La explotación en los campos agrícola continúa, y las niñeces trabajan en condiciones de esclavos, mientras que los gobiernos expulsores y receptores no tienen ni idea de las graves violaciones a los derechos humanos que ahí se cometen

Por Kau Sirenio / X: @kausirenio

De acuerdo con la encuesta nacional que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de  3.7 millones de niños y adolescentes mexicanos, de 5 a 17 años de edad, se emplearon en labores no aptas para sus edades en 2022. Es decir: el 13.1% del total de la población infantil de ese año,,mientras que un 1.7% lo hizo en 2019. 

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, dijo al presentar la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, el 5 de octubre de 2023, que una de cada diez personas entre 5 y 17 años realizó quehaceres domésticos no adecuados.

El estudio reveló que el 10.7% de las niñas están ocupadas, así como el 15.5% de los varones en México, donde la edad mínima legal para trabajar es de 15 años en general y de 17 años para ocupaciones peligrosas.

Los niños se emplearon en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (39.2%), y las niñas en las ocupaciones de comerciantes y empleadas en ventas (24.7%), en condiciones deplorable. 

Es el caso del niño Javier Modesto Moreno, desaparecido el 15 de mayo de este año, quien además ha sido revictimizado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato (FGJG) y se le negó un interprete para que su papás pudieran explicar los pormenores de su desaparición. 

Para Javier, ser hijo de jornaleros agrícolas que no hablan español como primera lengua materna fue el motivo por el que las autoridades de Guanajuato no pudieran diseñar una estrategia de búsqueda. Esto, porque en México, si no hablas la lengua que se impuso a sangre y fuego, no puedes acceder a la justicia. 

De ahí que no cuestionar el racismo en México es querer tapar el sol con un dedo. Si bien es cierto que no hay una segregación como en Estados Unidos y África, la indiferencia institucional y social cala hasta los huesos.

En los surcos donde están más de un millón de niños y adolescentes en el corte de chile, jitomate, pepinos, fresas, mora, arándano, las cosa no ha cambiado para bien. Las mujeres trabajan bajo acoso sexual de los mayordomos o capataces, y no cuentan con guarderías donde dejar a los bebés antes de ir a la jornada. 

El problema no es que la comunidad infantil y adolescentes trabajen, eso no debería estar a discusión, lo que se cuestiona es la explotación laboral en el centro de trabajo, el abuso del empleador en contra de los menores y el raquítico salario que reciben por el trabajo extenuante que realizan día a día y aún así, no cuentan con seguro medico.

Además de los abusos, a la niñeces jornaleras se le niega el derecho a la salud, educación, esparcimiento deportivo, culturales, lingüísticos y alimentación; a pesar de que son los que cultivan y cosechan las frutas y verduras para el consumo en el mundo, aún es una utopía hablar de derechos humanos. 

En Guerrero, en reiteradas ocasiones escuché al gobierno de ese estado hablar de acompañamiento hacia los campos agrícolas. Varias veces los funcionarios dijeron que a los jornaleros se les acompañaba con una brigada de médicos y enfermeros y de maestros del Consejo Nacional de Fomento Educativo para que los niños reciban clases mientras trabajan sus papás.  

Con la desaparición del niño Javier, se ha desmoronado una mentira que se mantuvo por más de dos décadas en Guerrero. Lo cierto es que nunca hubo una investigación seria por parte de la academia y el periodismo para saber qué tan cierto es lo que decía el gobierno de Guerrero. 

En 2011, la senadora electa por Morena, Beatriz Mojica Morga, presumió que cuando fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero diseñó una estrategia de acompañamiento. Dijo que los jornaleros llevarían un kit de primeros auxilios y alimentos no perecederos para el camino. 

En la conferencia de prensa en Chilpancingo, Guerrero, recordó que los maestros de CONAFE viajarían con los jornaleros para que sus hijos no pierdan las clases al dejar sus comunidades para emplearse en los campos agrícolas. 

Así las cosas, la explotación continúa y las niñeces trabajan trabajan en condiciones de esclavos, mientras que los gobiernos expulsores y receptores no tienen ni idea de las graves violaciones a los derechos humanos en los campos agrícolas.

Ante la violencia en que trabajan los niños y adolescentes, es necesario replantear la política pública para que se rediseñen nuevas condiciones laborales en los surcos.