Sin diálogo con las autoridades y con mujeres tildadas de provocadoras por la jefa de Gobierno de la ciudad. Así terminó la marcha de mujeres que demandaron a las autoridades que resuelvan el caso de una joven de 17 años que denunció que fue abusada sexualmente por cuatro policías de Azcapotzalco

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: María Fernanda Ruiz

En la calle los gritos no cesan. “¡No nos cuidan, nos violan!”, corean cientos de mujeres jóvenes enardecidas afuera de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En la recepción del edificio, un puñado de mujeres pinta los emblemas de la dependencia con aerosol. Algunas lanzan latas de pintura. Un cristal truena. Luego otro. Poco a poco la puerta de vidrio del edificio queda en añicos sobre el suelo.

Afuera, las jóvenes no dejan de gritar y exigir justicia. Hace una semana, una joven de 17 años denunció que fue abusada sexualmente por cuatro policías de la alcaldía de Azcapotzalco, quienes están bajo resguardo del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y podrían volver pronto a sus actividades en las calles.

Instantes después, una de las manifestantes toma el megáfono y a todo pulmón grita: “¡Nos dicen que estamos locas!”. Bajo sus pies, el vidrio roto cruje. “Pues sí, estamos bien pinches locas. ¡Porque nos están matando!”. Sus palabras resumen la euforia que marcó la manifestación.

“¿Creen que esto es agresión? Nosotras rompemos sus cristales y pintamos sus paredes porque cuando venimos a denunciar a este edificio, donde nos deberíamos sentir cobijadas, también nos sentimos agredidas”, dice en el Megáfono.

La muchacha, con jeans de batalla y botas negras, cuenta la revictimización que sufre cualquier mujer al intentar levantar una denuncia por violencia sexual en estas instalaciones. “¡Nos preguntan que si conocemos el nombre del agresor, o si es un taxi, si conocemos las placas!”, se queja.

Las agresiones a las instalaciones fueron la respuesta de las manifestantes ante la negativa de la Procuraduría de mandar un grupo de personas a hablar con las manifestantes.

Afuera, en la calle, Araceli Osorio toma la palabra. En cuanto empieza hablar todas las muchachas la escuchan. Araceli es mamá de Lesvy Berlín, quien murió estrangulada por su novio en Ciudad Universitaria en 2017. Desde entonces, Araceli no dejó de luchar por justicia. La Procuraduría le tuvo que ofrecer una disculpa pública por sus omisiones en la investigación del caso.

“El día de hoy, lo que acaban de ver es un sinónimo de hartazgo. Esto que está pasando, tiene que ver con el hartazgo que hay de las mujeres. Porque todos los días las noticias son las mismas. Mujeres violadas, mujeres asesinadas. Mujeres que no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad”.

Después, Araceli pregunta si se debe formar una comitiva para entrar a una mesa de diálogo. Inmediatamente las protestantes se organizan y un pequeño grupo se apresta a entrar. Entre ellas va también Norma Trujillo, activista de las Madres de Juárez. Su hija, como muchas otras, salió un día de la maquila y no regresó. 

Pasan los minutos, y el grupo de diálogo aún espera en los torniquetes de entrada al Búnker, como llaman a las instalaciones de la Procuraduría capitalina. Después de más tiempo, baja una funcionaria.

– ¿Traen su pliego petitorio?- pregunta.

– No, porque no había uno, lo tenemos en palabras, hablado- responde Norma.

– Entonces no lo traen…

Momentos después, se da la vuelta y se va. Desaparece entre las filas de agentes judiciales, musculosos hombres vestidos todos de negro y con cara de pocos amigos que resguardan la entrada al Búnker, por si acaso otra muchachita quiere volver a entrar a hacer desmanes. Nadie vuelve a bajar.

Antes de irse, la funcionaria deja un mensaje a las manifestantes: la Procuraduría pretende abrir una carpeta de investigación en contra de las responsables de vandalizar la recepción de sus instalaciones. 

