Cientos de compradores de Grupo Inverco México, una inmobiliaria con sede en Mérida, Yucatán, acusaron a la empresa de cometer un fraude por más de 500 millones de pesos al no cumplir con las fechas de entrega de cientos de terrenos y casas tipo Townhouse, previamente convenidos en el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, 12 kilómetros al norte de la capital yucateca

Texto: Javier Cruz / Escuela de Periodismo
Foto: Especial Facebook, vecinos de Misnébalam

YUCATÁN. – “Se trata de un megafraude que afecta a cientos de compradores de buena fe que confiamos en un proyecto que nos lo vendieron aprovechando el boom inmobiliario que en estos años se detonó en la península (de Yucatán), gracias a las inversiones hechas en la región por el gobierno federal mexicano”, dice Carolina del Carmen Mora Cázares, mexicana radicada en Ohio, Estados Unidos, quien lucha por recuperar más de 80 mil dólares (1.6 millones de pesos) que invirtió desde 2021 en Misnébalam.

Agrega que, con su “actuar criminal”, Inverco México hace un gran daño no sólo a sus clientes, sino a la imagen internacional de Yucatán y México.

Por eso, exige la inmediata intervención del gobierno yucateco y de la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tratará de hacer llegar los detalles de lo que afirma es otro “cartel Inmobiliario”.

Otros denunciantes dicen que recurrirán a la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador del estado Mauricio Vila Dosal, a los ayuntamientos de Mérida y Progreso, a senadores y diputados del congreso local y federal, a la fiscalía general de Yucatán a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), para radicar acciones colectivas de queja, denuncias y demandas de carácter penal y civil.

Esto para recuperar su dinero y frenar la «arrogancia criminal”, la prepotencia, simulación, el “cinismo y malos tratos” que los accionistas de Inverco presuntamente aplican a diario en contra de sus clientes.

Los accionistas

Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Alberto Bello Mejía, constituyeron el 4 de diciembre de 2018, ante el Registro Público de Comercio y con la fe notarial de corredor público número 11, Patricio Solís Millet, la empresa “Inversión Colectiva Inmobiliaria, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” (Inverco, S.A.P.I. de C.V.) y ejercieron la administración colegiada, ambos como presidentes del Consejo de Administración. Así consta en el acta N-2018101607.

Rolando Bello Mejía, quien es sobrino del exgobernador priista Rolando Zapata Bello, renunció al cargo de secretario del Consejo de Administración en agosto de 2022 debido a que fue nombrado Notario Público de la notaría 113 con sede en el municipio de Progreso. Fue sustituido por William Armando Morales Heredia.

Dos años después, en Asamblea General Ordinaria fechada el 14 de febrero de 2024, ya en medio de la crisis por los retrasos en la construcción de más de 700 casas, de las cuales, en tres años, sólo se han construido 150 y la mayoría en obra inconclusa, Aguayo de Pau renunció a la Presidencia del Consejo, quedando en su lugar William Armando Morales Heredia y su hermano Rubén Rodrigo Morales Heredia en el cargo de secretario.

A cientos de clientes que pedían información sobre el rezago en la entrega de sus casas y otros más que solicitaron la devolución del dinero, reiteradamente se les informó que los problemas que enfrenta Inverco se debían a la “mala administración” del ingeniero Aguayo.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el pasado viernes 28 de junio, reapareció Aguayo De Pau, como “asesor externo” de Inverco, en una videoconferencia de zoom convocada por la empresa.

En menos de 20 minutos, y sin conceder el uso de la palabra a más de 400 clientes que seguían la transmisión, el fundador de esta inmobiliaria anunció que el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam carecía de liquidez y anunció la imposición unilateral de dos fideicomisos bancarios para resolver la crisis financiera de la empresa.

Eso luego de reiterados incumplimientos en la entrega de al menos 700 propiedades, o el reintegro de capital: un mínimo de un millón 100 mil pesos por comprador.

Aguayo de Pau, un empresario inmobiliario que dicta conferencias en youtube sobre “ética”, “excelencia” y “profesionalismo” en la venta de inmuebles, se presentó ese día, por primera vez, ante los azorados e inconformes clientes, con actitud de mando, como si fuese el verdadero presidente de Inverco.

Igualmente, de acuerdo con denuncias hechas por los quejosos en Facebook y por asesores inmobiliarios que apoyan a sus clientes, Rolando Alberto Bello, ya en su calidad de notario público con sede en Progreso, se presentó hace un mes en una junta de accionistas y empleados de la empresa para “ordenar” el arreglo total del conflicto.

