Personas que buscan a sus familiares desaparecidos se reunieron en un conversatorio para demandar a las próxima afministración Federal que priorice la búsqueda de personas desaparecidas, su identificación y la restitución.

Texto: Camilo Ocampo
Foto: Redes sociales de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO.- Familias que buscan a un ser querido provenientes de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Morelos se reunieron en la Ciudad de México para compartir experiencias de búsqueda y reflexionar sobre lo que llamaron una “crisis forense”, producto de las malas prácticas, la negligencia y lsa irregularidades por parte de las instituciones del estado.

El encuentro se dio durante el conservatorio “Retos, Limitaciones y Deudas del Estado: exhumaciones con enfoque masivo en fosa común como una ruta de búsqueda de personas desaparecidas en México», organizado por Artículo 19 y el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), entre otras organizaciones.

Isabel Beltran Gil, representante del GIASF, afirmó que las fosas comunes en panteones son una de las deudas del Estado mexicano con las víctimas de desaparición y con sus familias. “Las exhumaciones masivas de fosas comunes en panteones, se ha convertido en una actividad de búsqueda cada vez más recurrente” aseguró.

La antropóloga forense, Helka Alejandra Quevedo, explicó cómo en Colombia la justicia transicional  contribuyó a que las Ciencias Forenses pudieran aportar datos para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, pilares y derechos innegociables.

Después de escuchar las ponencias de las expertas, las familias buscadoras solicitaron a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, que se implemente una política pública desde el estado, en materia de desapariciones forzadas e identificación, articulada en un Plan Nacional de Búsqueda Integral, que deberá incluir medidas de prevención de las desapariciones y análisis que revelen el impacto generacional de las desapariciones y sus afectaciones a la salud la salud mental y física.

Reclamaron que es urgente que el estado reconozca y atienda la crisis forense por medio de una política con un marco científico, además de encontrarse a la espera de un Plan Nacional de Exhumaciones sostenido sobre hipótesis de búsqueda e identificación, acompañado por un Plan de Intervención que explique el flujo de trabajo además que se mantenga y fortalezca la búsqueda en vida.

Recordaron que durante esta administración no se concretó un Banco Nacional de Datos Forenses, que es necesario para ordenar y contrastar las bases de datos genéticas de referencia entre las distintas dependencias encargadas de las búsquedas de desaparecidos.

Entre sus exigencias, las familias que buscan, mencionaron que es necesario que se promueva r la reparación de los daños y perjuicios sufridos, de una manera que respete su dignidad y derechos. En lugar de simplemente compensar económicamente o devolver bienes,

Hicieron especialmente énfasis en que tanto en el ámbito federal como estatal, debe ser prioridad en la búsqueda de personas el otorgamiento de recursos suficientes para la contratación de personal encargado de la búsqueda, la identificación y la restitución digna de quienes hayan sido localizadas sin vida.

Los colectivos de familias buscadoras, también le exigen a Claudia Sheinbaum, que la malas practicass de los servidores públicos ligados a la atención de búsqueda de personas desaparecidas, sean sancionados a fin de reducir la revictimización e impunidad.

Planteamientos regionales

De manera individual los colectivos presentaron planteamientos por entidad federativa

En primer lugar “Regresando a Casa Morelos” informó que es necesario que la Fiscalía de ese Estado presente expedientes y archivos básicos, que cuente con un catálogo de prendas y características individualizantes en servicios periciales, además de que exista presupuesto suficiente y se hagan perfiles genéticos y se tomen otros métodos biométricos de identificación.

En el contexto de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, “se debe conocer el destino final de los hallazgos de fosa común, panteón ministerial y fosas clandestinas hechos entre 2002-2024. Las familias urgen a la identificación de los 360 cuerpos cúmulos de SEMEFOS que fueron inhumados en el panteón ministerial sin identificar.”

Por su parte, el “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua” (CEDHEM) y el “Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte” mencionaron que es necesaria la implementación de personal capacitado para el resguardo digno de los restos que no es posible identificar mediante pruebas genéticas.

También consideraron que es necesario capacitar a agentes del Ministerio Público y de las Fiscalías estatales respecto a graves violaciones a los Derechos Humanos. Además, enfatizaron que no solo se debe trabajar casos individualizados, sino colectivos

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, dijeron que urge la implementación de políticas públicas a fin de atender de forma integral los procesos de búsqueda y para realizar, en su caso, restituciones dignas y favorecer la interlocución entre el SEMEFO y la fiscalía del estado, con orientaciones claras.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila hicieron un llamado a la siguiente administración, estatal y federal, a reconocer y atender científicamente la crisis forense, así como a la CNB de designar a la  persona titular por medio de consultas con las familias.

“Se requiere una política de Estado sobre crisis forense y desaparición, incluido un análisis de contexto con impacto generacional y una política que considere los impactos en la salud mental. En los estados fronterizos y en el país se requieren políticas binacionales de búsqueda de personas”

Para finalizar los colectivos “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, Luz y Justicia, Hasta Encontrarte» y “Proyecto de Búsqueda, Colectivos de Guanajuato” propusieron la realización de un Plan Estatal de Exhumaciones en la entidad,la cual deberá ser coordinada  con autoridades nacionales. 

“Se debe dar continuidad a las mesas forenses en el estado, con periodicidad trimestral. Los Mecanismos Nacionales como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), promovido desde lo local. Por último, se debe dar autonomía a los servicios periciales, reconociendo en ellos la participación a la que tienen derecho las personas buscadoras. Particularmente se debe establecer un Plan especial de búsqueda en pozos profundos y riego.”