Un documento interno de la Fiscalía General de la República atribuye al Cártel Jalisco Nueva Generación la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia en Tecomán, Colima. Un testigo y halcón del grupo criminal declaró que los vigilaron durante horas hasta que fueron emboscados por cuatro vehículos; el motivo del ataque habría sido su lucha contra la minera trasnacional Ternium

Texto: Analy Nuño con información de Efraín Tzuc / A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab

Foto: Ulises Martínez / ObturadorMX

JALISCO. – Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a bordo de cuatro vehículos y a pie, emboscaron la noche del 15 de enero de 2023 en una zona poco iluminada de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, Colima, al abogado Ricardo Lagunes Gasca y al líder de la comunidad de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Para garantizar que la operación no fallara, utilizaron aplicaciones con sistemas de encriptación y circularon fotos en tiempo real de las víctimas.

Según un documento interno de la Fiscalía General de la República (FGR), miembros de esa organización criminal habrían sido responsables de la desaparición de los defensores. La investigación apunta a que dos de los principales operadores del CJNG en Tecomán —municipio costero con una posición estratégica para el trasiego de droga y precursores químicos— fueron los autores materiales del delito: Óscar Fernando Arreguín Girón, el Anzuelo, identificado como jefe de sicarios del cártel en la zona, y Carlos Macías Ayard, el Sky. Ambos orquestaron el operativo para privar de la libertad a los defensores cuando se trasladaban de Aquila, Michoacán, a Colima. 

La desaparición de Lagunes Gasca y Díaz Valencia estaría relacionada con la lucha social y legal que, desde 2019, mantenían con Ternium, la principal productora de acero en América Latina. Los defensores lograron que el Tribunal Unitario Agrario convocara a la elección de un nuevo Comisariado de Bienes Comunales, lo que permitiría negociar el pago de regalías y adeudos a los comuneros de Aquila, dueños de las tierras en que opera la mina de hierro Las Encinas, concesionada al gigante minero. Díaz Valencia, que lideraba a la mayoría de los comuneros, aspiraba a presidirlo.

Organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han solicitado diversas medidas para la búsqueda del abogado de derechos humanos y el líder comunal. Los familiares de los defensores también han exigido su localización en diversos foros y marchas, apoyados por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Global Rights Advocacy e Idheas. 

El documento de la FGR, creado con el programa Prezi y al que tuvieron acceso A dónde van los Desaparecidos y Quinto Elemento Lab, fue elaborado por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), y su última actualización fue  en agosto de 2023. Muestra en 51 diapositivas información procedente de la carpeta de investigación, como análisis de videos y telefonía, nombres y direcciones de presuntos implicados, y personas vinculadas a proceso, y una cronología hora por hora de las actividades que llevaron a cabo los defensores el día de su desaparición. Fuentes cercanas al caso han confirmado la validez de la información. 

En una declaración incluida en el documento titulado “Caso desaparición. Antonio Díaz Valencia, Ricardo Arturo Lagunes Gasca”, el testigo Javier Puntos Fuentes, un presunto halcón del CJNG que formó parte del operativo, asegura que a los defensores “los levantaron porque se estaban poniendo al pedo por las minas”.

Junto a esta declaración figura un mapa en el que se observa la distribución, desde el río Coahuayana hasta Cerro de Ortega, de diez halcones y tiradores que habrían participado en la vigilancia y posterior desaparición de los defensores. 

En diciembre de 2022, un mes antes de los hechos, Díaz Valencia y Lagunes Gasca fueron amenazados durante una asamblea comunal por directivos de Ternium, como informó A dónde van los desaparecidos,quienes les advirtieron que, si no acataban los intereses de la minera, “los iban a levantar”. La empresa ha negado reiteradamente estar involucrada en su desaparición. 

A pesar del testimonio rendido por Puntos Fuentes el 26 de febrero de 2023, que involucra a la minera en la desaparición de los defensores, hasta la fecha no se ha informado a las familias ni a sus representantes legales sobre una línea de investigación que considere la probable responsabilidad o participación de la empresa trasnacional en el delito. 

La defensa del caso y los familiares consideran necesaria una investigación exhaustiva al gigante minero sobre los intereses económicos y las conexiones de sus directivos con los defensores desaparecidos, así como con otros actores estatales y no estatales, las conexiones financieras y de seguridad de la empresa, e indagar en el motivo de las desapariciones.