El notario es sobrino del exgobernador Rolando Zapata Bello, excoordinador nacional de la Defensa del Voto en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, y a cuyo gobierno el mandatario panista Mauricio Vila Dosal acusó de cometer al menos 31 actos ilegales –desvío de recursos públicos y otras irregularidades financieras y administrativas por un monto de 533 millones de pesos-, acusación penal que se detuvo luego de integrarse en el estado la alianza electoral prianista.

Al exgobernador priista, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también lo demandó penalmente por un presunto desvío de recursos federales; 33 millones 530 mil 600 pesos. A la fecha se desconoce el estado que guarda la investigación ministerial.

Actualmente encabezan el Consejo de Administración de Inverco los hermanos William Armando y Rubén Rodrigo Morales Heredia, presidente y secretario, según acta inscrita en el Registro Público de Comercio de Yucatán el pasado 4 de abril, que es uno de los múltiples documentos mercantiles de esta empresa y de sus accionistas en poder de 4 Vientos.

El primero, afirman los quejosos, no se digna contestar las llamadas telefónicas y mensajes de texto que los clientes le hacen y envían para resolver el conflicto por la vía de la negociación.

Y el segundo se niega a firmar y/o cumplir con los addendums (agregados) de compromiso de reubicación que Pedregales de Misnébalam ofreció a todos aquellos que desean mantener una relación comercial con la empresa.

Tampoco entrega y/o firma los contratos de rescisión y devolución de capital a quienes no quieren saber más de la inmobiliaria.

El colmo, denuncian clientes que piden el reembolso de su dinero, es que la empresa incluye un párrafo doloso en los convenios de rescisión; el comprador prácticamente se autoacusa de incumplimiento, porque señala como causa, falsamente, que ya no puede cumplir con el contrato de compraventa debido a que enfrenta problemas económicos, “por motivos de la pandemia del covid-19”.

Otros accionistas que integran el actual Consejo de Administración son: Eyder Efrén Martín Chan y Eduardo Ignacio Manzanilla Masqueff.

Ambos aparecen citados mediáticamente como integrantes de otro grupo inmobiliario –CM Capital, S.A. de C.V.- que en el municipio de Umán (Kanasín), Yucatán, despojó de su propiedad (214 hectáreas) a Jesús Aldana Martínez para integrarla a los socios inmobiliarios que en Yucatán impulsó el exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo y su secretario de Finanzas José Manuel Sáiz Pineda, luego de que estos purgaron cárcel por desviar cientos de millones de pesos del erario.

Aldana Martínez, hombre de más de 83 años de edad, fue quien identificó a los ahora accionistas de Inverco, como actores, junto con Víctor Alejandro Paredes Aguilar, de una trampa que lo despojó de su propiedad a cambio de un supuesto pago de 21 millones de pesos.

“Con engaños me convencieron de que les entregara mis escrituras para que regularizaran 8 claves catastrales del predio. Alejandro Paredes se hizo pasar como mi apoderado y vendió las 214 hectáreas en 21 millones 433 mil de pesos a la empresa CM Capital. Yo me di cuenta de esto hasta un año y medio después, cuando fui a pagar el predial en junio de 2012”, contó el defraudado.

“A esos tres nunca los volví a ver, se hicieron ojo de hormiga; y claro que yo nunca recibí los millones que dicen me entregaron a cambio de mi propiedad”.

Capital de la especulación inmobiliaria

Pero este es tan sólo uno de múltiples casos de fraudes y despojos inmobiliarios que a lo largo de 6 años se han presentado en Yucatán.

En junio de 2023, el presidente del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Carlos Alonso Iracheta Carrol, afirmó que el problema de fraudes inmobiliario es tan grave en Mérida y sus municipios norteños, que ya se le cataloga como “la capital de la especulación inmobiliaria en el país”, por lo que las autoridades gubernamentales deben frenar, combatir y castigar el delito de manera inmediata.

Ese mismo mes, Iván Cervera, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), denunció en un comunicado el “crecimiento acelerado de denuncias” por engaños de fraccionadores y “loteros” que ofrecen “productos” con una mínima o nula dotación de servicios públicos.

“La falta de experiencia y profesionalismo se refleja en la calidad de la construcción, el incumplimiento en los tiempos de entrega y características prometidas, así como en la falta de servicios posventa, lo cual afecta a los compradores e inversionistas”.

La consultora “Uno Consulting” concluyó en un estudio que realizó en el primer semestre de 2021, que “la venta de lotes en Yucatán no tiene límites ni naturales ni legales. Es una zona geográfica plana y no existen regulaciones que controlen su expansión”.

Ninguna autoridad hizo algo por atender el problema que denunció el informe.

Y los pocos medios de comunicación yucatecos que han dado seguimiento al tema, tampoco han logrado llamar la atención o provocar la acción de las dependencias oficiales en los tres niveles de gobierno.

