La Fiscalía de Guanajuato gozó de presupuestos crecientes subejercidos: acumuló recursos en cuentas mientras se desprotegió a víctimas y aumentó ineficacia operativa

Texto: Carmen Pizano
Imagen: Juan José López Plascencia

GUANAJUATO.- En 15 años, el dinero nunca fue problema para Carlos Zamarripa, los presupuestos que le otorgaron cuatro gobernadores fueron holgados y crecientes en cada ejercicio. En cambio, la eficacia en la procuración de justicia se estancó: menos agentes del Ministerio Público enfrentan mayores cargas de trabajo; la Fiscalía del Estado, como ocurrió con la procuraduría, apostó por la prescripción de los delitos y la manipulación de las estadísticas antes que por el combate decidido a la impunidad.

Zamarripa acumula recursos sin ejercer en las cuentas bancarias del organismo, mientras áreas de la propia Fiscalía y del gobierno estatal responsables de atender a miles de víctimas de delitos han sido limitadas en fondos.

Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana, Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez, los últimos cuatro gobernadores del PAN, mostraron su apoyo incondicional al defender el trabajo de Zamarripa frente a las críticas por sus resultados desde diferentes sectores.

En 15 años el presupuesto ha crecido en más de 400 por ciento, superior a cualquier índice inflacionario, que suele ser el aumento que cada año se aplica a las diferentes áreas de la administración estatal.

De ejercer 1 mil 300 millones de pesos en 2010, pasó a tener un presupuesto de 5 mil 248 millones de pesos para 2024, aunque al cierre de la primera mitad del año apenas había gastado menos de 2 mil millones de pesos.

A pesar de los recursos que tiene, la Fiscalía de Guanajuato se distingue entre el resto de las fiscalías del país por la carga de trabajo que tienen los ministerios públicos. Hasta 2022, cada agente del MP tenía a su cargo alrededor de 271 carpetas de investigación, cuando el promedio nacional es de 157, mientras la organización México Evalúa estima que para 2023 el promedio de fiscales para Guanajuato se redujo a la mitad por cada 100 mil habitantes, lo que significa mayor carga de trabajo.

Guanajuato es referente nacional por los asesinatos violentos de mujeres, pero el Centro Estatal de Justicia para las Mujeres que depende de la Fiscalía General del Estado cuenta con la mitad del presupuesto que tiene la oficina de Carlos Zamarripa.

Así como el Centro Estatal de Justicia de la FGE atiende a las víctimas, otra área de la administración pública estatal que ha tenido que enfrentar la falta de presupuesto es la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), creada en el año 2020. Entre las consideraciones que han tenido los diputados locales con la Fiscalía está el permitir que conserven su fondo, a pesar de que las facultades para dar apoyos se trasladó a la CEAIV, y que éste, así como organizaciones de la sociedad civil, han pedido que el fondo de la Fiscalía se traslade a la comisión.

Una Fiscalía que guarda el dinero en bancos

Una revisión al presupuesto de la Fiscalía durante toda la gestión de Zamarripa revela que ha tenido subejercicios presupuestales que crecen año con año, recursos que en su mayoría pasan a ser de libre disposición o se quedan en las cuentas bancarias del Fondo de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito – que se encuentra inutilizado- y del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia, de donde se tomaría el dinero para que Carlos Zamarripa y sus colaboradores puedan retirarse con una pensión superior a la de cualquier funcionario de la administración estatal.

La Ley para la Administración y Disposición de Bienes Relacionados con Hechos Delictuosos, establece en el artículo 26 que el fondo puede servir para:

«Esquemas complementarios de seguridad social, reconocimientos y estímulos al personal ministerial, pericial y policial de la Procuraduría, pago de servicios de salud, medicamentos y demás gastos relativos a la atención médica, apoyo a descendientes o dependientes económicos de los integrantes de la Procuraduría que hayan perdido la vida con motivo de sus funciones…».

