El rol que jugó la iglesia católica durante la dictadura Argentina sigue bajo escrutinio, hay documentos y testimonios que evidencia que la iglesia estuvo al tanto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura

Por José Ignacio De Alba / @joseignacio

Desde los primeros días de la dictadura argentina (1976) la iglesia estuvo al tanto de los crímenes de lesa humanidad. El episcopado contaba con “suficiente información” sobre la violencia cometida contra la población. Estaban al corriente de las torturas, secuestros, asesinatos e incluso de la existencia de centros de detenciones. 

En la investigación “La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado”, elaborada por téologos e historiadores, pedido por la propia Conferencia Episcopal Argentina, se retrató el papel y actuación de la iglesia católica durante el agitado periodo de 1966-1983. 

En la obra, dividida en dos tomos, se logra reconstruir la información a la que tuvo acceso la jerarquía católica argentina y el Vaticano durante los días aciagos de la dictadura. Incluso, de los métodos utilizados por los militares. La institución religiosa decidió nombrar en la documentación interna a aquellos días como un “espiral de violencia política”. 

La información se reconstruye a partir de archivos de la Santa Sede, la Secretaría de Estado del Vaticano, el Consejo de Asuntos Públicos de la Iglesia, la nunciatura argentina y de la Conferencia Episcopla Argentina.  

Gracias al acceso a archivos sabemos que en 1976 los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina estaban al corriente de que el gobierno de la Organización Nacional secuestraba y torturaba personas. Además, se tiene registro de que decenas de personas acudieron a las puertas de la iglesia para que la institución mediara por la liberación de sus seres queridos. Por cuántos se intercedió, es un misterio. 

La información no solo corrió por los pasillos de las iglesias locales. El propio nuncio Pio Laghi estaba al tanto de lo que ocurría en Argentina. El silencio de la institución religiosa es escandaloso, incluso en los casos en que sus propios miembros fueron desaparecidos. 

Son de conocimiento común los desaparecidos de la Iglesia de Santa Cruz, el sitio ubicado en en barrio de San Cristóbal, era utilizado por familiares de víctimas de desaparecidos para reunirse. Hasta que el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada se infiltró en las reuniones y el 8 de diciembre de 1977 desató una cacería contra las personas que ahí se congregaban. 

Ahí fueron secuestradas las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, la monja francesa Alice Domon, y los militantes Ángela Auad, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. También secuestraron a Remo Berardo en su casa y a Horacio Aníbal Elbert y José Julio Fondevila en un bar donde solían encontrarse integrantes de la Santa Cruz. El plan terminó el 10 de diciembre de 1977 con el secuestro de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y la monja francesa Léonie Duquet.

Para ese momento el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, ya había sido asesinado. Además de la sospechosa muerte del obispo Carlos Ponce de León, en un accidente carretero.  La Junta Militar expuso la preocupación de que el marxismo se estaba “infiltrando” en la iglesia. La persecusión contra integrantes del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo es bien conocida. 

La responsabilidad de la iglesia tiene episodios poco investigados, por ejemplo la utilización de confesionarios como una red de espionaje para la dictadura. O incluso el papel que jugó el papa Francisco, que en aquellos años era provincial de los jesuitas argentinos. 

El papa escribió en “el Jesuita”, su libro autobiográfico: «Hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba, para abogar por personas secuestradas”. 

La investigación “La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado” da cuenta no solo del silencio de la iglesia. También de las reuniones que mantuvieron el episcopado y la Junta Militar. La dictadura quería mantener vasos comunicantes con la iglesia, para redimir los problemas a puerta cerrada. Pero también, buscó su apoyo. 

En una de las reuniones el famoso genocida Roberto Viola expuso en la comisión de enlace “La victoria a la que aspiran las fuerzas no puede alcanzarse sin el apoyo de la Iglesia”.

La investigación “La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado” es un primer acercamiento a al rol que jugó la iglesia durante la última dictadura militar, aunque los argentinos exigen que la documentación en manos de la institución religiosa se haga pública.