Los diarios regionales han publicado al menos 45 casos de fraudes y despojos inmobiliarios cometidos en Yucatán en los últimos 10 años.

En la revisión y análisis periodístico en hemeroteca virtual, 4 Vientos encontró que, en su conjunto, esos fraudes significaron pérdidas para ejidatarios y compradores despojados de origen local, nacional e internacional, por alrededor de cinco mil millones de pesos.

Los actos criminales, que en común gozan de impunidad, sucedieron en los municipios de Progreso, Conkal, Motul, Baca, Dzemul, Chicxulub Pueblo, Río Lagarto, Telchac Pueblo, Dzilam, Sinanché, Celestúm, Dzidzantúm, San Felipe y Hunucmá.

Ahí, miles de compradores de todo México y de diversos países fueron atraídos por criminales que “vendieron”, y siguen vendiendo la imagen de paz, tranquilidad, belleza, cultura, historia, seguridad, y crecimiento económico del estado.

La magnitud del problema se enfatizó en junio del año pasado cuando la Comisión de Vivienda de la cámara federal de diputados, que preside la legisladora petista Lilia Aguilar Gil, realizó en Mérida un foro sobre los fraudes inmobiliarios en la entidad.

Calificó esta práctica corrupta como “especulación pura y dura” y subrayó: “Es un delito y como tal tiene que ser atacado”.

Aparentemente, el proceso electoral se atravesó en la agenda de la diputada y de los demás integrantes de la comisión ya que al día de hoy -2 de julio de 2024-, no han informado que han hecho o van a hacer para «atacar» el ominoso delito.

4 Vientos está solicitando una entrevista a la diputada Aguilar Gil, reelecta el pasado 2 de junio.

Y el exregidor morenista por Mérida, Fernando Alcocer Ávila, también consideró, desde abril de 2022, que el congreso local debía revisar y actualizar «inmediatamente» la ley estatal de desarrollo inmobiliario, y la parte que corresponde a los ayuntamientos, porque la norma estaba rebasada por los actos delictivos que cometían -y siguen haciéndolo- particulares aprovechados y funcionarios corruptos.

“Vender no es ilegal, pero ¿cómo se llegó a fraccionar (terrenos irregulares)? Existen leyes que lo impiden y lo autorizan; entonces, es un asunto de corrupción”, afirmó el edil al diario ¡PorEsto!

También explicó el modus operandi de loteros y fraccionadores, trato que ahora padecen los compradores en Pedregales de Misnébalam.

“Exigen el pago puntual de los abonos por un lote, casa o condominio, o de lo contrario aplican penalizaciones severas que incluye la opción de cancelar el contrato y quedarse con toda la inversión del cliente”.

 Agregó: “Pero ellos se dan el lujo de permitirse tres o más años para realizar los trámites de posesión o división de los lotes, así como retrasar indefinidamente la entrega física y notarial (escrituras) de los bienes a los compradores”.

¿Solo negligencia la del gobernador Villa?

Pese a todos estos años de evidencias que confirman la presencia y constancia de prácticas criminales en un sector de los bienes inmobiliarios yucatecos, el gobierno estatal no reacciona.

Su actuación hace suponer a los clientes que está coludido con accionistas de malas empresas que actúan con total cinismo y prepotencia.

Por ejemplo, en las páginas digitales de Inverco y Pedregales de Misnébalam, al 1 de julio los accionistas continúan ofreciendo terrenos y condominios en régimen de administración interna –con precios mínimos de un millón 607 mil pesos por condominio-, y presumen tener desarrollos inmobiliarios en el sureste del país que superan los mil millones de pesos en ventas potenciales.

Ahí, la compañía invita a los interesados a invertir no solo en Misnébalam, donde hoy aceptan tener problemas de «falta de liquidez» y retrasos tremendos, de dos a tres años, en el cumplimiento de sus responsabilidades con los clientes, sino también en dos proyectos que auspicia Miguel Ángel Aguayo: Nova Vita Country Club, en Hunucmá, con lotes que van de 525 mil a 630 mil pesos; y Rancho Káaxnah, de 420 mil a un millón 120 mil.

El primer desarrollo Aguayo de Pau lo lanzó como accionista presidente de la empresa “Na Ha Gestor de Proyectos”, Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde también es accionista (como tesorero) Bruno Manuel De Matteis Solís.

Bruno es licenciado en Administración de Empresas y estuvo ligado a dos compañías –Control Total Q y Q Arquitectura Moderna- que recibieron, entre 2023 y 2023, contratos directos del actual gobierno estatal por más de 67 millones de pesos para crear infraestructura carretera, transporte masivo en el área metropolitana de Mérida, así como el Parque La Plancha que apoya el gobierno federal en la capital yucateca.