De los subejercicios, la Fiscalía está obligada a regresar a la Federación únicamente lo no gastado de las aportaciones que haya recibido del Gobierno Federal; sin embargo, el monto que regresa es mínimo comparado con el subejercicio que reporta. En 2023, no ejerció 8 millones de pesos de esos fondos.

Un año después de que el gobernador Juan Manuel Oliva nombró a Zamarripa como procurador de justicia, duplicó el presupuesto de la dependencia, de acuerdo con lo reportado al Censo Nacional para la Procuración de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En marzo de 2009, con el ejercicio fiscal iniciado, Zamarripa Aguirre recibió una Procuraduría General de Justicia con un presupuesto de 532 millones de pesos, pero en el primer presupuesto que le tocó pedir se duplicaron los recursos, al superar los 1 mil 300 millones de pesos ejercidos en 2010, de acuerdo con los reportes que presentó ante el INEGI.

Con base en los reportes a la cuenta pública que ha presentado la Fiscalía de Guanajuato a partir de su conformación como organismo autónomo, el dinero que deja sin ejercer ha superado los presupuestos anuales que tienen otras áreas que también atienden a las víctimas del delito.

Por ejemplo, tan solo en 2023, el subejercicio de la Fiscalía General del Estado, que fue de 637 millones de pesos, representa casi cinco veces el presupuesto que tuvo la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato (CEAIV). La comisión de reciente creación ha tenido que regatear sus presupuestos para poder dar atención a las miles de víctimas de la violencia en el estado.

Subejercicios de la FGE

En una consulta hecha a la CEAIV, habló de las áreas que urge reforzar, pero que por falta de presupuesto no han podido hacerlo. Se trata de la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto, con más personal de trabajo social, médicos y psicólogos para generar programas de atención a niñas, niños y adolescentes, así como a grupos de personas buscadoras.

”Que nos permita tener un diagnóstico de manera eficiente de las necesidades, tanto económicas y sociales de las víctimas y sus familias”, señaló la CEAIV.

En las cuentas bancarias de la Fiscalía, hasta diciembre de 2023, se guardaban más de 120 millones de pesos del Fondo de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, mientras que para la CEAIV los diputados locales autorizaron un fondo de apenas 45 millones de pesos. En el transcurso del año se pidieron a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración ampliaciones para poder atender las miles de solicitudes de apoyo. Para cerrar el año, fueron más de 104 millones de pesos entregados a las víctimas.

Por otro lado, la Fiscalía entregó poco menos de 2.5 millones de pesos en apoyos y dejó el resto del dinero en bancos, pero se resiste a transferir este fondo para que lo administre la CEAIV.

Si la CEAIV contara con el dinero que no aplica la Fiscalía, podría asegurar las medidas a las víctimas sin necesidad de pedir ampliaciones presupuestales de manera reiterada durante el año.

“Propondríamos un programa de reparaciones administrativas para víctimas de violaciones graves a derechos humanos y delitos de alto impacto que funcionaría de manera paralela al sistema judicial de reparaciones, al cual podrían acudir las víctimas… Dicho programa sería un proceso abierto y transparente de diálogo y consulta previa con las víctimas”, respondió la CEAIV al consultar qué harían con el doble del recurso para el fondo de víctimas.

La Ley de Disciplina Financiera establece que los ingresos de libre disposición -como son en su mayoría los subejercicios de la Fiscalía- se pueden destinar a la inversión pública productiva, o bien, se puede crear un fondo para compensar la caída de ingresos de libre disposición de los siguientes ejercicios. En el caso de la Fiscalía de Guanajuato cuenta con dos fondos que año con año crecen: el Fondo de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito y el Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia.

Este último, al cierre de 2023, guardaba en el banco poco más de 217.5 millones de pesos.

Es de esta última cuenta bancaria de donde presumiblemente saldría el dinero para que Carlos Zamarripa y cerca de 6 mil de sus colaboradores puedan cobrar una pensión superior a lo establecido por la legislación.

