12 junio, 2024
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a víctimas de la Guerra Sucia, y con esto, garantizaron que los crímenes de lesa humanidad cometidos en este periodo puedan ser juzgados sin importar el tiempo
Texto: Redacción
Foto: Archivo Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los crímenes de lea humanidad cometidos durante la Guerra Sucia son imprescriptibles, por lo que deben investigarse y sancionarse sin importar el tiempo que haya pasado.
La resolución llega después de que, en 2022, Juana, Irene, Flavia y Rosa Elena Nava Cabañas (familiares del guerrillero Lucio Cabañas) promovieran un amparo ante la negativa de la Fiscalía General de la República para investigar los delitos de tortura y detención arbitraria cometidos en su contra por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad.
En ese entonces, el argumento que usó la Fiscalía fue que los delitos ya habían prescrito, por lo que determinó el No Ejercicio de la Acción Penal. Es decir, ni siquiera abrió la investigación. Pero las hermanas Cabañas lograron revertir esto.
En el proyecto de sentencia propuesto por el ministro Juan Luis González Alcantará se lee que esta decisión de la Fiscalía «se traduce en una transgresión al derecho a la verdad».
Por eso, ordena reabrir la investigación, ampliándola y permitiendo que otras autoridades participen en ella.
Además, obliga a la Fiscalía a que, en un plazo que no exceda un año, determine la averiguación previa, impidiéndole decretar, otra vez, el No Ejercicio de la Acción Penal.
Aunado a esto, la Suprema Corte determinó que, para vigilar el cumplimiento de la sentencia, la Fiscalía debe rendir informes cada dos meses ante el juez de amparo. En estos informes, la Fiscaía deberá dar cuenta de los avances en la investigación.
La decisión de la Corte sienta un precedente para los casos de otras víctimas de la Guerra Sucia, pues reconoce que el Estado está obligado a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad en México, priorizando el acceso a la justicia y la verdad de las víctimas.
El proyecto de sentencia fue aprobado con cuatro votos a favor de los ministros Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz Ahif, Ana Margarita Ríos Farjat y Jorge Merino Pardo Rebolledo, y uno en contra, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.
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