“Está la declaración [del testigo] en la que se menciona el beneficio del narco y de la empresa para la desaparición de don Antonio y de mi hermano; es parte de lo que la fiscalía [FGR] no ha retomado para la investigación. La excusa es que no quieren incluirlo hasta después de que se cierre la carpeta [de investigación]. Según por eso no meten todas las declaraciones que tuvieran que ver con otras líneas [de averiguación], pero la familia pensamos que ha sido toda una estrategia de retraso para eludir el señalamiento de estas alianzas”, afirma Ana Lucía Lagunes Gasca, hermana del abogado y psicóloga de profesión, quien desconocía la existencia del documento de la FGR, al que se puede acceder en línea.

Cuando se le contactó para conocer su postura sobre la declaración del testigo Puntos Fuentes, el área de comunicación de Ternium remitió a un comunicado de febrero de 2023, en el que manifiesta: “Hemos rechazado y negado públicamente cualquier especulación de que Ternium y/o Las Encinas tuvieran algún involucramiento o conexión con la desaparición de los Sres. Díaz Valencia y Lagunes Gasca”.

Ternium, empresa que forma parte del grupo italoargentino Techint, ha reportado ingresos anuales por 8,735 millones de dólares, con una capacidad de producción de 10.8 millones de toneladas; tan solo de la mina de Aquila, Las Encinas, extrae 1.9 millones de toneladas de hierro al año. En la región han ocurrido otras desapariciones y también asesinatos de defensores del territorio que se oponían a la minera, como el homicidio en abril de 2023 de Eustacio Alcalá Díaz, quien junto a su comunidad de San Juan Huitzontla, ubicada a 20 kilómetros de Aquila, impulsó amparos para suspender concesiones de explotación otorgadas a la trasnacional.

Lagunes Gasca, Díaz Valencia y Alcalá Díaz forman parte de las 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023 en México, de acuerdo con una investigación realizada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. Eustacio Alcalá fue hallado sin vida días después de su desaparición, mientras que el abogado y el profesor siguen sin ser localizados.

Consultada sobre el tema, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, que acompaña el caso, consideró que la publicación del documento de la FGR sin protección es un síntoma del cúmulo de irregularidades y falencias que se han producido en la investigación de un hecho que consideran emblemático porque refleja las crisis de desapariciones, forense y de justicia en México, y una política de Estado fallida en materia de búsqueda.

«Es una ironía que nos preocupa, pero la torpeza no nos sorprende. La FGR es conocida por obstaculizar el acceso a los expedientes y la información de los casos a las víctimas, rechazar sus peritos independientes y mantener a las familias a tientas con excusas de reserva y sigilo, mientras se gestan filtraciones y desmanejos contrarios a la debida diligencia”, señala Thomas Antkowiak, director del organismo.

“El contenido publicado demuestra la pobreza de la investigación del caso de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia”, agrega, “al limitarse a la narrativa de una desaparición por particulares debido a un asunto agrario, sin una seria investigación sobre su trabajo de defensa del medio ambiente ni el alegado rol de la empresa Ternium”.

Sin escapatoria

La desaparición de los defensores se planeó para impedir que pudieran escapar, después de que, al menos en tres ocasiones en los meses previos, fueran perseguidos por carretera sin que sus atacantes lograran alcanzarlos. A lo largo de 4.2 kilómetros, desde el puente de Coahuayana hasta los topes de Cerro de Ortega, en la zona limítrofe de Michoacán y Colima, se ubicaron una decena de sicarios o halcones en puntos estratégicos con la orden de no fallar.  

Puntos Fuentes narra que el 15 de enero de 2023 se encontraba en Cerro de Ortega cuando recibió la orden de venadear(emboscar) a dos hombres que viajaban en una camioneta blanca. “Nos advirtió […] que no se nos fueran a pelar porque si se nos pelaban nos chingaban a nosotros”. La amenaza les llegó a través de la aplicación Silent Phone —un sistema de comunicación cifrada que elimina mensajes sin dejar rastro—, según el testigo, quien tras presentarse ante la FGR y la fiscalía de Colima fue liberado. Días después de declarar ante las autoridades, Puntos Fuentes fue asesinado, de acuerdo con fuentes que han tenido acceso a la carpeta de investigación. 

