La mayoría de las personas migrantes que entran irregularmente a México huyen de la violencia. Esto cambia por completo el paradigma sobre el fenómeno, y recuerda la obligación de los Estados involucrados de garantizar la vida de todos como tarea central

Por Alberto Nájar / X: @anajarnajar

Un reciente informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) va al corazón de la política migratoria regional:

El 51 por ciento de las personas migrantes que entran por la frontera sur de México son desplazados por la violencia y el cambio climático.

Salieron para siempre. Volver a sus comunidades implica arriesgar la vida, y en muchos casos representa también la certeza de ser asesinados.

El informe se llama El impacto del desplazamiento forzado en la movilidad humana. Reporte del monitoreo de protección en México 2023, y se hizo con base en seis mil entrevistas en distintas partes de la República.

Entre los elementos que presenta señala que el 26 por ciento de las personas migrantes no viajan a Estados Unidos, sino que buscan quedarse en México.

No son sólo estadísticas. El documento muestra una cara de la nueva realidad que debería obligar a los gobiernos de la región a cambiar la política migratoria que siguen desde 1994.

Derriba, además, viejas tesis y creencias.

Una de ellas es que las personas que migran no lo hacen principalmente por razones económicas, la búsqueda de ingresos que no encuentran en sus comunidades.

Tampoco lo hacen de forma temporal, como había sido el proceso hasta hace una década: personas jóvenes que envían remesas a sus familias no sólo para sobrevivir, sino para construir un negocio o patrimonio.

Se debilita, además, la vieja tesis de los autoridades mexicanas de que los migrantes sólo cruzan por el territorio nacional hacia Estados Unidos.

Una tesis que permitió a los gobiernos del PRI y el PAN mantener la política del avestruz, esconder la cabeza y echar la responsabilidad a los vecinos del norte.

Los datos de ACNUR obligan a cambiar la mirada de seguridad nacional hacia la migración, que implica una atención policíaca y militar hacia el fenómeno.

De entrada demanda acciones concretas, una de ellas cancelar la política de deportación acelerada que se reforzó en los últimos años no sólo en Estados Unidos, sino también en México.

Hay riesgos. De acuerdo con el informe el 66 por ciento de las personas migrantes aseguró que su vida, seguridad o libertad correría peligro si fueran devueltas a su país de origen.

Más de la mitad, el 54 por ciento, dijo que enfrentaría amenazas directas a su vida. En estos casos se puede incluir a los haitianos o quienes proceden de algunos países de África.

Este dato, advierte la Agencia de la ONU, refuerza la posibilidad de que la mayoría de las personas que ingresan a México de manera irregular tienen necesidades de protección internacional.

Así, en lugar de sólo reforzar la protección de las fronteras con elementos militares y policías, lo que ahora se necesita es incrementar las opciones de asilo y refugio para las miles de personas que diariamente cruzan la frontera sur del país.

Las acciones no pueden quedarse en el reforzamiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sino establecer una red nacional de albergues para atender a las personas migrantes que, cada vez con mayor frecuencia, son familias enteras.

De hecho el Reporte de la ACNUR establece que el 55 por ciento de los entrevistados viajaban en grupos familiares.

Esto implica para el Estado Mexicano mejorar los procedimientos para incorporar a miles de niños migrantes al sistema educativo del país, mecanismos de protección y cuidado psicosocial para las víctimas de violencia -especialmente mujeres- y la integración de todos al servicio público de salud.

Hay también un reto adicional. Más de una quinta parte de las personas migrantes tienen la intención de quedarse en el país, y eventualmente adquirir la nacionalidad mexicana.

Es una tarea de las autoridades garantizar su libre estancia en el territorio, pero implica sobre todo un desafío para la sociedad obligada a desterrar los prejuicios, xenofobia y racismo con que suele ver a la migración irregular.

Las tareas, sin embargo, no corresponden sólo a México. Los gobiernos de origen, como Centroamérica, deben garantizar la vida de todos los ciudadanos para que no se vean obligados a huir de sus comunidades por la violencia.

También se necesitan políticas públicas para mitigar los efectos del cambio climático, y establecer las medidas necesarias para mejorar el ingreso de todas las personas.

Un actor relevante en el proceso es Estados Unidos, el país de destino para la mayoría de las personas migrantes.

Las autoridades estadounidenses deben erradicar el darwinismo migratorio que siguen desde 1994, que implica establecer la mayor cantidad de obstáculos posibles a la migración para que a su economía sólo lleguen los sobrevivientes, las personas más fuertes que garanticen un mejor rendimiento laboral.

En lo inmediato la Casa Blanca está obligada a una acción concreta: terminar de una vez con todas con el tráfico ilegal de armas, que es responsable de la violencia en la región.

Son armas estadounidenses las que utilizan los carteles de narcotráfico y bandas de delincuencia organizada en México, así como las pandillas de maras que asolan a Centroamérica.

Sin los arsenales que se envían a diario hacia el sur sería más fácil combatir la violencia e inseguridad, dos de las causas principales de la migración en los últimos años.

El reto es enorme, pero si no se aplican desde ahora acciones distintas y de fondo, el problema será cada vez más grave.

Y el costo, sin duda, se pagará con muchas vidas.