El segundo lo encabeza Aguayo de Pau a través de Inverco, representada igualmente por William Armando Morales Heredia.

Ambos compraron a Jorge Armando Noh Vera y María Teresa de Jesús Albornoz Heredia, personas de la tercera edad, septuagenarios y jubilados, un predio de 354.1 hectáreas con valor notarial de seis millones 791 pesos, operación que se liquidó entre diciembre de 2022 a marzo de 2023.

Ahora, Rancho Káaxnah, que se ubica en el municipio de Maxcanú, es el pilar de la negociación que Inverco, a través de Aguayo, propuso a los clientes de Misnébalam para resolver los problemas financieros de la compañía.

Destaca sobremanera un hecho: el lugar hoy tiene un valor comercial, según Aguayo, de mil 250 millones de pesos.

Así lo presumió el empresario en la videoconferencia al mostrar “Nuestra Propuesta de Solución”: la venta de dos mil 500 lotes, en 350 hectáreas del rancho, a razón de medio millón de pesos cada uno. Es decir, 181 veces más del precio que los empresarios pagaron por el predio hace apenas 15 meses.

Silencio cómplice

A todo esto, desde abril de 2022, el gobierno yucateco anunció estar “trabajando” en la actualización del marco jurídico del sector inmobiliario metropolitano y conurbano de la capital yucateca.

A decir del director del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), Carlos Viñas Heredia, la revisión debía incluir las leyes de Desarrollo Urbano y Vivienda, Asentamientos Humanos, Fraccionamientos residenciales, de Condominios, Nuevos Desarrollos y de Agua, esta última inexistente en la entidad.

Hasta el 2 de julio de 2024, el “trabajo” no rinde frutos.

De hecho, las secretarías estatales de Obras Públicas, Técnica de Planeación y Evaluación, de Administración y Finanzas, y la de Fomento Económico y Trabajo afirman que “corresponde a otro sujeto obligado” -sin precisar cuál- entregar a 4 Vientos información pública respecto al estatus de los trámites hechos por Inverco ante el gobierno de Yucatán.

Se trata de 14 trámites y documentos legales que debieron hacer, entregar y cumplir antes de iniciar la venta de lotes y condominios en 2019.

Desde el 21 de junio de 2024, igualmente 4 Vientos utiliza la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para solicitar información pública a los Ayuntamientos de Mérida y Progreso respecto a nueve trámites que la empresa debió hacer antes del inicio de operaciones.

Las dependencias municipales requeridas son las direcciones de Catastro; de Desarrollo Urbano; de Obras Públicas; de Servicios Públicos; de Administración; de Finanzas y Tesorería; de Desarrollo Económico y Turismo, así como las Unidades de Desarrollo Sustentable, y de Planeación y Gestión.

Hasta el 2 de julio, ambos gobiernos municipales no han contestado la petición de información.  De acuerdo con la PNT, tienen hasta el 7 de julio próximo para responder a la solicitud.

Sabían, pero simularon

Mientras tanto, en dos grupos que operan en redes sociales, compradores de diversos estados de la república, así como de países norteamericanos, europeos, centro y sur americanos en números que van de 700 hasta mil 200, expresan su inconformidad, malestar y angustia por el proceder “poco ético y profesional”, o de plano “fraudulento” de la compañía.

Afirman que los problemas comenzaron desde que compraron bienes en 2022 al no ser notificados por la compañía y sus asesores inmobiliarios, sobre los serios problemas administrativos y financieros que la empresa ya tenía por un presunto “cambio intempestivo” en los linderos municipales, al pasar la zona del fraccionamiento del municipio de Mérida al de Progreso.

Sin embargo, clientes y asesores afirman que accionistas y empleados de la empresa les comentaron, reiteradamente, que fue “la mala administración del ingeniero Aguayo” lo que provocó el fracaso, razón por la que el empresario supuestamente salió de la empresa.

A partir de mayo de 2023 Inverco empezó a incumplir masivamente con la entrega de casas pagadas por los clientes, lo que anuló las cláusulas del contrato de promesa de compraventa por parte de la empresa.

Fue hasta principios de 2024 cuando las empleadas de “Atención a Clientes” empezaron a llamar a los compradores que ya estaban por recibir sus casas, o que ya traían un rezago de varios meses, que la entrega sería hasta 2025, 2026 e incluso 2027.

También ofrecían reubicar a los consumidores en otros segmentos (clústers de 7 condominios) o etapas dentro de las 61 hectáreas del fraccionamiento, pero sin otorgar certeza en cuanto al tiempo de entrega.

