En los periodicazos desde EEUU se mezclan las campañas pasadas, las actuales y las futuras, a ambos lados de la frontera

Lydiette Carrión

En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a señalamientos respecto de una serie de reportajes que el diario estadounidense NYT hizo en los últimos años, en los que relaciona al mandatario con el crimen organizado. 

Como dije en otra columna, no se puede descartar nada en este país. Pero desde mi perspectiva es AMLO el mandatario que menos tendría que ver con el crimen organizado. 

En principio fue Vicente Fox, primero y Calderón después y con más fuerza, quienes encumbraron por ejemplo a Genaro García Luna, quien es probadamente vinculado al crimen organizado del país. Que un presidente como Calderón, quien lanzó su andanada de guerra contra el narcotráfico, haya tenido como mano derecha a alguien como García Luna sí que daría qué pensar, pero hasta la fecha no existe ese acoso  contra el exmandatario, ni contra otros personajes de alto rango del PAN.

Mas examinemos primero la acusación que hicieron en bandada diversos medios, incluidos el NYT: que una fuente de la DEA dijo que se investigó el posible financiamiento a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, en las elecciones que por cierto ganó Calderón de forma muy cuestionada y entre acusaciones de fraude electoral. 

Pero además porque el crimen organizado en México no es, por un lado,  tan fantástico como se le pinta. No es monolítico, y no se trata sólo de “narcotráfico”, aunque en la narrativa oficial es lo que más ensalza: funciona mejor para hacer series caricaturescas de narcotraficante en Netflix, y sobre todo distrae de la verdadera función del crimen organizado: grupos mercenarios que trabajan para el mejor postor, sean estos políticos locales, efectivamente de narcotraficantes, o empresas transnacionales que ponen megaproyectos contaminantes; en otras oraciones en cambio hablamos de redes de trata de personas, con vínculos en uno o dos espacios importantes de funcionarios de migración (en muchas fronteras, ojo, no solo la mexicana) o el tráfico de armas, mercado tan pujantes que viene del norte de la frontera…  O a veces ni siquiera eso: a veces solo se trata de cobrar raquíticos derechos de piso a vendedores ambulantes o controlar el narcomenudeo y enfermar a niños de secundaria en barrios marginales. 

El crimen organizado tiene fuertes vínculos con el poder en todos sus niveles. Pero este poder no está dirigido de forma completamente unilateral o monolítica. Y lo mismo ha ocurrido con las campañas hasta la fecha: mucha gente pide dinero a nombre de uno u otro candidato. Los operadores de a pie tienen mucha maniobra propia,  sin que necesariamente los candidatos estén completamente enterados. La Realidad es que las campañas son una locura, se dan ríos  y ríos de dineros, se acuerdan cosas en diversos niveles. No digo que esté bien, pero es la verdad, cualquier reportero que haya cubierto someramente una campaña lo sabe. 

Empresarios y políticos de todo tipo dan dinero –legal e ilegalmente, rebasando topes, etcétera–. De hecho se dice que los grandes grandes  empresarios –esos que salen en listas internacionales– dan dinero a todos los partidos, así, sin importar quién quede, ellos tendrán un pie “dentro de Palacio”. Ya sea que se despache en el Palacio o en Los Pinos. 

De esto se han escrito ríos de tinta. Todos los partidos reciben financiamiento que no está registrado en los informes. En 2015, por cada peso legal gastado en las campañas, hubo 15 pesos empleados de manera ilegal, según el informe «Dinero bajo la mesa«. Retomo lo escrito por Témoris Greko al respecto: “En las arcas de todos los partidos ha corrido mucho dinero ilegal e ilegítimo, de cualquier origen, privado y público, no solo criminal; sigue corriendo en este momento y seguirá, en tanto no ocurra el milagro de que los partidos legislen para imponerse controles efectivos, cercenando su propia ambición”.

En niveles medios y bajos ocurre lo mismo con el narco. Por eso es tan difícil que en un país como México, que ha sufrido tanta violencia y que ha perdido seguridad en tramos tan amplios de su territorio, no se cuele el crimen organizado en las campañas (ya sean altas o bajas).

