El asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta revivió las viejas prácticas de la policía de Guerrero: fabricar pruebas y narrativas, a veces, bajo tortura. Si los perpetradores de Aguas Blanca, El Charco, o las matanzas en la Autopista del Sol hubieran pisado la cárcel por los crímenes que cometieron en esos días, ahora no sería tan fácil evadir la justicia. No habría impunidad ni repetición de asesinatos

Por Kau Sirenio / X: @kausirenio

El jueves 7 de marzo de este año fue asesinado Yanqui Kothan Gómez Peralta en el viejo libramiento de Chilpancingo a Tixtla. Lo asesinaron policías de Guerrero, y ese día, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero de inmediato dio su versión de los hechos para tratar de exculpar a los policías, y para sostener su mentira recurrió a una vieja práctica en el Estado: la tortura.

La construcción de mentira es parte de la cultura represiva en Guerrero. Por ejemplo, el 28 de junio de 1995 algunos integrantes de la naciente Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) viajaban a Coyuca de Benítez para pedir que se cumpliera la promesa de ayuda para los cafetaleros.

Los campesinos se transportaron en dos camiones de carga. El primer camión fue detenido en “El Vado” por un grupo de policías y judiciales de Guerrero quienes a golpes obligaron a los campesinos a acostarse en el suelo para esperar el segundo vehículo, con quienes los uniformados repitieron lo mismo. Después, los policías y agentes judiciales abrieron fuego en contra de los campesinos por casi 20 minutos

El resultado de esta emboscada fue el asesinato de 17 campesinos, 14 de ellos solo terminaron heridos. En el ataque, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resultaron con heridas producidas por arma blanca.

La primera versión de estos hechos la dio el gobierno de Ruben Figueroa Alcocer, quien aseguró que los campesinos atacaron a la policía y a los judiciales. Para sostener la gran mentira difundieron fotografías y vídeos en donde los campesinos portan armas.

El 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano incursionaron en la escuela primaria «Profe. Caritino Maldonado Pérez” de la comunidad El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Ahí dormían indígenas ñuu savi que participaron en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para la comunidad.

La agresión empezó a las 4:50 de la madrugada y terminó a las 10:40. Fueron seis horas de balazos con el objetivo de asesinar a los na savi que se encontraban desarmados. Los militares dispararon y lanzaron granadas de fragmentación. El resultado de esta atrocidad: once campesinos asesinados, cinco heridos y 25 detenidos, de los cuales, cuatro menores de edad fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.

El general Juan Alfredo Oropeza Garnica construyó su propia verdad con la mentira para salir impune de esta masacre. Dijo que los na savi estaban armados y que habían disparado, por eso los militares repelieron la agresión.

El 12 de diciembre de 2011, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la Autopista del Sol en protesta por que el gobernador Ángel Aguirre Rivero los dejó plantado en dos audiencia y ya no había tiempo para entregar su pliego petitorio.

Ese día, la Policía Federal, Estatal y Ministerial dispararon a los normalistas para desalojarlos. En el ataque asesinaron a dos estudiantes: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; además detuvieron a 24 personas, 11 eran estudiantes de Ayotzinapa; cinco de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero; cuatro del Instituto Tecnológico de Chilpancingo y cuatro campesinos del municipio de Coyuca de Benítez.

«El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia» contestó el general Ramón Miguel Arriola Ibarra a los reporteros, después encabezar el operativo para desalojar a los normalistas de la carretera.

Mientras, el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, dijo en una conferencia de prensa que los normalistas atacaron a los policías y que ellos sólo respondieron la agresión. Luego mostró un rifle AK-47 y una granadas que, según dijo, fueron encontrados por los ministeriales. Culpó al estudiante Gerardo Torres de haber disparado en contra de los uniformados.

Pero a Torres lo detuvo la Policía Federal cuando la patrulla le cerró el paso al autobús donde iba. ahí lo golpearon, y al bajarlo lo tiraron al suelo, le patearon en las costillas, las manos, los pies. En ese momento llegó una camioneta pick up de la ministerial, era color blanco. Los uniformados subieron al normalista maniatado a la camioneta.

«Acuéstate ahí boca abajo con las manos en la nuca», le ordenó el policía.

En el trayecto de la Autopista a la Procuraduría los ministeriales iban pateando al estudiante, le molieron la espalda a patadas con las botas de casquillo. Cuando llegaron al lugar del cautiverio los bajaron a jalones de la camioneta, de un empujón Gerardo se hincó, mientras que un policía vestido de civil lo pateó en el estómago y les dejó caer una decena de puñetazos.

Sometido, humillado y ofendido, Gerardo permaneció tirado boca abajo. Media hora después llegaron policías para interrogarlo, le pidieron sus datos. Ya sin movilidad en las cuerdas bucales, Torres fue golpeado de nuevo por no gritar fuerte: “Me tomaron mis huellas, luego me fotografiaron. Después me volvieron a colocar boca abajo, para golpearme de nuevo en la espalda”.

Después de la golpiza, los policías hicieron que Torres se hincara sobre un lavabo, luego comenzaron a azotar su cabeza con la de ellos, así lo tuvieron durante varios minutos hasta que le abrieron su labio, cada azote iba acompañado con una pregunta. Le interrogaban sobre cuerno de chivo, que quien había tenido el arma, pasó media hora de esa tortura, lo sacaron de ahí, se lo entregaron a otro policía que dijo que ya no lo tocaran porque le tenían algo preparado.

“Llegaron otros tres, me taparon la cabeza y me sacaron tapado con la playera. Me llevaron donde estaban todos los demás, y me volvieron a poner boca abajo con las manos en la nuca. Cuando me tenían ahí, el policía que estaba a un lado, me pateaba las costillas».

A las 9 de la noche, en la instalación de la Procuraduría de Justicia, el procurador, Alberto López Rosas, rechazó que se haya reprimido a los estudiantes. Aseguró que a uno de los detenidos se le decomisó un fusil AK-47 así como un cargador y ocho granadas.

Con el asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta resurgió la misma practica de la SSP-Guerrero al sembrar armas, drogas y alcohol en la camioneta donde viajaban los normalistas cuando fueron atacados por la policía de Guerrero.
Si los perpetradores de Aguas Blanca, El Charco, Autopista del Sol hubieran pisado la cárcel por los crímenes que cometieron en esos días, ahora no sería tan fácil evadir la justicia. No habría impunidad ni repetición de asesinatos.

Por eso urge que e separen de su cargo a el secretario general del Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el secretario de SSP, el general Rolando Solano Rivera. Y también que se les inicie un proceso judicial por haber criminalizado al normalista asesinado por la policía de Guerrero.

Además hay doble responsabilidad en este crimen, ya que el policía señalado directamente de haber asesinado al Kothan Gómez se fugó de la oficina de SSP. Un Estado democrático debe sancionar con todo el peso de la ley a los funcionarios que actuaron por acción u omisión, además los convierte en cómplices por haber aprobado y difundido una narrativa para exculpar a los policías.