Ya hubo un antecedente: el Estado mexicano retiró las medidas cautelares al testigo directo de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Ahora, ese testigo se encuentra ilocalizable.

Lydiette Carrión

Soledad Hernández Mena es hija de Arturo Hernández Cardona. Por 11 años ha denunciado la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de su padre a manos de José Luis Abarca. Cabe recordar que éste fue presidente municipal de Iguala en 2014, durante la noche en la que las autoridades agredieron y desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Enn otras palabras: está vinculado tanto al caso de los 43 como –y muy directamente- a la ejecución extrajudicial de Hernández Cardona y otros colaboradores.

José Luis Abarca en un inicio fue uno de los principales sospechosos de participar en la desaparición forzada de los estudiantes. Sin embargo, hace unos años quedó prácticamente exonerado de los cargos, a pesar de que hubo muchos indicios de sus nexos con el crimen organizado de la región. Sin embargo,  continúa en prisión. Un juez lo halló culpable por el caso de Hernández Cardona, asesinado –según testigos por el propio Abarca– en agosto de 2013, un año antes de la llamada noche de Iguala.

Una de las personas que más ha exigido justicia es la hija de Arturo, Soledad Hernández Mena. Sin embargo, tres meses atrás el Estado mexicano decidió “apagar su botón de pánico”. No le informaron nada previamente. Ella notó que el botón no funcionaba, lo reportó continuamente sin respuesta, y finalmente, ante su insistencia, se le dijo que el Estado le levantó las medidas cautelares.

Hay un antecedente nefasto en todo esto: el caso de Nicolás Mendoza. Era  parte del equipo de Arturo Hernández y a él también se lo llevaron  cuando mataron a Arturo y a tres de sus colaboradores. Sólo que él y otros dos, lograron escapar. Nicolás denunció prácticamente desde el siguiente día el hecho: que Abarca no sólo ordenó la desaparición y ejecución de ellos, sino que fue quien disparó el arma. 

El caso jamás avanzó. Ninguna autoridad en Guerrero o el país hizo caso. Abarca siguió en impunidad. Sólo hasta la desaparición de los 43 estudiantes, cuando la mirada internacional se volcó al caso, las familiares de las víctimas fueron escuchadas.

Pero hace unos cinco años aproximadamente, a Nicolás también le levantaron las medidas cautelares de forma unilateral. Entonces él huyó. Hasta la fecha nadie sabe dónde se encuentra.

Hace unos años el juez federal Samuel Ventura Ramos desestimó los delitos de ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada, contra Abarca. Éste sólo está preso por el delito de secuestro contra Hernández Cardona y sus colaboradores.

“La verdad sí deja un sabor amargo”, narró Soledad Hernández Mena en aquel momento a Pie de Página. “Aunque le dan 92 años por secuestro”, la justicia federal nunca reconoció  ni el delito de desaparición forzada, ni la tortura cometida ni la ejecución extrajudicial.

Ahora, el Estado coloca en estado de indefensión y riesgo a Soledad y a otras familiares que han luchado por más de 10 años para obtener justicia.

Lydiette Carrión

Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).