En Venezuela puede haber un regreso al escenario de 2019 –cuando la oposición erigió una presidencia paralela y reconocida por 50 gobiernos-, justamente aquel del que con esta elección querían pasar página el oficialismo, la oposición y los actores internacionales de uno y otro signo

Texto: Humberto Márquez / IPS

Fotos: Vía IPS

CARACAS, VENEZUELA. – La elección presidencial del 28 de julio en Venezuela, lejos de resolver o disminuir la crisis política, la ha acentuado con un poder atrincherado para mantener al gobernante Nicolás Maduro en la presidencia y una oposición movilizada y con gran apoyo internacional en sus denuncias de fraude.

“Es prematuro afirmar que el gobierno logrará su propósito de mantenerse en la presidencia, pero la intención de avanzar en su hegemonía es clara”, dijo a IPS Guillermo Tell Aveledo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos en la caraqueña Universidad Metropolitana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE, de control oficialista) proclamó vencedor a Maduro con 51.2 % de votos frente a 44.2 % de su principal oponente, Edmundo González, pero sin presentar los datos discriminados que corresponden a las 30 mil 026 mesas de votación, como ha ocurrido en una veintena de consultas electorales precedentes.

La coalición opositora Plataforma de Unidad Democrática, esgrimiendo más de 80 % de copias de las actas de votación en su poder, sostiene que el triunfo de González es abrumador, con 68 % de sufragios frente a solo 30 % de Maduro.

Esos porcentajes, equivalentes a 7.1 millones de votos para González frente a 3.2 millones para Maduro, corrobararían que una mayoría popular que antes sufragó por el fallecido presidente Hugo Chávez entre 1998 y 2012, o por su heredero Maduro después de 2013, esta vez dio un demoledor respaldo a la oposición.

“Es prematuro afirmar que el gobierno logrará su propósito de mantenerse en la presidencia, pero la intención de avanzar en su hegemonía es clara”: Guillermo Tell Aveledo.

Una oleada de protestas, surgidas inicialmente en barrios populares de Caracas y otras ciudades, con denuncias de fraude sacudió el país el lunes 29, y en su desarrollo y represión perecieron 17 personas, hubo decenas de heridos, más de mil detenidos, daños a bienes, e incluso cinco estatuas de Chávez fueron derribadas.

Maduro y los mandos militares denunciaron que en Venezuela se ha producido un “intento de golpe de Estado fascista”, del que culparon a González y a la líder más popular de la oposición, María Corina Machado, sindicándoles de actuar como engranajes de un plan desestabilizador impulsado por Estados Unidos.

“La desestabilización fue organizada por Estados Unidos con la complicidad del narcotráfico colombiano”, reiteró Maduro en una rueda de prensa el miércoles 31, en la que opinó que Machado y González “deberían estar tras las rejas”.

Se ha detenido a dirigentes y activistas opositores, así como a testigos de centros de voto en sectores populares, y el mandatario anima personalmente a pelotones de la Guardia Nacional que patrullan calles y barrios, exhortándoles a buscar y detener a quienes ha acusado de “terroristas entrenados en Colombia, Chile y Perú”.

La dirigencia opositora no se ha amilanado y, con un fuerte apoyo de gobiernos, instituciones de derechos humanos, y portavoces de las Naciones Unidas, reclama que se publiquen todas las actas de los centros de votación para que el proceso tenga una auditoría independiente y transparente.

De ese modo el juego está trancado, y la solución a la crisis política venezolana, arrastrada en todo lo que va de siglo, se aleja de la puerta de salida electoral, la recomendada por todos los implicados en su historia reciente.

Puede apreciarse un regreso al escenario de 2019 –cuando la oposición erigió una presidencia paralela y reconocida por 50 gobiernos-, justamente aquel del que con esta elección querían pasar página el oficialismo, la oposición y los actores internacionales de uno y otro signo.

Machado misma trató de eludir ese dejà vu, al indicar que “reiteramos nuestra disposición a participar en una negociación seria y urgente, para facilitar un entendimiento entre las partes, que facilite una transición ordenada apegada a la voluntad expresada el 28 de julio por los ciudadanos venezolanos”.

Reflectores internacionales

Mientras,  los reflectores de la política, la diplomacia y los medios internacionales regresaron sobre Venezuela, cuyo rumbo populista, izquierdista y de creciente autoritarismo ha sido un referente al seguir el imparable péndulo entre derechas e izquierdas en América Latina.

Pero, muy destacadamente, porque la crisis que ha vivido, con hundimiento de su economía y del nivel de vida de su población, empujó a migrar a cerca de ocho millones de personas, una quinta parte del país, y también de su electorado.

Los países vecinos han sido los más impactados por ese éxodo, con casi tres millones de venezolanos en Colombia, 1.5 millones en Perú, cerca de medio millón tanto en Chile como en Ecuador, y cientos de miles en Brasil, Estados Unidos o España.