Unos meses antes de dejar el cargo, el fiscal decidió reformar el reglamento interior de la Fiscalía, sin la obligación de que las modificaciones pasen por el Poder Legislativo, para complementar la jubilación establecida en la legislación.

Frente a diputados en el Congreso del Estado, desde donde la oposición reprochó los cambios en la jubilación, Carlos Zamarripa llamó “hipócritas” a quienes lo criticaron por ampliar los beneficios de su jubilación y defendió la decisión al señalar que se trata de reconocer el trabajo de quienes arriesgan su vida en las tareas de investigación.

El recurso de ambos fondos proviene de bienes abandonados, decomisados y aquellos sobre los cuales se haya decretado la extinción de dominio; además de multas impuestas por el Ministerio Público, aportaciones del Gobierno del Estado, aportaciones particulares que hagan de manera altruista, rendimientos de los fondos y por el pago de reparación del daño que afecte intereses colectivos.

En una consulta hecha a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) reconoció que los subejercicios pueden ser auditables en el ejercicio fiscal posterior, ya cuando se trata de recursos de libre disposición.

«Tratándose de recursos propios y estatales, mediante procedimientos de cumplimiento, se verifica la autorización presupuestal del ejercicio de recursos provenientes de años anteriores, por su órgano de administración en el ámbito de su respectiva competencia o en su caso el reintegro correspondiente», señaló la ASEG.

Carlos Zamarripa va a tener una jubilación anticipada que le permitirá cobrar más de 100 mil pesos mensuales, después de que la gobernadora electa, la panista Libia García Muñoz Ledo se comprometió en campaña a que Zamarripa saldría de la Fiscalía General del Estado antes de 2028, año en el que termina su periodo.

Oficina del fiscal tiene más recursos que Centro de Justicia para las Mujeres

A pesar de los amplios presupuestos que tiene la Fiscalía de Guanajuato, hay áreas dentro del organismo castigadas con recursos limitados.

Por ejemplo, el Centro de Justicia para las Mujeres operó en 2023 con apenas 34 millones de pesos, en medio de la violencia que tiene a Guanajuato en vilo de una declaratoria de Alerta por Violencia de Género.

El estado es líder en asesinatos violentos de mujeres: aunque son pocos los casos que la Fiscalía tipifica como feminicidio, el número de homicidios dolosos de mujeres supera los que reportan otros estados del país.

Tan solo en 2023 la Fiscalía informó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad el homicidio doloso de 323 mujeres, y con corte a julio de 2024 sumaron otras 202 mujeres asesinadas que fueron consideradas homicidio doloso.

Para el cierre de 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad informó que fueron seis casos de feminicidio, pero en los primeros siete meses del presente año se reportan 11 feminicidios.

Por la violencia contra las mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) está por determinar si se decreta la Alerta de Violencia de Género para Guanajuato.

De la revisión que hicieron personas expertas sobre la situación de violencia contra las mujeres, el grupo de trabajo concluyó, entre otros aspectos, que una de las grandes problemáticas derivadas de la desatención que mantienen las autoridades ante los delitos de feminicidio y desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, tiene que ver con el registro del crecimiento de homicidios dolosos de mujeres y el decremento de feminicidios, y es que se advierte una apertura de carpetas de investigación sin perspectiva de género.

Sin embargo, la Fiscalía ha reducido el presupuesto que tiene el Centro de Justicia para las Mujeres. Entre 2022 y 2023 la reducción fue de 40 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de la cuenta pública.

Contrario a lo que sucede con el Centro, que se encarga de llevar los casos de violencia contra las mujeres, la oficina y el despacho del fiscal cada año tiene más presupuesto, aunque no todo es ejercido y forma parte de los subejercicios.

En 2023, a la oficina y el despacho del fiscal se le destinaron más de 143 millones de pesos, aunque no todo lo ejerció, pues guardó alrededor de 22 millones de pesos.

Presupuesto hay, pero cada año hay menos agentes del MP

En su estudio Hallazgos 2022, la organización México Evalúa promedió que por cada 100 mil habitantes, en Guanajuato había 7.94 agentes del MP o fiscales, muy por debajo de la media nacional que es de 12.9. Pero también, advierte que en 2023 el promedio de personal responsable de investigar disminuiría a la mitad, sin que existan explicaciones claras.