Desde esta perspectiva, para calificar la cercanía de un proyecto político con el crimen organizado, lo de menos es si un operador o no pidió dinero a nombre de cualquier candidato. 

Aquel mismo año en el que según las filtraciones de la DEA algún narco metió dinero a las campañas de AMLO, Tomás Yarrington dejaba su cargo como gobernador de Tamaulipas. Pasarían muchos años para que se le investigara y detuviera por lavado de dinero, no por campañas, sino por lavado. Lo sucedió Eugenio Javier Hernández Flores, a quien, unos años después, la DEA lo investigó también, no por financiamiento en campañas, sino de nuevo por lavado de dinero. Salió recientemente de prisión. 

Insisto, no se trata de descartar las filtraciones. Pero sí de situarlas en un contexto. Y otro punto del contexto que se deja de lado suele ser también el propio contexto de Estados Unidos, enfrentando también sus propias elecciones y precampañas, en las que Demócratas y Republicanos se dan “hasta con la cubeta”. Uno de estos cubetazos es la relación del actual presidente demócrata  con México, por “no frenar” la inundación de drogas duras que padece Estados Unidos. Y es que efectivamente Estados Unidos sufre una fuerte crisis de adicciones y problemas de salud mental, reflejadas en las tragedias que ocurren una semana sí y otra también, vinculadas a armas, drogas, tiroteos..

Ha habido incluso senadores republicanos que proponen considerar a los cárteles mexicanos como “terroristas” y bombardear algunas zonas de México, para la seguridad de Estados Unidos. 

Otros proponen crear un muro aún más grande porque, dicen, el problema de Estados Unidos es la migración. Y es que Estados Unidos tiene su propia crisis inflacionaria, su propio desempleo, su precarización –de ahí que oleadas de estadounidenses de capas medias decidan emigrar a México, si pueden: Para que sus dólares les alcancen un poco más, generando a su vez otro problema en nuestras ciudades: una gentrificación dolarizada–.

Entonces, el “periodicazo”  del NYT puede tener diversas lecturas: sí, un esfuerzo de grupos políticos que atacan directamente a AMLO, con la intención de descarrilar a su candidata, Claudia Sheinbaum. Sí, intereses de algunas facciones de EEUU en México para que regresen otros políticos y otras facciones con las que quizá tenían más coincidencias. PEro ojo,  también están algunos intereses de EEUU al interior de  EEUU cuestionado las alianzas de gobiernos presentes y pasados, metidos a su vez en campañas y peleas políticas sucias y descarnadas. 

Una lucha entre Biden y Trump, entre demócratas y republicanos, en la que al igual que en México, ladran más que  morder. Aunque no hay nunca que descartar un mordisco al que se ponga enfrente.

¿Que si “el narco” (y habrá que preguntarse qué narcos) dio dinero en las campañas? No lo sé, pero es probable que el narco haya financiado muchas cosas, no solo eso.  De ser verdad que el narco financió la campaña de AMLO, ¿este sabría? Francamente tampoco lo sé, pero ya que estamos jugando a la política ficción, –¿de ser así ¿sería? ¿De ser asá no sería?– ¿Con qué elementos serios contamos? La realidad es que con pocos.  ¿Que se trataría  del presidente más vinculado al “narco” (SIC)? Honestamente no lo sé, pero su trayectoria no lo indica. Sus intereses han estado en otro lado… 

Por otro lado está la reacción de AMLO a la nota del NYT: el acusar directamente a la reportera, corresponsal del medio estadounidense en México y hacer público su número de teléfono, no fue correcto. No lo es. Acusan que el número ya era público. Sí, pero AMLO debe medir la consecuencia de esos actos. No es cualquier cosa que el presidente de un país saque en cadena nacional tu número de teléfono. La reportera no es sino una pieza más en el rompecabezas, su trabajo es buscar información. Si esta no se sostiene, hay otras formas, pero no el acoso de un presidente.