Tras la orden, los halcones se distribuyeron en distintos puntos de la carretera federal 200, Zihuatanejo-Manzanillo; para poder identificarlos, tomaron y compartieron fotografías en tiempo real de Lagunes Gasca y Díaz Valencia, y de la camioneta blanca marca Honda placas MRB-7846, propiedad del abogado, en que se desplazaban. Los primeros dos delincuentes, ubicados entre el puente y el río Coahuayana, alertaron que el vehículo se dirigía al lugar donde esperaban los tiradores. 

“Después de que venadeamos a los vales desaparecidos, nos avisaron que ya iban saliendo de Coahuayana con rumbo a Cerro de Ortega”, señala el testigo en su declaración.

A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab pudieron obtener una fotografía de la camioneta cuando circulaba por la carretera, antes de ser interceptada. Se presume que fue tomada y enviada por los halcones para advertir que las víctimas se acercaban a la zona donde fueron atacadas. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la imagen no ha sido integrada al expediente. 

En el punto conocido como topes de Cerro de Ortega, tres halcones esperaban a los defensores, que fueron interceptados por al menos cuatro camionetas y automóviles, y subidos a un vehículo blanco.

“Recuerdo que eran aproximadamente las siete de la noche cuando, al ir pasando los vales comuneros, más arriba de los topes que están a la entrada de Cerro de Ortega, les tiraron unos balazos y los bajaron de la camioneta privándolos de la libertad”, detalló en su declaración Puntos Fuentes. 

De acuerdo con la cronología de hechos de la FEIDDF, la desaparición ocurrió en un lapso de siete minutos, entre las 19:03, cuando fue captada por última vez la camioneta por las cámaras de seguridad, y las 19:10 horas, después de la última conexión registrada en el celular de Díaz Valencia. 

A las 19:19 horas, el 911 recibió una denuncia por detonación de arma de fuego sobre la carretera Playa Azul-Tecomán, a la altura de Cerro de Ortega. A las 19:25 horas arribaron las primeras patrullas. Para ese momento, según las fuentes consultadas, la camioneta, que fue abandonada en el lugar con impactos de bala, ya había sido limpiada, pues no se pudieron obtener huellas dactilares, ni siquiera de las víctimas.

“La fiscalía de Colima, que estaba llevando la investigación, nos dice que estaban descompuestas las cámaras y que no había acceso a los videos y la camioneta aparentemente no tiene ninguna huella, lo que nos habla de que fue limpiada, fue alterada la evidencia de la camioneta de mi hermano”, señala Antoine Lagunes Gasca, hermano del abogado. “Otro factor muy importante es que, más o menos a 200 metros de esa zona hay un cuartel de la Guardia Nacional y aparentemente no se dieron por enterados, ese es otro dato que nos habla de que ni siquiera tenemos la certeza de quién se lo llevó”.

Por el probable involucramiento de agentes del gobierno y del crimen organizado, agrega Antoine, el delito debería ser investigado como una desaparición forzada. 

Su hermana Ana Lucía considera que existe una colusión entre la FGR, Ternium y el CJNG que ha impedido que les informen sobre lo sucedido con los defensores. “Todo ha sido eliminar a la gente que tenga información, borrar evidencias, todo ha sido malos manejos, silencio, no querer reconocer [el delito] como desaparición forzada y eso da mucho coraje porque mi hermano ha luchado por que se nombren las cosas como son y se visibilicen las injusticias”. 

Delincuentes identificados

Quien organizó la desaparición de los defensores, según el testigo, fue Macías Ayard, el Sky, descrito en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como operador del CJNG en Cerro de Ortega, de acuerdo con documentos hackeados por el grupo Guacamaya Leaks. Posteriormente, fueron entregados a Arreguín Girón, el Anzuelo, considerado uno de los causantes de la violencia en la región; una semana después del hecho, su nombre fue publicado en diversos medios como presunto responsable del delito. 

La investigación vincula al Anzuelo con un video difundido la madrugada del 19 de enero de 2023 que muestra a Díaz Valencia de rodillas, con las manos en la espalda, cuando es interrogado sobre un supuesto acuerdo con el reelegido alcalde de Aquila, José María Valencia Guillén. Información entregada por Facebook, según el documento de la FGR, permitió obtener la dirección IP y el número telefónico registrado por “José Palafox” para crear la cuenta en la que se publicó el video. La voz que interpela al líder comunal fue atribuida al Anzuelo en los comentarios de la publicación, hechos por habitantes de la región —según fuentes consultadas—. Posteriormente, la cuenta fue eliminada.

