Una Agencia Federal Anticorrupción y el rediseño de la Secretaría de la Función Pública ¿Cual es el plan de Claudia Sheinbaum para el combate a la corrupción?

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Foto Graciela López / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La candidata a la presidencia por Morena-PT-PVEM, Claudia Sheibaum presentó el plan para el combate a la corrupción que impulsará en caso de ser presidenta de México.

La presentación la hizo Javier Corral, expanista y exgobernador de Chihuahua ahora en Morena, quien delineó los 8 ejes del plan “Gobierno honesto y combate a la corrupción” el cual buscará “hacer del combate a la corrupción una política de estado”.

En la presentación también estuvo presente la candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, así como miembros de Morena el PT y el Partido Verde de la Ciudad de México.

Gobierno honesto ¿gobierno anti corrupción?

El primer punto del plan de Sheinbaum es “Garantizar un enfoque de derechos”, y plantea el reconocimiento expreso en la constitución de los derechos a una buena administración pública y a vivir en un ambiente libre de corrupción.

El segundo punto “Impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno” , busca que los distintos órdenes y poderes de gobierno asuman compromisos en conjunto para el combate a la corrupción. También contempla la profesionalización de servidores públicos de primer contacto (Cuerpos policiacos), mejora y digitalización de trámites, así como obligaciones de transparencia y porcentaje de licitaciones públicas.

Como tercer punto el plan contempla la creación de una “Agencia Federal Anticorrupción”, la cual se encargará de “investigar y sustanciar las responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares vinculados con hechos de corrupción y llevar esos casos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la fase de resolución”.

Nueva arquitectura judicial para combatir la corrupción

El cuarto punto “Rediseñar la Secretaría de la Función Pública” el cual centrará sus objetivos en: Políticas de prevención de la corrupción, profesionalización y políticas de recursos humanos de la APF. Además contempla nombrar y remover titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de la Administración Pública Federal.

En el quinto punto, “Modelo nacional para investigar delitos de corrupción ”, Javier Corral mencionó que su objetivo será dotar de herramientas de investigación que garanticen una investigación eficaz en los delitos de corrupción, así como la recuperación efectiva de activos

En el mismo punto, Corral habló de presentar una iniciativa de ley para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción, así como un catálogo de delitos y penas con el fin de tipificar adecuadamente las conductas que actualmente quedan impunes.

En sexto lugar se buscará “Enfrentar la corrupción en cadena de seguridad – justicia” el cual busca una reforma profunda de las corporaciones policiacas, las procuradurías y fiscalías, ministerios públicos y de sistema judicial a nivel local y federal, así como revisar y simplificar el sistema de fe pública y asegurar transparencia e integridad en la labor de notarios públicos.

Combate a empresas fantasma

El punto séptimo “Mejores contrataciones públicas y transparente” consiste en una ley general para regular los principios y normas básicas de contratación para las instituciones públicas, sin excepción, así como mayores controles para evitar el abuso de los casos de excepción a la licitación pública.

Dentro del mismo concepto se propone la implementación de un programa para el combate a empresas fantasma o fachada y que se tipifique como delito la simulación de contrataciones públicas.

En ese sentido buscarán asegurar la probidad e idoneidad de proveedores y contratistas y su historial contractual, que deberá  ser criterio de adjudicación; también preferirá a las empresas que generan empleos comprobables.

El punto final “Criterios Generales de la estrategia anticorrupción” menciona la colaboración entre estados, la Federación y municipios; el diseño de un esquema nacional de alertadores y denunciantes de corrupción, para promover la cultura de la denuncia y que proteja a las personas de las represalias y fije reconocimientos, recompensas y beneficios legales a quien ayude al combate de la corrupción.

Además recalca la profesionalización y certificación de las y los servidores públicos especializados en la investigación de hechos de corrupción en todos los ámbitos.