En la larga historia de represión contra los movimientos sociales de Guerrero un personaje resalta por su vengativa y sanguinaria política de represión: el perredista Ángel Aguirre Rivero, hasta hoy impune por los crímenes que cometió y ordenó

Por Kau Sirenio / X: @kausirenio

El gobierno de Ángel Aguirre persiguió con saña a la Normal de Ayotzinapa y a las organizaciones sociales que apoyaron a esta institución después del asesinato de los dos normalistas en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011.

Ese mismo día, lejos de asumir un tono conciliador, el gobernador dijo que la marcha de los normalistas no tenía razón de ser, porque se les estaba dando trato preferencial, lo cual dista mucho de la verdad porque la postergación varias veces de una reunión acordada con los estudiantes, fue precisamente el motivo de la manifestación de ese día.

En enero de 2011, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó por segunda ocasión la gubernatura, con el expriista Ángel Heladio Aguirre Rivero, personaje oscuro y siniestro que fungió como gobernador interino en 1995, tras la renuncia de Rubén Figueroa luego de la matanza de Aguas Blancas

Con el regreso de Aguirre al gobierno de Guerrero, se intensificaron las violaciones graves a los derechos humanos: El 7 de diciembre de 2011, fueron detenidos y desaparecidos los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, en la Costa Grande. Testigos dijeron que militares participaron en el hecho donde hombres de vestidos de negro secuestraron a los activistas.

El 12 de diciembre de 2011, policías estatales, ministeriales y federales mataron a dos normalistas de Ayotzinapa durante un operativo para desalojar un bloqueo de la Autopista del Sol por parte de estudiantes de la Normal en demanda de una audiencia con el gobernador.

Los asesinos de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría quedaron libres en abril de 2013, gracias al fallo de un juez federal. De ese hecho no hay un solo detenido ni enjuiciados. El PRD solapó y encubrió al exprocurador Alberto López Rosas, quién habría acusado a los normalistas de haber iniciado el ataque y después matar a sus compañeros.

En cambio, los luchadores sociales que respaldaron a la Normal Rural de Ayotzinapa tras los asesinatos de los dos estudiantes están presos, fueron asesinados y hostigados por la autoridades, denunciaron alumnos de cuarto grado que hace tres años estuvieron en el desalojo en la autopista del Sol.

El 28 de noviembre 2012 fue asesinada la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), Juventina Villa Mojica, y su hijo Reynaldo Santana, de 17 años de edad, en la comunidad de La Laguna, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán.

El 5 de febrero de 2013, inició el movimiento magisterial en contra de la reforma educativa. El gobernador nunca le dio seriedad a la movilización y terminó amenazando a la dirigencia magisterial con el peso de la ley.

El 5 de abril de ese año, policías federales desalojaron a los maestros que mantenían tomada la autopista, justo en el tramo donde fueron asesinados los dos normalistas en diciembre de 2011. Al día siguiente, organizaciones sociales del estado conformaron el Movimiento Popular Guerrerense (MPG). Varios de los líderes de esta agrupación fueron asesinados y otros encarcelados.

El 7 de mayo, en la carretera Chilpancingo-Iguala fueron detenidos 25 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuando pedían cooperación a los automovilistas que por allí pasaban para juntar dinero con el que celebrarían el 10 de mayo. Los normalistas fueron torturados y llevados a la procuraduría del estado.

El 31 de mayo fueron secuestrados ocho líderes y activistas de la Unidad Popular y del PRD en una zona muy vigilada y concurrida de la ciudad de Iguala, en la región norte del estado de Guerrero. El secuestro terminó en el asesinato de Arturo Hernández Cardona y los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román reflejaron la inseguridad que impera en Guerrero.

El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos de los tres dirigentes en el tramo Mezcala-Iguala de la carretera federal México-Acapulco, a la altura de la colonia Valerio Trújano, municipio de Tepecoacuilco, con signos de tortura y tiro de gracia.

Pese a la gravedad de estos hechos, las autoridades municipales, estatales y federales no ofrecieron medidas cautelares indispensables para los activistas que lograron escapar de sus captores; tampoco buscaron con vida a Jaime Castrejón, que aún permanecía desaparecido.

Se notaba el odio que Aguirre Rivero a la Unidad Popular de Iguala, que aglutina a la Unión Campesina Emiliano Zapata, la Organización Lucio Cabañas Barrientos, la organización Mi Patria es Primero, la Asociación Genaro Vázquez Rojas, la Fundación Humanista Ricardo Flores Magón de Usuarios y Consumidores, y la histórica Colonia 24 de Febrero.

El 5 de agosto, la Procuraduría de Justicia del Estado dio a conocer que fueron encontrados los cuerpos del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, y Samuel Vargas Ramírez con huellas de tortura, amarrados de las manos y con el “tiro de gracia” en el municipio de Coyuca de Benítez.

Raymundo Velázquez Flores, hablante de Tu’un Savi (mixteco), militó en el Partido Comunista Mexicano y la mayor parte de su vida como luchador social dirigió la LARSEZ.

De acuerdo con la dirección del PCM, los hechos ocurrieron así: “El día de hoy 5 de agosto fueron encontrados los cuerpos sin vida de Raymundo Velázquez Flores, secretario general del Partido Comunista de México en el estado de Guerrero; Samuel Vargas Ramírez, integrante del Comité Regional del PCM en esa misma entidad, y el compañero Miguel; todos ellos a su vez, dirigentes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata.