“No es que solo tenga que ver con el crimen organizado esta situación, para nada”, señala Ana Lucía Lagunes. “Solo son un actor más que habría que encontrar y eso es lo que quisiéramos, pero es parte de lo que necesitan [las autoridades] atreverse a develar, qué papel tiene cada actor, o sea, qué papel tuvieron los empresarios y los criminales”. 

La Sedena identifica al Anzuelo como el jefe de sicarios del CJNG en Tecomán. Ubica al delincuente en el tercer nivel de la estructura, bajo el mando de Luis Gabriel Cabrera Jiménez, el Humilde, jefe de plaza en la zona. A nivel estatal, el líder de la organización criminal es José Juan Torruco Ramos, el Apa. 

Reportes periodísticos vinculan a Arreguín Girón con el CJNG desde 2013, cuando fue detenido con otras tres personas por el feminicidio de la menor Irma Jazmín, cometido en enero de ese año, y se le dictó auto de formal prisión. En 2015, Macías Ayard, identificado como uno de los líderes del cártel en Colima, fue sentenciado a veinte años de prisión por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Se desconoce cuándo fueron liberados.

El informe de la Sedena, elaborado a finales de 2022, antes de la desaparición de los defensores, señala que existen órdenes de aprehensión en contra de los tres integrantes del CJNG: el Anzuelo, el Sky y el Humilde. Según este documento, el primero es operador del cártel en Tecomán, mientras que el segundo lo es en Cerro de Ortega, donde también se encarga de distribuir la droga y forma parte del “brazo armado” de la organización al norte de Tecomán. Es decir, ambos controlan la zona donde el abogado y el líder comunal llevaban a cabo sus actividades y en la que desaparecieron. 

Rastreo telefónico

La última conexión del celular de Díaz Valencia, según el documento elaborado por la FEIDDF, fue a las 19:09:01 horas del 15 de enero, cerca de la calle Playa Azul, en Cerro de Ortega, pero el análisis de telefonía muestra que fue utilizado en los días posteriores, entre el 16 de enero y el 24 de febrero. 

“El equipo telefónico de Antonio Díaz Valencia siguió teniendo actividad con otros números telefónicos (chip). Se puede advertir que existen seis números telefónicos que han ocupado el equipo en fechas posteriores a la desaparición”, señala la investigación.

El aparato fue empeñado el 24 de febrero en Villa de Álvarez, Colima, por Fernando “N”, quien fue detenido y vinculado por el delito de desaparición cometida por particulares con agravante, dentro de la causa penal 70/23. “Su teléfono fue ubicado donde ocurrieron los hechos, y días después ocupó el celular de la víctima directa Antonio Díaz Valencia”, indica el documento.

Bajo el mismo cargo fue vinculado a proceso José Cortés Ramos, alias Cochelo, ex presidente municipal de Aquila en el periodo 2008-2011, y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de 2016 a 2019. Según la causa penal 40/23, es coautor material de la desaparición y su vehículo fue utilizado en el delito. Hasta la fecha, según fuentes conocedoras de la investigación, las autoridades no han logrado desbloquear y acceder a su celular para analizar información (llamadas, mensajes e imágenes) que pudiera estar relacionada con el hecho. 

El documento menciona también a dos personas detenidas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: Juan Manuel “N”, quien se encontraba en el rancho Piedras Blancas, en Tecomán, propiedad del Anzuelo, cuando se llevó a cabo una búsqueda relacionada con el caso, y Gerardo “N”; ambos son familiares de los integrantes del CJNG señalados como responsables de la desaparición.

Hasta el 10 de agosto de 2023, la FEIDDF reporta, como parte de su investigación, la obtención de 36 dictámenes e informes periciales, 88 declaraciones de testigos, autoridades y familiares de las víctimas, y una orden de aprehensión pendiente de ejecutar que, según las fuentes consultadas, es contra Arreguin Girón. Consignan también diez búsquedas con vida y sin vida realizadas entre el 4 de febrero y el 1 de abril de 2023.  

