6 agosto, 2019
Este miércoles, la Suprema Corte decidirá si vuelve a abrir el fondo para reparar los daños a los afectados por el derrame tóxico de 2014 de la mina Buenavista del Cobre, que afectó a miles de pobladores de la cuenca del Río Sonora y Bacanuchi. Si es favorable, podría ser una histórica respuesta contra la impunidad que ha gozado Grupo México
Texto: Arturo Contreras Camero y Lydiette Carrión
Fotos: Arturo Contreras
Organizaciones civiles y pobladores de los siete municipios afectados por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se vuelva a abrir el Fideicomiso Río Sonora, un fondo de 2 mil millones de pesos destinado a reparar los daños por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre, ocurrido el 6 de agosto de 2014.
Aquel año, Grupo México se comprometió a abrir un fideicomiso por 2 mil millones de pesos, para reparar los daños causados por el desastre ecológico más grave en la historia de la minería en México. La empresa alegó que ello resolvería las afectaciones del derrame. Sin embargo, en 2017 cerró el fideicomiso, sin haber ejercido todo el monto destinado.
A cinco años del peor desastre minero en la historia del país, los 22 mil afectados, pobladores de siete municipios aún sufren sus consecuencias.
Por ello, de ser favorable a las comunidades, la resolución de la SCJN sería histórica, pues pondría un alto a la impunidad de la que gozan las empresas en México. Así lo expresan los abogados de la organización Poder.
“No se continuaron los monitoreos de agua. No se hicieron los monitoreos de sangre ni de salud que debían. El hospital que quedaron en construir está en obra negra, nunca funcionó”, aseguró María Colín, una de las abogadas ambientalistas que acompañan el proceso de las comunidades.
También se contempló la creación de 39 plantas potabilizadoras de agua, de las que solo se instalaron 9 y de las cuales ninguna funciona a cabalidad. Además está pendiente un plan de reactivación agropecuaria, pues la mayoría de los afectados usaba el agua del río para su ganado o sus cosechas.
Aún hoy, cuando alguien quiere vender sus productos, no se los compran en los mercados. “Viene de Bacanuchi, está contaminada”, les responden.
El fideicomiso se declaró extinto en 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), porque supuestamente ya se habían llevado todas las medidas de reparación prometidas a las comunidades.
La decisión se tomó en privado entre la empresa, Grupo México, y la propia Secretaría, sin consultar a los pobladores afectados. El fondo se creó el 15 de septiembre de 2015 y en ese momento tampoco contempló a la gente afectada por el derrame.
¿Cómo es que la empresa puede determinar si ya cumplió con las remediaciones a los pobladores del río Sonora?
“Es que el fideicomiso es un contrato entre la empresa y el gobierno. Es un patrimonio hecho con fondos privados y ellos determinan si ya se cumplió con su implementación o no”, explica Luis Miguel Cano, abogado de la organización Poder, y representante legal de los Comités de Cuenca del Río Sonora, la organización de los pobladores afectados que exigen justicia.
“Si las empresas pueden pactar a oscuras con el gobierno, entonces van a hacer lo que quieran con la remediación de daños”, asegura el abogado. El convenio por el que se creó el fideicomiso contemplaba dos cosas: que la empresa tenía que hacerse cargo de redimir los daños, y que la Semarnat lo autorizaba.
De acuerdo con el pacto, la minera Grupo México destinaría 2 mil millones de pesos, que iría entregando en montos de 500 millones. Sin embargo, solo gastaron mil 200. En 2017, cuando se cerró el fideicomiso, los 800 millones restantes fueron restituidos a la empresa.
La clínica especializada para atender a la población, misma que nunca dejó de estar en obra negra y que en algún momento fue atendida por un solo pasante de medicina va a cerrar sus puertas el día de mañana porque “así lo pactaron la empresa y el gobierno”.
