Debemos levantar la voz por Hortensia Telésforo y por todos aquellos que han sido criminalizados por su activismo, como en Xochimilco. No se trata de favores, se trata de derechos.  Tratar este tema como una concesión es un insulto a la lucha por la justicia y la autonomía de los pueblos originarios

Por Nelly Segura

No, Martí Batres, la no criminalización de los activistas en Xochimilco no es un favor que deba pedir el Gobierno de la Ciudad de México. Es un derecho. Tratar este tema como una concesión es un insulto a la lucha por la justicia y la autonomía de los pueblos originarios.

Durante una protesta pacífica frente al edificio de la alcaldía Xochimilco para exigir el fin de la criminalización de Hortensia Telésforo —una maestra acusada injustamente de «despojo» tras rescatar una biblioteca comunitaria—, manifestantes fueron atacados por un grupo de encapuchados armados con palos y armas blancas. A pesar de la presencia de la policía, los agentes no intervinieron, dejando a los manifestantes completamente vulnerables.

El saldo fue de varios heridos y cinco detenidos, incluida la periodista Penélope Estefanía Galicia, conocida como Mayahuel, de Radio Zapote. La presión social y la intervención de diversas organizaciones lograron la liberación de los detenidos, pero las preguntas persisten: ¿quién dio la orden para que los policías se retiraran y dejaran a los manifestantes expuestos a esta agresión?, ¿quiénes eran los encauchad, ¿quién los envío?

Durante la conferencia del presidente López Obrador del 6 de septiembre, Batres fue cuestionado por los periodistas sobre la violencia en Xochimilco. En respuesta, el jefe de Gobierno manifestó su desacuerdo con la judicialización de los problemas sociales, hizo un llamado a resolver los conflictos mediante el diálogo y solicitó a la Secretaría de Gobierno realizar una reconstrucción minuto a minuto de lo sucedido para deslindar responsabilidades. Si bien es un paso necesario, no es suficiente. Los habitantes de Xochimilco merecen una disculpa pública, y es imperativo que se investigue a fondo quién dio la orden de retirar a la policía, dejándolos indefensos ante los ataques.

El caso de Hortensia Telésforo: Un ataque a la justicia comunitaria

La persecución contra Hortensia Telésforo, quien lideró el rescate de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan en Atlapulco, es un claro ejemplo de cómo las autoridades recurren a la criminalización para silenciar a quienes defienden los derechos de sus comunidades. Este espacio, abandonado tras el sismo de 2017, fue transformado en un centro cultural vital para el pueblo. Sin embargo, la alcaldía de Xochimilco, en lugar de reconocer este acto de justicia comunitaria, decidió presentar una denuncia penal en su contra por “despojo”, una represalia por su activismo en defensa del territorio y los derechos de los pueblos originarios.

Entrevisté a Hortensia, me dijo que no siente miedo, pero sí una profunda tristeza por las violaciones constantes a los derechos de su comunidad, que es fundamental para la cosmovisión de la ciudad y el país por generaciones. En un mensaje directo al exalcalde José Carlos Acosta, pidió que cesen estas acciones: «Esto tiene que parar».

Esta lucha nos pertenece a todos

La lucha de Hortensia Telésforo es la lucha de todos aquellos que creemos en la justicia, la autonomía y la defensa de las comunidades más vulnerables. No es un favor que el gobierno no criminalice a quienes defienden sus derechos. Es una obligación.

Es crucial que la alcaldía retire los cargos contra Hortensia y que se investigue de manera exhaustiva y transparente la violencia ocurrida durante la manifestación. La represión no puede ni debe ser la respuesta ante las demandas legítimas de los pueblos originarios.

Hoy más que nunca, debemos levantar la voz por Hortensia Telésforo y por todos aquellos que han sido criminalizados por su activismo. No se trata de favores, se trata de derechos.