“Los cuerpos de nuestros camaradas se encontraron con impactos de bala y huellas de tortura en las orillas del río del municipio de Coyuca de Benítez, cerca de ahí se encontró el auto Tsuru blanco sin placas, con rotulación de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (CETIG) en el que viajaban, el cual fue encontrado calcinado.

“Nuestros compañeros salieron alrededor de las 6 de la tarde de Cuernavaca, estado de Morelos, el día sábado 3 de agosto después de una reunión de la Comisión Política Nacional del Frente Izquierda Revolucionaria (FIR), con rumbo a Coyuca de Benítez. Se perdió comunicación con ellos después de haber dejado a la compañera Tomasa Vázquez Juárez en su domicilio en aquel municipio.

El 19 de octubre, un pistolero llegó hasta el puente de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac, y asesinó a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, quien se encontraba allí para supervisar la construcción de un paso provisional que sustituyera al puente que derribó la creciente del río.

Desde tiempo antes, la líder campesina ya había padecido represalias por parte del gobierno aguirrista. El 14 de marzo de 2013 fue detenida en Atoyac de Álvarez y trasladada al penal de Las Cruces, en Acapulco. Salió libre el 20 de ese mismo mes.

La familia de Hilario Mesino Acosta, cofundadora de la OCSS, también sufrió hostigamiento por parte del gobierno del estado. Durante la guerra sucia desapareció lAlberto Mesino Acosta. Al año y medio de fundada la Organización Campesina de la Sierra del Sur, fueron emboscados y asesinados 17 miembros de esta organización, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Con esta masacre, cayóCel déspota Rubén Figueroa Alcocer.

El 10 de noviembre asesinado el líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, de Coyuca de Benítez.

El asesinato de la pareja es la continuación de la limpia de luchadores sociales en el estado de Guerrero. Con este crimen avanzó la eliminación física de dirigentes y cuadros connotados del movimiento social avanzado y la izquierda revolucionaria.

Luis Olivares Enríquez acompañó a los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando las policías federal, estatal y ministerial asesinaron a los estudiantes en la Autopista del Sol; de ahí se sumó a la movilización estudiantil que demandaban la caída de Aguirre Rivero.

Respecto al incremento de asesinatos de líderes de organizaciones sociales, el PCM declaró: “Los asesinatos de Luis Olivares, Ana Lilia Gatica y Rocío Mesino se suman al asesinato de Raymundo Velázquez, secretario general del PCM en esa entidad; Samuel Vargas Ramírez, Miguel Ángel Solano Barrera, así como al de otros 13 luchadores sociales asesinados sólo en Guerrero y sólo en lo que va de la administración de Aguirre Rivero”.

“Llama la atención sobre el hecho de que antes de que las amenazas de muerte se cumplieran contra los camaradas Luis Olivares y Ana Lilia Gatica, el Ejército, la Marina y la policía habían entrado con lujo de violencia en la comunidad de los compañeros para detener arbitrariamente a 4 jóvenes de la OPPCG, a quienes posteriormente sometieron a tortura y señalaron como supuestos culpables del asesinato de nuestro camarada Raymundo Velázquez. Esto claramente es un intento de lavar la responsabilidad criminal de los paramilitares y sus jefes en el gobierno, además de un intento por confrontar a las diversas organizaciones que luchan en Guerrero”.

Presos políticos

El 21 de agosto de 2013, en un aparatoso operativo militar, detuvieron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García, en la cabecera de ese municipio.

Como si se tratara de una delincuente de alta peligrosidad, la encarcelaron en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde permaneció incomunicada a pesar de que intelectuales y activistas demandaron su excarcelamiento inmediato.

Esa misma noche, detuvieron en Ayutla al coordinador de la Policía Comunitaria de la CRAC, Bernardino García Francisco, y a decenas de policías comunitarios.

El 5 de noviembre, la Policía Ministerial del Estado aprehendió al promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, y a Ángel David Chanita Molina, en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, a la altura del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, en Tixtla.

A Gonzalo Molina lo recluyeron en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, acusado de terrorismo, privación ilegal de la libertad y lesiones.

Antes de que lo apresaran, Gonzalo Molina encabezó una serie de actos de protestas, como marchas, bloqueo de carreteras y una toma del edificio del ayuntamiento en Tixtla, para exigir la liberación de Nestora Salgado.

El 17 de junio de 2014, lo trasladaron del penal federal de mediana seguridad de Oaxaca al de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

A menos de un mes de la aprehensión de Molina, tocó el turno al promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Arturo Campos Herrera. El 1 de diciembre lo detuvieron en Chilpancingo y lo trasladaron al reclusorio de Acapulco, acusado por el delito de secuestro agravado. Al día siguiente lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano.

Al activista indígena na savi (mixteco) lo aprehendieron después de un mitin en la alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo, donde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan anunció el comienzo de una campaña denominada Por la defensa de nuestra vida y libertad, del 1 al 12 de diciembre para exigir la excarcelación de 12 policías comunitarios detenidos el 20 de agosto y presos en cárceles de máxima y mediana seguridad.

El 17 de junio de 2014, policías ministeriales apresaron en Acapulco al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz. Primero, lo llevaron a la cárcel de La Unión, donde sólo lo tuvieron 17 horas; después, lo trasladaron al penal de máxima seguridad de Nayarit.