Como respuesta, Norma le pide ponderar el valor jurídico de una vida contra el de unas puertas de vidrio. Después de todo, esta protesta es por la pobre actuación de la propia Procuraduría en el caso, y por las agresiones y omisiones que los propios funcionarios cometen de forma sistemática en contra de víctimas de violencia sexual. 

El caso

La semana pasada se dio a conocer el caso de una chica de 17 años había sido abordada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando regresaba de una fiesta. Cuando estuvo a punto de llegar a su casa, los cuatro policías la detuvieron y le dijeron que ellos la llevaban. La joven se negó, y siguió caminando hasta que los policías la alcanzaron, la subieron a la patrulla y abusaron de ella. 

Después de la noticia, las autoridades se apuraron a dar declaraciones. La jefa de Gobierno dijo que se había cesado a los cuatro elementos y que ya se investigaba su responsabilidad en los actos. Sin embargo, Jesús Orta, secretario de Seguridad, había asegurado que ninguno de los policías había dejado sus labores.

Días después, un trabajador de la Procuraduría filtró partes del expediente a la prensa, que difundió información delicada sobre la víctima. Esto causó que la joven decidiera no ratificar su denuncia y se abriera la posibilidad de que no haya sanción para los presuntos responsables.

Violaciones, perseguidas ¿por oficio? 

La marcha partió desde fuera del edificio de la Secretaría d Seguridad Ciudadana, donde el titular Jesús Orta recibió un puñado de diamantina rosa mientras daba declaraciones a la prensa.

Entre las mujeres que se dieron cita en esa sede previo a la marcha está Rosa María Cabrera Lotfes. Ella formó parte del Congreso Constituyente que redactó la Constitución de la Ciudad de México. A diferencia de muchas de las presentes, su rostro no presume la misma juventud. Todo lo contrario. 

“Yo estoy aquí no por un asunto de edad, sino por un asunto de seguridad y derechos”, dice. “Antaño ésta era la ciudad de los derechos por los que luchamos, y ahora todo está en el suelo”, lamenta. 

“Nosotras logramos que la Constitución fuera la gran carta de Derechos Humanos, en la que se garantizaban todos los derechos. Pero con lo que vemos que hacen las autoridades nos preguntamos ¿en manos de quién estamos?”.

Cabrera Loftes explica que hace un par de años, cuando se discutió la Constitución de la ciudad, se logró hacer que las violaciones se investigaran por oficio, sin necesidad de que hubiera una denuncia. Sin embargo, asegura que los legisladores encontraron una forma de echarla a perder. Ahora, si bien la investigación inicia por oficio, necesita de la confirmación por parte de la víctima. Sin esa ratificación, la sentencia no procede. 

“La ley habla de: justiciabilidad y accesibilidad. Pero eso no pasa. Ellos (los policías) saben muy bien qué policías andan a qué hora y en qué rondín. ¿Cómo es que no se hace justicia?”. 

‘Son provocaciones‘

Una hora después de que terminara la protesta la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum salió a dar un mensaje ante medios de comunicación. Aseguró de forma insistente que su gobierno no caería en ninguna provocación. 

“Esto es una provocación. Querían que el gobierno utilizara métodos violentos, igual que las que ellos utilizaron y nosotros por ningún motivo vamos a caer en provocaciones. Claro que va a haber carpetas de investigación por lo que ocurrió particularmente en la Procuraduría y ya será la propia instancia, la propia institución quien haga las investigaciones y que resuelva”, dijo sobre los hechos. “No son protestas, son provocaciones”.

Sobre el caso, aseguró que no se fabricarían culpables. Por lo que se continuaría con la investigación. Durante la marcha, uno de los cánticos de las colectivas hacía alusión precisamente a esa frase de la jefa de Gobierno, que ha repetido en otras ocasiones: “No fabricamos culpables, fabricamos violadores”.

Para esclarecer las investigaciones por la violación de la menor, Sheinbaum Pardo aseguró que pediría ayuda a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, para que sea una entidad externa que pueda ver el caso también.