Así, en las operaciones de venta que los asesores inmobiliarios de la empresa realizaron entre 2023 y este año, se cambió de manera unilateral y con información falsa o incompleta, el lote original que los clientes compraron dentro de la etapa 1 del “Plan Maestro” del fraccionamiento, aunque también hay decenas de casos similares entre los compradores de la etapa 2.

Nada se decía entonces de que Inverco enfrentaba una «crisis financiera».

El monólogo

Aguayo de Pau, quien aparece –o desaparece- como accionista en al menos otras cinco empresas diferentes (Edificaciones Chuumuk, S.A. de C.V.; Desarrollos Inmobiliarios en Acción, S.A. de C.V; Agube Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.; Imperia Cholul, S.A. de C.V.; y Embii Coefee Real Estate, S.A. de C.V., algunas creadas incluso con su socio principal, el ahora notario Rolando Bello Mejía, sobrino del exgobernador Zapata Bello, repartió responsabilidades del fracaso del proyecto cuando el 28 de junio recitó su monólogo ante más de 400 clientes silenciados en la videoconferencia porque jamás se les abrió el micrófono.

Culpó a los gobiernos municipales de Mérida y Progreso por “traslapar” los predios de la empresa; a la “burocracia excesiva” de la Comisión Federal de Electricidad porque retrasó la obra de electrificación; a la pandemia de covid-19 por el confinamiento social y económico; a los «exagerados» incrementos de los materiales de la construcción; y al retraso en la regularización del régimen de condominio en las dependencias oficiales.

Aseguró que él, los accionistas y los empleados del consorcio inmobiliario no son culpables de nada y que no tienen la intensión de declararse en quiebra o “faltar a nuestra palabra.”

Igualmente dijo que hay clientes a quienes ya se les entregó “su casa” y escritura, pero no identificó casos concretos.

Se sabe, en cambio, que los bienes entregados no llegan a dos decenas; que la construcción de la mayoría está inconclusa; que decenas de clientes ya pagaron, pero no se han hecho trabajos de desmonte y compactación en sus terrenos; que no todos cuentan con los servicios públicos prometidos ni pueden escriturarse por omisiones administrativas y de gestión imputables a la empresa.

Pero Aguayo afirmó que en este mes (julio) se entregarán 50 «casas», aunque tampoco precisó las fechas de entrega, y que los terrenos que se vendieron “están ahí”. Sí, pero sin desmontar y sin servicios públicos, en espera de cumplir un trámite administrativo: ¡escriturarlos a nombre de los nuevos dueños!

Luego, informó las cuatro posibles soluciones que los accionistas analizaron de manera unilateral: 1.- generar ingresos a través de nuevos desarrollos; 2.- revender las propiedades que los clientes adquirieron y ya no les interesan; 3.- obtener créditos inmobiliarios; 4.- que los clientes apoyen a la empresa promocionando nuevos desarrollos que generarán ingresos para el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Como la compañía no consultó ni escuchó la opinión o sugerencias de sus clientes, desechó la acción más justa y honesta: solicitar créditos inmobiliarios con garantía de pago a cargo de sus múltiples y valiosas propiedades.

Decidió por sí misma crear dos fideicomisos bancarios (uno de administración y otro de garantía y pago) que algunos clientes consideran serán inembargables si se crearon como irrevocables y el fideicomitente (la empresa que transfiere bienes y activos al banco fiduciario) no es el único beneficiario, como es el caso en Misnébalam.

Los Fideicomisos, dijo Aguayo, se alimentarán con la venta, a partir del 15 de julio, de los dos mil 500 lotes, con un valor en promedio individual de 500 mil pesos, del Rancho Káaxnah que se ubica 50 minutos al oeste de Mérida, rumbo a Celestún, y serán efectivos una vez que los clientes decidan firmarlos.

De todo eso habló el polémico ingeniero civil, pero no tuvo al menos un minuto para pedir perdón, disculpas a nombre de los accionistas del consorcio inmobiliario que fundó, por el grave daño emocional, patrimonial y moral que Inverco les ocasionó con su cuestionable proceder.

Tómalo o déjalo

La propuesta del «asesor externo» Aguayo y de los accionistas de Inverco, es el clásico “lo tomas o lo dejas”.

Los clientes solo tienen tres opciones, a cumplirse en plazos que van de dos a tres años y condicionado a la venta de los terrenos de Káaxnah:

A.- Aceptar y continuar con la entrega de condominios o lotes; B.- pedir, para muchos por segunda ocasión, la devolución de su capital; C.- inscribirse en un padrón de clientes que demandarán a la empresa.

Esta última alternativa varios compradores la consideran una burla porque la compañía no puede administrar o conocer previamente las denuncias o demandas penales y civiles que se entablarán contra ella.