GM se comprometió a un monto de 2 mil millones de pesos. Sólo entregó mil 200 millones de manera opaca.
Frente al edificio de la Suprema Corte hay un templete, y sobre él, representantes de las comunidades afectadas demandan justicia. Desde ahí, don Óscar Encinas, que vive a 500 metros del río contaminado, dice con vehemencia:
“Esta es la oportunidad de que la 4T nos demuestre que están pensando en un país diferente. En el que no caben los grupos de poder que nos están causando dolor y sufrimiento a las comunidades. Aún con la llegada de la 4T no se ve claro si realmente las cosas van a cambiar”.
Don Óscar, campesino con camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y canas en el cabello respira profundo y resopla: “¡Ya basta de injusticia, de sufrimiento, de dolor, de los pueblos campesinos e indígenas en favor de unos cuantos que se están aprovechando de este país”.
“Ese es el mensaje que les doy. Somos seres humanos, no somos animales. Queremos participación en ese fideicomiso, que se reabra el fideicomiso mal cerrado”.
Desde que la empresa creó dicho fondo, estipuló que daría 15 mil pesos por el pago de afectaciones a la salud a cada persona, cantidad que no alcanza para pagar tratamientos contra el cáncer, una de las enfermedades producidas por la exposición a agua contaminada con metales pesados.
También daría 14 mil 600 pesos a quienes perdieron parte de su actividad productiva. Insuficiente para quienes perdieron cosechas enteras y que desde hace un año no pueden volver a sembrar.
Lo mismo pasa con los 10 mil pesos por hectárea restringidos a quienes superan las 10 hectáreas, sin importar si alguien tenía sembradíos más grandes.
Los mil 200 millones de pesos que supuestamente erogó la empresa, pues no se ha transparentado el uso de los recursos, representan solo el .00016 por ciento de las ganancias de Grupo México al año. Una pizca para Germán Larrea, “el segundo hombre más rico de este país, quien jamás ha ido a dar la cara y pedir una disculpa”, reclamó durante la protesta Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de la organización Poder.
Pobladores de Bacanuchi exigen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que dé seguimiento a los compromisos acordados el pasado 5 de julio, entre ellos, una nueva reunión con el titular de la institución que, de acuerdo con los tiempos pactados, ya debería haberse dado.
El pasado 5 de julio, por mandato judicial la delegación de Semarnat en Sonora se reunió con habitantes de Bacanuchi, y entregó el informe preventivo de una presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014.
Como atención especial, desde la Ciudad de México la Semarnat envió a la coordinadora de Delegaciones, Cristina Martin. Ella se comprometió a una serie de acciones para resolver los riesgos de un nuevo derrame por parte de minera México, así como dar seguimiento a los daños ocasionados por el desastre ocurrido en 2014.
Entre lo acordado está que la Semarnat revise si Grupo México cumplió con todo lo que aseguró que haría para prevenir un nuevo desastre; revisar temas específicos de Salud, agua, y sobre todo, hacer una próxima reunión, esta vez extensa, que incluya a todas las comunidades. Sin embargo ya pasó un mes y nada esto se ha concretado.
Por otra parte, denuncian los habitantes, la presidenta municipal de Arizpe, Lucía de Guadalupe Serrano Acuña, fue invitada por la Minera México para visitar la nueva presa de jales. Después la presidenta guardó silencio y no informó a las comunidades.
Serrano Acuña dijo “que todo estaba bien. Pero no le creemos nada, de ninguna manera”, explica Aguirre Moiza. Mientras, Bacanuchi se encuentra incomunicado. “Tenemos que subir el cerro para hablar por teléfono”, denuncia. El evento conmemorativo del derrame en Río Sonora se llevó a cabo en Hermosillo. Bacanuchi no pudo asistir, debido al estado de los caminos.
Pasado mañana va a ser el evento: conmemoración. Va a ir gente en hermosillo. Y ahí en la SCJN, también mañana.
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