«Hay una reducción importante de personal y la carga de trabajo sube marginalmente año con año. Buscaba algunos datos sobre despidos o renuncias de fiscales, pero no pude encontrar algo que acompañe las cifras que está reportando Guanajuato», comentó Alejandra Hernández, investigadora del programa Justicia de México Evalúa, a unas semanas de que se presente el estudio de Hallazgos 2023.

El número de denuncias por delitos que recibió la Fiscalía de Guanajuato durante 2023 fue de casi 150 mil.

De acuerdo con la especialista, la disminución de ministerios públicos podría ser el resultado de la apuesta que haga el organismo a la contratación de más personal que investiga en campo, como agentes de investigación criminal; sin embargo, este dato no es público porque la Fiscalía lo clasificó como reservado.

«Si la estrategia es reducir el número de fiscales para dar paso a puestos que lleven investigaciones más técnicas, más científicas, basadas en evidencia, en trabajo en campo, eso sería positivo».

Alejandra Hernández señaló que los riesgos en la carga de trabajo de los agentes del ministerio público o fiscales, es que entre más asuntos tengan a su cargo, menos oportunidad tendrán de conducir adecuadamente una investigación.

La investigadora de México Evalúa recordó que un indicador importante que mide la capacidad de las fiscalías para investigar los casos y llevarlos a tribunales es el índice de impunidad.

En México Evalúa miden la impunidad tomando como referencia los casos que ingresan, los que estaban pendientes de años anteriores, contra los casos en los que se logra una respuesta efectiva: sentencias, acuerdos reparatorios, suspensiones provisionales del proceso o criterios de oportunidad.

En este sentido, la Fiscalía de Carlos Zamarripa aparece con hasta un 88 por ciento de impunidad directa; si bien, es de los estados con menor porcentaje de impunidad porque la media nacional es de alrededor del 96 por ciento, México Evalúa advierte que en los datos que reporta el organismo de Guanajuato hay un porcentaje alto de asuntos en los que no se ejerce acción penal.

«Este no ejercicio se puede deber a múltiples factores, es una caja que tiene bastantes opciones, pero lo distinguimos en dos grandes categorías: uno tiene que ver con que después de que se hizo la investigación el MP identificó que no se trata de un delito, pero otro tiene que ver con la extinción de la acción penal», comentó Alejandra Hernández.

La extinción de la acción penal se puede dar porque la persona que estaba bajo investigación murió, o que hay un excluyente de responsabilidad. «Pero hay una que me parece que es la norma, tiene que ver con la prescripción del delito por el transcurso del tiempo, ese es el caso de Guanajuato», apuntó la investigadora.

Alejandra Hernández precisó que en la dinámica de trabajo de los agentes del Ministerio Público, éstos se esperan a que prescriban los delitos para así cerrar la investigación mediante el no ejercicio de la acción penal, que son los casos no llevados a los juzgados, por lo tanto, son asuntos cerrados.

Y ahí en realidad no es que el fiscal hubiese hecho algo en este caso, sino que solo se esperó, se sentó a esperar a que el tiempo transcurriera para que el delito se prescribiera, y entonces lo cerró mediante un ejercicio. Eso es lo que realmente estamos viendo que está ocurriendo en la gran mayoría de casos de estos no ejercicios. No es que ahí la fiscalía de Guanajuato esté teniendo resultados contundentes en términos de cuántas sentencias logra, cuántos acuerdos reparatorios, cuántas suspensiones condicionales, sino que más bien está disminuyendo el universo de casos a través de este no ejercicio y equivale a casi la mitad de los casos que ingresan en un año.

De las casi 150 mil carpetas de investigación que abre año con año la Fiscalía de Guanajuato, casi la mitad de esos casos se van al no ejercicio. Así es como la Fiscalía depura los asuntos.

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Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.