De momento, Inverco abrió un periodo de citas, que pueden ser por vía digital, desde el 2 de julio, para que los clientes se apunten en alguna de las opciones, lo que permitirá que sean atendidos de manera «individual y personalizada» por la vía digital.

El periodo de citas quedará cerrado en septiembre de este año, sin importar si el cliente conoció y aplicó o no las medidas unipersonales que impuso la compañía para negociar.

La indignación

La respuesta de los consumidores al anuncio de Inverco fue inmediata en Facebook y en salas de conversación en Whatsapp. 4 Vientos hace aquí una síntesis de algunos comentarios de los afectados y en próximos trabajos periodísticos compartirá otros testimonios.

1.- De un hombre que radica en Mérida, Yucatán:

“Este señor pasado de peso, de apellido Aguayo, está dejando muy mal parado a todos los negocios inmobiliarios de la ciudad de Mérida. Su labor en el proyecto, del cual lamentablemente soy cliente, fue y continúa siendo de un tinte de principiante.

“Para más pruebas se hace un video de  20 minutos de información en donde no tiene la delicadeza de utilizar 1 segundo para pedir disculpas por el daño que está haciendo a varias personas y familias. Solo expone frases como falta de liquidez. Gastos excesivos. Costos extraordinarios. Burocracia excesiva, etc etc.

“Como si todo esto no fuera suficiente, la solución que propone es ayudarlo, a él y a su compañía Inverco, a promover un nuevo proyecto; o sea, nosotros los damnificados tenemos que brindarle ayuda. ¡Increíble!

“También pone énfasis en no obstaculizar en las redes sociales con comentarios del mal desempeño de la compañía porque esto no beneficiaría a su interés, pero asegura y garantiza que muy pronto estará arreglado el tema de Pedregales de Misébalan, ¡pero en un lapso de aproximadamente 3 años! Es lamentable la falta de tacto de este señor y de toda la compañía”.

2.- Otra cliente opinó­:

«¿Cómo es posible que si Aguayo salió de Pedregales de Misnébalam por mala administración, ahora esté a cargo del Rancho Káaxnah, un proyecto del que supuestamente ahora dependemos todos para que nos cumplan con PdM? ¿Cómo es posible tanto descaro?»

3.- Una chihuahuense alertó:

«Si alguien acepta entrar al fideicomiso, tendrá que firmar nuevo convenio, con ello echa abajo el único contrato que tenemos para defendernos: El Contrato de Promesa de Compraventa. Vigente, notariado y con fechas claras (ahora el mismo Aguayo aportó las pruebas de que el incumplimiento es imputable a INVERCO y no a nosotros). «Es necesario conseguir un abogado o abogada confiable, decente, que nos represente.

Cara dura el mentado Aguayo. Además, de pedirnos 2 a 3 años más (que pueden irse a 4 o 5) para seguirle subsidiando proyectos a INVERCO. Quiere convertir a cada uno de nosotros en promotor de sus proyectos inmobiliarios para atraer a otros incautos.

«Amigas, amigos: en cualquier lugar de la república, incluso del extranjero, se puede presentar la denuncia en Profeco. Una cliente que vive en Estados Unidos ya presentó su denuncia vía internet y ha recibido excelente atención. Yo presentaré mi denuncia en Chihuahua y voy a anexar el video de zoom de Iverco, porque es en sí mismo una autoconfesión de que es la empresa la responsable de incumplimiento.

«Recuerden que con grupo mínimo de 30 clientes se puede iniciar una Acción Colectiva en Profeco (denuncia colectiva) la cual tiene mayor fuerza. A esta denuncia pueden sumarse las que se vayan presentando en diferentes ciudades del país y del extranjero.

«Cuando crean un fideicomiso, el Fideicomitante (en este caso Inverco), mete al fideicomiso sus bienes. Y el Fiduciario (una institución bancaria) se encarga de la administración del fideicomiso (pagos, cobros, etc.) de tal manera que ya no tiene que responder Inverco a nuestras quejas, sino que tenemos que pelearnos con el banco. Si  Inverco mete sus bienes al fideicomiso, serían inembargables. Esto debemos indagarlo con los abogados

«Estos desgraciados de Inverco nos estuvieron dando esperanzas, pero en realidad todo fue una simulación, incluidas sus citas y sus contratos de reembolso, para ganar tiempo y crear ese Fideicomiso que a todas luces nos perjudica.»

