No es casualidad la extensa difusión de un falso reportaje en medios internacionales contra López Obrador. El artículo es parte de una estrategia para anular la elección presidencial de este año. 

1986. El Partido Acción Nacional denuncia ante la Organización de los Estados Americanos un fraude en los comicios estatales de Chihuahua.

Fue la primera vez desde que se fundó el organismo latinoamericano que una elección mexicana llegaba a esa tribuna.

Había razones para hacerlo. México padecía un régimen autoritario, donde la oposición era tolerada pero hasta cierto punto. Eran los días de la Guerra Sucia, del asesinato de campesinos, estudiantes y sindicalistas, del partido de Estado y el control casi absoluto de los medios de comunicación.

El PRI-Gobierno se robó la elección de Chihuahua como lo habían hecho con la mayoría de los comicios estatales. 

Casi cuatro décadas después la escena se repite. El PAN y su candidata presidencial vuelven a Washington con el mismo propósito.

Acusan que se prepara una elección de Estado, que hay un supuesto régimen autoritario coludido con la delincuencia organizada y persecución política contra los opositores.

Pero el fantasma que invocan es inexistente. No hay control estatal de los medios, que en muchos casos se han convertido en difusores de información falsa y propaganda negra contra el actual gobierno.

La violencia proviene de organizaciones delictivas a quienes se protegió en gobiernos pasados y ahora controlan una parte del territorio nacional.

Los dos recientes fraudes electorales fueron cometidos por los protagonistas de hace 38 años: el PAN se robó los comicios presidenciales de 2006 para imponer a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, el mandatario más siniestro de la historia reciente y comparado apenas con Victoriano Huerta.

Y el PRI, con el apoyo de Acción Nacional, compró cientos de miles de votos en la elección de 2006 para abrirle paso a Enrique Peña Nieto.

Paradojas de la política: denunciante y denunciado en 1986 ahora son aliados no sólo por su coalición política, sino por el propósito que les llevó a tocar de nuevo las puertas de la OEA.

Los esfuerzos por consolidar una oposición política exitosa, por reducir la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador o sabotear a su gobierno no funcionaron.

Es evidente en este 2024, cuando se renueva la presidencia de la República.

Si la tendencia electoral que revelan las encuestas se mantiene, la candidata opositora Xóchitl Gálvez sería ampliamente derrotada. No es imposible, pero las probabilidades de que remonte su desventaja son pocas.

La fotografía de hoy muestra un escenario de continuidad en el gobierno, no sólo por la pertenencia política de la candidata Claudia Sheinbaum, sino por la afinidad con los objetivos centrales del presidente López Obrador.

Tal vez por eso los grupos políticos, religiosos, empresariales, intelectuales y de medios de comunicación que respaldan a la aspirante opositora, operan desde hace unos años un Plan B: como no podrían ganar la elección, lo que buscan es anularla.

Sólo así se explica la insistencia de crear la narrativa de un presidente de México vinculado al narcotráfico, o la tesis de que el partido en el gobierno, Morena, fue apoyado por la delincuencia organizada para ganar elecciones locales.

El capítulo más reciente de la estrategia es el artículo que revela un supuesto financiamiento del cartel de Los Beltrán Leyva a la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

El texto se publicó en los portales estadounidenses Propublica e Insight Crime, así como en la columna de Anabel Hernández en el medio alemán Deutsche Welle.

La historia se refiere a una supuesta investigación de la DEA con base en la versión de testigos protegidos, y que desde hace 13 años fue cerrada por falta de pruebas.

La tesis central fue desmentida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, e inclusive el mismo Propublica aceptó que no puede comprobar el financiamiento ilícito, y admite además que la DEA participó en el proceso de publicación del artículo.

Pero nada de eso parece existir para medios convencionales ni las granjas de bots financiadas por opositores en redes sociales de internet.

En ese espacio la narrativa es que la elección de este año será determinada por el narcotráfico, algo en lo que casualmente parece contribuir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En una conferencia de prensa al día siguiente de publicado el artículo, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata afirmaron que es totalmente posible anular una elección si se comprueba la participación de la delincuencia organizada.

Es una causal existente en las leyes electorales desde hace tiempo. Pero en política no hay casualidades y muy pocas veces existen coincidencias fortuitas.

Desde 2019 no han sido pocos los momentos en que políticos y empresarios adversos a la 4T acuden a espacios internacionales a denunciar el presunto riesgo de violencia en las elecciones presidenciales.

Antes del episodio de Propublica y aliados el Instituto Baker difundió un informe para advertir que “las organizaciones criminales pueden convertirse en un importante aliado electoral en las elecciones de junio de 2024”.

El documento, que se difundió en enero pasado, no aportó pruebas creíbles pero no fue necesario. El diario Reforma lo publicó como si fuera un hecho comprobado, y después de eso empezó una campaña en internet para expandir la falsa hipótesis.

La versión no tuvo efecto en el respaldo al movimiento político que gobierna el país. Un ejemplo son las recientes encuestas electorales donde Claudia Sheinbaum supera por más de 30 puntos a Xóchitl Gálvez.

En realidad ése no era el objetivo, como quedó claro con  el reportaje en medios internacionales. La idea es crear la impresión en el extranjero de que en México se prepara una elección de Estado similar a la de otros países, como Venezuela, y por ello es necesaria la participación de organismos como la OEA.

Y con ello, presionar por una condena internacional para anular los comicios, o bien obligar a un eventual gobierno de Sheinbaum a otorgar concesiones a los grupos opositores de México y sus aliados en el extranjero.

Nada raro: desde 2018 los adversarios del presidente López Obrador parecen seguir letra por letra una especie de prontuario para la desestabilización política.

Ya tienen rato con eso. El primer capítulo fue la guerra sucia de 2018. El siguiente ocurrió con la pandemia de covid-19 y ahora se repasa el tercero.

Pero tienen dos problemas: uno, que son predecibles. Y dos, que no son los únicos que leen su Manual del buen golpista.

No parecen entenderlo. En fin. Cada quien sus cuitas.