Muchos gobiernos del hemisferio y de Europa abogaron por “elecciones libres” para superar la crisis de Venezuela, y se han topado con que la elección propuesta para dirimir el poder arroja un resultado que dista mucho de ser reconocido.

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay advirtieron sobre irregularidades en el proceso y pidieron al CNE la publicación completa de las actas de voto.

El gobierno de Venezuela cortó lazos diplomáticos con esos países, en una demostración de que no teme enfrentarse otra vez a un vecindario potencialmente adverso.

“El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales (…) Se infringieron numerosos preceptos de la propia legislación nacional”: Centro Carter.

Brasil y Colombia también pidieron la publicación completa y detallada de los resultados -en una iniciativa seguida más tibiamente por México-, sin reacción adversa de Caracas que, por años, ha visto como aliados políticos a los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro.

La Unión Europea y el Grupo de los 7 país más ricos hicieron la misma demanda. El mayor poder de exigencia es el de Estados Unidos, que mantiene fuertes sanciones económicas sobre autoridades -civiles y militares- y empresas estatales de Venezuela.

Se agregaron responsables del sistema de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de entidades internacionales de derechos humanos, con especial preocupación por la violencia y porque se reprima a la población.

En cambio, haciendo juego con la lucha de tendencias en el mundo, reconocieron prontamente el triunfo de Maduro gobiernos como los de Argelia, Bielorrusia, Bolivia, China, Cuba, Honduras, Irán, Nicaragua, Qatar, Siria, Turquía y Zimbabue.

En la OEA no pudo aprobarse el 31 de julio una resolución que demandaba la publicación completa de los resultados y criticaba la represión de las manifestaciones, porque alcanzó solo 17 de 18 votos necesarios, con las notorias abstenciones de Brasil y Colombia, y la ausencia de México.

Inmediatamente después de esa reunión de la OEA, el gobierno de Colombia informó que realizaba intensas gestiones junto a sus similares de Brasil y México para “crear las condiciones necesarias y buscar un acuerdo por la convivencia y la paz política en el país hermano”, Venezuela.

Guerra de actas

Maduro presentó el miércoles 31 una solicitud a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que “se aboque a dirimir este ataque contra proceso electoral, este intento de golpe de Estado, y aclare todo”, una medida que podría diferir la entrega de resultados y a la vez amparar su apresurada proclamación.

Todos los poderes nacionales en Venezuela están en manos oficialistas, y el Ejecutivo cuenta con el respaldo constantemente declarado de la Fuerza Armada.

El presidente también aseguró que su Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), tiene copias de 100 % de las actas de voto, que el CNE las publicará y que una investigación sobre ataques cibernéticos al sistema cómputos del poder electoral se adelantará en breve con la ayuda de expertos provenientes de China y Rusia.

Eugenio Martínez, director del observatorio electoral Votoscopio, dijo a IPS que probablemente sobrevendrá ahora una “guerra de actas”, entre las cifras y copias que se exhiban desde el poder y las que posee la plataforma opositora.

“Las actas originales las tiene en su poder el Plan República (la Fuerza Armada, que custodia el proceso), y los partidos tienen copias. Las máquinas (voto y escrutinio son procesos automatizados) emiten copias idénticas de las actas, de modo que su autenticidad se puede verificar con sus códigos”, explicó Martínez, uno de los mayores especialistas en el sistema automatizado de votación del país.

La oposición interna y los gobiernos extranjeros han planteado, como requisito para reconocer los resultados, que sean verificables de manera imparcial, lo que se dificulta porque algunas auditorías previstas para el sistema ya se obviaron, recordó Martínez, y por la ausencia de una observación creíble para ambas partes.

Una misión del estadounidense Centro Carter, que reivindica haber observado 124 elecciones en 43 países y fue invitada por el CNE, abandonó el país 48 horas después de la elección tras asegurar que no pudo verificar los resultados, y acusó “ausencia de transparencia” del árbitro electoral en la difusión de las cifras.

La elección “no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”, declaró el Centro, presentado previamente por el CNE como un observador muy confiable e independiente, y que ha sido veedor de la mayoría de los procesos electorales del país este siglo.

“El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, según el Centro, y además a lo largo del proceso “se infringieron numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

El documento también afirmó que la elección se realizó “en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación” y las autoridades del CNE “mostraron parcialidad en favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.

Aveledo dijo que “la intención del sistema es que la proclamación sea normalizada. Para eso emplea el anuncio de represión, entre general y selectiva”, aunque por otra parte “se percibe una gran unidad entre los sectores opositores, lo cual aumenta el incentivo para cerrar espacios desde el Estado”.

“Lo deseable es que el sistema recapacite ante las concesiones y presiones. Pero no parece hoy posible”, agregó el académico.

Por su parte, Maduro dijo tras pedir la intervención del Tribunal Supremo que “queremos continuar el camino que Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano y el fascismo nos obliga, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución, con otras características”.

Este trabajo fue publicado inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la publicación original.