4.- Otra mujer reflexionó:

«La matemática es simple: Aguayo habló de un proyecto entre 200 a 400 millones de ingreso, en caso de que les apoyemos a vender. Hay 100 solicitudes de devolución en promedio de 1 millón cada una. Hablamos de 100 millones solo de devoluciones (dicho por Eduardo Manzanilla). Siendo optimistas, si venden a lo más caro y obtienen los 400 millones, entonces estamos hablando que les quedarían 300 millones para construir el nuevo proyecto y concluir las casas faltantes. En Pedregales solo hay cerca de 35 casas construidas al cien, las demás están levantándose, se vendieron cerca de 700 casas y hablan de tener 150 para entregar en estos meses (por cierto, solo entregarán 50 al parecer y no en julio, como dijeron, sino en agosto) pero regresemos…

«Considerando que logren tener listas las 150 que prometieron, les restaría construir 550 casas para las 700 ya vendidas, Es más, denle holgura, que tengan que levantar 500 desde cero. ¿En verdad creen que con los 300 millones libres van a poder levantar dos proyectos, uno desde cero y el otro cuando no pudieron levantar 150 casas con el ingreso de las casi 700 vendidas?

«Según su explicación del por qué no cumplieron, las variantes siguen existiendo. No tienen el tendido de electricidad; por eso “la reubicación municipal”, el “gasto carísimo”, la “burocracia excesiva” y el “día a día los materiales de construcción siguen subiendo.” Entonces, ¿cómo van a cumplir? ¿Ahora si lo van a lograr?»

5.- Otro yucateco contó:

«Días antes del zoom platiqué con clientes que iban a viajar a Mérida desde Guadalajara (Jalisco). Les dije que estuvieran preparados porque los iban a recibir con bonitas palabras para preparar la noticia de la reubicación de su casa, que les iban a avisar cuándo y que no se preocupara, etc. Como la gente se va un poco más tranquila, después pasará otro tiempo de no recibir más respuestas. Conozco a otros 10 clientes y nadie tiene nada claro. La empresa ya ha dado otros zooms y prometen contactar tal fecha, prometen hacer addendums y ya pasaron 2 meses y nada. Otros más ya pidieron devoluciones. A una le contestaron que empezó el proceso de devolución, pero es todo. Cero comunicación».

6.- Un cliente de Chicago, Estados Unidos, expresó:

«Estoy al corriente con mis pagos, pero no sé si mandar más dinero o no porque me dijeron que no me devolverían lo que ya les di. Eso porque les adeudo y violé el contrato. ¡Eso le paso a mi pareja, que también compró!»

7.- Otra consumidora de Inverco cuestionó:

«¿Saben una cosa? Lo más preocupante es que los asesores (inmobiliarios) también se hicieron tontos y siguieron vendiendo como si nada pasará para ganar su comisión. ¿Acaso nunca nos enteraron de nada? Para mí eso quiere decir que ellos también son culpables. ¡Nada más nos vieron la cara!»

8.- Un meridiano anotó:

“Lo peor es que cuando preguntabas en Inverco qué sucedía te contestaban que por malos manejos la empresa se encontraba mal, y que el ingeniero Aguayo era el responsable de eso y ya no estaba en la compañía, lo que era lo mejor que podría haber sucedido. Pero, ¡Oooh sorpresa!, la cara que vimos en este zoom es nada más y nada menos que la de Aguayo. ¡Acaso no hay ningún otro nuevo representante legal? Y Aguayo hablando como el dueño de Inverco. Entonces, es una tomada de pelo, y todos los demás de la empresa son unos títeres”.

9.- Otro cliente denunció:

«Inverco debió entregar mi casa en Julio del 2023. Hace unos días me enviaron un video dónde la casa está a un 95% de avance y me hicieron la invitación para recibirla ya. Sin embargo, la cerrada no cuenta con pavimentación y puerta de acceso. Me reusé a recibirla en esas condiciones. No es aconsejable porque después los perjuicios de no tener pavimentación, iluminación, etc., los padecerá el cliente. Y si se llegara a declararse en quiebra INVERCO sería un pueblo fantasma, como la ex-hacienda de Misnébalam.

«También conozco a otro cliente que ya pagó su última mensualidad y es momento de qué ni siquiera han empezado la construcción de su casa. Le llamó una mujer diciendo que pertenecía al departamento jurídico de Inverco avisando de la reubicación del lote, pero al pedirle justo qué enviara por correo electrónico el aviso y el addendum quedo en enviarlo y es fecha de qué no recibe nada.»

10.- Respecto a la entrega de casas sin servicios, otro cliente manifestó:

«Hasta ahora no hay ni una sola privada terminada. Ni siquiera la primera que se entregó, que no tiene el portón eléctrico listo en el cluster para que entren sus propietarios sin tener que bajarse de su auto. Tampoco tiene la segunda capa de pavimentación y menos los pozos pluviales funcionando. Es decir, en 3 años no han terminado como debe ser ni siquiera una privada. Estas casas que la empresa «entrega» no se pueden escriturar ni los inquilinos pueden pedir servicio de luz. Así, al final no la pueden habitar ni ponerla en venta o renta.

