La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, aprobada hace unos días, propone un cambio integral en qué alimentos consumimos y cómo lo hacemos; así como esquemas justos de comercio de productos locales, mejorar la disponibilidad de alimentos saludables y reducir las enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Solo hay un problema: la industria de los alimentos

Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- En la tienda de la esquina no hay paquetes metalizados de papas, galletas y panecillos; en su lugar hay antojos de amaranto, hechos por una empresa local. Tampoco hay refrescos en los refrigeradores sino bebidas elaboradas con frutas naturales,de temporada y con menos azúcar. ¿Le parece un sueño?

Podría no serlo. La semana pasada las cámaras de diputados y senadores aprobaron la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que no solo defiende el “derecho a comer mejor” sino que propone un cambio integral en las cadenas de suministro y consumo de alimentos. Al menos, esa es la intención, explica en entrevista el exsubsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien ahora es parte de los grupos de trabajo de esta ley desde la Oficina de la Presidencia. 

“La aspiración central es un México en el que la gran mayoría de los mecanismos de distribución de comercialización de alimentos empiece a sustituir los alimentos procesados por otro tipo de alimentos, de cadenas de producción más cortas, menos procesados, con mayor valor nutricional y menor carga calórica, y por consiguiente más saludables”, dice López-Gatell en una llamada telefónica.

“Esto a su vez propiciaría la reconfiguración de los ambientes alimentarios, y, por consiguiente, un cambio progresivo, pero muy sustantivo, de recuperación de la salud pública. Ese es el mundo que visualizamos a partir de esto”.

El pasado 6 de marzo el Congreso de la Unión aprobó la llamada Ley general de alimentación saludable. La votación en la Cámara de Diputados fue unánime. 420 votos a favor, sin contras ni abstenciones, símbolo del consenso construido alrededor de esta ley que pugna no solo por la buena salud de las personas, sino también del medioambiente

“El derecho a la alimentación es garantía del derecho a la vida, lo más evidente es porque todas y todos requerimos alimentarnos para estar vivos”, añade López-Gatell. Pero el punto de la ley va más allá, porque las formas en que producimos, almacenamos, transportamos, distribuimos y comercializamos los alimentos tiene efectos insospechados no solo en nuestra salud, sino con la del planeta entero. 

Una piedra para un gran negocio

A pesar de suponer beneficios sociales, económicos, para la salud y el medio ambiente de las personas, la implementación de esta ley podría tener una gran oposición de los grandes corporativos agroindustriales y de comercialización de productos ultraprocesados.

López-Gatell explica:

“No es que en sí mismas se opongan, o que sea por deporte o porque sean malévolos. Sino que tienen un propósito, que es enriquecerse. Aquí es obvio que la ley lo que va a promover son condiciones jurídicas que en su momento modifiquen sustancialmente la estructura económica para fomentar al productor local, de pequeña escala; al distribuidor de pequeña o mediana escala”.

Un poco la idea es que no solo las tiendas de la esquina, sino las grandes franquicias de tiendas de conveniencia puedan ir sustituyendo los productos ultraprocesados que son transportados por largos trayectos, lo que implica una mayor huella de carbono. 

Estos pequeños productores y distribuidores serían potenciados por las compras públicas que la Ley promueve. Propone que el 30 por ciento de las compras de insumos alimentarios que hace el gobierno las haga a productores locales, lo cual estimularía su capacidad productiva. 

Estos productores, señala López-Gatell: “Son el David del Goliat que la industria alimentaria no quiere que florezcan”. 

Se esperan turbulencias

Desde el grupo de trabajo que elaboró la Ley, ya esperan una respuesta de esas grandes empresas junto a “sus cómplices”, como los llama López-Gatell, que están en algunos rincones del Ejecutivo, en el Legislativo y en el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte, a donde podrían llegar las quejas sobre la entrada en vigor de las nuevas normativas. 

“Lo digo desde la experiencia, incluida la Suprema Corte de Justicia, que en respuesta a las políticas públicas en derecho a la alimentación que hemos hecho durante este gobierno (como el etiquetado, la prohibición de las grasas trans) hemos visto que jueces, magistrados e incluso ministros, cuando fallan, lo hacen en favor de estas empresas”, recuerda el exsubsecretario de salud. 

Según el mapa de actores que ha logrado desarrollar Hugo López-Gatll, las empresas nacionales e internacionales con intereses detrás se pueden articular en una secuencia orgánica de mayor a menor complejidad.

En primer lugar estarían las grandes compañías de la industria agroalimentaria global como Monsanto y Cargill (dueñas de las principales semillas transgénicas que circulan en el mundo). En seguida están las grandes compañías globales de alimentos procesados como General Mills, General Foods y Nestlé.

De ahí se podría pasar a otros niveles donde hay empresas tanto globales como regionales, por ejemplo, en el sector de la apicultura, Tyson o Bachoco. En el otro segmento están las compañías de los productos industrializados, como el consorcio Unilever, Kellogg’s y las dos grandes refresqueras como Pepsico y Coca Cola, así como las productoras de botanas como Sabritas, que es de Pepsico o Barcel, en un ejemplo más regional. 

Cambio de paradigma

Para aprovechar el impulso del momento político que representan los últimos meses del sexenio del presidente López Obrador, el grupo de trabajo que ha dado impulso a esta ley se constituirá como el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, o Sinsamac.

Este sistema, integrado por miembros de diferentes secretarías de Estado como la de Agricultura, Salud, Medio Ambiente e incluso la de Educación, serán las encargadas de operar e implementar esta ley, y de promover un cambio cultural y de mentalidad en toda la población.