El equipo del candidato del PAN al gobierno de la capital anunció una demanda por un presunto desvío de recursos en el proyecto estrella de Clara Brugada; la candidata de Morena, por su parte, busca impugnar la orden del Instituto Electoral de no hablar del esquema de corrupción que involucra al grupo político de Santiago Taboada

Texto y foto: Arturo Contreras Camero

CIUDAD DE MÉXICO.- La batalla por la capital del país entra en su recta final y augura una batalla de lodo. Este jueves, después de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió medidas cautelares para prohibir a dirigentes de Morena hablar del esquema de corrupción en el que están involucrados dirigentes políticos del PAN y empleados de la alcaldía Benito Juárez, el candidato opositor, Santiago Taboada, optó por el silencio.

Su equipo de campaña ofreció una conferencia de prensa a la que no asistió el candidato. A pregunta expresa sobre si Acción Nacional se deslindará de los dirigentes y funcionarios panistas presos por formar parte de ese esquema delictivo, el coordinador de campaña, Federico Döring, negó que fueran militantes de su partido y que hubieran trabajado en Benito Juárez durante la administración de Taboada.

“Solo ha habido dos personas que han reconocido que se comportaron de manera ilegal, una ni siquiera militaba en el PAN, la otra sí”, respondió Federico Döring, coordinador de la campaña de Santiago Taboada.

“Y lo que es importante que les quede a ustedes (la prensa) prístinamente claro es que ninguno de ellos trabajó ni un solo día con Santiago Taboada. Entonces esta campaña no debe responder de conductas de personas que jamás trabajaron para Santiago Taboada”, dijo

En enero pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó el testimonio de un empresario detallaba la forma de operación que, por lo menos desde 2011 y durante tres administraciones distintas gobernadas por el PAN en la Alcaldía Benito Juárez -incluida la de Taboada- establecieron un esquema de corrupción que se conoce como Cartel Inmobiliario.

En ese esquema, las desarrolladoras evitaban la suspensión de obras o multas con montos mínimos de 150 mil pesos entregados a distintos funcionarios, incluidos los alcaldes. El empresario aseguró que también les pedían montos a las constructoras durante campañas electorales, como formas de protección a proyectos y construcciones irregulares.

Al menos 16 funcionarios públicos han sido llevados a proceso penal: un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, un particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora.

Además de ellos dos se han detenido a otras seis personas, todas trabajadoras de la Benito Juárez bajo el mandato de exalcalde Christian Von Roherich, quien era parte del grupo político encabezado por Jorge Romero -en el que también estaba Taboada- y coordinaba la bancada legislativa del PAN en el Congreso local cuando la Fiscalía giró una orden de aprehensión en su contra. Von Roerich huyó pero finalmente fue detenido en la frontera con Estados Unidos.

En diciembre de 2023 Ismael Isauro Chalico y José “N”, director general y supervisor de trabajos de la alcaldía Benito Juárez aceptaron su relación con el llamado Cártel Inmobiliario y entregaron al Gobierno de la Ciudad cinco departamentos que habían recibido como soborno para aprobar la construcción de construcciones irregulares en la demarcación. 

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México ha contabilizado más de 260 pisos extra en al menos 130 edificios construidos en la alcaldía Benito Juárez y la Fiscalía calcula que más de 7 mil millones de pesos fueron entregados a los funcionarios de manera ilegal.

“El argumento es que no está claro que que exista la comisión de un delito (por parte de Taboada). Parece que no saben que hay más de 30 funcionarios de la Benito Juárez involucrados con esta red de corrupción, algunos sentenciados, otros detenidos, unos más fugados, otros en la cárcel y que aceptaron su culpa y devolvieron bienes por más de 100 millones de pesos en bienes”, declaró ayer por la mañana la candidata de Morena, Clara Brugada.

Un día antes, el Instituto Electoral de la Ciudad de México resolvió ordenar que la senadora Citlali Hernández, el senador César Cravioto y el diputado Víctor Varela (todos de Morena) eliminaran una serie de publicaciones de sus redes sociales que vinculaban a Santiago Taboada con el llamado Cártel Inmobiliario. También les prohibieron hacer referencias futuras sobre el tema. 

El PAN va por las Utopías

Sin responder sobre el deslinde de Taboada sobre el grupo político involucrado en el esquema de corrupción de la alcaldía Benito Juárez, los coordinadores de campaña de Taboada aseguraron haber descubierto un presunto esquema de desvío y lavado de recursos públicos elaborado alrededor de la construcción de las Utopías, el proyecto estrella de Clara Brugada durante su gestión en la alcaldía Iztapalapa. 

Según ellos, una serie de empresas de reciente creación – la comercializadora KD, la empresa Keops y la Constructora Trueno- han recibido más de 300 millones de pesos de recursos públicos de parte de la alcaldía de Iztapalapa, del Gobierno de la Ciudad de México, del DIF local e incluso de otras alcaldías, a través de otra empresa llamada Building Game. 

Los panistas aseguraron que la información les fue proporcionada por ciudadanos de Iztapalapa desilusionados del proyecto político de Brugada y que incluso, siguen recibiendo más información con la que integrarán un expediente con pruebas que llevarán ante la autoridad competente. 

“No lo vamos a hacer ante la Fiscalía de la Ciudad de México, por obvias razones y como son operaciones que implican la utilización del sistema financiero se puede actualizar la competencia federal. Las denuncias en su caso serán presentadas ante la Fiscalía General de la República”, aseguró Federico Döring

Morena impugnará resolución

Por la mañana, Brugada criticó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México esté juzgando con un doble rasero las quejas electorales, pues de 18 que ha interpuesto Morena, solo se han solucionado dos de ellas, mientras que el PAN ha interpuesto seis, de las cuales cuatro ya fueron resueltas e incluso con medidas que calificó de exageradas e injustas. 

Los dirigentes de Morena en la Cdmx anunciaron que impugnarán la decisión ante tribunales electorales. 

“Hacemos un llamado a la militancia, a los simpatizantes, a nuestro movimiento y a todos los ciudadanos que se han comprometido con la verdad, para pedirles que hoy más que nunca, denunciemos claramente la corrupción del Cártel. Quisieron callar a legisladores y como respuesta tendrán a muchos señalando la corrupción.  Ante cada acto de censura vamos a multiplicar por cien y por mil el mensaje. Por cada mordaza siempre habrá un grito de libertad”, aseguró Clara Brugada. 

Hasta el momento el Instituto Electoral de la Ciudad no ha notificado oficialmente a Morena de la resolución, por lo que no se sabe si hay otras personas a quienes se les obligue a callar sobre el tema del Cártel Inmobiliario, pero no descartan se puedan ampliar.