Con la aprobación del llamado Decreto Seguridad Bis en el Senado italiano, quienes ayuden a los inmigrantes recibirán penas más severas. Las organizaciones que rescatan migrantes en el mar enfrentan el riesgo de cuantiosas multas y la retención de sus barcos

Texto: Cynthia Rodríguez

Foto: Archivo / Open Arms

MILÁN, ITALIA.- Los últimos días en Italia han sido más desesperanzadores que otros. Al menos ha sido así para los 121 inmigrantes que se encuentran a bordo de la nave Open Arms desde hace nueve días y que el sábado pasado, con el rescate de otros 39, se convirtieron en 160.

Si alguno pensaba que no podía haber peor fortuna que escapar de un país en guerra, caer en un centro de detención en Libia y vivir horrores inenarrables dentro, para después lanzarse al mar y esperar a ser rescatados, seguramente no sabía de los problemas políticos en Europa y, peor aún, las nuevas reglas que han endurecido el rescate de los inmigrantes en pleno verano.

Desde mediados de junio el termómetro en esta parte del mundo comenzó a subir. Las noticias dicen que Europa sufre el calor más fuerte de los últimos 70 años, y se siente. Las imágenes que muestran cómo se está descongelando Groenlandia o los incendios en Siberia parecen un signo del Apocalipsis que en África, de donde escapan millones, ya lleva muchos años más. Allá la guerra es por el agua, la sequía, las tierras explotadas, los alimentos que no alcanzan, las enfermedades que son una epidemia.

Por eso la noticia de los inmigrantes atravesando el Mediterráneo es cosa de todos los días y apenas el sábado por la mañana otra nave, la Ocean Viking, de Médicos sin Fronteras y la SOS Mediterranée, con bandera noruega, rescataron durante las primeras horas a otras 85 personas, el mismo número que apenas habían encontrado el viernes que viajaban sobre una lancha inflable. Pero la Open Arms no sabe a dónde dirigirse, ni dónde podrán desembarcar con 170 personas.

Malta, donde está el puerto más cercano, se ha cerrado. No deja acercar a ninguna nave ni para abastecerse de combustible. Los últimos inmigrantes que recibió fueron los 116 que la nave Gregoretti había rescatado a finales de julio, pero que tampoco pudo desembarcar en Lampedusa por “órdenes superiores”. El “No” de Matteo Salvini, ministro del Interior, los incluyó a pesar de ser una nave de la Guardia Costera italiana y los dejó en altamar hasta que la Comunidad Europea se hiciera cargo de todos los rescatados.

“No somos el campo de prófugos de Europa”, dijo, y después de tres días de estira y afloja, los inmigrantes desembarcaron el 30 de julio en Malta para repartirse en cinco países: Alemania, Portugal, Francia, Luxemburgo e Irlanda. En Italia, la respuesta negativa que habían dado a cualquier nave para llegar a algún puerto se oficializó hace cinco días.

El decreto de seguridad Bis

Desde que empezó su campaña en forma rumbo a las elecciones generales de 2018, Matteo Salvini tomó la inmigración como bandera política. Sus promesas comenzaron a tomar forma una vez que llegó al gobierno el 1 de junio del año pasado, y desde hace 14 meses trabajó para endurecer las normas que rigen lo que tuviera que ver con la inmigración.

Así, el lunes 5 de agosto el Senado italiano aprobó el llamado Decreto Seguridad bis, donde básicamente se castigan con penas más severas a quien ayude a los inmigrantes.

El documento está compuesto por 18 artículos donde se cambian algunas leyes sobre el orden público, las manifestaciones deportivas, pero sobre todo, lo que tiene que ver con inmigración, que se especifica en los primeros cinco artículos.

El decreto entró en vigor el 15 de junio y el 25 de julio fue enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación, sólo faltaba el paso por el Senado y aunque en estos días hubo muchas manifestaciones en contra, al final fue aprobado con 160 votos a favor, 57 en contra y 21 abstenciones. Se necesitaba una mayoría de 109 votos, por lo que esta ley la superó con alto margen.

En el artículo 1 establece que el Ministro del Interior puede limitar o prohibir el ingreso, tránsito o pausa de las naves en el mar territorial por motivos de orden y seguridad pública o cuando el Ministro crea que se ha cumplido el “delito de favorecimiento de la inmigración clandestina”.

El artículo 2 prevé una sanción que va de un mínimo de 150 mil euros a un máximo de 1 millón de euros para el comandante de la nave “en caso de violación de la prohibición de entrada, tránsito o pausa en aguas territoriales”. Como sanción adjunta se prevé también la retención de la nave y está previsto también el arresto en flagrancia del comandante de la nave que cumpla el “delito de resistencia o violencia contra la nave de guerra”.

Si el secuestro de la nave es confirmado por los jueces, la embarcación se convierte en propiedad del Estado que podrá usarla o venderla o también destruirla al cumplirse los dos años de la confiscación.

El artículo 3, que modifica el artículo 51 del código penal, para dar más poder a las procuradurías distritales y hacerlas competentes en todas las investigaciones que tengan que ver con el “favorecimiento a la inmigración clandestina”.

En el artículo 4 se establece un presupuesto de 500 mil euros para el 2019, un millón de euros para el 2020 y un millón y medio de euros para el 2021, para combatir dicho delito con policías y operativos encubiertos.

Asimismo, el artículo 5 tiene que ver con los fondos que se destinarán para regresar a los inmigrantes a sus países de origen. Este año se empezará con 2 millones de euros, pero puede llegar hasta los 50 millones de euros.

‘La solidaridad no es un crimen’

Las críticas no se dejaron esperar. Desde ese mismo día, manifestaciones frente al Senado y por todo el país comenzaron a surgir bajo el lema “La solidaridad no es un crimen”. Fuera de Italia las críticas no paran, sobre todo en estos tiempos de grande tensión en Libia. La Comisión Europea informó que estaba estudiando la compatibilidad con el marco jurídico europeo.

Mientras, Salvini manda decir a quienes comandan y capitanean la Open Arms, Ocean Vikings y Sos Meditarranée que se dirijan a los puertos de cada país de donde son estas ONG’s (España o Noruega en estos casos), y los amenaza de no acercarse a las aguas territoriales italianas, porque lo único que les espera son las cuantiosas multas y el secuestro de sus naves.

Aún así, este sábado la Open Arms presentó una nota a las Procuradurías de Roma y Agrigento (Sicilia) para que “verifiquen si todo lo que está pasando, no representa algún delito”, dadas las condiciones de los inmigrantes a bordo, donde hay bebés, gente enferma y lastimada.

El presidente italiano Sergio Mattarella, quien también firmó el decreto pero criticó lo “irrazonable” de las sanciones para quienes violan las aguas territoriales, también dijo: “Queda siempre la obligación de socorrer en el mar”.

De esta manera el texto debe corregirse, pero Italia acaba de entrar a una crisis política de gobierno que así como los inmigrantes de la Open Arms parece que esto también tendrá que esperar, por mucho que haya aparecido en escena Richard Gere y se haya movilizado por los inmigrantes olvidados en altomar.

Contenido relcionado:

El barco de la esperanza