«Conozco a una persona a quien le entregaron desde el año pasado, pero no puede hacer algo con ella y aun así tiene que pagar cuota de mantenimiento porque la piscina tiene el acabado Chucum y debe tener siempre agua para que no se rompa. Entonces, no la puede escriturar, no la puede rentar, no puede vivir en ella, y no puede amueblarla porque no hay caseta de seguridad, etc., etc. Hay clientes que conocen muy bien como están las condiciones de esas casas y no me dejarán mentir.

«Así que la persona viaja a Mérida para la entrega; antes le dicen que todo está listo y terminan firmando conformándose con al menos recibir la casa con promesas de que, en un par de meses, estará listo todo lo que está pendiente, lo que tampoco es cierto. «¡Y estamos hablando de solo 150 casas! Imagínense hacer 600 más desde cero, y desde cero me refiero a poner la propiedad a su nombre, hacer régimen condominal, permisos ambientales, factibilidad eléctrica y la construcción.

«Por cierto, construir con material que estará un 40% arriba de lo calculado al momento de hacer el contrato de venta, teniendo gastos administrativos de años encima, y teniendo que entregar con los acabados prometidos. Todo eso es de analizar antes de aceptar una entrega dentro de 2 o 3 años porque mientras más pase el tiempo, mayor es el riesgo de que surja alguna situación todavía más indeseable. Yo por eso recomiendo pedir devolución ahora que todavía no se gastan poco a poco los recursos que tienen».

11.- Y un cliente que estaba por recibir su condominio manifestó:

«Aquí he leído los argumentos de quienes abogan por recibir la casa en caso de estar lista, Creo que no han tomado en cuenta que no solo compraron una casa, sino todo un desarrollo inmobiliario con amplias vialidades, parques, una plaza comercial, una casa club, etc., que aseguraba la tranquilidad, la plusvalía del lugar y el bienestar de nuestras familias. Al recibir las casas careciendo de todos los servicios que prometió el desarrollador, y que existe la probabilidad real de que la empresa no continúe el proyecto tal y como nos lo vendió, ¿quién nos asegura que la empresa, que antes nos mintió, nos ocultó información y nos maltrató, va a cumplir con lo que ahora nos ofrece?

«En nuestro caso muy particular, nos debían haber entregado en el mes de marzo de 2023, más los 3 meses de gracia qué se firman en el contrato. Debimos haber sido notificados de la entrega en Julio de 2023, pero apenas nos dijeron que la casa está lista. En éste libre albedrío, ¿quién decidirá recibir su casa tal cual aquí se narra? Es su derecho único, irrefutable. Si por el contrario decide demandar o denunciar, mi sugerencia es que no sea individual o colectiva, ¡sino masiva!”

Ante arrogancia y cinismo, unidad

Por estas y otras muchas razones los clientes han comenzado un movimiento de unidad que -a pesar de aquellos compradores temerosos de que la presión “haga quebrar” a la compañía, por lo que resignadamente la respaldan- sí está creciendo luego del anuncio de Aguayo de Pau.

Clientes de Yucatán, de otros estados e incluso del extranjero ya presentaron y siguen presentando sus quejas en Profeco, en las oficias de cada estado obtienen asesoría gratuita para enfrentar a los empresarios inmobiliarios incumplidos.

En el siguiente enlace se encuentra la información relativa a las acciones que la Profeco puede emprender: Acciones Colectivas | Profeco

Clientes que ya presentaron su queja en la procuraduría federal comentaron a 4 vientos que Inverco evadió lo que dispone la Norma Oficial Mexicana (NOM) 247-SE-2021, que obliga a las empresas inmobiliarias dar de alta en la PROFECO los contratos de adhesión obligatorios y voluntarios que firman con sus clientes, a fin de evitar la presencia de cláusulas o condiciones ilegales, lesiva o desventajosas para el consumidor.

«Esperamos reunir a un mínimo de 30 afectados para convertir nuestras quejas individuales en una acción colectiva que presente la Profeco ante un juzgado civil de Mérida, lo que además simboliza un ahorro considerable en los gastos legales», manifestó Carolina Mora.

Ella destacó, muy molesta, que muchos de los afectados, varios de ellos personas de la tercera edad, invirtieron todo su patrimonio en el proyecto inmobiliario.

«Hablo de afores, ahorros, créditos bancarios, préstamos familiares, pensiones, jubilaciones… ¡todo!, porque creímos en la falsa ilusión que fraudulentamente nos vendieron estos delincuentes”.

Este trabajo fue publicado inicialmente en Escuela de Periodismo. Aquí puedes consultar la publicación original.