El “Informe de búsqueda RLG y ADV_140223”, entregado al Senado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el 1 de marzo de 2023, del cual este medio tiene copia, precisa que el 11 de febrero de ese año personal de la FEIDDF y de la FGR llevaron a cabo “acciones de búsqueda” en “la mina Ternium”, donde se hicieron entrevistas. 

Consigna también que se realizaron búsquedas nocturnas. “No obstante”, apunta el informe, “elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron atacados en la sierra del municipio de Coalcomán, Michoacán, específicamente en la localidad de Barranca Seca. Al respecto, se cuenta con información sobre múltiples heridos y el deceso del coronel de infantería DEM Héctor Miguel Vargas Carrillo”. El operativo en que fueron emboscados los militares por presuntos integrantes del CJNG no ha sido relacionado con las acciones de búsqueda de los defensores, pero fue reportado por la CNB en su informe. 

“Estos casos necesitan otro tipo de respuesta del Estado”, considera el director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en Seattle, que junto con otros organismos mexicanos e internacionales ha acompañado a las familias. “Los familiares han sido contundentes en su exigencia de priorizar la búsqueda y recuperación humanitaria de los defensores con mecanismos extraordinarios y asistencia técnica independiente, que responda a la pregunta de dónde están y permitan llegar a la verdad”.

Familiares de los defensores, quienes desconocían gran parte de la información contenida en los documentos de la FGR y de la CNB, consideran que su contenido exhibe la burocracia que rodea a las investigaciones y frena la búsqueda y la justicia.  

“No recordamos que hayamos tenido acceso a esa información”, dice Ana Lucía Lagunes. “Es como una justificación burocrática; las fechas no son exactas, falta información y hay mucha de la que no teníamos idea”. 

A diecisiete meses de la desaparición del abogado y del líder comunal, familiares, amigos y organizaciones nacionales e internacionales advierten que no van a parar de exigir justicia y continuarán con su búsqueda hasta encontrarlos. 

“Lo que estamos haciendo como familia es seguir luchando para llegar a la verdad”, afirma Antoine Lagunes. “Nunca vamos a dejar de buscar a mi hermano; nuestro objetivo es saber la verdad, qué pasó con mi hermano y que nos lo regresen, eso es lo que queremos”.

Bajo la mira de los criminales

De acuerdo con el documento elaborado por la FEIDDF e información de fuentes que han tenido acceso a la carpeta de investigación, así ocurrieron los hechos el domingo 15 de enero de 2023.

9:00 a 11:00 horas

Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia desayunan en la casa de un comunero en Aquila, junto con otros dos pobladores: Uriel Gutiérrez de la Cruz, quien el pasado septiembre fue elegido presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y Luis Zapién Meraz. Durante la reunión son fotografiados sin que se den cuenta; se presume que la imagen es enviada a integrantes del CJNG. 

11:00 a 13:30 horas

Asisten a la asamblea comunal en Aquila. Algunos comuneros presentes en la reunión aseguran que son vigilados por halcones.

13:30 a 14:30 horas 

Acuden a una propiedad de Díaz Valencia en Aquila para realizar unas mediciones.

14:30 a 15:30 horas

Se refrescan con unas bebidas en el kiosko de la comunidad. 

15:30 a 18:00 horas

Comen en el Hotel Restaurante El Parador, ubicado en San Juan de Alima, entre Aquila y Cerro de Ortega, donde se les une el comunero Guadalupe Magaña.

18:53 a 18:57 horas

Se detienen para comprar en la tienda Súper Gómez. En ese lugar, Magaña hace unas llamadas y después, presuntamente, los defensores lo dejan en su vivienda, localizada cerca de la tienda.

19:03 horas

Última imagen de la camioneta captada por las cámaras de seguridad mientras circula por la carretera federal 200, cerca del límite entre Michoacán y Colima. 

19:09 horas

Última conexión del celular de Díaz Valencia a datos (internet).

19:19 horas

Llamada al 911 para denunciar detonaciones de arma de fuego sobre la carretera, cerca de Cerro de Ortega.

19:25 horas

Localizan la camioneta abandonada en Cerro de Ortega, con impactos de bala y las llantas delanteras reventadas. Sobre la carretera y alrededor del vehículo encuentran tres casquillos.

20:50 horas

Acuden autoridades en apoyo, primero de la Fiscalía General del Estado de Colima y, minutos después, de la Sedena. 

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