parte de ellos lo consideran un empleo. Además, el trabajo agrícola requiere un gran esfuerzo físico y llevar a cabo actividades que traen consigo riesgos, como el uso de herramientas y manejo de sustancias. Esto es particularmente relevante si consideramos que los problemas de salud son una de las principales causas detrás de la venta de tierras en la región.
Los posibles conflictos alrededor de la tenencia de la tierra son, a nuestro parecer, la principal problemática del programa. En las reglas de operación no se plantea una solución a largo plazo para la tenencia y la distribución justa de los beneficios de las parcelas. En el futuro, las personas que ahora tienen acceso a la tierra gracias a un usufructo o una renta perderán la posesión cuando estos contratos terminen y tendrán que devolver el predio, lo que podría traer descontento y disputas entre las personas de los ejidos. Si bien el programa sienta las bases para una redistribución más equitativa de la riqueza y la tierra, es necesario encontrar mecanismos que permitan la integración de nuevas personas a la dinámica ejidal –como los jóvenes y las mujeres– sin que se debilite a los ejidos a causa de una mayor parcelación de las tierras de uso común o el acaparamiento de tierra en pocas manos.
Desde el inicio del programa, los CAC y las asambleas estatales y regionales de SV han trabajado para solucionar los problemas surgidos a lo largo de la operación de la política. En la actualidad, el esfuerzo más importante se encamina a solucionar los problemas de control y acceso a las parcelas que afectan a los no ejidatarios, pero sin descuidar el equilibrio entre su incorporación a las dinámicas ejidales y la vida en comunidad. Este cambio se está gestando a través de modificaciones a los reglamentos internos ejidales, que funcionan como una plataforma importante para sentar las reglas de convivencia y proponer mecanismos que propicien una dinámica armoniosa; sin embargo, dada la extensión del programa, la diversidad de contextos en el corredor y las presiones sobre la tierra generadas por otros programas de gobierno y el Tren Maya, modificar los reglamentos internos plantea una ardua labor que requerirá de tiempo y dedicación por parte de los miembros de las comunidades y de un seguimiento respetuoso y propositivo por parte del Estado. Estas iniciativas tienen el potencial de contrarrestar las tendencias de privatización impulsadas por políticas como PROCEDE, fortaleciendo la gobernanza comunitaria y reconociendo la necesidad de incluir a actores tradicionalmente excluidos, como repobladores y avecindados, dentro del modelo colectivo de los ejidos.
Consideramos importante argumentar que las visiones que surgen de esta región y que compartimos aquí representan apenas una parte de la compleja diversidad que representan los ejidos y comunidades agrarias en México. El funcionamiento de este programa [al igual que muchos otros] depende fuertemente del contexto sociopolítico local, por lo que es difícil hacer generalizaciones a nivel nacional sobre su operación. Lo que encontramos aquí puede estar asociado con ciertos rasgos como la presencia de ejidos de grandes dimensiones, una fuerte organización social en los ejidos o una larga historia de políticas de conservación. Sin embargo, hay aspectos en el funcionamiento del programa que vale la pena destacar y que pudieran ser de gran relevancia para otros ejidos y comunidades agrarias en el resto del país.
Es pronto para vislumbrar los efectos de mediano y largo plazo que este programa traerá en los diversos contextos en los que se está implementando. Actualmente, SV está contribuyendo en catalizar reflexiones en los ejidos sobre temas como la redistribución de tierras, el uso comunitario de los recursos y la sostenibilidad ambiental, aspectos que muchas evaluaciones previas han dejado de lado. Consideramos que, si se escuchan las voces locales y se articula de manera efectiva la operación política con los ejidos, es posible obtener resultados positivos y resolver buena parte de las limitaciones que hemos discutido aquí. Esta región ofrece un ejemplo de cómo la operación de un programa puede verse fortalecida cuando se integra el conocimiento y las prácticas locales en las políticas públicas. Las experiencias del corredor subrayan la importancia de respetar las estructuras de gobernanza comunitarias y entender el territorio no solo como un espacio físico, sino como uno social y político donde la historia y las dinámicas locales juegan un papel crucial en la implementación exitosa de cualquier iniciativa de desarrollo y conservación.
*Una versión previa de este texto fue publicada previamente en el cuadernillo «Selvas y comunidades. Políticas públicas, desarrollo y dinámicas forestales en los territorios del corredor Calakmul-Sian Ka’an», elaborado por el grupo de investigación científica interdisciplinaria al cual perteneces sus autores.
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